Esta columna de opinión de Daniel Santamaría Ots, economista y director de Investigación de Espacios Abiertos, fue publicada el 9 de agosto de 2024 en la versión impresa y versión digital del periódico El Nuevo Día.
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Los gobiernos de gran parte del mundo se han puesto de acuerdo por primera vez en algo que parece muy razonable: las empresas multinacionales deben pagar impuestos justos allá donde operen. No puede ser que una maestra de educación primaria o un pequeño empresario local paguen proporcionalmente más impuestos que una gran corporación. El mundo se está cansando de este tipo de inequidades.
La digitalización y globalización de la economía ha permitido que grandes grupos multinacionales estructuren sus operaciones globales trasladando sus beneficios empresariales a jurisdicciones de bajos impuestos. De este modo, consiguen beneficiarse de tasas contributivas muy inferiores a las que no tienen acceso ni las pequeñas y medianas empresas ni la fuerza trabajadora mundial. Este panorama ha resultado en la pérdida de cuantiosos recaudos tributarios corporativos a nivel internacional y, como consecuencia, ha permitido la reducción generalizada del financiamiento adecuado de servicios públicos esenciales en sectores tan medulares como el de la educación, la salud, la infraestructura o la tecnología. Esa estrategia, que hasta ahora ha sido impulsada en Puerto Rico tanto desde nuestras instancias locales como a nivel federal, está en tela de juicio internacionalmente. La presente situación ha propiciado un compromiso de cooperación tributaria internacional sin precedentes en el que más de 140 jurisdicciones, entre las que también se encuentra EE. UU., plantean cambiar esa tendencia al proponer gravar los beneficios empresariales de grupos multinacionales a una tasa contributiva mínima global del 15%.
¿Qué significa este panorama para Puerto Rico? La isla debe poder actuar mitigando los riesgos que esta política pueda suponer para su actual modelo de desarrollo económico, pero a su vez debe aprovechar la ventana de oportunidad que representa este nuevo contexto proponiendo un modelo de desarrollo sostenible que beneficie a nuestras futuras generaciones. Espacios Abiertos evaluó el impacto del impuesto mínimo global del 15% (IMG) en Puerto Rico y cuantificó que la isla podría recaudar en el corto plazo hasta unos $3,800 millones anuales si emitiera legislación local adecuada sobre el IMG con suficiente antelación. De lo contrario, y si no disponemos de legislación adecuada antes de 2025, parte de ese dinero, unos $3,500 millones que pertenecen a Puerto Rico, será recaudado por otras economías que sí se han adherido al impuesto mínimo internacional. Es importante enfatizar que aquí no está en juego si se aumenta o no la tasa al 15% ya que a partir de enero del año que viene la gran mayoría de estas compañías deberán pagarla en la isla o en el exterior. El asunto central es quién lo recauda, si lo hace Puerto Rico o dejamos que otra jurisdicción se aproveche de nuestra inacción.
La isla necesita un nuevo contrato social en el que la ciudadanía sea su protagonista y decida a través de legislación local qué parte de esos recaudos adicionales deben ir a mejorar las condiciones de esas compañías para preservar los aproximadamente 100,000 empleos que generan en la isla y qué parte debe ir destinada a otros fines presupuestarios que favorezcan un crecimiento económico sostenible y nos hagan menos dependientes de los incentivos contributivos. Es decir, Puerto Rico debe plasmar una propuesta legislativa robusta que cumpla con los criterios de la OCDE y el G-20 sobre el IMG y nos sitúe como una jurisdicción atractiva a la inversión foránea a través de incentivos no contributivos. Además, esta propuesta debe ser capaz de retener el empleo y la inversión de las multinacionales ya establecidas en la isla, tener la capacidad de diversificar nuestra base productiva local en sectores estratégicos de nuestra economía y, finalmente, aminorar los riesgos reales de mermas en los recaudos corporativos locales en el largo plazo si el IMG es exitoso en su objetivo final.
Necesitamos actuar con premura, pero con fundamento, y promulgar legislación adecuada que cumpla con los criterios de la OCDE en una sesión legislativa extraordinaria antes de finalizar el año. Hay pocas oportunidades tan transformadoras para el futuro de la isla y Puerto Rico no se merece menos.
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