Recientemente la administración de turno ha comenzado a divulgar selectiva y parcialmente algunos de los detalles de su propuesta para una reforma contributiva que presumiblemente generaría un alivio contributivo significativo. De acuerdo con la información que se ha divulgado en la prensa, los individuos con un ingreso devengado menor de $35,000 y los casados con ingresos devengados menores de $70,000—aproximadamente unos 835,000 contribuyentes—no tendrían que pagar impuestos sobre sus ingresos. Además, se reducirían las tasas marginales para los contribuyentes que devenguen ingresos en exceso de esas exenciones. El alivio contributivo total para este grupo se estima en unos $354 millones.
Ahora, eso no significa que estas personas no pagarían ninguna contribución. Primero, los patronos continúan obligados a retener un 7.65% de su salario por concepto de Seguro Social y Medicare. Además, los empleados gubernamentales también estarán sujetos a la retención de su aportación a su respectivo plan de retiro.
Más importante aún, se nos informa que el Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU) sería sustituido por un Impuesto de Valor Añadido (IVA). El IVA, de acuerdo con la información que se ha divulgado hasta ahora, aplicaría básicamente a todas las ventas de bienes y servicios en Puerto Rico con tres excepciones: bienes y servicios exportados, servicios financieros y el pago por concepto de alquiler de viviendas. Todo lo demás, por ejemplo, las medicinas recetadas, la matricula del colegio de los nenes, y los productos de la canasta básica alimenticia, tales como leche, pan, y huevos, tributaría a una tasa que se estima que como mínimo duplicaría la del IVU, lo que sería al menos un 14%. El gobierno ha anunciado, sin embargo, que “se pondera” establecer un crédito trimestral para mitigar el impacto del IVA sobre los contribuyentes de más bajos ingresos y que dicho crédito podría costar entre $500 y $600 millones.
A la misma vez, el gobierno le ha informado a los inversionistas que compran bonos de Puerto Rico que su expectativa es que la reforma contributiva aumente “materialmente” los recaudos del fondo general. Aparentemente, el objetivo es aumentar los recaudos netos entre $900 y $1,200 millones. Si asumimos que el gobierno busca aumentar los recaudos netos por $1,000 millones, entonces el nuevo IVA tendría que recaudar por los menos $1,954 millones en exceso de lo que recauda el IVU actualmente ($1,000 millones para Hacienda, $600 millones para financiar el crédito para mitigar la regresividad, y $354 millones para sustituir los recaudos por concepto de la reducción en las contribuciones sobre ingreso).
Bajo este escenario, pudiera darse el caso que algunos hogares de clase media, dependiendo de sus ingresos, patrones de consumo y la cantidad del crédito nuevo, terminen pagando más de lo que pagan ahora. Pero no lo sabemos con certeza ya que no tenemos toda la información para hacer el análisis.
De hecho, lo que se ha divulgado hasta ahora genera más preguntas de las que contesta. Por ejemplo, ¿cómo se define “contribuyente de bajos ingresos” para propósitos del nuevo crédito?; ¿confía usted que cuando compre una medicina para controlar la presión arterial o para aliviar la arritmia cardiaca, y le cobren un IVA de 14%, Hacienda le devolverá el dinero en tres meses?; ¿está preparado el Departamento de Hacienda para implementar el IVA?; ¿qué sucedería con el déficit si los alivios se hacen retroactivos a enero de 2015 pero Hacienda se tarda seis meses en comenzar a cobrar el IVA? ¿A que tasa tributarán los ingresos por concepto de ganancias de capital, dividendos e intereses? Simplemente, no sabemos.
La razón por la cual no sabemos las respuestas a éstas y muchas otras preguntas es que la reforma contributiva se basa en un informe preparado por la firma de consultores KPMG y que el gobierno ha determinado no hacer público. Sin embargo, resulta imperativo que este documento se divulgue en su totalidad para que la ciudadanía esté debidamente informada y pueda ejercer adecuadamente su derecho a la libre expresión, para que todos podamos analizar a fondo las propuestas de la administración, y para fomentar un debate público informado sobre las bondades y defectos de la reforma propuesta.
De entrada es preciso señalar que el trabajo de KPMG se ha financiado con fondos públicos, lo que convierte el documento en uno de dominio público. Ese hecho, por si sólo, debería ser suficiente para hacer público el informe.
Segundo, la regla general en Puerto Rico, por lo menos desde la decisión de nuestro Tribunal Supremo en Soto v. Secretario de Justicia, 112 D.P.R. 477 (1982), es que toda la información en posesión del Estado, sujeto a cinco excepciones (ninguna de la cuales aplica en este caso), es pública y debe estar accesible a la ciudadanía en general. El Tribunal en Soto fue claro al declarar “que existe una estrecha correspondencia entre el derecho a la libre expresión y la libertad de información. La premisa es sencilla. Sin conocimiento de hechos no se puede juzgar; tampoco se puede exigir remedios a los agravios gubernamentales mediante los procedimientos judiciales o a través del proceso de las urnas cada cuatro (4) años.”
En el caso de la reforma contributiva, la falta de divulgación del informe de KPMG impide que los ciudadanos puedan llevar a cabo un análisis a fondo de la propuesta gubernamental al no hacer público el trasfondo fáctico y analítico del cual surge dicha propuesta. Reiteramos, “sin conocimiento de hechos no se puede juzgar…”
Parecería, sin embargo, que el gobierno quiere ocupar el campo discursivo respecto a este importante tema a través de una costosa campaña de propaganda en los medios de comunicación pero, a la misma vez, limitando nuestro derecho constitucional a la información y coartando nuestra habilidad para llevar a cabo un debate público ponderado y verdaderamente informado. En nuestra opinión, este intento de controlar el debate unilateralmente es inaceptable, contrario al derecho vigente, y perjudicial para el desarrollo de la democracia puertorriqueña.
El autor es Director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía. Esta columna fue publicada originalmente en El Nuevo Día el 9 de noviembre de 2014.