Informe – Tu presupuesto y tus prioridades ante la Junta y el unilateralismo fiscal

Resumen del presupuesto 2024-2025 según propuesto por el Gobierno y comentado por la Junta, y es que si bien la Junta propuso la misma cantidad de $13,062 millones que la versión del Ejecutivo, ésta estableció una nueva distribución y redujo en casi $900 millones la versión de la Asamblea Legislativa que con amplias mayorías tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado aprobó un presupuesto de $13,954 millones que la Junta invalidó amparándose una vez más en la ley PROMESA.

Informe y visualización realizados por el equipo de Espacios Abiertos bajo la dirección de Daniel Santamaría-Ots, Director de Investigación de EA.  (Acceda aquí el informe)

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Mientras nuestros organismos electos y la Junta de Supervisión Fiscal no parecen ponerse de acuerdo en cuál ha sido el primer presupuesto balanceado (ver JSF, Carta al Secretario de Hacienda de Puerto Rico, 6 junio 2024) que pudiera abrir la puerta a una posible salida en cuatro años del organismo creado por el Congreso de los EE. UU., este último define cada año tanto la cantidad como la composición del presupuesto del pueblo de Puerto Rico.

Este año fiscal (AF 2024-2025) que empezará el próximo 1 de julio no es ninguna excepción. En una primera carta (ver JSF, Notificación de incumplimiento al Gobernador sobre el presupuesto del Fondo General para el año fiscal 2024-2025) enviada el pasado 16 de mayo al ejecutivo, y en virtud de la Sección 202(c)(1)(B) de la Ley PROMESA, la Junta le dice una vez más al pueblo de Puerto Rico que ese presupuesto propuesto (ver OGP, Presupuesto propuesto por el Gobernador para el año fiscal 2024-2025) del Fondo General no representa sus prioridades de política pública. Si bien la Junta propuso en esta primera comunicación la misma cantidad de $13,062 millones, al igual que la versión del ejecutivo, esta determinó una nueva composición. En una segunda carta (ver JSF, Notificación de incumplimiento a la Asamblea Legislativa sobre el presupuesto del Fondo General para el año fiscal 2024-2025) enviada el pasado 23 de junio a la Asamblea Legislativa, y en virtud de la Sección 202(d)(1) de la Ley PROMESA, la Junta invalida esta vez el presupuesto de $13,954 millones aprobado con amplia mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado de Puerto Rico. Así constatamos un año fiscal más que la Junta no solo decide la composición sino además el tamaño del presupuesto del Fondo General. Este escenario además se agrava: el unilateralismo decisorio en asuntos presupuestarios ha sacado del mapa el debate público presupuestario y la participación ciudadana (ver EA, Dos presupuestos y cero participación) en vistas públicas. Mientras cartas y certificaciones van y vienen entre la Junta y el gobierno puertorriqueño, el déficit democrático arrincona el derecho a decidir de la ciudadanía.

Así la Junta ha determinado otro año más que este año aprobará ciertas medidas, condicionará algunas y denegará otras. En términos generales, esto ha supuesto la denegación de $515.8 millones y la aprobación de $401 millones (es decir, la Junta de Supervisión Fiscal determinó el uso de al menos el 7% del presupuesto del Fondo General para el año fiscal 2024-25) para el presupuesto del Fondo General propuesto para el próximo año fiscal. Por ejemplo, mientras por segundo año consecutivo condiciona $102 millones a la Universidad de Puerto Rico (UPR), desautoriza $82 millones a los municipios, deniega $20 millones para implementar el plan de reconstrucción social y prevención de la violencia o declina $15.3 millones para contratar 856 coordinadores de educación especial, la Junta sí autoriza $14 millones para complementar la financiación de contribuciones a partidos políticos.

¿Representan estas prioridades tus prioridades de política pública y presupuesto?

En esta pantalla, presentamos un vistazo gráfico del mensaje de la Junta en respuesta a la propuesta del Ejecutivo y que contiene: 1) partidas presupuestarias aprobadas al cumplir con el plan fiscal certificado en vigor y con ciertos requerimientos de información solicitados; 2) partidas presupuestarias denegadas al no cumplir con el plan fiscal certificado que podrían ser reconsideradas durante el próximo año fiscal; 3) partidas denegadas permanentemente; y, por último, 4) partidas presupuestarias revisadas con autorización de aumentos y decrementos presupuestarios.  Acceda el informe aquí.

La Junta aprobó $130.7 millones después de que las peticiones del ejecutivo cumplieran con el plan fiscal certificado en vigor y adjuntaran ciertos requerimientos de información adicional. Entre las partidas más destacadas, figuran los $30 millones del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para el alquiler de bombas diésel para control de inundaciones ($15 millones directos a la agencia y otros $15 millones a través de asignaciones bajo custodia de OGP), $15 millones del servicio de adopción de la Administración de Familias y Niños del Departamento de la Familia (ADFAN) para la iniciativa de servicios de cuidado familiar del programa “Hogares” y $14 millones para complementar la financiación de contribuciones a partidos políticos ($12 millones para parear las donaciones a partidos políticos y $2 millones para los gastos administrativos de la campaña según la Ley 222 de 2011).

La Junta rechazó $396.9 millones que podrían ser reconsiderados si logran cumplir con el plan fiscal certificado en vigor y con ciertos requerimientos de información adicional. Entre las partidas más importantes denegadas y sujetas a condiciones para posterior aprobación tenemos: en primer lugar y al igual que ocurrió el año pasado, la condicionalidad de $102 millones a la Universidad de Puerto Rico (UPR) hasta que no se presente un plan estratégico; segundo, la denegación de $80 millones a los municipios para financiar sus aportaciones a Medicaid por no cumplir con la Ley 29 de 2019; y tercero, la desaprobación de $69.6 millones para la Agenda de Administración Financiera por falta de detalle sobre sus costos estimados. Además, en cuarto lugar, tenemos la desautorización de $21 millones para la descentralización del Departamento de Educación (IDEAR) por falta de información suficiente, además de falta de claridad en la metodología utilizada que justifique la inversión. Por último, en quinto lugar, figura la no autorización de $20 millones para implementar el plan de reconstrucción social y prevención de la violencia por no aportar información adecuada que incluya su objetivo, un plan de negocio y el uso específico de los fondos. La denegación de estas partidas y el resto mostradas en la gráfica podrían ser aprobadas bajo determinados supuestos si la Junta entiende que cumplen con el plan fiscal certificado en vigor y con las condiciones preestablecidas en su carta al ejecutivo.

La Junta denegó al gobierno $118.9 millones sin posibilidad de enmienda por no cumplir con el actual plan fiscal certificado. Entre las partidas más relevantes de denegación permanente se encuentran las siguientes iniciativas: primero, la Junta rechazó $45.7 millones para financiar la iniciativa de la reforma del servicio público. Mientras el gobierno solicitó $74 millones para financiar dicha reforma, la Junta solo concedió $25 millones. Segundo, negó $18.9 millones para inversión en tecnología (PRITS): el gobierno solicitó $23 millones para distintas iniciativas tecnológicas y la Junta solo concedió $4.1 millones para renovar las licencias de Microsoft, Oracle y otras licencias de software de seguridad. Tercero, rechazó $15.3 millones para contratar coordinadores de educación especial para el Departamento de Educación. El ejecutivo solicitó $20 millones para contratar 856 coordinadores de educación especial y la Junta concedió $826 mil para lanzar un programa piloto para evaluar las necesidades de dichos coordinadores y $3.9 millones en incentivos para el propio piloto. Cuarto, denegó $10.5 millones para la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC) para financiar dos programas que promueven el bienestar y mejorar la calidad de vida de adultos mayores. El gobierno solicitó $21 millones y la Junta concedió $10.5 millones. Quinto, declinó $9.2 millones a la Comisión Estatal de Elecciones. El gobierno solicitó $31 millones y la Junta concedió $21.8 millones.

Por último, la Junta autorizó cambios en el presupuesto por valor de $270.4 millones modificando 44 partidas presupuestarias en las que autorizó incrementos en cuarenta (40) de ellas y disminuciones en otras cuatro (4). Entre las partidas más grandes figura el incremento de $110.7 millones que en su mayoría van destinados a financiar parte la nómina del Departamento de Educación debido a la expiración de los fondos federales ESSER (“Elementary and Secondary School Emergency Relief”); en segundo lugar, figura el aumento de $44 millones para pago de luz y agua a ciertas agencias de gobierno; tercero, el incremento de $21.7 millones para financiar la oficina administrativa del Departamento de Seguridad Pública; y cuarto, el aumento de $20.1 millones para financiar ajustes salariales y materiales quirúrgicos de la Administración de Servicios Médicos (ASEM).

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Con el propósito de rendir cuentas de los procesos presupuestarios, tanto del gobierno central como de los municipios, y de la deuda pública del país, Espacios Abiertos creó el Observatorio Fiscal. En él podrás acceder al presupuesto propuesto para el próximo año fiscal 2024-2025, así como los presupuestos aprobados desde 2006.  Visita y explora nuestra plataforma en https://www.observatoriofiscalpr.com