El Barómetro de la Transparencia es un repositorio digital creado para las personas interesadas en los temas de transparencia. Aquí la ciudadanía puede encontrar noticias donde se ha mencionado o se ha exigido transparencia en los haberes públicos. En el mes de abril hubo alrededor de 33 noticias en diferentes medios relacionadas a la transparencia gubernamental comparadas con 39 noticias el año pasado para el mismo periodo. A continuación las palabras más destacadas en este mes:
- Hubo aproximadamente 11 instancias donde los titulares mencionaron la palabra Puerto Rico. Eso significa que hubo casi dos instancias semanales donde se hablaba de transparencia en Puerto Rico;
- Por cerca de cinco instancias se relaciona la palabra Covid-19 con la palabra transparencia. Ello representa que se asociaba la crisis de salud del Covid-19 con la palabra transparencia al menos una vez a la semana.
- Se registraron tres instancias donde se relacionaba al sistema de transmisión comunitaria con la palabra transparencia. Ello implica que casi todas las semanas se relacionaba la palabra transparencia con el sistema de transmisión comunitaria.
Abril: Sistema de Vigilancia coloca a 14 pueblos en nivel de transmisión comunitaria alta; Las leyes de transparencia y datos abiertos nunca debieron aprobarse; Evalúan posible nueva legislación para garantizar acceso a información pública; PPD exige transparencia al alcalde “Guillito”; Asociación de IPAS apoya a ASES para hacer cumplir requisitos de transparencia en información; Loíza inicia la digitalización de compras y subastas del municipio; Informe de Salud lo confirma: Mudo el Sistema de Rastreo ante brotes de Covid en Puerto Rico; Opinión de Rafelli González Cotto: La transparencia ante la privatización de política pública por COVID-19; Revelan que funcionarios de Trump frenaron la ayuda a Puerto Rico por los huracanes; CPI va al tribunal por datos e informes relacionados con incentivos; SIP reitera las dificultades de acceder a la información en Puerto Rico; LUMA paga a sus ejecutivos hasta $325 la hora, según divulgación parcial; Pierluisi firma orden para transparencia contratación servicios en gobierno; Cámara aprueba de manera unánime ley para la fiscalización y rendición de cuentas en tiempos de emergencia;
La falta de transparencia en cómo se gestionan los bienes y servicios públicos en tiempos de crisis han dado de qué hablar en el mes de abril. Y es que las historias se repiten. Hace tan sólo un año hablamos de la compra de pruebas fallidas para atajar el Covid-19 y este mes se puso en duda el manejo del Sistema de Rastreo Comunitario ante el alza en casos del virus. Es difícil que la ciudadanía tenga confianza en las entidades públicas cuando estas actúan en algunas instancias con opacidad o sin ningún tipo de rendición de cuentas al pueblo.
Sabemos que la Rama Ejecutiva y la Legislativa están en proceso de crear proyectos de ley y medidas de política pública a fin de atajar la opacidad gubernamental. Desde la Rama Legislativa, la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes actualmente investiga el cumplimiento de las Leyes 122 y 141 de 2019—mejor conocidas como “Ley de Datos Abiertos” y “Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública”—mediante la Resolución 199. Espacios Abiertos fue invitado a las vistas públicas celebradas en el mes de abril. Allí expusimos que si bien es cierto que la aprobación de estas leyes fue un paso en la dirección hacia un Puerto Rico más abierto y transparente, todavía queda mucho espacio para mejorar. Ambas leyes están plagadas de deficiencias como consta en el estudio que la Red de Transparencia comisionó al Center for Law and Democracy en mayo 2020. Según el estudio, Puerto Rico ocuparía el puesto 87 de 128 ó el tercio más bajo al compararse con la normativa legal de los otros países. Un marco legal basado en las mejores prácticas internacionales debe ser el norte de todas y todos.
Mientras tanto el gobernador Pedro Pierluisi firmó la Orden Ejecutiva 2021-029 con el fin de establecer medidas para asegurar la transparencia y responsabilidad fiscal en la contratación gubernamental de servicios profesionales. La disposición solo le aplica a contratos de “servicios profesionales por la cantidad de doscientos cincuenta mil dólares ($250,000) o más, durante un año fiscal.” También le aplicaría a los contratos con enmiendas, solo “cuando estas resulten en que la cuantía total de un contrato de servicios profesionales alcance o exceda de doscientos cincuenta mil dólares ($250,000) en un mismo año fiscal.” Según la Oficina del Contralor, en el año 2020 sólo un 3.6% de los contratos otorgados por servicios profesionales tenían una cuantía de $250,000 o más[1]. Estos datos nos hacen ver qué este tipo de medida, es un avance pero queda corta de su esperado alcance.
A todo esto en el mes de abril, el Centro de Periodismo Investigativo tuvo que acudir a los Tribunales para acceder a información sobre datos e informes relacionados a los incentivos, tales como los de la Ley 22 de 2012 conocida como la “Ley para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico” y sobre la Ley 60 de 2019 conocida como el “Código de Incentivos de Puerto Rico”, entre otros. Desde el año 2017, Espacios Abiertos ha abogado que el gobierno haga público un informe de gastos fiscales. Esa acción le daría la oportunidad a la ciudadanía de conocer qué incentivos otorga el gobierno mediante la conseción de créditos, exenciones y decretos, entre otros. En el año 2019, después de una pugna en los Tribunales con Espacios Abiertos, el Departamento de Hacienda publicó por primera vez un Informe de Gastos Tributarios y reveló que para el año 2017 Puerto Rico otorgó aproximadamente $20 mil millones en privilegios contributivos. Aunque la publicación fue un avance, todavía queda mucha información por transparentar. Los de 2018, fueron publicados recientemente pero todavía estamos a ciegas sobre cómo se han otorgado incentivos en el 2019 y el 2020. Sin embargo, seguimos aprobando presupuestos del fondo general sin conocer en dónde estamos invirtiendo todo el dinero público. El Senado recientemente aprobó el P. de la S. 206 conocido como “Ley del Presupuesto de Gasto Tributario de Puerto Rico” para crear oficialmente un registro público de gastos fiscales. Este es un gran paso hacia un Puerto Rico más abierto y transparente, pero todavía falta que se apruebe en la Cámara de Representantes y que el primer ejecutivo lo firme.
En el mes de abril quedó demostrado que la transparencia gubernamental es algo que se discute a diario y que es imperativo que estemos vigilantes. Estas medidas y proyectos presentados por las diferentes ramas de gobierno tienen la posibilidad de impactar la vida de la ciudadanía de manera directa. Es importante que se exija que todas estas iniciativas se fundamenten en las mejores prácticas a nivel internacional y que todos los diferentes entes que interactúan con el gobierno se rijan bajo los mismos estándares de transparencia y responsabilidad fiscal.
[1] Oficina del Contralor (2021). Consulta del Registro de Contratos 2020 [Archivo de datos]. https://consultacontratos.ocpr.gov.pr/