Durante el periodo de 2017 al 2023 la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha gastado sobre $1,500 millones en servicios de asesoría y consultoría asociados a la reestructuración de la deuda de Puerto Rico. Dicha cantidad ha sido desembolsada en cuestión de siete años y dista bastante de los $370 millones que estimó el Congreso en 2016 que Puerto Rico gastaría en asesoría legal y financiera y de administración de la Junta de Supervisión Fiscal durante una década.
La investigación titulada Sus asesores, tus chavos: falta de acceso a los datos que han informado la reestructuración en Puerto Rico realizada por Wilmarí de Jesús Álvarez, analista de Política Pública de Espacios Abiertos, transparenta cómo se ha distribuido, hasta el presente, el extraordinario gasto en asesoría profesional que han requerido la Junta de Supervisión Fiscal y el Tribunal Federal.
El gasto total al 18 de junio de 2023 suma $1,500,353,160 entre lo reportado en los informes anuales y mensuales de la Junta, lo publicado por el tribunal federal y los gastos reportados por el Oficial Examinador.
En el informe EA cuestiona la transparencia de la Junta al destacar que, en su informe anual más reciente, la Junta obvia mencionar el total de gastos que ha representado la reestructuración de la deuda pública, además continúa el patrón de no rendir cuentas claras de todos sus gastos, dejando sin detallar a quiénes ha pagado el 40% de los casi $300 millones que ésta ha desembolsado directamente a consultores.
En contraste con lo que deja de informar la Junta, los datos obtenidos del tribunal son más completos y detallados. Ese detalle ofrece la oportunidad de visibilizar el total desembolsado por el tribunal ($1,192,798,602.92) por litigio, por agente y por tipo de servicio. De ese total, los cinco (5) pleitos principales bajo PROMESA han representado desembolsos a consultores, asesores y abogados, que se distribuyen porcentualmente por caso de la siguiente manera: Gobierno Central (72.98%), AEE (15.18%), COFINA (5.27%), ACT (3.44%), Retiro (3.07%) y Edificios Públicos (0.06%). Además, se pudo clasificar el gasto por servicio según siete (7) categorías de servicios contratados: abogados, asesores financieros, consultores, consultores estratégicos, servicios de comunicación, mediación y gastos administrativos. El gasto mayor entre estas categorías corresponde a servicios legales (44.20%). Mientras que la asesoría financiera y las firmas de consultoría representan el 32.19 % y el 21.47% del gasto, respectivamente. Encabezan la lista en orden de facturación McKinsey & Company y la firma de abogados Proskauer Rose, le siguen Ernst & Young (firma que reclutó a la ex directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko), O’Melveny & Myers, y CITI Group (Ver gráfica).
El Informe también destaca un total de $1,220,029,476 en facturas sometidas por los consultores al tribunal para su pago. De éstas, el Oficial Examinador -quien está a cargo de supervisar y auditar la facturación de servicios de asesoría previo a su pago- ha recomendado el desembolso de $1,192,798,602. Lo que constituye una diferencia de $27,230,873 ó 2.2% menos de lo facturado.
El proceso de quiebra que encaminó el Congreso de los Estados Unidos a través de PROMESA, y que ejecutan la Junta y el Tribunal en virtud de dicha ley, debería garantizar lecciones aprendidas al pueblo de Puerto Rico y sus instituciones. Esto requiere que tanto las y los representantes electos por la ciudadanía como el resto de la sociedad civil tengamos acceso oportuno a un mínimo de documentos, que no se restringen únicamente a informes y hojas de cálculo. Sino a todos los documentos utilizados y elaborados por expertos y asesores. Conocimiento e información por la que el pueblo de Puerto Rico ha pagado más de $1,500 millones. La transferencia de conocimiento a nuestras instituciones públicas debe ser una prioridad innegociable si queremos evitar que Puerto Rico entre en un ciclo de dependencia de consultores privados. Resulta imperativo eliminar la relación parasítica con el estado y promover una simbiótica donde capacitemos a nuestros estamentos públicos para que ambas partes resulten beneficiadas.
Acceda el Informe completo en el siguiente enlace: