En los últimos días el tema más candente en la opinión pública ha sido la decisión del gobierno de no hacer público el estudio en el cual están basando una abarcadora reforma contributiva que afectara a todos los contribuyentes de Puerto Rico. El grupo de voces que clama por que no se le esconda al pueblo esa información ha crecido vertiginosamente e incluye periodistas, organizaciones cívicas y no-gubernamentales, entidades empresariales, organizaciones comunitarias, y hasta algunos políticos ilustrados.
No es para menos pues el tema de la transparencia gubernamental es uno de los temas más cruciales para cualquier democracia. De hecho, no puede existir democracia sin transparencia pues el sistema se basa precisamente en permitir que la ciudadanía decida y eso solo funciona plenamente si se le provee al Pueblo la información necesaria para tomar una decisión informada.
Ante esta situación, son muchos los que piden se presente una demanda legal contra el gobierno para obligarlos a revelar y hacer pública la información que nos esconden. Hay una gran y noble tradición internacional de ciudadanos demandando a sus gobiernos en los tribunales para exigirle cumplan con sus propias leyes. Y en las democracias ese derecho es uno de los más importantes que tenemos como ciudadanos.
Pero sería una gran decepción si a eso llegáramos. La realidad es que no deberíamos estar discutiendo si el estudio de la reforma contributiva hecho por los consultores extranjeros de la firma KPMG es un documento de trabajo o un informe final, si es un documento público bajo la definición de nuestra jurisprudencia del Tribunal Supremo o si no lo es. Aquí el punto medular es que como Pueblo y como País vamos a emprender un gran proceso de reforma contributiva con la meta de hacer justicia a los que pagan impuestos y propiciar un ambiente donde se puedan crear nuevos y mejores empleos. Esa es una meta común y loable que tenemos. ¿No debemos entonces trabajar juntos para lograrla? ¿No debemos abrir las puertas para dejar entrar las mejores ideas? ¿No debemos hacer lo que predicamos y compartir con la ciudadanía la responsabilidad de lograr una reforma contributiva justa? ¿No debe ser esa nuestra aspiración como País?
Lo importante aquí realmente no es la definición legal de lo que hay que compartir con el Pueblo. De lo que estamos hablando es de una nueva manera de hacer las cosas. De la aportación que puede hacer nuestra generación al legado de la democracia en Puerto Rico. Podemos ser nosotros los que empecemos a crear una verdadera cultura de transparencia y apertura en el Gobierno de Puerto Rico y lograr que en el futuro nos identifiquen como los que comenzamos esa gran transformación. Esta situación le provee a la actual administración una única oportunidad de poner en practica una nueva manera de gobernar y de incluir al Pueblo en la toma de decisiones. De eso se habla mucho pero se hace poco.
Ciertamente gobernar con más apertura y transparencia será un proceso diferente y posiblemente más difícil y engorroso en algunos aspectos. Pero a la larga valdrá la pena. Tenemos que aprender a tolerar un proceso más espinoso, más laborioso y más deliberado. Porque como dicen Las Escrituras, “no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni secreto que no haya de descubrirse.” Y si cometemos errores, los cometemos juntos. Habrá preocupación e incertidumbre al hacerlo. Pero es lo correcto y creceremos como País y los gobernantes que lo practiquen sentirán también ese sentido de paz que cubre a uno cuando hace lo correcto. Y podrá recordar aunque quizás nadie mas lo haga que cuando le toco su turno ante la historia hizo lo correcto.
El autor es presidente del Centro para una Nueva Economía. Esta columna fue publicada originalmente en El Nuevo Día el 26 de noviembre de 2014.