En Puerto Rico, al igual que en Detroit, diferimos de la definición de “éxito” para resolver nuestros problemas socioeconómicos. Algunos entienden que el “éxito” es lograr el cuadre de la chequera; que los gastos no sean mayores que los ingresos. A pesar de que estas personas entienden que se necesitan reformas estructurales y operacionales, no priorizan en ellas. Piensan que eso vendrá luego pues, en la inmediatez y “la crisis”, hay que “resolver” con medidas de reducción de gastos y aumento de ingresos. Sin embargo, en más de las 12 ciudades y jurisdicciones de Michigan que en los últimos 15 años han estado bajo la ley de emergencia, lo que se deja para luego, nunca ocurre.

Durante nuestra visita, ex-funcionarios de emergencia y asesores reconocieron que, además de atender la disciplina fiscal, si no se toman medidas para reducir la desigualdad, no habrá desarrollo económico sustentable y los problemas financieros continuarán. El Fondo Monetario Internacional ha expresado lo mismo acerca del impacto de la desigualdad en el crecimiento económico.

Sin embargo, seguimos implantando medidas superficiales para cuadrar la chequera, que en vez de sentar las bases para reducir ineficiencias estructurales y aumentar oportunidades para los residentes del lugar, los perjudican y no logran las reformas necesarias para impulsar el desarrollo. Decisiones drásticas, especulativas y mal fundamentadas simulan reformas pero, en muchos casos, sus efectos tienen consecuencias fatales. Lo vemos en el ejemplo de Flint que por ahorrar en el costo de suministrar agua potable, su gerente de emergencia ordenó que se cambiara la fuente de agua a una que corroyó las tuberías y envenenó con plomo a sus residentes.

Al final, toda decisión para cuadrar la chequera gubernamental impacta a la gente. Sobre todo a los más vulnerables por razones económicas, educativas o de salud, que son la mayoría. Las decisiones que tomemos son un reflejo directo de cómo valoramos o despreciamos la vida. Si algo aprendimos en Detroit es que hay visiones opuestas e irreconciliables pero, forzar que se reconozcan y proveer espacio a ambas en la discusión pública y la toma de decisiones, es indispensable. Hay que atender la situación fiscal con urgencia pero no con prisa ni desdén hacia nosotros mismos.

Esta columna fue publicada en la versión digital de El Nuevo Día el 18 de enero de 2017.

Lee más sobre la experiencia de Detroit

Durante dos días, las organizaciones participantes conversaron con decenas de líderes, funcionarios, organizaciones y comunidades que asumieron roles diversos en torno a la quiebra de la ciudad. Cada uno aportó diversas perspectivas sobre sus causas, soluciones, aciertos y errores.

“Espacios Abiertos convocó el viaje a Detroit para aprender de las experiencias de un lugar en el cual también se impuso una autoridad fiscal por encima de los gobernantes electos”, señaló Nuria Y. Ortiz Vargas, directora ejecutiva de Espacios Abiertos (EA). “Para EA es indispensable que exista el mayor grado de transparencia en los documentos, procesos y decisiones de la Junta pues solo así podremos incidir en los asuntos que nos afectarán por generaciones. Además, se necesita elevar la narrativa sobre las verdaderas necesidades de los residentes de Puerto Rico para hacer frente a la miope insistencia de que nuestro problema es uno de matemática pura sin tomar en cuenta las limitaciones estructurales que evitan el desarrollo socioeconómico y un buen gobierno. También, reconocemos la necesidad de que las comunidades y organizaciones puedan ofrecer datos para apoyar los argumentos y soluciones alternativas a las típicas medidas de austeridad. Se necesitan muchas estrategias—entre ellas diferentes modalidades de organización civil y estamos dispuestos a unir esfuerzos con otros grupos para proteger los intereses de la sociedad, especialmente de los grupos más vulnerables”.

A raíz de este encuentro surgieron preguntas y reflexiones que las organizaciones de Puerto Rico han querido compartir, toda vez que pueden servir de alerta a en el proceso que ha iniciado Puerto Rico con una junta de supervisión fiscal.

Espacios Abiertos es una organización que se dedica a fortalecer la capacidad de las personas, organizaciones y comunidades para actuar eficazmente en el marco político, social e institucional, desarrollando proyectos que promueven el acceso a la justicia, la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública.

Entre Detroit y Puerto Rico existen tantas diferencias como similitudes. Si bien el contexto y las condiciones de cada lugar son muy particulares, algunas de las lecciones que hay que tomar en cuenta son:

• la crisis no se puede resolver si solo se prioriza en los números y en los aspectos financieros, ignorando el costo humano de cada decisión tomada.
• es importante definir cuáles son los servicios esenciales y asegurarse de que no están sujetos a intereses políticos ni a los intereses e ideologías de los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal.
• hay que estar alerta ante las decisiones que se tomen sobre los activos del Gobierno. La crisis del agua en Detroit y la tragedia de Flint son ejemplos del aspecto más trágico de las decisiones que solo toman en cuenta consideraciones fiscales.
• la importancia de la auditoría de la deuda y su reestructuración.
• enfrentar la narrativa predominante que promueve la austeridad fiscal evidenciando, desde diferentes perspectivas, cuáles son los mitos y las realidades.

Las organizaciones participantes de la visita a Detroit coincidieron en su interés de agregar a la discusión del aspecto financiero de la crisis económica del País, otros temas que ayuden a mirar de cerca el costo humano de este proceso. También expresaron que es vital identificar estrategias para que la educación, la salud, el ambiente, la vivienda y demás derechos fundamentales sean protegidos.

Ante todo, las organizaciones sugieren que es necesario responder las siguientes preguntas para toda iniciativa que proponga implantar la Junta: ¿Quién decide? ¿Quién se beneficia? ¿Quién se perjudica? y ¿Quién paga?

Las organizaciones participantes en el Puerto Rico Debt Crisis Convening: Detroit Learning Exchange fueron: Amnistía Internacional-Sección de Puerto Rico, Beta-Local, Boys and Girls Club de Puerto Rico, el Centro para una Nueva Economía, el Comité Diálogo Ambiental, Inc., Espacios Abiertos y el diario digital Sin Comillas. Este viaje fue auspiciado por el Open Places Initiative del Open Society Foundations y se llevó a cabo en septiembre de este año.

Sin embargo, la crisis no afecta a todos y todas por igual. Las medidas de austeridad impactan  de manera especial a personas y comunidades que no pueden costear representación legal o los gastos relacionados a los procesos judiciales. Jóvenes sin defensa en casos criminales, madres en riesgo de desahucio o ejecución de hipoteca, estudiantes de educación especial que no reciben los servicios a los que tienen derecho y personas de edad avanzada a quienes se les niegan servicios de salud dan testimonio de la urgencia del acceso a la justicia para defender derechos fundamentales.  Un País más pobre, como el nuestro, es un País más vulnerable a sufrir violaciones de derechos civiles y humanos. Contar con los mecanismos necesarios para conocer, ejercer y reclamar garantías fundamentales –como el techo,la  salud, la educación y la familia- es indispensable.

Por otro lado, quienes por años se han dedicado a proveer servicios legales gratuitos y accesibles al pueblo, exigen que el Gobierno y la Rama Judicial establezcan parámetros que permitan distribuir esta responsabilidad ética de manera equitativa. Sencillo: que quienes estamos llamados y llamadas a garantizar que toda persona pueda defender sus derechos, contribuyamos en atención a nuestras capacidades y con el apoyo de la Rama Judicial y el gobierno. Entre otras medidas, se requiere la implantación de mecanismos ágiles para el desembolso de fondos, la adopción de normas que regulen la asignación de oficio en casos civiles y la creación de incentivos para abogados y abogadas pro bonistas.

Atender la crisis de acceso a la justicia es una labor titánica. Requiere transformar el sistema para que responda a las  realidades de un País con un alto nivel de desigualdad, limitado acceso a educación legal y poco apoyo institucional a la clase profesional que colabora con las poblaciones más desaventajadas para que éstas puedan defender sus derechos fundamentales.

Desde su fundación, Espacios Abiertos ha tratado el tema de acceso a la justicia como una prioridad. Nuestra agenda ha estado dirigida a diseñar estrategias para que más personas conozcan sus  derechos y tengan los mecanismos para ejercerlos. Así, y en colaboración con diversas entidades y comunidades, desarrollamos proyectos como ayudalegalpr.org, el Taller Legal Abierto y la Ruta Pro Bono. Hoy, a raíz de los recientes acontecimientos relacionados al acceso a la justicia en tiempos de crisis, hacemos un llamado amplio para exigir y participar de esfuerzos concretos que coloquen el acceso a la justicia en un lugar prioritario en la agenda del País que queremos.

Escrito por: Lcda. Ariadna M. Godreau-Aubert, Coordinadora de Acceso a la Justicia

En los últimos meses han sonado muchas cifras como éstas. Los extensos recortes al presupuesto de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) trajeron al foro público el rol que juega este sector dentro de la estructura tanto social como económica del país. Han habido respuestas al recorte: entre las más significativas un informe sobre el impacto de las OSFL y el surgimiento del Movimiento Una Sola Voz., que ya agrega 148 OSFL bajo su bandera de defensa y visibilización a la aportación de este sector.

Pero acaso un elemento dejado un poco de lado en el debate de números y el proceso de cabildeo es quienes están detrás de esa voz. El llamado tercer sector, también conocido como la sociedad cívica organizada, impacta a mucha más gente que los empleados de las OSFL. Reiteramos el hecho: una de cada cinco personas en Puerto Rico recibe servicios directos de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL).

¿Quiénes son estas personas? ¿Cuáles son esas voces que no se invitan a la mesa de discusión sobre el presupuesto, pero que son las más afectadas?

En esta colaboración entre la revista Puerto Rico Te Quiero y Espacios Abiertos (¡EA!) se ha estado dando espacio a algunas de esas voces. Son los más de 700,000 puertorriqueños y puertorriqueñas que reciben (y buscan) servicios de OSFL en Puerto Rico. Son los niños y jóvenes que necesitan un apoyo tanto en sus escuelas como en sus hogares para salir adelante, son las personas que necesitan rehabilitación, son los sin techo, los sin trabajo, los sin plan médico… a veces hasta sin papeles… son las miles de caras anónimas que procuran superarse en medio de un país en crisis.

PRESIONA EL ENLACE PARA LEER LA HISTORIA

• Rosendo: una vida transformada
• Shalyssa Coss Ortiz y Boys & Girls Club de Puerto Rico
• Andreina Hidalgo se hizo camino con SER de Puerto Rico
• Le debe su carrera en ingeniería a Fundación Comunitaria
• L’Orangelis Thomas: “Las OSFL son una alternativa para dar y recibir apoyo”