Junta de supervisión fiscal sigue cumpliendo a medias

El pasado 3 de julio, la Junta de Supervisión Fiscal finalmente publicó los informes trimestrales de intereses financieros de sus miembros para el primer trimestre de 2018 (periodo que cubre los meses de enero a marzo), que vencían el 14 de abril. También publicó los informes anuales de intereses financieros para el año 2017, cuya fecha de vencimiento era el 30 de abril. Sin embargo, al día de hoy, todavía hay miembros y personal de la Junta que no han informado debidamente sus intereses financieros. A continuación, compartimos nuestros hallazgos sobre los informes publicados:

• Tardanza en la radicación de informes trimestrales: Jaime El Koury y David Skeel fueron los únicos que entregaron los informes trimestrales a tiempo (en o antes del 14 de abril de 2018, como lo requiere el Reglamento de la Junta en la Sección 11.4(c)(4)). Los demás miembros sometieron los informes tardíamente.
• Falta de información sobre transacciones financieras periódicas: solamente José Carrión reportó transacciones para este trimestre. Sin embargo, no indicó la cantidad de esos activos y/o transacciones financieras, incumpliendo con los estándares de divulgación financiera, según establecidos por la Ley de ética federal y el propio Reglamento de la Junta. La asesora de ética de la Junta, Andrea Bonime tampoco incluyó comentarios al respecto. Del mismo modo, el informe trimestral revisado de Natalie Jaresko para el cuarto trimestre de 2017, reporta un activo, pero no especifica la cantidad exacta. Solo indica que oscila entre $50,001-$100,000. Bonime tampoco comenta sobre este particular.
• Firmas distorsionadas en los informes: llama la atención que la firma de Christian Sobrino en el informe trimestral aparece distorsionada como si hubiera sido copiada y pegada en el documento.

• Tardanza en la radicación de informes anuales: los únicos que entregaron a tiempo los informes anuales fueron Carlos García, José González y Jaime El Koury. Los demás miembros los sometieron tardíamente luego del 30 de abril de 2018.
• Falta de precisión en la cantidad de ingresos devengados el pasado año: Christian Sobrino fue el único que completó correctamente todas las secciones del informe anual indicando las cantidades exactas de ingresos y/o transacciones. Los demás miembros solo incluyeron un rango de valor aproximado en la cantidad de ingresos. Debemos resaltar que Carlos García y José Carrión ni siquiera incluyeron un rango de valor en la cantidad de sus ingresos. Lo único que indican es “Assume maximum amount”.
• Incongruencias entre la fecha de radicación del informe y la fecha de certificación: en el informe de Christian Sobrino la fecha de entrega es el 15 de mayo de 2018 y aparece certificado por Andrea Bonime el 3 de marzo de 2018; 2 meses antes de la fecha de radicación. Cabe señalar que en el informe de marzo ocurrió la misma situación. Sobrino radicó el informe el 9 de marzo y la certificación de Bonime tenía fecha de 3 de marzo, 6 días antes de la fecha de radicación.
• Falta de explicación detallada en los comentarios de la asesora de ética: Nuevamente Andrea Bonime justifica, sin detalle alguno, no divulgar la identidad de un cliente de Christian Sobrino debido a un acuerdo de confidencialidad firmado entre las partes e indica que, a su juicio, no hay conflicto de interés alguno.
• Muy poco tiempo para analizar pormenorizadamente los informes financieros: los informes anuales de Natalie Jaresko, Arthur González y José Carrión fueron certificados por Andrea Bonime el mismo día en que fueron entregados.
• Por primera vez algunos miembros de la Junta reportan reembolsos por concepto de viajes, estadías y transportación: Jaime El Koury, Natalie Jaresko, David Skeel, Ana Matosantos y Andrew Biggs reportaron gastos por viajes y estadías indicando la cantidad precisa de los mismos.

• De los 15 miembros y empleados que actualmente deben rendir informes, solamente 11 los han rendido. Faltan los informes de: Armando Silva, director de restructuración de deuda; Miguel Tula, director fiscal y de implementación; Kyle Rifkind, asesor general adjunto; y Rosemarie Vizcarrondo, jefa de personal.
• Aún no se han enmendado los informes iniciales incompletos.
• Siguen pendientes los informes de salida de los miembros y empleados que han renunciado: Elías Sánchez y Ramón Ruiz Comas.

La Sección 109 de la Ley de ética federal es específica sobre los conflictos de intereses y la divulgación de intereses financieros. Sin embargo, no todos los miembros han cumplido completamente con la divulgación de la información que requieren los informes, lo que no nos permite evaluar si hay o no conflicto de interés y si alguno de los miembros o empleados se está beneficiando indebidamente de su posición. Transparencia a medias no es transparencia, por lo que seguimos a oscuras sobre posibles conflictos de intereses de los miembros de la Junta. #OjoALaJunta #ExigeTransparencia