Como parte de nuestra iniciativa Ojo a la Junta analizamos otras jurisdicciones de los Estados Unidos que han tenido juntas de control fiscal para evaluar qué información ha sido divulgada proactivamente en sus respectivos portales cibernéticos y así promover buenas prácticas de acceso a información en Puerto Rico.
Entre las entidades evaluadas están: Buffalo Fiscal Stability Authority (BFSA) en Nueva York, Municipal Assistance Corporation (MAC) de la ciudad de Troy en Nueva York, Pennsylvania Intergovernmental Cooperation Authority (PICA) y Detroit Financial Review Commission (DFRC) en Michigan. A continuación presentamos lo que dichas entidades publican y lo que se debe emular.
En primer lugar, en las jurisdicciones antes mencionadas es práctica recurrente incluir el itinerario y calendario de las reuniones futuras de las juntas, junto con la agenda, hora y lugar específico. Aunque la Junta ha publicado esta información, no ha cumplido con su deber de garantizar que las reuniones sean totalmente abiertas a los puertorriqueños. En las jurisdicciones antes mencionadas, por lo general, las reuniones son abiertas al público, se transmiten en vivo y se guardan las grabaciones en archivos electrónicos. Incluso abren al público las reuniones de los comités de la junta, como es el caso del BFSA, donde las reuniones del Comité de auditoría, finanzas y presupuesto son públicas. Además, las agendas, minutas y resoluciones de cada reunión se encuentran disponibles para beneficio de la ciudadanía.
En el caso de Puerto Rico, la Junta ha celebrado sus primeras 2 reuniones en Nueva York y la tercera será en un hotel en Fajardo, a la cual solo asistieron aquellas personas invitadas por la Junta. Tampoco se nos ha dado acceso a las reuniones de los diferentes comités de la Junta, como por ejemplo, el Comité encargado de contratar una firma de reclutamiento de ejecutivos que los asesore en la selección del director ejecutivo, del coordinador de revitalización y del consejero general de la Junta. Para la ciudadanía es importante que en el proceso de reclutamiento de estos funcionarios se rinda cuentas sobre cómo y por qué se contrató a dichas personas.
En segundo lugar, los reglamentos, procedimientos y políticas internas de la Junta son publicadas en sus portales. Entre los más relevantes se encuentran: aquellos reglamentos y políticas que manejan la conducta ética y de conflictos de intereses entre los miembros de la junta; guías de controles internos; guías para las contrataciones; y políticas sobre contacto con cabilderos.
Esta última llama mucho la atención, pues en el caso del BFSA, la junta tiene una política específica que maneja el contacto con cabilderos. En particular se establece que la junta debe mantener un registro oficial de todos los contactos con cabilderos; entiéndase, cualquier conversación, telefónica o personal, u otro tipo de correspondencia entre algún miembro de la junta y un cabildero debe ser registrada para determinar si las decisiones tomadas por el organismo han sido influenciadas por un cabildero. Estos registros deben ser custodiados por un oficial que los guardará por un término de siete (7) años en un sistema de almacenaje electrónico.
Cabe destacar que desde que se estableció la Junta, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y Espacios Abiertos hemos solicitado al Departamento de Ética Federal, al Departamento del Tesoro Federal y a la Casablanca los informes de conflicto de interés e intereses financieros de los miembros de la Junta; sin embargo, las gestiones han sido infructuosas. Según la Sección 109 de la ley PROMESA, los nominados debían haber sometido dichos informes para poder ser nombrados a la Junta. La Sección 6.9 del Reglamento de la Junta es literalmente una copia de la disposición incluida en la ley PROMESA y no se aclara dónde y cuándo se podrán acceder. Por lo tanto, solicitamos que dichos informes se divulguen en el portal cibernético de la Junta para nuestra referencia.
Con respecto a las normas sobre contrataciones, resulta relevante mencionar el caso del PICA, cuyo portal incluye todos los contratos actuales que ha entablado con firmas o individuos externos. De manera más limitada, el MAC en la ciudad de Troy publica informes de contrataciones anuales con una descripción del servicio contratado, la cuantía y el término de vigencia. El publicar los contratos de una manera proactiva permite evaluar si ha habido un proceso transparente y libre de influencias indebidas en el proceso de licitación y adjudicación de contratos. En el caso de Puerto Rico, ya que PROMESA promueve la publicación de contratos públicos, la Junta debe tener todos sus contratos accesibles fácilmente en su portal cibernético. Además, se deben publicar las listas de licitadores y las justificaciones para contratarlos.
Otros documentos incluyen: los presupuestos anuales aprobados por el gobierno; los planes fiscales aprobados; información fiscal de las ciudades; análisis de los sistemas de pensiones; las proyecciones y flujo de efectivo del gobierno; recomendaciones sobre los planes fiscales sometidos; certificaciones de controles e informes de auditorías internas de las entidades de control fiscal; los informes anuales de las juntas sobre su progreso y cumplimiento con su deber.
Así por ejemplo, en el portal del PICA se publican los informes mensuales de ingresos fiscales de la ciudad de Philadelphia desde el 2008 hasta agosto de 2016. Dicha información es beneficiosa, ya que permite comparar y analizar mes a mes cuánto se recauda en impuestos y qué medidas se deben implementar para mejorar el sistema de recaudación de impuestos.
Aunque algunos de estos documentos han sido divulgados por el gobierno de Puerto Rico, no todos se encuentran disponibles en el portal de la Junta, como por ejemplo, el estudio comisionado a Estudios Técnicos sobre el impacto de la reducción laboral en la economía, los estados financieros auditados del 2014, entre otros. De hecho, la lista de documentos que entregó el Gobierno luego de la primera reunión de la Junta fue publicada por Noticel y Sin Comillas. Hacemos un llamado para que los incluyan también en su portal de internet.
Incluso, la lista de documentos que la Junta requirió al Gobierno entregar el pasado 14 de octubre de 2016 no ha sido publicada en su portal, entre ellos: informes de flujo de efectivo mensual, informes mensuales de estados de cuentas bancarias, informes mensuales de cumplimiento con el presupuesto, informes mensuales de esfuerzos de recolección realizados por el Departamento de Hacienda, informes mensuales de fondos federales recibidos y desembolsados, informes mensuales de obligaciones de deuda durante el año corriente y que han sido pagadas, informes trimestrales de productividad y ejecución de las agencias, nómina mensual de cada agencia, e informes mensuales de estadísticas laborales, económicas y financieras.
Estas jurisdicciones también publican los planes fiscales, así como los presupuestos aprobados. Aunque el Gobierno y la Junta ya han publicado el plan fiscal propuesto, una buena práctica de transparencia fiscal es publicar los ingresos y gastos del fisco. El MAC en la ciudad de Troy, por ejemplo, incluye las solicitudes de aprobación de presupuesto del gobierno para cada año, junto con una explicación y descripción del proceso de adopción del presupuesto y fuentes de ingreso, así como los gastos fiscales que se deben tomar en consideración.
Asimismo, en todos los portales antes mencionadas se incluyen informes con recomendaciones y comentarios de las juntas sobre los planes fiscales sometidos. A modo de ilustración, el BFSA prepara informes sobre revisiones y comentarios al plan fiscal, en donde explica la brecha presupuestaria, las iniciativas de la ciudad de Buffalo para reducir esa brecha y evalúa la razonabilidad de dichas acciones. En el caso de la Junta en Puerto Rico, aunque se han publicado los comentarios de las partes interesadas al plan fiscal y se hizo un resumen oral en la ultima reunión de la Junta sobre los mismos, se debe publicar dicho resumen por escrito, que recoja la esencia de los comentarios generales.
Por otro lado, el FRC de Detroit publica anualmente los planes de ajuste o adaptación, las proyecciones de aquí a 40 años, los planes operacionales y financieros, así como los informes sobre las condiciones fiscales de la ciudad. Igualmente publica los informes sometidos ante la corte de quiebras sobre la factibilidad del plan de ajuste o adaptación de la ciudad.
Otro asunto a considerar es que estas entidades publican sus informes de progreso anualmente, en los cuales resumen sus logros, acciones llevadas a cabo en cumplimiento con sus deberes, metas, estados financieros y auditorías independientes. El PICA incluye informes de logros desde el 1992 hasta el 2015 en los cuales resume sus metas, acciones concretas, auditorías independientes y sus estados financieros para cada año fiscal. Con respecto a las auditorías internas que realizan firmas independientes de contabilidad, aunque se informa sobre el grado de cumplimiento y controles internos, así como los gastos administrativos y operacionales, cabe destacar que estas se realizan luego de finalizar el año en cuestión, lo que imposibilita evaluar con precisión y con tiempo si se han desviado del presupuesto asignado.
En cuanto a los informes sobre las deudas del gobierno, el MAC en la ciudad de Troy incluye los itinerarios de deuda. En dichos documentos se indica el flujo de efectivo disponible para el pago del servicio a la deuda.
Del mismo modo, en el PICA se publican los informes analizando el sistema de pensiones de la ciudad de Philadelphia. En dichos informes se discute el sistema de pensiones en general, se compara con otras ciudades, se evalúan los riesgos y se proponen reformas al sistema de pensiones. Esto aunque ya lo publica el Banco Gubernamental de Fomento, sería beneficioso que la Junta también lo incluya en su portal con un enlace.
En Puerto Rico dado nuestro derecho constitucional al acceso a la información, debe regir el estándar de máxima divulgación proactiva de todo documento que genere, reciba o custodie la Junta. La información requerida por la JSF al Gobierno de Puerto Rico, los informes de ingresos y gastos, los informes de cumplimiento con el presupuesto y los informes de pagos al servicio de la deuda deben publicarse tan pronto sean emitidos. Los primeros fueron entregados, pero no se han publicado. Además, esperamos que todo documento relacionado a las labores de la JSF se publique, incluyendo, pero no limitándose a los informes de intereses financieros de los miembros de la JSF, los cuales deben ser públicos de acuerdo a la ley PROMESA, así como los salarios de los empleados de la JSF; entiéndase su director ejecutivo, consejero legal, coordinador de revitalización y demás personal de la JSF. Del mismo modo, recomendamos que el reglamento de la JSF sea más detallado, ya que es casi una copia exacta de algunos párrafos de la ley PROMESA, lo que impide evaluar con precisión sus procedimientos internos. Esto es cónsono con los principios básicos de acceso a la información pública reconocidos internacionalmente y en nuestra Constitución. Reiteramos la obligación de la JSF de que todo informe y documento que genere, reciba o custodie sea público, así como toda gestión que lleve a cabo.
Actualizado el 16 de abril de 2019.
