En esta época de huracanes, ¿se imaginan que los avisos de tormenta llegaran antes intencionalmente a ciertas comunidades y no a otras?, ¿se imaginan además que las que recibieran la información en último lugar fueran precisamente las más impactadas por el evento meteorológico? Pues bien, eso mismo es lo que ha ocurrido durante todo el proceso de la tormentosa reestructuración de la deuda pública en Puerto Rico y con las tres enmiendas del plan de ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica: la información solo llega y privilegia a quien toma las decisiones mientras incapacita a quien paga la cuenta y sufre sus consecuencias.
Antes de entrar en el detalle del proceso de la AEE, es importante destacar la opacidad del proceso de reestructuración global que ya dura más de siete años. En junio de 2023, Espacios Abiertos hizo una petición de información a la Junta de Control Fiscal para identificar el gasto en consultores y asesores, cuya cuenta pagamos todas y todos, pero la Junta se negó a abrir sus libros. Mientras el pueblo paga una factura de más de $1,500 millones -multiplicando por cuatro los $370 millones proyectados por el Congreso de los Estados Unidos y lo que la misma Junta estimó en su primer plan fiscal en 2017, según pudo identificar y denunciar Espacios Abiertos a través de su más reciente investigación de la autoría de Wilmarí de Jesús- la Junta argumenta ahora que no le toca rendir cuentas al pueblo de Puerto Rico. Espacios Abiertos solicitó la información que la Junta utilizó de base principal para sustentar sus proyecciones de ahorros para pagar la deuda, es decir, los cálculos que sus consultores producen para justificar las políticas de austeridad y las reformas estructurales que afectarán nuestras vidas por las próximas décadas. La respuesta de la Junta fue un rotundo no.