En el mes de mayo hubo alrededor de 18 noticias en diferentes medios relacionadas a la transparencia gubernamental comparadas con 36 noticias el año pasado para el mismo periodo. A continuación las palabras más destacadas en este mes:
- Hubo aproximadamente cinco instancias donde los titulares mencionaron la palabra transparencia. Eso significa que hubo casi dos instancias semanales donde se hablaba de transparencia en Puerto Rico;
- Por cerca de tres instancias se relaciona la palabra caso con la palabra transparencia. En este ámbito, se relaciona la transparencia con el caso de la joven Andrea Ruiz Costas.
- Se registraron dos instancias donde se relacionaba la palabra información con transparencia. En este ámbito se relaciona la transparencia con la falta de información divulgada en el caso de la joven Andrea Ruiz Costas.
Mayo: Familia de Andrea pide “transparencia” de la Judicatura y solicita que se publiquen audios de la vista; Jueza Presidenta y Secretario de Justicia discuten acciones concretas para atender casos de violencia de género; Tras divulgación de una grabación, periodistas vuelven al Supremo para transparencia completa en caso Ruiz Costas; Exigen se publiquen querellas radicadas contra los jueces; AAFAF divulga en Portal de Transparencia información financiera sobre desembolsos a través de Ley CARES; Decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico: Falsa noción de “intimidad”; A cantarle cumpleaños al caso en el tribunal contra la Junta y el Gobierno; Cooperativas ganan caso de acceso información en contra de COSSEC; Secretaria de la Gobernación espera ”estabilidad y transparencia” con llegada de LUMA Energy
Durante el mes de mayo la ciudadanía se conmovió con los casos de violencia de género que se suscitaron en el país con los asesinatos de las jóvenes Keishla Rodríguez Ortiz y Andrea Ruiz Costas. Ambos asesinatos se alega que se llevaron a cabo a manos de las que eran o fueron sus parejas. Mucho se ha hablado del papel del estado en educar para erradicar la violencia de género. Sabemos que existen agencias que tienen recursos y programas para atender esta problemática. Una de las agencias que tiene injerencia en estos temas es la Oficina de la Procuradora de la Mujer (OPM). Según el ObservatorioFiscalPR.com, herramienta digital creada por Espacios Abiertos, en los últimos 16 años, el presupuesto de esta agencia ha fluctuado de manera considerable y en los últimos cinco años ha estado en picada. El presupuesto de la agencia ha variado entre los $4.5 millones y los $9.8 millones en los últimos 16 años fiscales. Actualmente, el promedio de los presupuestos de la agencia ronda en los $5.9 millones por año. ¿A qué se debe la fluctuación de presupuestos? ¿Qué programas se ven afectados por estas fluctuaciones? En el año fiscal 2021, la OPM destinó el 40% de su gasto a aportaciones a entidades no gubernamentales las cuales apoyan el trabajo de esta agencia. Muchas de estas organizaciones son las que están trabajando para llevar herramientas a la ciudadanía y comunidades y esas fluctuaciones de presupuestos dificultan iniciativas de largo plazo. Se necesitan políticas públicas claras y transparentes que expliquen a la ciudadanía como se toman las decisiones de política pública. Si realmente, se quiere resolver el problema de raíz, hacen falta políticas públicas y recursos consistentes.
Gráfica 1[1]
Este caso también trajo a la luz la falta de transparencia que existe todavía en los procesos que lleva la Rama Judicial. En específico, la ciudadanía pudo ver a través del caso de la joven Andrea Ruiz Costas, como existen todavía algunas fracturas en la apertura de los procesos judiciales. A pesar del aval de la familia de la joven fallecida, el Tribunal Supremo decidió no hacer públicas las grabaciones del proceso judicial del cual Ruiz Costas participó. A menos que exista un interés perentorio por parte del estado, se presume que los procesos judiciales son públicos. No hacer pública esta información abona a la opacidad que existe en el gobierno y cierra la puerta para que la ciudadanía pueda entender dónde falló el estado en este caso.
Este caso, también demostró la falta de acceso que hay en ciertos procesos administrativos de la Rama Judicial. Durante este proceso se ha hecho un llamado para que el Poder Judicial publique los expedientes de las querellas éticas contra las y los jueces, esto cuando se supo que la juez que vio el caso tenía previamente varias querellas éticas. La regla 10 de las Reglas Disciplina Judicial[2] (Reglas) detalla que los expedientes sobre la evaluación y la investigación de las quejas son de naturaleza confidencial, pero la confidencialidad de los casos se levantan una vez culmina la investigación y si es desestimada la querella[3]. Según la regla 11, el director administrativo o la directora administrativa de los Tribunales debe aprobar unas normas internas para facilitar el acceso a los expedientes de las investigaciones bajo las reglas. En caso de que exista una solicitud para tener acceso a los expedientes, se le permite a las jueces y los jueces investigados y exonerados solicitar al director o a la directora que mediante orden del Tribunal proteja su derecho a la intimidad sobre aquella información en el expediente que considere privilegiada, fundamentando su solicitud.
En el sitio web de la Rama Judicial no se encontraron las normas que rigen el acceso a estos expedientes y tampoco los detalles de que sería en este caso información considerada privada que limite el derecho a la intimidad de las y los jueces. Tampoco se encuentran los expedientes de las investigaciones en curso o las que ya han sido terminadas. En otras jurisdicciones como Texas, Nueva York, Arizona, en algunas ocasiones se publica en línea las querellas ética y las acciones que está tomando la Rama Judicial para tomar acciones disciplinarias contra las y los jueces.
En el año 2021, el presupuesto de la Rama Judicial ascendía a $337 millones según el Observatorio Fiscal. De ese total, el 56.6% estaba destinado a nómina, incluidos los salarios de las y los jueces que oscilan entre $5,800 a $10,416 mensuales[4]. Al escoger trabajar para la Rama Judicial, los jueces y juezas se convierten en servidores públicos y por ende, tienen el deber de rendir cuentas al pueblo. El Poder Judicial debe hacer públicos los expedientes de las querellas éticas de estos servidores públicos en su sitio de Internet.
Gráfica 2[5]
A pesar del sentimiento colectivo de impotencia ante este y otros crímenes que ocurren a diario en el país, se debe poner el dedo en la llaga. Si realmente al estado le interesa erradicar la violencia de género, debe proteger los recursos dedicados a combatirla. Debe existir una política pública clara y transparente donde esté atada los recursos con iniciativas puntuales a largo plazo. Si el Poder Judicial desea ser “acreedor de la confianza del pueblo”[6] debe avalar procesos y sistemas para que transparenten sus ejecutorias, desde lo ocurre en la salas de los tribunales hasta lo que ocurre tras bastidores en la Administración del componente judicial.
Referencias
[1] Espacios Abiertos. (2021). Presupuesto histórico de la Oficina de la Procuradora de la Mujer. Observatorio Fiscal. https://observatoriofiscalpr.com/presupuesto/ [2] Poder Judicial de Puerto Rico. (2014). Reglas de disciplina judicial. https://ramajudicial.pr/Documentos/Supremo/Reglas/Reglas-Disciplina-Judicial.pdf [3] Guerra Cáceres, C. (2015). El sistema de disciplina judicial en Puerto Rico. Revista Jurídica Universidad de Puerto Rico, 84, 931-945. http://revistajuridica.uprrp.edu/wp-content/uploads/2016/05/84-Rev.-Jur.-UPR-931.pdf [4] Poder Judicial de Puerto Rico. (2020). Salarios del personal de la Rama Judicial. https://www.poderjudicial.pr/Documentos/Prensa/2020/Salarios-Personal-Rama-Judicial-2020.pdf [5] Espacios Abiertos. (2021). Presupuesto del Tribunal General de Justicia para el año fiscal 2021. Observatorio Fiscal. https://observatoriofiscalpr.com/presupuesto/ [6] Poder Judicial de Puerto Rico. Visión. https://www.poderjudicial.pr/index.php/mision-y-vision-de-la-rama-judicial/