“Representante de Junta de la AEE confirma aumento tarifario”. Así lee el titular que me llega como alerta de notificación. La noticia hace referencia a las expresiones de Carlos Gallisá, al denunciar la posibilidad de un “alza en la tarifa de la luz y la inclusión en la negociación con los acreedores de un nuevo organismo rector para la corporación pública con espacio para los bonistas”.
¡¿Qué?! Sí, así como lo oye. Me imagino que estará pensando igual que yo: “pero, entonces ¡¿Dónde está el organismo rector con espacio para los consumidores?!
La semana pasada alertamos sobre las negociaciones que se están llevando a cabo a oscuras entre la AEE y sus acreedores. Con el “jamaqueo” de esta noticia, ahora más que nada resulta imprescindible la implantación de mecanismos que aseguren la transparencia y la rendición de cuentas en los procesos de negociación y viabilicen la participación ciudadana efectiva.
El propósito de la Ley 57-2014 de Transformación y ALIVIO Energético va en esa dirección; se requiere que la ciudadanía y los grupos de interés sean parte de la evaluación de todos los asuntos relacionados a la AEE para satisfacer las necesidades de electricidad al menor costo posible y asegurar la sostenibilidad de los recursos energéticos. Pero todavía estamos lejos de que esto sea una realidad.
Indefensos sin la Oficina Independiente de Protección al consumidor
Entre las disposiciones más importantes de la Ley 57-2014 se encuentra la creación de la Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC) para representar y defender los intereses de los consumidores del servicio eléctrico ante los caprichos de la AEE.
Sin embargo, seguimos en la “espera que desespera”, ya que esta oficina no está operando. La ley aprobada le asigna un presupuesto anual igual al diez por ciento (10%) de la cantidad asignada a la Comisión de Energía y, ni siquiera se ha nombrado un Director.
La OIPC debe ejercer un rol esencial como representante y defensor de los consumidores, por lo que es menester enfatizar que dicha oficina no es meramente otra entidad para presentar quejas relacionadas a las tarifas de la luz, sino que la misma tiene un deber indispensable para garantizar la protección de los intereses del pueblo, frente al poder y tamaño de la AEE. La OIPC va más allá de otorgar reparaciones de agravios por violaciones a los procesos relacionados a la prestación de servicios a la ciudadanía, sino que es una entidad con el poder y la capacidad técnica para intervenir en todos los procesos decisionales de la Comisión de Energía y la AEE.
En otras palabras, dicha oficina ejercerá como fiscal del pueblo y sus integrantes deben tener la pericia y el conocimiento necesario para que al evaluar las negociaciones y planes sometidos a la consideración de la AEE y la Comisión, puedan levantar bandera, alertarnos y aclararnos aquellos asuntos complejos que no entendemos y que se discuten, por lo general, a puertas cerradas. Además, podrá intervenir y sugerir opciones viables para proteger al consumidor sobre otros intereses particulares.
Que no sea demasiado tarde
Como ha dicho el director ejecutivo de la AEE, el Dr. Javier Quintana, “la corporación pública aún negocia los términos de un plan integral de recuperación que puede incluir [el alza de la luz y un ente rector de la AEE con espacio para los acreedores] con el propósito de proveer una Autoridad al servicio de sus clientes…” Le recordamos, Dr. Quintana, que el plan integral de recuperación de la AEE tiene que honrar los propósitos de la reforma energética y no viceversa.
Ya son muchas las señales de alerta sobre el alza de la tarifa de la luz y el acomodo preferencial a las necesidades de los bonistas. Los representantes del consumidor en la junta de la AEE son más que necesarios en este momento y han sido muy eficientes al alertarnos sobre estas negociaciones secretas. Ahora bien, tenemos que actuar con carácter de urgencia y exigir de inmediato que comience a operar la OIPC para que complemente de forma robusta todas las voces posibles allá afuera. Así aseguramos nuestra participación en estas negociaciones que, sin lugar a dudas y, como va la cosa, afectarán nuestros bolsillos.