Esto quiere decir que un cambio que sea de gran magnitud en el sistema contributivo y que a la vez esté mal implementado, pudiera generar un fuerte disloque en la economía.

El Gobierno no ha explicado el impacto de su reforma sobre la economía. Preocupa que 30 de las 31 simulaciones que hizo la firma KPMG sobre su propuesta reforma contributiva resultaban en contracciones económicas. La única que generaba un crecimiento positivo pero modesto asumía que NO se hacía cambio al IVU ¡y que el IVA no se implementaba!

También se ha llevado con demasiada prisa, tipo “fast track”. Esto es muy preocupante porque no se provee el espacio de análisis, discusión y participación ciudadana que debe existir en el preámbulo de uno de los cambios más trascendentales en nuestro sistema contributivo, que afectará las vidas de todas las personas en esta sociedad.

Además, hay que aclarar temas importantes y exigir que se analicen ciertos aspectos con mayor rigurosidad. Por ejemplo:

• La gran mayoría de los créditos, exenciones y tasas especiales que la firma de consultores KPMG recomendó eliminar se mantienen. No se ha explicado por qué se descartaron esas recomendaciones de la Firma, o cómo afectará la cantidad total de los recaudos el mantener estos créditos, exenciones y tasas especiales. Tampoco se ha ofrecido un análisis de cuánto produce cada uno de éstos en actividad económica o beneficios para el País.
• No se ha provisto información sobre los cambios operacionales, administrativos y gerenciales que hará el Departamento de Hacienda para asegurar la captación del IVA y la reducción de la evasión contributiva. Hay que recordar que cuando se aprobó el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), Hacienda prometió que redundaría en un aumento en la captación. ¡Pero en la actualidad, el Departamento solo captura 56% del IVU!
• La prohibición a los comerciantes de desglosar el IVA en la factura.

Sin embargo, el proyecto presentado no contiene disposiciones específicas sobre los mecanismos mediante los cuales se atenderá el aumento en el impuesto al consumo entre los sectores trabajadores de bajos ingresos. El proyecto tampoco contiene una descripción detallada de los grupos que se beneficiarían o del proceso mediante el cual la gente recibirá el reembolso.

El Departamento de Hacienda ha admitido que apenas recibe 56% de lo que los comercios recaudan por el IVU en la actualidad. Entonces ¿logrará Hacienda los recaudos que necesita en este periodo de transición en que va a mantener el IVU? Si bien el Gobierno necesita dinero con premura para continuar operando y poder cumplir con el pago de la deuda pública que vence el 1 de julio de este año, la reestructuración del sistema contributivo del País es un asunto demasiado complejo y delicado para pretender implantarlo con tanta prisa.

O sea, que usted tendrá que pagar impuestos al hacerse una radiografía pero no tributará si decide mejor apostar el dinero y gana en un juego de azar. ¿Son correctas las prioridades del proyecto? ¿Verdaderamente equilibra el sistema tributario?

Públicamente se habla de un crédito para los contribuyentes que devenguen menos de $ 35-mil, y la exposición de motivos del proyecto menciona un ‘alivio’ a la regresividad. Sin embargo, las secciones sustantivas del proyecto dejan el asunto en el aire. ¡No hay nada que garantice los alivios! En vez:

• El proyecto de ley deja en manos del Secretario de Hacienda determinar en un periodo de 90 días después de aprobada la ley, la cantidad del crédito y los criterios para compensar a los contribuyentes.
• El proyecto no establece con claridad ni define quiénes serán elegibles, ni los parámetros para los distintos segmentos de contribuyentes.
• Se obligará al contribuyente a solicitar el crédito llenando una documentación cuya complejidad y contenido establecerá el Departamento de Hacienda.
• Establece que el pago del ‘alivio’ estará disponible a partir del noviembre de 2015.

Resulta inaceptable que el proyecto de ley no aborde las siguientes interrogantes:

¿De cuanto serán los “alivios”? ¿Serán suficientes para compensar el aumento en los impuestos al consumo? ¿Y si el Secretario decide otorgar una cantidad nominal que alivie poco o nada la situación del contribuyente?

¿Por qué dejar el tema a discreción del Secretario de Hacienda en vez de incluir los parámetros claramente en el proyecto de ley?

¿Será un “alivio” ligado al consumo o irá dirigido a recompensar el esfuerzo de trabajo? ¿Se estructurará de tal forma que incentive el trabajo y la transición a la economía formal?

¿Quién será considerado como ‘pensionado’? ¿Qué otras categorías serán elegibles? ¿Cómo se determinará la elegibilidad?

Si el primer “alivio “no se otorga sino hasta noviembre de 2015, ¿cómo van a lidiar los sectores pobres y trabajadores durante los primeros 8 meses que tengan que sufragar el IVU aumentado? La realidad es que la reducción en las tasas de contribución sobre ingresos para este tipo de contribuyente resulta ser nula o nominal ya que tributan muy poco sobre sus ingresos. Por esto, se espera que el impacto del aumento en los impuestos al consumo se particularmente duro para ellos.

¿Cuántas personas necesitadas tendrán dificultad para cumplir con el requisito de documentación que contiene el proyecto? Está probado que a las personas de escasos ingresos o de mayor edad se les hace difícil ejecutar este tipo de trámite burocrático. ¿Cuánta gente que lo necesite se quedará fuera por esto?

Sin embargo, el proyecto mantiene la exención contributiva de, por ejemplo, el ingreso devengado por el que participe en la Serie del Caribe; o de las residencias de sacerdotes y ministros. ¿Qué exenciones, deducciones y créditos se están manteniendo intactos? ¿Cuánto le costará al erario mantenerlos? ¿Cuál ha sido el criterio para mantener algunas exenciones y créditos y eliminar otros? ¿Se está tratando a todos los contribuyentes con equidad? ¿Se ha hecho y se hará un análisis de costo-beneficio de cada uno, como recomienda el informe de KPMG?

Es preciso destacar que el informe de la firma de consultoría KPMG incluyó varios capítulos que pasaban juicio sobre la operación interna del Departamento de Hacienda. Sin embargo, estos capítulos permanecen fuera del escrutinio público porque el Tribunal no los incluyó en su orden de divulgación y el Gobierno insiste en no hacerlos públicos.