A poco más de cinco años de la imposición del Congreso de los Estados Unidos de la ley PROMESA en Puerto Rico que creó la Junta de Supervisión Fiscal (Junta), la Junta presentó su séptima enmienda al Plan de Ajuste sobre las deudas que afectan al Gobierno Central. Este Plan de Ajuste −que deberá ser ratificado el próximo 8 de noviembre por la jueza federal del distrito sur de Nueva York, la magistrada Laura Taylor Swain− será el objeto de análisis en esta ocasión.
Durante este proceso de reestructuración de deuda que inició en mayo de 2017 con las primeras peticiones de reestructuración bajo el Título III de PROMESA, han ocurrido varios eventos de relevancia que han contribuido a empeorar, todavía más si cabe, la ya de por sí maltrecha situación económica de la isla. Entre ellos, destacan los devastadores huracanes Irma y María en septiembre de 2017, el terremoto de 6.4 en la escala Richter de enero de 2020 y sus más de 1,000 réplicas posteriores y la crisis de la pandemia del COVID-19 que inició en marzo de 2020 y que aún nos afectará durante los próximos años.
A su vez, estas crisis presentan ciertas oportunidades para atender las vulnerabilidades preexistentes. Los aproximadamente $120 mil millones de ayuda federal (ver tabla 1), entre fondos posdesastre y fondos pospandemia, representan una ocasión única para que Puerto Rico recupere su acceso a los mercados de capitales y cree las bases y el espacio fiscal necesario para encaminarse hacia un sendero de recuperación económica sostenible, inclusivo y justo para todas y todos los que vivimos en esta isla. Triste y lamentablemente, Puerto Rico perderá dicha oportunidad si la propuesta de la Junta mantiene e infraestima los efectos de sus medidas de austeridad, si se centra solo en unas reformas estructurales de dudable implementación que responden a un más que cuestionable sesgo ideológico, si olvida cualquier propuesta de desarrollo económico y, por último, si desvía de la inversión en desarrollo económico la bonanza temporera en ingresos tributarios fruto de la política federal expansiva hacia pagos de deuda insostenible.
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