Recientemente, una colega solicitó un préstamo personal a una institución financiera. En el proceso, le pidieron los últimos dos talonarios de su salario, una factura de agua o luz y un documento certificando que estaba empleada. Finalmente, cumplió con todos los requisitos y le aprobaron el préstamo. Este tipo de procesos, aunque tediosos, son necesarios para asegurar tanto la sostenibilidad financiera del solicitante del préstamo como del banco. Estos mismos procesos, son los que el Gobierno de Puerto Rico y la Junta de Supervisión Fiscal obvian a la hora de certificar los planes fiscales y negociar la deuda pública de Puerto Rico.
¿Cómo se explica que la Junta de Supervisión Fiscal certifique el Plan Fiscal del Gobierno de Puerto Rico sin tener la día los estados financieros auditados? Los estados financieros son informes que verifican la situación financiera en la que se encuentra una empresa u organismo público. Estos generalmente se producen anualmente. Cuando son auditados, son examinados y certificados por una entidad de auditoría y contabilidad externa a la entidad auditada. El 3 de mayo de 2019, el Gobierno de Puerto Rico publicó los estados financieros auditados del año fiscal 2015-2016. Eso significa que están certificando planes fiscales y pactando acuerdos sobre la reestructuración de la deuda pública del país sin tener en consideración una evaluación confiable de la actual situación fiscal y financiera de Puerto Rico. Eso es como si usted le llevara los talonarios de hace dos años al banco para pedir hoy un préstamo o renegociar la deuda de su casa.
La firma de auditoría y contabilidad que hizo los estados financieros auditados del año fiscal 2015-2016, KMPG LLC, emitió una opinión mixta sobre las actividades del gobierno. Esto significa que el gobierno, o bien no cumplió con todos los estándares de contabilidad en ese año en algunas de sus agencias gubernamentales y corporaciones públicas, o bien no les brindó toda la información para hacer dicha auditoría. Aunque el gobierno actual no es responsable de lo que financieramente pasó en el año fiscal 2015-2016, sí es responsable de asegurarse que los estados financieros estén al día y de hacer pactos de pagos de deuda pública sostenible siempre y cuando tenga la información financiera más reciente. ¿Usted cree que su cooperativa le prestaría dinero para comprar una casa sin tener en cuenta su estado financiero actual? ¿Usted piensa que el síndico que está a cargo de la quiebra de su vecino le daría un alivio de los acreedores sin conocer los ingresos y gastos que ha tenido en los últimos años? Necesitamos transparencia sobre que se ha hecho con el dinero público a través de los años. Sólo así podremos renegociar la deuda pública de manera justa y equitativa y podremos adjudicar dinero a los servicios esenciales que tanto necesita la población del país.