Luego de un análisis profundo y clínico tanto del informe de KPMG como del proyecto de ley de administración para cambiar el código contributivo, y a pesar de estar de acuerdo con muchas de las propuestas incluidas, mi conclusión es que sería perjudicial para el País aprobar esa reforma contributiva en este momento.
Mi opinión esta basada principalmente en tres razones.
Primero, el proceso para analizar el proyecto ha sido muy atropellado, nada transparente y a espaldas del Pueblo. Desde el inicio no se quiso compartir con la ciudadanía el informe de los consultores de KPMG en el cual se basaba la reforma y el cual había sido pagado con fondos públicos. A pesar de un llamado amplio de voces del sector ciudadano, de organizaciones no-gubernamentales, de prominentes representantes del sector privado y de sindicatos y hasta de algunos del sector público, Fortaleza mantuvo su postura de secretividad y no fue hasta que un tribunal obligó hacer público el informe que se hizo.
Más aún, la insistencia de convertir en ley a través de un proceso fast-track lo que el propio Secretario de Hacienda ha llamado, “uno de los cambios más transcendentales en las últimas décadas en la forma que levantamos los recursos necesarios para sufragar los gastos del estado,” no es razonable. Peor aún, no permite discutir responsablemente muchas de las dudas que han surgido en temas importantes como por ejemplo el crédito al trabajo, y la necesidad de eximir los alimentos, la educación y los medicamentos.
Segundo, no estoy convencido que el gobierno de Puerto Rico, y en particular el Departamento de Hacienda tenga la capacidad para implementar el nuevo régimen en el tiempo que se han impuesto. No entiendo qué evidencia existe de lo contrario. Ejemplos de más tenemos en nuestro gobierno de sistemas que no funcionan, incluyendo el vergonzoso porcentaje de captación del IVU actual. Me preocupa que de realizarse esta reforma, nos encontremos una vez más en una situación donde se sobrestimaron las proyecciones de captación y de recaudos, como siempre ha sucedido, y terminemos después de tanto trauma igual o peor que ahora.
Tercero, y más importante que todo lo demás, no creo que la economía de Puerto Rico, la cual entra en su noveno año de estancamiento y que se encuentra en estado crítico, pueda sobrevivir el shock al sistema que representarían los cambios propuestos, principal entre ellos un IVA de 16%, y la extracción del Pueblo de más de mil millones adicionales al año para el gobierno.
Recaudar más para el gobierno no es malo de por sí. Pero esta reforma no se ha hecho como parte de un plan amplio de desarrollo ni como parte de un plan para determinar cuales son las necesidades financieras verdaderas del gobierno. No me parece ni inteligente ni moral que tengamos un gobierno que malgaste sus recursos, incluyendo créditos y subvenciones que no generan actividad económica, y que insista en seguir tomando prestado y confiscando dinero de sus propios ciudadanos.
Peor aún, no ha existido transparencia en cuanto al uso que se le darán a los más de mil millones adicionales en recaudos, ni cómo el gobierno establecerá las prioridades para esos dineros. La decisión de no apoyar la reforma en este momento ha sido una difícil pues la realidad es que estoy de acuerdo con muchos de los objetivos y propuestas que se incluyen en la misma. Pero creo que en esta situación, el momento y la secuencia de prioridades es tan importante como la solución técnica. Y este no es el momento.
El autor es presidente del Centro para una Nueva Economía. Esta columna fue publicada originalmente en el periódico El Nuevo Día el 25 de febrero de 2015.