San Juan, Puerto Rico (martes, 19 de mayo de 2020) — La situación económica que permea en Puerto Rico ante la pandemia del COVID-19 requiere acciones contundentes por parte del gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal, reclamó Espacios Abiertos (EA).
“Al analizar el contexto internacional y la situación de Puerto Rico a la luz de las proyecciones económicas del plan fiscal más reciente, publicado por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) el 3 de mayo, es evidente que las políticas de austeridad propuestas en todos los planes fiscales certificados hasta la fecha contribuyen a empeorar el estado de la actual crisis y ayudan en última instancia a la insostenibilidad de la deuda pública”, expresó el economista y analista sénior de Política Pública de Espacios Abiertos, Daniel Santamaría Ots.
Ante esta nueva situación, Santamaría Ots recomendó que en el año fiscal 2020-2021 todos los posibles recursos del presupuesto del Fondo General del gobierno, además de aquellos fondos federales destinados a atender la crisis, se inviertan en robustecer la economía del país y atender las necesidades más apremiantes de la gente. Todo ello con el fin de sobrellevar la crisis salubrista y económica que ha creado la pandemia.
A esos efectos, propuso que se solicite de inmediato a los acreedores de la deuda pública de Puerto Rico una moratoria o “standstill” de no menos de un año, lo que supondría una suspensión de los pagos actuales. Dijo que esa acción es necesaria hasta que se tenga un panorama más certero sobre la situación económica local y mundial. Otras recomendaciones de Espacios Abiertos incluyen: que se realice y publique un análisis de sostenibilidad de la deuda pública que incluya los efectos de la pandemia en el largo plazo; la eliminación de una vez de las medidas de austeridad como principio rector de las políticas públicas del país; la culminación de los estados financieros auditados para los años 2017, 2018 y 2019; y el desarrollo de un plan macroeconómico realista y plausible.
“En Puerto Rico debemos considerar la implementación de las medidas de alivio en los pagos de la deuda impulsadas internacionalmente por distintos grupos de acreedores liderados tanto desde el sector privado como desde distintos gobiernos y organizaciones multilaterales en diferentes partes del mundo. Los paquetes de estímulo fiscal y de política monetaria se están combinando con moratorias en el pago de las deudas públicas que provean el espacio fiscal necesario para atender la crisis del COVID-19. Puerto Rico necesita una moratoria que no empeore todavía más la situación del Fondo General y poner fin a las políticas de austeridad que tanto están perjudicando a la economía. Ante este nuevo escenario, debemos analizar la sostenibilidad de la deuda pública con la integración de un plan macroeconómico y con la actualización de los estados financieros auditados que nos permitan afrontar con garantías el futuro acceso a los mercados de capitales”, puntualizó el especialista en deuda.
Según el economista, organizaciones supranacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial (BM) concuerdan en que la actual crisis, acuñada ya como la del “gran confinamiento”, provocará la mayor desaceleración económica desde la Gran Depresión de 1930. Mencionó que el nuevo plan fiscal del gobierno, establece que la actual crisis presenta un escenario de riesgo sin precedente para Puerto Rico y apunta a pagos insostenibles de la deuda pública.
Santamaría Ots explicó que “el nuevo plan fiscal presenta unas proyecciones de caída del Producto Nacional Bruto real del -3.8% para el año fiscal 2020 y del -7.8% para el año fiscal 2021. Subrayó además que, de acuerdo al nuevo plan fiscal, una vez implementadas las reformas estructurales y las medidas de austeridad, Puerto Rico presentará déficits fiscales primarios tan pronto como el año 2030, en lugar del 2039, tal y como se había proyectado en el plan fiscal de febrero de 2020”.
Mencionó que el gobierno elaboró su nuevo plan sobre tres escenarios de proyecciones económicas para el periodo 2020 y 2025. La primera proyección, la más optimista, sugiere un menor impacto de la crisis que implicaría un superávit promedio de $502 millones en cada año fiscal. En el segundo o escenario base, se asume que habrá un mayor impacto de la crisis que generaría un promedio anual de superávits fiscales primarios de cerca de $32 millones. La tercera proyección, de corte pesimista, supondría un promedio anual de déficits fiscales primarios de -$578 millones cada año fiscal hasta el 2025.
En esa coyuntura de tres escenarios económicos distintos, el plan fiscal del gobierno (en sus Exhibits 28 y 32) propone tres proyecciones diferentes sobre posibles superávits o déficits fiscales primarios entre los años 2020 y 2025 que permitió a Espacios Abiertos estimar los recortes necesarios de los $35,000 millones de la deuda de los bonos de obligación general (GOs) según los números y supuestos del propio plan:
- Escenario optimista: propone un recorte del 90% en el que el valor presente de los pagos de la deuda del gobierno central después de reestructurarse oscilaría entre $3,588 y $3,993 millones.
- Escenario base: propone un recorte del 99% en el que el valor presente de los pagos de la deuda del Gobierno Central después de reestructurarse oscilaría entre $229 millones y $254 millones.
- Escenario pesimista: propone un recorte del 100% en el que el valor presente de los pagos de la deuda del gobierno central después de reestructurarse sería $0.
El economista destacó que ya la organización había anticipado un panorama de deuda como el que se presenta en la actualidad. La pandemia lo que ha provocado es la aceleración en el tiempo de ese escenario. En enero de 2018, la organización presentó un estudio de la autoría del hoy ministro de Economía en Argentina, Martín Guzmán; del premio Nobel de Economía, Joseph E. Stiglitz; y del investigador de economía en la Universidad de La Plata, Pablo Gluzmann, con una posterior actualización posMaría en mayo de 2019. El estudio — publicado en la revista arbitrada National Bureau of Economic Research (NBER)— concluyó que, para que Puerto Rico pueda enfrentar un pago de deuda sostenible, debía recortar su nivel de deuda ascendente a $72,200 millones en aproximadamente el 80% y el 90%. El valor final se situaría entre los $7,200 millones y los $14,400 millones. Recordó que, hasta la fecha, se han finalizado dos reestructuraciones bajo la Ley Promesa. La primera, fue la de los bonos de Cofina, bajo el Título III, que concluyó con un balance de deuda final de $12,020 millones. La segunda, fue la de los bonos del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), bajo el Título VI, cuyo balance de deuda final fue de $2,598 millones.
En febrero de 2020, la Junta de Supervisión Fiscal (Junta) presentó un Plan de Ajuste de la deuda pendiente de reestructurar del gobierno central que proponía reducir la deuda de $35,000 millones en bonos de obligación general (GOs) a un 59%, con un valor final de $14,478 millones. Santamaría Ots sostuvo que ante la presente crisis y después de los números proyectados por el gobierno en el nuevo plan, la propuesta es inviable.
“Recomendamos que el próximo paso sea un reconocimiento tácito de la imposibilidad del pago de la deuda ante la situación de la pandemia mediante una moratoria de al menos un año, la eliminación de las políticas de austeridad, encaminar una reestructuración con un análisis de sostenibilidad de la deuda que incluya los efectos del COVID-19, impulsar un plan macroeconómico y actualizar los estados financieros auditados”, concluyó el economista.
Para ver el resumen para la prensa y el análisis completo puede acceder a través de:
Comunicado de prensa [ES-PDF]: https://bit.ly/2TfNM8L
Resumen para prensa [ES-PDF]: https://bit.ly/3bKMI3p
Informe [ES-PDF]: https://bit.ly/2LDZC8H
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