Ahora que tenemos sobre nuestros hombros la carga de una deuda que no podemos pagar, que vivimos la realidad de una Junta impuesta -que de mano con el gobierno- negocia una reestructuración de deuda favoreciendo intereses ajenos al bienestar de la ciudadanía por encima de los intereses del pueblo, a los ciudadanos no nos queda duda de que la debacle económica que vive el país es también el resultado de falta de transparencia y acceso a la información. Mientras en Puerto Rico persista la cultura de opacidad gubernamental, prevaleciente por décadas, se continuará limitando nuestra libertad de expresión y la participación efectiva en la discusión de asuntos que impactan nuestro diario vivir. Por esto, debemos asegurarnos que tenemos mecanismos robustos que garanticen completa transparencia en la toma de decisiones sobre el futuro económico y social, y permitan la participación de todos y todas en la discusión de temas medulares para el bien de nuestra comunidad.
A más de tres años de la implementación de PROMESA y de la imposición de la Junta de Supervisión Fiscal pasamos nota sobre la falta de transparencia que existe todavía en la manera que este organismo funciona. El derecho de acceso a la información no es uno abordado en la ley PROMESA, sin embargo la Constitución de Puerto Rico sí lo protege. Cualquier ente que pretenda con autoridad del pueblo, o sin ésta, tomar decisiones sobre el uso de los recursos de la ciudadanía debe rendir cuentas sobre sus haberes, incluyendo los intereses financieros y posibilidad de conflictos de interés que pueden tener sus directivos, empleados y contratistas.
Desde el 2017, Espacios Abiertos ha estado examinando los reportes financieros de los miembros y los empleados de la Junta. A los miembros y empleados de la Junta se les ha otorgado responsabilidades no conferidas por el pueblo de Puerto Rico. Cualquier ente que maneje fondos públicos debe estar sujeto al escrutinio público de sus intereses financieros y al escrutinio de cómo manejan el dinero público. No podemos olvidar que el pueblo de Puerto Rico paga las operaciones, subcontratos y demás contratos que la Junta considera necesarios para llevar a cabo su misión. Por eso, ser miembro o empleado de la Junta no los exime de ser transparentes. Todo lo contrario, les exige el más alto rigor de transparencia y responsabilidad fiscal.
Mientras se han atendido algunas recomendaciones, como que se requiera un informe de salida a los miembros y empleados (se hizo a partir de Zamot pero quedaron pendientes los de los anteriores) todavía identificamos lagunas y falta de precisión en la información que se divulga en los reportes:
- La mayoría de los miembros no precisan con exactitud sus activos, exceptuando Christian Sobrino y Andrew Biggs que comparten información específica. Cabe notar que José Carrión III y Carlos García son los miembros de la Junta que ofrecen menos información sobre sus activos.
- Todavía existe tardanza en la radicación de los reportes financieros. Según la sección 11.4(c)(4) de los Estatutos de la Junta (Bylaws en inglés), los miembros y empleados deben someter un reporte anual de sus conflictos de intereses en o antes del 30 de abril del año en curso. Las siguientes personas radicaron los reportes anuales del año 2018 posterior a esa fecha: José Carrión III, Andrew Biggs, Ana Matosantos, David Skeel, Christian Sobrino y Natalie Jaresko;
- De igual manera, no hay una norma ni existe una consistencia de criterio a través del tiempo que debería tener la Oficial de Ética para certificar dichos reportes financieros una vez radicados. Por ejemplo, Jaime El Koury sometió su reporte anual el 11 de marzo de 2019 y fue solo hasta el 20 de mayo de 2019 que la Oficial de Ética lo certificó. Sin embargo, Natalie Jaresko sometió su reporte anual el 29 de mayo de 2019 y fue certificado el 30 de mayo de 2019;
- No se sabe con exactitud cuando estos reportes se hacen públicos ya que en la sección de Ética de la página de internet de la Junta, no hay fechas de cuando se suben los reportes (previamente los reportes estaban en la sección de Documentos de la página web de la Junta y se podía ver la fecha cuando se subían).
- La mayoría de los reportes no tienen comentarios por parte de la Oficial de Ética sobre la información a medias que proveen algunos miembros y empleados de la Junta.
Desde Espacios Abiertos recomendamos las siguientes medidas en virtud de la transparencia y la rendición de cuentas por parte de la Junta:
- Especificidad en los reportes financieros de los miembros de la Junta y sus empleados para dar a conocer si tienen o no conflictos de interés;
- Elaboración de un reglamento de cabildeo y gestión de intereses, que provea para la creación de un registro de reuniones con cabilderos y otras reuniones no solicitadas;
- Creación de un código de conducta, buenas prácticas y prohibiciones para cabilderos y gestores de interés;
- Elaboración de una norma que garantice la publicación proactiva de datos sobre cabildeo y gestión de intereses y que estos sean accesibles a través de la página de internet de la Junta;
- Que se establezca y se publiquen los criterios de divulgación de información sobre los registros de viajes y donativos de los cabilderos y gestores de intereses;
- Publicación de las las evaluaciones y justificaciones de la Oficial de Ética de la Junta sobre la descalificación o excepción concedida, según sea el caso, a algún miembro o empleado de la Junta, por concepto de conflictos de interés[1];
- En la sección de Ética de la página de internet de la Junta, se debe añadir la fecha en la cual estos reportes se hacen públicos;
- Que se transparenten todos los gastos de la Junta mediante una plataforma de chequera abierta.
Si queremos tener una sociedad más justa y equitativa que funcione para todas y todos debemos empezar por exigir a todo el que maneja recursos del pueblo de Puerto Rico el más alto nivel de transparencia y responsabilidad fiscal sobre sus actuaciones. El futuro económico y social de Puerto Rico está en manos de funcionarios electos y no electos nombrados, llamados “expertos” y consultores pagados. Si voluntariamente ocupan esos puestos, voluntariamente también deben divulgar sus intereses y conflictos.
Accede aquí para conocer los conflictos de intereses de la Junta.
Fuentes:
[1] Según la Sección 11.4(b) del Reglamento de la Junta, será responsabilidad de la asesora de ética de la Junta revisar todas las situaciones que puedan levantar potenciales conflictos de intereses, determinar si algún miembro de la Junta o empleado debe ser descalificado de participar de algunos asuntos o actividades de la Junta o conceder una excepción que estime apropiada.