Trasfondo de la solicitud de EA a la CEE 

El 17 de agosto de 2023 Espacios Abiertos utilizando el mecanismo que ofrece la Ley 141 de 2019, Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito, solicitó a la Comisión Estatal de Elecciones información relacionada a datos estadísticos de los incumbentes en las legislaturas municipales, en específico edad (fecha de nacimiento) y sexo.  Información que se recoge por la CEE en el formulario requerido a todos los aspirantes al momento de presentar sus candidaturas.

Aún cuando la CEE acordó unánimemente -según consta mediante resolución- ofrecer los datos solicitados (indicando que sustituiría la fecha de nacimiento por la edad) todavía a principios de octubre no había entregado a EA lo que ofreció proveer.  Así las cosas, EA decide hacer valer el derecho constitucional de acceso a la información  (Soto v. Secretario) y recurre al tribunal utilizando el procedimiento (“expedito” de acceso a la información) establecido por la Ley 141.

Ya en el Tribunal, la CEE cambia de parecer y revoca su determinación anterior y contra argumenta que la información solicitada es una de carácter confidencial pues se custodia dentro del registro de electores.  Vale la pena destacar que ya ese argumento fue debatido por EA y la CEE en dos ocasiones ante los tribunales durante 2020 y en ambas ocasiones la CEE perdió y la información (en aquel entonces las fotografías de los funcionarios electos y luego las de los candidatos) se tuvo que entregar a Espacios Abiertos.

Al día de hoy, casi ocho meses desde que se hiciera la solicitud de información seguimos a oscuras, sobre una información que custodia la CEE, que además de ser de interés público es una de carácter estadístico que ofrecería visibilidad sobre la representatividad o falta de representatividad de mujeres y jóvenes en nuestros cuerpos legislativos (a nivel municipal y estatal).  Resulta irónico que el ente llamado a administrar el ejercicio democrático nuestro, sea a su vez el ente que se obstine en coartar nuestros derechos democráticos al limitar la visibilidad -y por ende la oportunidad de garantizar- la representación de sectores importantes de nuestra población en posiciones electas.

Documentos más relevantes relacionados al caso Espacios Abiertos v CEE (SJ2023CV09305)

17 de agosto de 2023, Solicitud de Información de EA a la CEE (en formulario CEE)

6 de septiembre de 2023,  Acuerdo unánime de comisionados respecto a solicitud de EA sobre fechas de nacimiento/edad de legisladores municipales

5 de octubre de 2023, Moción en cumplimiento de orden (relato y documentos que respaldan la solicitud presentada por EA)

25 de octubre de 2023, Oposición a Moción de Desestimación

6 de noviembre de 2023, Oposición a Moción de Desestimación

13 de diciembre de 2023, Sentencia del Tribunal de Primera Instancia

31 de enero de 2024, Sentencia del Tribunal Apelativo

25 de marzo de 2024, Petición de Certiorari al Supremo (presentada por la CEE)

4 de abril de 2024, Moción de Oposición de Espacios Abiertos (ante Tribunal Supremo)

22 de abril de 2024, No ha lugar del Tribunal Supremo

Estas observaciones son algunas de las que destaca Espacios Abiertos para mejorar y cumplir los objetivos del programa.  Para conocer más detalles sobre los Mercados Familiares y las recomendaciones de EA, acceda el informe de política pública preparado por la analista Crystal Díaz, titulado: A diez años de los Mercados Familiares.  Acceda el siguiente enlace para el apéndice del Informe que incluye todas las solicitudes de información realizadas a los departamentos de Agricultura y Familia, y sus correspondientes respuestas.

For the English version of the Report, access this link.

La investigación y análisis realizados por Crystal Díaz, analista de política pública de Espacios Abiertos, indica que el programa de Mercados Familiares que administra el Departamento de Agricultura junto con el Departamento de la Familia tiene espacio para mejorar y alcanzar sus objetivos.   El informe, titulado A diez años de la iniciativa de Mercados Familiares, hace recomendaciones específicas para ello.

Entre los principales hallazgos del informe se destaca: que la participación de los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) en los Mercados Familiares ha bajado a menos del 45% de dicha población en los últimos tres años (según informa ADSEF, la participación se mide en uso, Agricultura por su parte indica que la estadística de asistencia por mercado no se lleva); y que escasamente 126 agricultores están autorizados a vender sus productos en los mismos.

El proyecto de Mercados Familiares inició en 2013 con el propósito de fortalecer la producción agrícola del País, proveer acceso a los consumidores a alimentos locales, frescos y de calidad, así como ofrecer una oportunidad de un mercado seguro para el agricultor local. En un acuerdo entre el Departamento de Agricultura y el Departamento de la Familia y con la autorización del Gobierno Federal, el 4% del dinero de cada participante del programa de Asistencia Nutricional (PAN), un total de $80 millones anuales, se reserva para compras en estos mercados familiares, lo que supone un apoyo millonario adicional para el agro local.  Sin embargo, luego de 10 años de implantado el programa es evidente que hacen falta ajustes para lograr cumplir con los objetivos del mismo, no solo la participación de los recipientes del PAN es baja, sino que los requisitos establecidos por el propio Departamento de Agricultura excluyen de participar al pequeño agricultor, al que tiene menos de cinco cuerdas en producción, que es la mayoría en la isla.

La principal falla que encontró Espacios Abiertos durante su investigación está en la falta de datos e información que permita a las agencias analizar y rendir cuentas sobre su desempeño, y al público, confiar en -y fiscalizar- el programa.  Corregir eso le corresponde directamente al Departamento de Agricultura y al Departamento de la Familia, ambos deben ser más proactivos en recopilar y divulgar información, y en compartirse esa información y tomar acción.  Por su parte, la Asamblea Legislativa debería asegurarse de que periódicamente se evalúa y se rinde cuentas sobre la Ley 63 que estableció los Mercados Familiares, y de entenderlo  necesario podrían enmendar la misma a esos efectos.

Entre las observaciones y recomendaciones que se levantan en el informe de Espacios Abiertos se destacan:

(1)  La necesidad de que el proceso de autorización y selección de agricultores y elaboradores sea uno transparente, que evite la posibilidad y apariencia de conflicto de interés o trato preferencial. Y a esos efectos recomienda que se enmiende el reglamento 8775 del Departamento de Agricultura.

(2)  Garantizar más acceso al pequeño agricultor, al revisar el requisito de tener más de 5 cuerdas en producción para el agricultor participar de los Mercados Familiares de Agricultura, así como la cantidad de distintos productos que debe llevar al Mercado Familiar.  Actualmente de 2,500 agricultores bonafide escasamente 126 o un 5% están autorizados a participar en los mercados, pero son muchos menos los agricultores que participan.

(3)  Ampliar el acceso a productos frescos y locales, validando acceso con la tarjeta de la Familia a compras en otros mercados agrícolas no gubernamentales, directamente en las fincas, pescaderías y otros comercios y servicios de venta de productos de origen local de la canasta básica.

(4)  Mejor fiscalización sobre la procedencia de los productos que se venden en los Mercados y otros lugares como productos locales. Crea mucha suspicacia que los Mercados Familiares pudieran vender y hasta aumentar las ventas de 100% de sus productos locales justo en los meses siguientes al huracán Fiona, no obstante la destrucción de producción agrícola que el propio Departamento de Agricultura reclamó.

(5)  Permitir que el agricultor, pescados y elaborador pueda vender cualquier producto agrícola producido en Puerto Rico, y no solamente los listados por el Departamento de Agricultura en su lista de precios, esto provocará un aumento en la variedad de frutas y vegetales producidos en Puerto Rico a los que el consumidor tiene acceso en los Mercados Familiares.

Acceda aquí el Informe completo.

Acceda aquí el apéndice al Informe, que incluye todas las solicitudes de información realizadas a Agricultura y Familia, y sus contestaciones.

*Esta columna fue publicada por El Nuevo Día en su versión digital el 26 de diciembre de 2023, puede accederla en el siguiente enlace.

Por ley, no menos del 70% del presupuesto del Departamento de Educación debe estar dirigido “a servicios directos a los estudiantes en las escuelas.” Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico, Ley Núm. 85-2018, según enmendada. Ayer, el Juez Alfonso S. Martínez Piovanetti ordenó a la Secretaria de Educación que finalmente cumpliera con la ley. (Enlace a Sentencia)

Aunque ya van más de cinco años desde que aprobó la Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico, hoy día no sabemos cuánto del presupuesto de Departamento llega directamente a los estudiantes. La ley requiere que la Secretaria rinda informes anuales a la legislatura sobre el presupuesto dirigido a servicios directos a los estudiantes pero ni una de las seis Secretarias/os que hemos tenido desde que se aprobó esta ley rindieron los informes. El Representante José Bernardo Márquez Reyes tuvo que demandar al Departamento para que el Tribunal de Primera Instancia ordenara a la Secretaria a cumplir con la ley.

Esta falta de transparencia es de gran preocupación y dificulta la habilidad de asegurarnos que nuestros estudiantes están recibiendo la educación (y los recursos) que se merecen. Interesantemente, aunque el Departamento no ha generado los informes de cuanto de su gasto está destinado a ‘servicios directos a los estudiantes en las escuelas,’ al gobierno federal si le reporta mayor detalle de sus gastos. Por su parte, el gobierno federal, a través del National Center for Education Statistics (NCES), nos revela información adicional sobre los gastos del Departamento.

Aquí les resumo algunos datos que el NCES hizo disponible este año sobre los gastos en educación en Puerto Rico y Estados Unidos (EE. UU.) NCES (2023), Common Core of Data, U.S. Department of Education, https://nces.ed.gov/ccd/files.asp.

Primero, Puerto Rico invierte menos por estudiante que todos los estados de Estados Unidos. Puerto Rico gastó $7,127 por estudiante en el 2021, una cantidad menor a la de todos los estados de EE. UU. El gasto por estudiante (“Per Pupil Expenditures,” métrica usada por el NCES) de los estados de EE. UU. osciló en el 2021 entre $8,820 (Iowa) y $28,104 (Washington, DC.), con un promedio de $15,031.57 para todo EE. UU. Nuestro gasto por estudiante solo superó al territorio de Samoa Americana que invirtió $4,085 por estudiante.

Aunque el gasto total en educación en Puerto Rico bajó entre el 2011 y el 2021 (el año más reciente que NCES reporta datos), el gasto por estudiante en el sistema público se ha mantenido relativamente constante por la pérdida de estudiantes. (La pregunta de si bajó el gasto por que se fueron estudiantes o si se fueron estudiantes por que bajó el gasto es un tema de investigación para otro día.)

Las consecuencias de no dedicar recursos suficientes a educación son graves. Aumentos en escolaridad están asociados con aumentos en la participación laboral, aumento en ingresos, y aumentos en participación cívica. OECD (2023), Education at a Glance 2023: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/e13bef63-en. Para que el Departamento pueda cumplir con su misión de educar a nuestros estudiantes, tenemos que proveerle los recursos necesarios. Pero sin transparencia y rendición de cuentas sobre cómo el Departamento distribuye su presupuesto, no sabremos cuánto dinero es necesario para proveerle los recursos que necesitan nuestros estudiantes y por qué. Sin certeza de cuánto del gasto del Departamento está dirigido a servicios directos a los estudiantes, no podemos esperar que exista disposición de dedicarle más presupuesto al Departamento.

Por último, le hago un llamado al Departamento de Educación y al Gobierno de Puerto Rico que se comprometan a (1) robustecer los sistemas de transparencia y rendición de cuentas del Departamento y (2) aumentar los recursos del Departamento dirigidos a servicios directos a los estudiantes. La iniciativa de descentralización del sistema de educación que se está implementando en estos momentos presenta una oportunidad particular para adelantar ambas metas. Espero que logremos que se realicen ambos objetivos.

Los reportes sobre gastos del Departamento deben darnos una imagen clara de cómo se mueve el dinero a través del sistema y cuánto, cómo y dónde le llega al estudiante. Sugiero que incluyan como parte del sistema de transparencia y rendición de cuentas una plataforma de ‘chequera abierta’ como las que se han implementado en varias ciudades y estados de EE.UU. Espacios Abiertos, Queremos Chequera Abierta, https://espaciosabiertos.org/transparencia-financiera/. Así sabremos de donde, para que y a quien va cada dólar que pasa por el Departamento.

Si la educación de nuestros estudiantes realmente es una prioridad, debemos invertir nuestro presupuesto de forma que lo refleje. Los datos que reporta el gobierno federal ponen en duda que lo sea. Si nos importa que los estudiantes reciban una educación de calidad, debemos empezar con cumplir con el requisito de la Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico de que al menos 70% del presupuesto del Departamento se destine a servicios directos a los estudiantes. Y para saber si están en cumplimiento, necesitamos transparencia.

Luego de cuatro meses entre solicitudes de información, correos electrónicos de seguimiento, resoluciones de la CEE, y decenas de mociones y escritos, el 13 de diciembre de 2023 el Tribunal de Primera Instancia por voz del juez Anthony Cuevas parecía dar fin a la controversia, cuando ordenó a la CEE entregar en un plazo de tres días laborables la información solicitada por Espacios Abiertos.  Sin embargo, tal parece que la CEE que por un lado insiste en que cuenta con un presupuesto muy limitado y requiere de la Junta de Supervisión Fiscal más dinero para su operación, por el otro lado persiste en su empeño de negar información de carácter público y no le preocupa gastar fondos públicos en extender un litigio viciosamente.  Y es que al filo de vencerse el término dado por el juez Cuevas para entregar la información, la CEE optó por recurrir al Tribunal de Apelaciones y continuar fomentando la cultura de opacidad que permea muchas áreas de nuestro gobierno, de instrumentalidades y entidades que se sostienen de dinero público.

Trasfondo de la solicitud de EA a la CEE 

El 17 de agosto de 2023 Espacios Abiertos utilizando el mecanismo que ofrece la Ley 141 de 2019, Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito, solicitó a la Comisión Estatal de Elecciones información relacionada a datos estadísticos de los incumbentes en las legislaturas municipales, en específico edad (fecha de nacimiento) y sexo.  Información que se recoge por la CEE en el formulario requerido a todos los aspirantes al momento de presentar sus candidaturas.

Aún cuando la CEE acordó unánimemente según consta mediante resolución por ofrecer los datos (indicando que sustituiría la fecha de nacimiento por la edad) todavía a principios de octubre no había ofrecido la misma a EA.  Así las cosas EA decide hacer valer el derecho constitucional de acceso a la información  (Soto v. Secretario) y recurre al tribunal utilizando el procedimiento establecido por la Ley 141.

Ya en el Tribunal, la CEE cambia de parecer y revoca su determinación anterior y contra argumenta que la información solicitada es una de carácter confidencial pues se custodia dentro del registro de electores.  Vale la pena destacar que ya ese argumento fue debatido por EA y la CEE en dos ocasiones ante los tribunales durante 2020 y en ambas ocasiones la CEE perdió y la información (en aquel entonces las fotografías de los funcionarios electos y luego las de los candidatos) se tuvo que entregar a Espacios Abiertos.

Documentos más relevantes relacionados al caso Espacios Abiertos v CEE (SJ2023CV09305)

5 de octubre de 2023, Moción en cumplimiento de orden (relato y documentos que respaldan la solicitud presentada por EA)

25 de octubre de 2023, Oposición a Moción de Desestimación

6 de noviembre de 2023, Oposición a Moción de Desestimación

13 de diciembre de 2023, Sentencia del Tribunal de Primera Instancia

En el marco del Data Innovation Symposium en el Centro de Convenciones de San Juan, un evento que reunió a figuras del campo de la innovación de datos, se presentaron Microjuris y Espacios Abiertos para hablar del camino —complejo y gratificante— para que los datos sean útiles y sirvan para promover la participación cívica en Puerto Rico.

Dentro de la conferencia, se presentaron tres líderes que compartieron sus perspectivas y experiencias desde Microjuris y Espacios Abiertos. Se trató de la licenciada Ataveyra Medina Hernández, Principal Oficial Ejecutiva (CEO, en inglés) de Microjuris, Cecille Blondet-Passalacqua, directora ejecutiva de Espacios Abiertos, y Juan Eugenio Rodríguez, la primera persona en ocupar el cargo de Principal Oficial de Informática (CIO, en inglés) del gobierno de Puerto Rico.

La licenciada Medina explicó el rol que tienen empresas como Microjuris en la organización de datos públicos, como leyes y reglamentos, y la necesidad de la acción humana en este proceso para que efectivamente estos datos sirvan para la participación cívica y democrática.  La abogada puntualizó que Microjuris se encarga de transformar los datos jurídicos para que puedan ser de utilidad —no solo para bufetes— sino para otros grupos como pueden serlo las organizaciones sin fines de lucro, compañías privadas, cooperativas, analistas de política pública y grupos de recursos humanos.

Blondet-Passalacqua, una abogada que se aventuró en el mundo de las soluciones digitales, compartió sus experiencias al trabajar en el análisis fiscal dentro de Espacios Abiertos. Subrayó la necesidad de no solo proporcionar información fiscal, sino también de generar compromiso y participación por parte del público a través de los datos.

Rodríguez destacó la importancia de utilizar los datos gubernamentales para abordar los problemas y desafíos que enfrenta el gobierno. Además, puntualizó que los datos son una herramienta fundamental para la toma de decisiones eficaces.

La conferencia subrayó la importancia de utilizar datos para diseñar interfaces de usuario adecuadas y accesibles, con el objetivo de facilitar la interacción de los profesionales con los datos y, en última instancia, fomentar un mayor compromiso ciudadano.

La presentación resaltó que, a menudo, los datos públicos se reciben en diversos formatos, como PDF o Word, y que requieren una transformación para que sean útiles a la ciudadanía y a las organizaciones.  A palabras de Medina Hernández, esto implica un trabajo editorial minucioso y una coordinación interna para garantizar la accesibilidad y utilidad de los datos.

Además, se enfatizó la importancia de agregar valor a la información pública, incluyendo capas de información interpretada y análisis, como en la actualidad hace Microjuris en herramientas como el de eLegislativo.

La conferencia dejó una pregunta en el aire: ¿Cómo hacemos que los datos sean más utilizables? Una cuestión importante que seguirá siendo discutida en futuros eventos.

EA questions the Board’s refusal to disclose the data that has informed the restructuring process and that it has been paid for with public money.

(San Juan – August 22, 2023) – During the period from 2017 to 2023, the Fiscal Oversight Board (FOMB) has spent over $1.5 billion in advisory and consulting services associated with the restructuring of Puerto Rico’s debt.  According to a report by Espacios Abiertos, the amount spent by the FOMB in seven years is far from the $370 million that Congress estimated in 2016 as the cost on legal, financial advice, and administrative fees to be spent over a decade for the debt restructuring process in Puerto Rico.

The report titled Their Advisers, Your Money: The Lack of Access to the Data that Has Informed the Restructuring in Puerto Rico and authored by Wilmarí de Jesús Álvarez, a policy analyst at Espacios Abiertos, gives visibility to the extraordinary expense in consultants required by the Fiscal Oversight Board and the Title III court. Upon review of the Board’s monthly and annual reports, the court’s docket, and the Fee Examiner reports, Espacios Abiertos identified, as of June 18, 2023, a total expense incurred of $1,500,353,160.

“At a time when the Board refuses to publish the raw data that was the basis for the Certified Fiscal Plans, as well as for the various debt adjustment agreements, EA highlights the expenses incurred from the pocket of the Puerto Ricans. Some 54 documents and hundreds of pages of references to reports, invoices for services rendered, contracts, invoices from the Fee Examiner, and other documents reveal what the people of Puerto Rico have paid to the consultants and advisors of the Board,” said the Executive Director of Espacios Abiertos, Cecille Blondet, while reiterating their demand to the Board to publish the requested information, which is public information, and alerting Congress to take action if the Board does not do so.

On the other hand, de Jesús Álvarez, author of the report, also questioned the transparency of the Board by highlighting that: “In its most recent annual report, the Board chose not to mention the total expenses that the restructuring of the public debt has represented up to date. In addition, the Board continues its established pattern of lack of full accountability, when it leaves out detail to 40% of the almost $300 million it has directly paid to consultants”.

In contrast, while the Board fails to report its disbursements fully, the data obtained from the court’s docket regarding disbursements made through the court (a total of $1,192,798,602) is more complete and detailed. This detail offers the opportunity to visualize the total disbursed by the court per case, per agent, and per type of service. Of this total, the five (5) main lawsuits under PROMESA have represented disbursements to consultants, advisers, and lawyers, by case, in the following percentages: the Commonwealth of Puerto Rico (72.98%), Puerto Rico Electric Power Authority (15.18%), Puerto Rico Sales Tax Financing Corporation (5.27 %), Highways and Transportation Authority (3.44%), Employee Retirement System (3.07%) and Public Buildings Authority (0.06%).  In addition, it was possible to classify the expense per service according to seven (7) categories of contracted services: legal advisors, financial advisors, consultants, strategic consultants, communication services, mediation, and administrative expenses. The highest expense among these categories corresponds to legal services (44.20%). While financial advisory and consulting firms represent 32.19% and 21.47% of spending, respectively. Leading the list in order of billing is McKinsey & Company and the law firm Proskauer Rose, followed by Ernst & Young (firm that recruited former Board CEO Natalie Jaresko), O’Melveny & Myers, and CITI Group (See graph in Annexes).

Espacios Abiertos’ Report also highlights that of a total of $1,220,029,476 in invoices submitted by consultants to the court for payment, the Fee Examiner­–in charge of supervising and auditing the billing of advisory services prior to their payment–only recommended the disbursement of $1,192,798,602, which constitutes a difference of $27,230,873 or 2.2% less than what was invoiced.

“The bankruptcy process that the United States Congress led through PROMESA, and that the Board and the Court execute by virtue of said law, should guarantee lessons learned to the people of Puerto Rico and its institutions. This requires that both the representatives elected by the citizens and the rest of civil society have timely access to a minimum of documents, which are not restricted solely to reports and spreadsheets. But to all the documents used and prepared by experts and advisors. Knowledge and information for which the people of Puerto Rico have paid more than $1.5 billion. The transfer of knowledge to our public institutions should be a non-negotiable priority if we want to prevent Puerto Rico from entering a cycle of over dependence on private consultants. It is imperative to eliminate the parasitic relationship with the state and promote a symbiotic one where we train our public entities so that all benefit,” concluded the report by Espacios Abiertos.

Link to Policy Brief: Their Advisors, Your Money: Lack of Access to the Data that Informed the Restructuring Process in Puerto Rico (August 2023)