Puerto Rico se posicionó en el número 87 al compararse con otros 128 países
Dos leyes que limitan el acceso a la información pública, aprobadas por la actual legislatura y firmadas el año pasado por el gobernador denunciante Ricardo Rosselló Nevares, están plagadas de ambigüedades en torno a las excepciones, el sistema de protecciones y sanciones, y tienen vacíos importantes en los procedimientos para hacer y responder peticiones de información pública, encontró un estudio del Centre for Law and Democracy (CLD), una entidad enfocada en promover los derechos fundamentales para la democracia, con énfasis en la libertad de expresión.
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