Balancear la chequera gubernamental no resolverá una crisis económica como la de Puerto Rico. Esa fue una de las primeras lecciones que aprendimos un grupo de organizaciones que visitamos Detroit durante el mes de septiembre 2016 para conocer la experiencia de esa ciudad ante la quiebra financiera.
Las organizaciones participantes del Puerto Rico Debt Crisis Convening: Detroit Learning Exchange fueron: Amnistía Internacional-Sección de Puerto Rico, Beta-Local, Boys and Girls Club de Puerto Rico, el Centro para una Nueva Economía, el Comité Diálogo Ambiental, Inc., Espacios Abiertos y el diario digital Sin Comillas.
Durante dos días, conversamos con decenas de líderes, funcionarios, organizaciones y comunidades que asumieron roles diversos en torno a la quiebra de la ciudad. Cada uno aportó diversas perspectivas sobre sus causas, soluciones, aciertos y errores. Lo que sigue es un breve resumen de algunas de las lecciones aprendidas.
Detroit y Puerto Rico son lugares distintos, pero se parecen. Si bien el contexto y las condiciones de cada lugar varían se pueden identificar muchas lecciones de Detroit que emanan de su crisis fiscal y socioeconómica.
En marzo de 2013, el gobernador de Michigan declaró un estado de emergencia en Detroit y le impuso el Local Financial Stability and Choice Act, (Act No. 436, Public Acts of 2012, MCL §§ 141.1541 et seq), que sirvió para imponer un administrador de emergencia.
El administrador (o Emergency Manager), con un rol muy parecido al de la Junta en Puerto Rico, avanzó una agenda de austeridad, redujo el tamaño del Gobierno, privatizó activos públicos, canceló contratos de empleos y declaró la ciudad en bancarrota.
El período de crisis sirvió para avanzar dos discursos principales. Uno se centra en que hay que hacer lo necesario para “cuadrar la chequera”, principalmente realizando ajustes fiscales e implantando medidas de austeridad. A grandes rasgos, esta visión favorece un gobierno pequeño y la privatización de activos públicos. Típicamente, también excluye de su análisis y cálculos la dimensión política y los contextos sociales y estructurales del lugar.
Del otro lado, se piensa que la crisis no se puede resolver si solo se toman en cuenta cifras presupuestarias y aspectos financieros, a expensas de los costos humanos que inevitablemente se registran con cada ajuste. Los que avanzan este discurso suelen abogar por un sector público robusto que sirva a la ciudadanía, asegure sus derechos y necesidades esenciales y promueva un desarrollo equitativo, enfocado en el bienestar de la gente.
Aunque la ciudad de Detroit logró reestructurar parte de la deuda acumulada y se elaboró un plan para atender el problema de las pensiones, no se llevaron a cabo las reformas estructurales y operacionales necesarias para que la ciudad y los residentes prosperaran. Al limitarse exclusivamente a la reestructuración financiera y no abordar las deficiencias estructurales, se atendió la fiebre, pero no se identificó un remedio para la enfermedad.