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Since PROMESA's approval, we have been kept in the dark about possible conflicts of interest in the Board

Since 2017, Espacios Abiertos has been examining the financial interests of Board members and employees. EA filed a public complaint about the failure of Board members and employees to disclose their financial interests which garnered the attention and a reaction from this body. However, the information published by the Board about its financial interests is deficient and incomplete.

The Board continues to breach the PROMESA Law. Section 109 is very specific when it comes to ethical issues, conflicts of interest, and disclosure of financial interests, and applies to ALL of the members of the Board and to ALL of its employees. Not all members have fully complied with the disclosure of the information required, and what is worse, even in the case of the most complete reports, the information provided is not sufficient to know whether or not there is a conflict of interest and if any of the members or employees is improperly benefiting from their position.

Here you can read about the methodology we used to examine the financial reports of the Board.

Analysis and commentary of:

Initial reports
Annual report 2017
Quarterly reports 2017
Quarterly reports 2018
2018 annual report
Quarterly reports 2019
Output reports
Related documents
Initial reports
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General comments:

  • Of the 15 members and employees currently required to report, only 11 have reported. Reports are missing from: Armando Silva, director of debt restructuring; Miguel Tulla, fiscal and implementation director; Kyle Rifkind, Deputy General Counsel; and Rosemarie Vizcarrondo, Chief of Staff.
  • The incomplete initial reports have not yet been amended.

Annual report 2017
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El pasado 3 de julio, la Junta de Supervisión Fiscal publicó los informes anuales de intereses financieros para el año 2017, cuya fecha de vencimiento era el 30 de abril. Sin embargo, al día de hoy, todavía hay miembros y personal de la Junta que no han informado debidamente sus intereses financieros. A continuación, compartimos nuestros hallazgos sobre los informes publicados:

  • Tardanza en la radicación de informes anuales: los únicos que entregaron a tiempo los informes anuales fueron Carlos García, José González y Jaime El Koury. Los demás miembros los sometieron tardíamente luego del 30 de abril de 2018.
  • Falta de precisión en la cantidad de ingresos devengados el pasado año: Christian Sobrino fue el único que completó correctamente todas las secciones del informe anual indicando las cantidades exactas de ingresos y/o transacciones. Los demás miembros solo incluyeron un rango de valor aproximado en la cantidad de ingresos. Debemos resaltar que Carlos García y José Carrión ni siquiera incluyeron un rango de valor en la cantidad de sus ingresos. Lo único que indican es “Assume maximum amount”.
  • Incongruencias entre la fecha de radicación del informe y la fecha de certificación: en el informe de Christian Sobrino la fecha de entrega es el 15 de mayo de 2018 y aparece certificado por Andrea Bonime el 3 de marzo de 2018; 2 meses antes de la fecha de radicación. Cabe señalar que en el informe de marzo ocurrió la misma situación. Sobrino radicó el informe el 9 de marzo y la certificación de Bonime tenía fecha de 3 de marzo, 6 días antes de la fecha de radicación.
  • Falta de explicación detallada en los comentarios de la asesora de ética: Nuevamente Andrea Bonime justifica, sin detalle alguno, no divulgar la identidad de un cliente de Christian Sobrino debido a un acuerdo de confidencialidad firmado entre las partes e indica que, a su juicio, no hay conflicto de interés alguno.
  • Muy poco tiempo para analizar pormenorizadamente los informes financieros: los informes anuales de Natalie Jaresko, Arthur González y José Carrión fueron certificados por Andrea Bonime el mismo día en que fueron entregados.
  • Por primera vez algunos miembros de la Junta reportan reembolsos por concepto de viajes, estadías y transportación: Jaime El Koury, Natalie Jaresko, David Skeel, Ana Matosantos y Andrew Biggs reportaron gastos por viajes y estadías indicando la cantidad precisa de los mismos.

Quarterly reports 2017
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Quarterly reports 2018
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El 27 de noviembre de 2018 , la Junta de Supervisión Fiscal publicó los informes trimestrales de intereses financieros de sus miembros y empleados para el tercer trimestre de 2018 (periodo que cubre los meses de julio a septiembre), que vencían el 14 de octubre. Sin embargo, todavía la Junta no informa debidamente sus intereses financieros. Veamos:

  • Tardanza en la radicación de informes trimestrales: Jaime El Koury, Carlos García y Natalie Jaresko fueron los únicos que entregaron los informes trimestrales a tiempo (en o antes del 14 de abril de 2018, como lo requiere el Reglamento de la Junta en la Sección 11.4(c)(4)). Los demás miembros y empleados sometieron los informes tardíamente.
  • Falta de información sobre transacciones financieras periódicas: nuevamente José Carrión fue el único que reportó transacciones para este trimestre. Sin embargo, no indicó la cantidad de esos activos y/o transacciones financieras, incumpliendo con los estándares de divulgación financiera, según establecidos por la Ley de ética federal y el propio Reglamento de la Junta. La asesora de ética de la Junta, Andrea Bonime tampoco incluyó comentarios al respecto.
  • Falta de explicación detallada en los comentarios de la asesora de ética:  Andrea Bonime no provee comentarios en el informe de José Carrión para justificar el incumplimiento con los estándares de divulgación financiera al no proveer la cantidad de sus transacciones.
  • Todavía faltan informes financieros de empleados de la Junta: De los 15 miembros y empleados que deben rendir informes, solamente 11 los rinden. No informan: Armando Silva, director de restructuración de deuda; Miguel Tula, director fiscal y de implementación; Kyle Rifkind, asesor general adjunto; y Rosemarie Vizcarrondo, jefa de personal. Además, la página de la Junta no divulga la composición de su personal a tiempo completo en posiciones clave.

2018 annual report

Durante los últimos meses, la Junta de Supervisión Fiscal publicó los informes anuales de intereses financieros para el año 2018, cuya fecha de vencimiento era el 30 de abril. A pesar del llamado de Espacios Abiertos a través de los años de que estos deben ser más específicos, todavía hay miembros y personal de la Junta que no han informado debidamente sus intereses financieros. A continuación, compartimos nuestros hallazgos sobre los informes publicados:

  • Cinco miembros de la Junta están por debajo del 80% de cumplimento: de las personas evaluadas José B. Carrión III, Carlos García, Arthur González, David Skeel Jr. y Jaime A. El Koury incumplen parcial o completamente un numero significativo de las categorías. Hay que destacar que Carlos García, es el miembro de la Junta que cumple con menos categorías.
  • Tardanza en la radicación de informes anuales: de las personas evaluadas, más de la mitad sometieron sus informes después del 30 de abril. Entre las personas que radicaron sus informes después de dicha fecha están: José Carrión III, Andrew Biggs, Ana Matosantos, David Skeel, Christian Sobrino y Natalie Jaresko.
  • Falta de explicación detallada por parte de la Oficial de Ética: la mayoría de las personas evaluadas, no fueron precisos en las categorías. La Oficial de Ética no ofrece una explicación sobre la falta de detalle.
  • Falta de precisión en la cantidad de ingresos devengados para el año 2018: sólo Andrew Biggs y Christian Sobrino precisaron la cantidad exacta de los ingresos que devengaron para el año 2018. Las demás personas no precisaron información exacta y solo incluyeron los rangos de sus ingresos.
  • Incongruencia en los tiempos que se analizan los reportes financieros: los informes anuales de algunos miembros fueron analizados en mismo día que fueron radicados como los de José B. Carrión III y Ana Matosantos y en otros casos la Oficial de Etica tardó más de dos meses o más en analizarlos como los de Carlos García y Jaime El Koury.

Quarterly reports 2019
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El 3 de marzo de 2020 la Junta de Supervisión Fiscal publicó en su página web el último reporte trimestral para el año 2019. Con esto, se cierra el ciclo de reportes trimestrales del 2019 y seguimos viendo la misma falta de información en algunos reportes. Aquí algunos comentarios:

  • Falta de información sobre transacciones financieras periódicas: nuevamente José Carrión fue el único que reportó transacciones incompletas durante el año. Este no indicó la cantidad de esos activos y/o transacciones financieras, incumpliendo con los estándares de divulgación financiera, según establecidos por la Ley de ética federal y el propio Reglamento de la Junta. La asesora de ética de la Junta, Andrea Bonime tampoco incluyó comentarios al respecto. Hubo sin embargo, otros miembros como Andrew Biggs que tuvieron transacciones financieras y reportaron los activos de las transacciones.
  • Falta de explicación detallada en los comentarios de la asesora de ética:  Andrea Bonime no provee comentarios en el informe de José Carrión para justificar el incumplimiento con los estándares de divulgación financiera al no proveer la cantidad de sus transacciones.
  • Falta de información de cuando se publican los informes: No hay una manera fácil de saber cuándo estos informes financieros son publicados, ya que los mismos no se publican el el área de documentos de la Junta con fechas exactas.

Output reports
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Ante los reclamos de Espacios Abiertos sobre la necesidad e importancia de presentar informes de salida al finalizar las funciones oficiales, la asesora de ética de la Junta, inicialmente expresó que ni la Ley PROMESA ni los reglamentos de la Junta requerían dichos informes. No obstante, acogieron la recomendación y desde el 2019 los miembros de la Junta y/o empleados de la misma, rinden informes de salida al culminar sus funciones. La Ley de ética gubernamental federal es clara en cuanto a este requisito. Todo funcionario que termine su cargo en un puesto cubierto (“covered position”) dentro del gobierno federal debe someter un informe de salida dentro de los 30 días siguientes a su culminación.

Una de las medidas que tiende a prevenir los actos de corrupción y guarda una estrecha relación con las situaciones de conflictos de intereses es la declaración o divulgación de bienes e intereses. Esta subraya la obligación de que ciertos funcionarios públicos hagan una declaración de bienes e intereses, incluyendo sus relaciones con sociedades y organizaciones, al momento de asumir sus funciones y que actualicen periódicamente la declaración. Con esta declaración también se pretende determinar la situación patrimonial del funcionario al momento de asumir sus responsabilidades públicas para compararla con la situación del mismo funcionario más tarde o al momento de su cesación en el cargo, con miras a establecer un posible enriquecimiento ilícito (ver referencia). De ahí la importancia de los informes de salida.

Los informes de salida son críticos para determinar si una persona se benefició al ejercer su responsabilidades laborales.

To see all of the financial reports of the members and employees of the Fiscal Oversight Board, go to the Documents page and under the column “Type” choose the option “Financial Disclosures.”