Esta semana hubo revuelo con el alegado patrocinio de $7.7 millones de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (Turismo) al equipo de fútbol “Sevilla FC”. La realidad es que, en tiempos de crisis fiscal, esta cantidad es exorbitante; pero es además un ejemplo claro de por qué es inminente que se establezcan mecanismos permanentes para que el gobierno proactiva y oportunamente nos rinda cuentas.
Según la directora de Turismo, no se puede divulgar la cuantía del contrato de auspicio, ya que a solicitud del Sevilla FC se incluyó una cláusula de confidencialidad, pues “este tipo de organizaciones deportivas son muy celosas con la competitividad de sus negociaciones”. Además, expresó: “que el dinero invertido en el patrocinio salió de los propios fondos de la compañía de turismo porque la corporación pública no depende del fondo general, sino que genera ingresos mediante el impuesto a las habitaciones y otros cargos”.
Ante tales aseveraciones debemos aclarar varios asuntos.
En primer lugar, podemos entender que el proceso de negociación sea confidencial, pero el contrato final y su cuantía debe ser público, a menos que cumpla con las excepciones establecidas por ley. Es importante recordar que cuando el gobierno reclama la confidencialidad de algún documento o de la información recopilada de alguna otra forma, le corresponde probar por qué esa confidencialidad es necesaria. Tiene que demostrar que tiene un interés apremiante que proteger y que no tiene medios menos onerosos para lograr el fin que alega promover.
En segundo lugar, la Compañía de Turismo es una corporación pública. Esto significa que fue creada por el gobierno de Puerto Rico para proporcionar un bien o servicio público; en este caso, estimular programas de promoción y atracción turística con el fin de alentar en los visitantes el interés en nuestra cultura. A tales efectos, la doctrina prevaleciente en Puerto Rico es que las personas naturales y las corporaciones tienen el derecho de obtener información que esté en posesión de cualquier organismo público, en todos sus poderes (ejecutivo, legislativo, judicial) o de entidades privadas que realicen funciones públicas, siempre y cuando no caiga bajo las excepciones mencionadas.
En tercer lugar, el hecho de que genere sus propios ingresos a través del impuesto a las habitaciones o “room tax”, no significa que se convierta en una corporación privada y se le exima de rendir cuentas a la ciudadanía. Precisamente dicho impuesto constituye una carga obligatoria que toda persona que se aloje en un hotel o concepto similar tiene que pagar para financiar a dicha corporación. Así por ejemplo, la Autoridad de Energía Eléctrica genera ingresos propios por concepto del cobro de la luz, pero eso no le quita su carácter público. Por lo tanto, la ciudadanía tiene derecho a acceder esta información porque envuelve el uso de fondos públicos.
En cuarto lugar, los principios de contratación abierta reconocidos internacionalmente establecen la importancia de adoptar mecanismos que propicien una amplia divulgación y participación en las contrataciones públicas para que sean más competitivas y justas. El propósito principal de la contratación abierta es promover la publicidad proactiva de los documentos e información relacionados a las contrataciones públicas para así poder evaluar comprensivamente las disposiciones adoptadas, monitorear su cumplimiento y promover la rendición de cuentas por los resultados obtenidos.
En Puerto Rico llevamos décadas repitiendo estrategias infructuosas para atraer a turistas. Recordemos el fracaso de iniciativas como la del municipio de Mayagüez mediante la Corporación para el Impulso de Desarrollo Económico del Oeste. Según una auditoría de la Oficina de la Contralora, el Programa de Incentivos Aéreos de Vuelos Fletados, que entre los años 2010 y 2011 ofreció vuelos fletados desde Aguadilla a España, no cumplió con los requisitos mínimos para lo cual fue creado: que el 75% de los pasajeros de un vuelo fletado tengan una reservación de tres días o más en alguno de los paradores y que los vuelos se llevaran a cabo durante un mínimo de seis meses consecutivos con, por lo menos, un vuelo semanal, ida y vuelta. De acuerdo al informe, de los 2,250 pasajeros que utilizaron los vuelos fletados sólo el 17% (389) eran europeos, se confirmaron solamente 86 reservaciones en hoteles y paradores del área Oeste y se estima que cada uno de los turistas europeos le costó al erario $17,962.
De igual forma, tenemos que exigir transparencia financiera en nuestras agencias públicas. Los estados financieros de Turismo reflejaron que para los años fiscales del 2007-08 al 2010-12 que la Compañía recibió asignaciones de fondos de la Asamblea Legislativa por $7,590,773, generó ingresos por $651,063,330 e incurrió en gastos por $688,046,555. Esto reflejó un déficit acumulado por $29,392,452. Según el último estado financiero disponible (2013) los ingresos de la Compañía de Turismo rondan los $70 millones de dólares pero sus gastos fueron de $115.5 millones. Con lo que en 2013 solamente sus gastos superaron sus ingresos por $48 millones de dólares. Así que el déficit sigue en aumento. ¿Qué sabemos de cómo se ha invertido este dinero? En el 2013, $42 millones fueron destinados a promociones y publicidad—Pero ¿con qué resultados? Peor aún los estados financieros indican una reserva de $62 millones por pérdidas en proyectos de turismo (p.40).
El historial demuestra que las “inversiones” que ha hecho la Compañía de Turismo (y otras agencias y corporaciones públicas) han sido un fracaso. Solo con la publicación proactiva de contratos, la transparencia financiera y otros mecanismos de transparencia y buena gobernanza podremos aspirar a que se evalúe oportunamente y se rinda cuentas del uso de nuestro dinero.
En conclusión, la transparencia financiera y la contratación abierta son principios esenciales para la rendición de cuentas en la gestión pública, ya que son antídotos contra la corrupción, el fraude, así como el abuso y despilfarro de los recursos gubernamentales.
Además, permiten que la gente pueda tomar decisiones informadas sobre las políticas públicas que le conciernen, incluyendo aquellas sobre las finanzas del gobierno.
En resumen, la rendición de cuentas es un concepto básico de sana administración pública que en época de crisis económica resulta imprescindible reclamar. Ciertamente el contrato de auspicio al Sevilla FC es polémico; más aún en un país declarado en quiebra, que no tiene dinero para sufragar su sistema de salud, su sistema educativo, las pensiones de los envejecientes, entre otros servicios esenciales.
Como bien dijo Louis Brandeis, ex Juez Asociado del Tribunal Supremo de Estados Unidos a principios del siglo XX: “sunlight is said to be the best of disinfectants”. En el 2016, ya es hora de que el gobierno arroje luz y rinda cuentas claras por sus actuaciones. Solo así podremos desinfectar sus instituciones.