¿Por qué el gobierno le tiene miedo a la participación ciudadana? ¿Por qué no se atreve a compartir el peso de las decisiones con la gente, que en última instancia es la que se afecta con sus decisiones? Esas son preguntas que nos hacemos bien a menudo en Espacios Abiertos.
Ya va pareciendo una especie de modus operandi. Ante el reclamo de participación ciudadana, algunas agencias públicas del País hacen un gesto de apertura y se sientan a la mesa con las comunidades. Pero al poco tiempo empiezan a exigir condiciones y cláusulas de confidencialidad. Como quien dice, “okey, contigo sí pero con el resto no” o “calladito te ves más bonito”. El problema es que la transparencia y la participación ciudadana no son para unos pocos nada más. Son para todo el mundo.
En el caso de nuestra participación en la reforma de la Policía, una vez más, el gobierno de Puerto Rico ha condicionado la participación comunitaria a su cultura habitual de obstrucción en el acceso a la información.
El Grupo Comunitario de Trabajo de la Reforma de la Policía (GRUCORPO), al que Espacios Abiertos pertenece, se compone de organizaciones interesadas en el tema pero de ninguna manera podemos alegar representación de toda la ciudadanía. ¿Eso nos hace dispensables? No. Tenemos interés, tenemos peritaje y tenemos derecho a participar e incidir. Un gobierno transparente comparte la información para que el País pueda participar y tomar decisiones con criterios sólidos, no por intuición como hemos tenido que hacer por demasiado tiempo.
¿Cómo llegamos aquí?
Hace apenas 8 meses, un grupo de organizaciones a las que nos interesa incidir significativamente en el proceso de reforma de la Policía, nos insertamos en un proceso de participación comunitaria junto a la Oficina de Reforma de la Policía de Puerto Rico. No fue fácil llegar ahí. No hay que ser doctora en filosofía para saber que la Policía es una institución conservadora, muy resistente al cambio, con poquísima apertura hacia organizaciones y ciudadanos que no respondan a sus intereses y mentalidades. Además, tiene un serio problema de confianza entre la ciudadanía, lo que a nosotros mismos nos representaba un gran desafío. ¿”Colaborar” con la Policía? Eso le suena sospechoso a alguna gente, en especial a organizaciones y personas que han sido críticas de la Policía y que incluso se han resignado a que la Uniformada no tiene salvación.
Pero la reforma de la Policía está en marcha y, con sus virtudes y defectos, con todas sus contradicciones incluso, es una oportunidad tal vez única para transformar a la Policía de Puerto Rico. En el Grupo estábamos empecinados en garantizar la participación de organizaciones independientes en este proceso porque queríamos incidir en la Reforma con una perspectiva de derechos humanos.
La Policía se comprometió a enviarnos los borradores de las políticas que están creando para regir a lo que será la nueva uniformada y así lo hizo. Nuestro grupo las estudió detalladamente e hizo sugerencias y comentarios específicos, por escrito, todos con una perspectiva de derechos humanos. Varias veces nos sentamos con la directora de la Oficina de Reforma de la Policía, la Coronela Clementina Vega, y con su personal para discutir las sugerencias. De hecho, en corto tiempo desarrollamos una relación de diálogo, respeto y colaboración.
¿A dónde fue a tener el espíritu colaborativo?
Pero el espíritu colaborativo no le duró mucho a la Policía. A pesar de que el Acuerdo para una reforma sostenible de la Policía de Puerto Rico exige la participación comunitaria y la transparencia en el proceso de reforma, la Policía comenzó a retroceder en su apertura. Recientemente, el superintendente Caldero detuvo el proceso de participación, condicionando su continuidad a la firma de un acuerdo entre la Policía y GRUCORPO. Luego de reconsiderar ponderadamente la situación, las organizaciones que componen a GRUCORPO hemos decidido no firmarlo por razones diversas. Entre otras, entendemos que el acuerdo propuesto es irrelevante, simbólico, no dispone de obligaciones y exige una cláusula de confidencialidad a la que no estamos dispuestas a someternos.
Hasta el señor Arnaldo Claudio, TCA de la Reforma, ha tratado de interceder para que la Policía retome el trabajo de participación de GRUCORPO pero la agencia se sostiene en su negativa.
La participación de las comunidades no puede estar condicionada a acuerdos y mucho menos a cláusulas de confidencialidad. El único acuerdo relevante en este caso se llama ‘Acuerdo para una reforma sostenible de la Policía’ y el gobierno de Puerto Rico tuvo que firmarlo hace más de dos años para evitar el efecto mayor de una demanda devastadora en contra de la Policía de Puerto Rico por violaciones sistémicas de derechos a la ciudadanía. Ese acuerdo es claro y enfático en su exigencia de transparencia y participación ciudadana. Ese es el Acuerdo que hay que cumplir.
Aquí habemos unas 18 organizaciones dispuestas a trabajar voluntaria pero significativamente en la construcción de otra Policía para Puerto Rico. Una Policía que nos ofrezca un verdadero sentido de seguridad solidaria.
El señor superintendente José Caldero debe autorizar que se retome el buen proceso de diálogo y trabajo que tuvimos con la Oficina de Reforma de la Policía desde abril hasta noviembre de este año. El espíritu nos tiene que durar a todos y todas hasta que podamos asegurar otra policía: una policía comunitaria; una policía respetuosa de los derechos humanos, efectiva, a la que no se le ‘caiga’ la mayoría de los casos criminales en los primeros pasos del proceso judicial. Una Policía para el desarrollo del País.