Puerto Rico lleva mucho tiempo enfrentando retos o mejor dicho, “tiempos bien duros”. Altos niveles de desempleo, el éxodo de nuestros jóvenes, recortes en servicios, una cada vez más deteriorada infraestructura y más recientemente, huracanes y temblores nunca antes pensados. Las situaciones de emergencia y desastres naturales, dentro de la angustia y desasosiego que nos provoca, logran que aflore lo mejor de nuestra gente: solidaridad, empatía, compromiso, generosidad, entre otras cualidades que nos destacan como país. Sin embargo, no podemos decir lo mismo de la respuesta del gobierno, que para nuestras comunidades ha sido deficiente e insensible.
Los líderes comunitarios y organizaciones que brindan servicios a poblaciones marginadas y vulnerables han tenido que levantar sus voces ante la limitada respuesta del gobierno a la presente emergencia del COVID-19. Una respuesta gubernamental, para nada salubrista, en detrimento de nuestra gente más vulnerable.
Una verdadera respuesta salubrista no hubiera dejado de lado a las familias pobres, a las personas sin hogar, ni a nuestros viejos y personas con diversidad funcional. Una visión salubrista hubiera incorporado el saber y experiencia del liderato comunitario y las organizaciones de base en su análisis y respuesta para el control de la pandemia. Basta con la experiencia durante la emergencia del huracán Maria y los temblores en la región suroeste de Puerto Rico. En esas instancias nos validaron una vez más su relevancia, su capacidad de canalizar las ayudas, compromiso y empatía.
Ante la pandemia, el liderato comunitario — sin recursos y bajo riesgo a su salud — ha asumido el cuidado de nuestros viejos solos. Por su compromiso, han organizado brigadas que realizan para ellos las compras de alimentos y medicamentos. Proveen servicios de apoyo para que los estudiantes puedan participar del modelo de clases a distancia del Departamento de Educación, que no reconoce que la mayoría no tiene acceso a internet y computadoras. Tenemos comunidades cocinado y distribuyendo alimentos casa por casa.
Muchos de esos dirigentes comunitarios denuncian que no tienen apoyo alguno y encima son perseguidos y querellados si no cumplen algún requisito de las medidas gubernamentales sobre el cierre parcial o toque de queda. La semana pasada enviaron una carta a la gobernadora Wanda Vázquez Garced para que se les incluya como una de las voces a tomar en cuenta en los llamados ‘task force’ del gobierno y en la mesa donde se toman las decisiones del país sobre la presente emergencia. “Queremos participar y estamos disponibles”, fue el contundente mensaje dirigido a la mandataria en el que también expresaron los retos que observan en las comunidades en los temas de: servicios de salud y materiales, salud mental, poblaciones vulnerables, alimentación, brecha digital, y falta de participación ciudadana y de transparencia gubernamental.
Nuestros líderes brindan servicios esenciales. Administran acueductos comunitarios y coordinan fogones comunitarios y muchas otras tareas de forma voluntaria. Esperan respuesta a su carta dirigida a la gobernadora. Esperan poder seguir sirviendo a sus comunidades porque saben, como expresó un joven líder: “La solidaridad es lo que está manteniéndonos vivos, no la represión”.
Mabel Román es coordinadora del proyecto de participación y enlace comunitario de Espacios Abiertos