Logro montarme en el primer vehículo que sale para La vuelta del dos atisbado de compra y cajas de agua. La vuelta del dos suena musical, como una vieja canción de Maelo o El Gran Combo. Pero no. Se trata de uno de los barrios más rezagados y olvidados, no solo de Comerío sino de Puerto Rico. Ana, Paloma, Carlos, otra voluntaria muy jovencita y yo vamos armados con una libreta que contiene un par de listas y notas escritas a mano. Ahí están apuntados los nombres de varias familias a las que tenemos que llegar con nuestras compras, agua y varios sobres con dinero en efectivo, donativo del Puerto Rico Recovery Fund. Este donativo particular lo canalizamos con la ayuda de Proyecto MATRIA, que identificó las comunidades de Comerío y Orocovis para ello. Para el operativo en Comerío, la organización incorporó al Centro Juana Colón de ese pueblo, un lugar donde hay muchas mujeres trabajando, clasificando alimentos, organizando voluntarios y, entre cosa y cosa, nos dan un juguito de china frío a todos los presentes, producto de gran valor en estos tiempos.

Vamos en busca de unas personas en específico para entregar nuestros sobres con dinero: Doña Iris, paciente diabética; doña Blanca, madre de una muchacha encamada; don Eladio, paciente de Alzheimer. Entramos al barrio y Ana Reyes, comerieña, voluntaria del Centro y líder natural de nuestro pequeño grupo, nos lleva hasta la primera casa. En efecto, tal y como lo anticipaba nuestra lista, ahí está doña Iris, junto a su esposo y su hija. Nos sentamos a explicarle quiénes somos, lo que le traemos, escuchamos sus anécdotas, anotamos sus datos para llevar un registro de la entrega de los recursos. Culminado el trabajo con doña Iris, nos toca ir donde doña Blanca pero resulta que está trabajando. Ella es conserje. “No se preocupen que Elizabeth, su hija, sí está y ella es de absoluta confianza”, autoriza Ana. “A ella podemos dejarle lo de doña Blanca y su hija, la muchacha encamada”.

La exactitud de esta información; es decir, esta certeza de salir a buscar a doña Blanca y encontrarla más tarde a lo lejos llegando a pie de su trabajo. Ir por su hija, la muchacha encamada, entrar a la casa y hablar con ella. Procurar a Don Eladio, paciente de Alzheimer, y encontrarlo también. El conocimiento eficiente y preciso de que el dinero de tal persona incapacitada debe dejársele a tal familiar que es la más responsable, eso solo lo tienen las organizaciones comunitarias; las que sirven a poblaciones locales que todos los días subestimamos, olvidamos y despojamos de recursos. En momentos de urgencia como estos, esas pequeñas y grandes organizaciones son las únicas con el conocimiento y la capacidad de evaluación rápida de las necesidades de una comunidad.

Nosotros en el Puerto Rico Recovery Fund creamos el fondo, recaudamos el dinero, recibimos los donativos, identificamos y apelamos a las organizaciones comunitarias más capacitadas para que nos sirvieran como centros de distribución o como gestoras de donativos. Les hacemos llegar los suministros pero sabemos que son ellas las que tienen el mapa profundo y detallado de las necesidades de la gente. PECES, Proyecto Matria, Sor Isolina Ferré, Boys & Girls Club, Taller Salud, Casa Pueblo, las Iglesias Bautistas, Misión Rescate, Para la Naturaleza, entre muchas otras, son las que se han crecido en este proceso. Las que, con su trabajo constante durante décadas, han creado vínculos directos, auténticos, indisolubles con la gente de un pueblo y sus vecindarios.

En el nuevo Puerto Rico que queremos construir, tenemos que contar con estas organizaciones en la primera línea de acción. Siempre han sido vitales para nuestras comunidades pero, después del Huracán María, a nadie puede quedarle duda del lugar central que deben tener en nuestro país.

En Puerto Rico, al igual que en Detroit, diferimos de la definición de “éxito” para resolver nuestros problemas socioeconómicos. Algunos entienden que el “éxito” es lograr el cuadre de la chequera; que los gastos no sean mayores que los ingresos. A pesar de que estas personas entienden que se necesitan reformas estructurales y operacionales, no priorizan en ellas. Piensan que eso vendrá luego pues, en la inmediatez y “la crisis”, hay que “resolver” con medidas de reducción de gastos y aumento de ingresos. Sin embargo, en más de las 12 ciudades y jurisdicciones de Michigan que en los últimos 15 años han estado bajo la ley de emergencia, lo que se deja para luego, nunca ocurre.

Durante nuestra visita, ex-funcionarios de emergencia y asesores reconocieron que, además de atender la disciplina fiscal, si no se toman medidas para reducir la desigualdad, no habrá desarrollo económico sustentable y los problemas financieros continuarán. El Fondo Monetario Internacional ha expresado lo mismo acerca del impacto de la desigualdad en el crecimiento económico.

Sin embargo, seguimos implantando medidas superficiales para cuadrar la chequera, que en vez de sentar las bases para reducir ineficiencias estructurales y aumentar oportunidades para los residentes del lugar, los perjudican y no logran las reformas necesarias para impulsar el desarrollo. Decisiones drásticas, especulativas y mal fundamentadas simulan reformas pero, en muchos casos, sus efectos tienen consecuencias fatales. Lo vemos en el ejemplo de Flint que por ahorrar en el costo de suministrar agua potable, su gerente de emergencia ordenó que se cambiara la fuente de agua a una que corroyó las tuberías y envenenó con plomo a sus residentes.

Al final, toda decisión para cuadrar la chequera gubernamental impacta a la gente. Sobre todo a los más vulnerables por razones económicas, educativas o de salud, que son la mayoría. Las decisiones que tomemos son un reflejo directo de cómo valoramos o despreciamos la vida. Si algo aprendimos en Detroit es que hay visiones opuestas e irreconciliables pero, forzar que se reconozcan y proveer espacio a ambas en la discusión pública y la toma de decisiones, es indispensable. Hay que atender la situación fiscal con urgencia pero no con prisa ni desdén hacia nosotros mismos.

Esta columna fue publicada en la versión digital de El Nuevo Día el 18 de enero de 2017.

Lee más sobre la experiencia de Detroit

Durante dos días, las organizaciones participantes conversaron con decenas de líderes, funcionarios, organizaciones y comunidades que asumieron roles diversos en torno a la quiebra de la ciudad. Cada uno aportó diversas perspectivas sobre sus causas, soluciones, aciertos y errores.

“Espacios Abiertos convocó el viaje a Detroit para aprender de las experiencias de un lugar en el cual también se impuso una autoridad fiscal por encima de los gobernantes electos”, señaló Nuria Y. Ortiz Vargas, directora ejecutiva de Espacios Abiertos (EA). “Para EA es indispensable que exista el mayor grado de transparencia en los documentos, procesos y decisiones de la Junta pues solo así podremos incidir en los asuntos que nos afectarán por generaciones. Además, se necesita elevar la narrativa sobre las verdaderas necesidades de los residentes de Puerto Rico para hacer frente a la miope insistencia de que nuestro problema es uno de matemática pura sin tomar en cuenta las limitaciones estructurales que evitan el desarrollo socioeconómico y un buen gobierno. También, reconocemos la necesidad de que las comunidades y organizaciones puedan ofrecer datos para apoyar los argumentos y soluciones alternativas a las típicas medidas de austeridad. Se necesitan muchas estrategias—entre ellas diferentes modalidades de organización civil y estamos dispuestos a unir esfuerzos con otros grupos para proteger los intereses de la sociedad, especialmente de los grupos más vulnerables”.

A raíz de este encuentro surgieron preguntas y reflexiones que las organizaciones de Puerto Rico han querido compartir, toda vez que pueden servir de alerta a en el proceso que ha iniciado Puerto Rico con una junta de supervisión fiscal.

Espacios Abiertos es una organización que se dedica a fortalecer la capacidad de las personas, organizaciones y comunidades para actuar eficazmente en el marco político, social e institucional, desarrollando proyectos que promueven el acceso a la justicia, la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública.

Entre Detroit y Puerto Rico existen tantas diferencias como similitudes. Si bien el contexto y las condiciones de cada lugar son muy particulares, algunas de las lecciones que hay que tomar en cuenta son:

• la crisis no se puede resolver si solo se prioriza en los números y en los aspectos financieros, ignorando el costo humano de cada decisión tomada.
• es importante definir cuáles son los servicios esenciales y asegurarse de que no están sujetos a intereses políticos ni a los intereses e ideologías de los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal.
• hay que estar alerta ante las decisiones que se tomen sobre los activos del Gobierno. La crisis del agua en Detroit y la tragedia de Flint son ejemplos del aspecto más trágico de las decisiones que solo toman en cuenta consideraciones fiscales.
• la importancia de la auditoría de la deuda y su reestructuración.
• enfrentar la narrativa predominante que promueve la austeridad fiscal evidenciando, desde diferentes perspectivas, cuáles son los mitos y las realidades.

Las organizaciones participantes de la visita a Detroit coincidieron en su interés de agregar a la discusión del aspecto financiero de la crisis económica del País, otros temas que ayuden a mirar de cerca el costo humano de este proceso. También expresaron que es vital identificar estrategias para que la educación, la salud, el ambiente, la vivienda y demás derechos fundamentales sean protegidos.

Ante todo, las organizaciones sugieren que es necesario responder las siguientes preguntas para toda iniciativa que proponga implantar la Junta: ¿Quién decide? ¿Quién se beneficia? ¿Quién se perjudica? y ¿Quién paga?

Las organizaciones participantes en el Puerto Rico Debt Crisis Convening: Detroit Learning Exchange fueron: Amnistía Internacional-Sección de Puerto Rico, Beta-Local, Boys and Girls Club de Puerto Rico, el Centro para una Nueva Economía, el Comité Diálogo Ambiental, Inc., Espacios Abiertos y el diario digital Sin Comillas. Este viaje fue auspiciado por el Open Places Initiative del Open Society Foundations y se llevó a cabo en septiembre de este año.

Los asesinatos de Alton Sterling y Philander Castile la semana pasada, dos hombres negros inocentes muertos a manos de policías en Luisiana y Minnesota, han desatado no solo la ira y el dolor sino también el igualmente espantoso asesinato de cuatro agentes de la Policía durante una manifestación en Dallas.

Estas escenas no son nuevas en Estados Unidos. Por el contrario, probablemente ya sean emblemáticas de las grietas más profundas de esa sociedad. Sin embargo, nos consternan como consternaron a nuestros ancestros en su momento antes y durante la guerra civil del siglo XIX. Como también consternaron a nuestros padres y madres en el siglo XX durante el movimiento negro de derechos civiles. Y tal vez nos consternan aún más ahora porque nos damos cuenta de que ni la esclavitud ni el discrimen racial se han erradicado a pesar de aquellas luchas tremendas. Nos consterna aún más porque tenemos una concepción progresiva de la historia. Porque partimos de la premisa de que las cosas solo pueden evolucionar con el tiempo. Y en momentos como este, tanto el río de la historia como el presente, insólito, implacable, nos explota en la cara. El año pasado, la Policía mató al menos a 1,152 personas en Estados Unidos, según www.mappingpoliceviolence.org. De éstas, 306 fueron personas negras y 195 hispanos o latinos, según el proyecto The Counted del periódico británico The Guardian. De las personas negras asesinadas, 102 estaban desarmadas. Solo en 10 de esos casos se radicaron cargos criminales contra los agentes y únicamente en 2 los policías fueron convictos de delito. El 37% de las personas desarmadas que fueron asesinadas por policías fueron negras, a pesar de que solo el 13% de la población de EEUU es afroamericana.

En Puerto Rico, según datos de la Policía, en 2015 murieron 12 personas (6 de la ciudadanía y 6 policías incluyendo uno por suicidio) debido al uso de fuerza de la Policía. La documentación de la Policía -práctica que inició en 2014 como requerimiento de la reforma de la Policía- aún es ambigua, limitada y poco confiable. La Policía no identifica la raza o nacionalidad de esas víctimas.

Es una gran tragedia que por un país no ser capaz de abordar el racismo estructural y la violencia sistémica del Estado, terminen mutuamente victimizados (aunque nunca de forma equitativa) trabajadores, policías obreros, familias de clase media y pobre cuyas luchas reivindicativas bien podrían ser las mismas. ¿Por qué siempre son los pobres y los trabajadores los que pagan con su cuerpo, con su seguridad, con su vida, el racismo, las desigualdades, la violencia de toda una sociedad?

Toda violencia de Estado tiene que reformarse profundamente para crear sociedades verdaderamente seguras, equitativas y democráticas.

Somos varias las organizaciones en Puerto Rico que insistimos en incidir en una reforma integral de la Policía porque creemos que hay una brecha muy grande y contraproducente entre cómo la Policía concibe su rol y las necesidades y derechos de nuestras comunidades. Esa brecha hay que reducirla. Hay que acercar a la Policía a su verdadera razón de ser, que es garantizar nuestra seguridad, proteger nuestros derechos y rendirle cuentas a la ciudadanía sobre su trabajo, el uso de su fuerza y autoridad. Y cuando hablamos de nuestros derechos hablamos antes que todo del derecho a la vida. Si nuestras sociedades no promueven y protegen el valor supremo de la vida, ¿para qué entonces invertir en y someternos a un Estado? ¿Para qué entonces nos organizamos como sociedad y asumimos responsabilidades si no es para que se nos garanticen los derechos?

Además del supremo derecho a la vida, también hablamos del derecho a la seguridad, a no ser discriminados por nuestra raza, nacionalidad, por el lugar donde vivimos, por nuestra situación económica, de clase o identidad de género. Hablamos del derecho a poder expresarnos y asociarnos libremente, a ser críticos del estado en que vivimos.

Hablar de la Policía no es solo hablar de armas, patrullas y radios. Es también hablar del tremendo poder que tiene el Estado sobre cada uno de nosotros y cómo podemos regular e incluso compartir ese poder con la ciudadanía, que en última instancia es la soberana.

Hablar de la Policía es hablar de las formas en que el racismo, el clasismo, el sexismo y el autoritarismo se incrustan en nuestra vida colectiva desde las mismas instituciones que se supone nos protejan. Si queremos crear verdaderas democracias, tenemos que empezar a regular y fiscalizar el poder en todas sus manifestaciones.

Reformar a la Policía es también comenzar a hacer justicia para todos aquellos a quienes el exceso de fuerza y de autoridad les tronchó trabajos, planes, familias, vidas. Y para todos aquellos policías que entraron a la Uniformada movidos por un verdadero compromiso social. Para aquellos y aquellas que trabajaron y trabajan con un gran sentido de responsabilidad y cuya dignidad se ve empañada por un problema sistémico y estructural que es mucho mayor que ellos y que tenemos el deber de erradicar.

Otras Policías tienen que ser posible.

Miles de personas repudiaron el acto que a todas luces era completamente injustificado. Lamentablemente, más que otra “manzana podrida” de la Policía de Puerto Rico, sabemos que el abuso de la policía constituye un problema sistémico, estructural, en el que las violaciones de derechos a las comunidades más vulnerables se incentivaron durante años en ese Departamento y nunca se establecieron mecanismos efectivos y confiables de rendición de cuentas para evitar la brutalidad policiaca. Ese problema sistémico es la razón primordial por la cual la Policía de Puerto Rico se encuentra bajo una reforma federal.

El incidente de la semana pasada nos frustra, no solo por la actitud reprochable del oficial sino porque ya han pasado más de cinco meses desde que la Policía se retiró de la mesa de colaboración que durante medio año mantuvo con el Grupo Comunitario de Trabajo de la Reforma de la Policía (GRUCORPO).

¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?

Mucho. GRUCORPO es una coalición de individuos y organizaciones comunitarias que aprovechamos la coyuntura de la reforma de la Policía para exigir participación y promover una perspectiva de derechos humanos en la Uniformada. La Policía es el primer brazo del Estado ante la gente. Por eso, todos y todas debemos aportar a una transformación de ese cuerpo hacia uno profesional, comunitario y solidario en lugar de abusivo, represivo e ineficiente.

Parte de lo que GRUCORPO aportaba al proceso de Reforma es, precisamente, una serie de recomendaciones comunitarias para las políticas en desarrollo bajo la reforma actual. ¿Qué tipo de políticas? Órdenes generales mediante las cuales se establecen las reglas y parámetros que seguirán los oficiales para desempeñar su trabajo. Son políticas públicas y nos afectan a todas las personas que vivimos en este país y debemos interactuar con la Policía. Algunos temas son: manejo de casos de violencia doméstica, uso de fuerza, movilización de la Unidad de Operaciones Tácticas, registros y allanamientos, trato a personas transexuales y transgénero, intervenciones con pacientes de salud mental, entre muchas otras.

Aunque el policía que agredió a la persona sin hogar la semana pasada actuó arbitrariamente, sin ceñirse a los protocolos legales, es importante que organizaciones y comunidades como las agrupadas en nuestra coalición puedan aportar a tiempo y significativamente al desarrollo de estas políticas nuevas que regirán a la Policía del futuro para que no sigan ocurriendo episodios de abuso y violaciones de derechos como este.

¿Por qué la Policía no quiere que GRUCORPO colabore?

El Superintendente de la Policía ha manifestado que, para seguir compartiendo las políticas en desarrollo con GRUCORPO, sus miembros deben firmar un acuerdo con una clausula de confidencialidad. Su postura no es comprensible ni aceptable en un proceso de reforma que exige transparencia y participación comunitaria significativa. Lamentablemente, la Policía opta por mantener su habitual hermetismo y el control de todo proceso de relación con la comunidad.

GRUCORPO se compone de organizaciones interesadas en el tema de la reforma de la policía pero de ninguna manera podemos alegar representación de todas las comunidades en Puerto Rico. Es por eso que no estamos de acuerdo en prometer confidencialidad a la Policía. Por el contrario, nuestro rol es compartir la información  del proceso de reforma con la mayor cantidad de personas posible e incentivar así la robusta participación comunitaria que necesita un proceso como este, que nos afecta directamente a todos y  todas.

A pesar de que el pasado 18 de marzo el Juez Gelpí manifestó en corte abierta que no aceptaría un impase con GRUCORPO, el superintendente Caldero se ha mantenido en su postura de no compartir las políticas en desarrollo ni reunirse con los miembros del Grupo para hallar una solución.

Tanto los oficiales del Departamento de Justicia federal como el Asesor técnico de cumplimiento de la Reforma, Arnaldo Claudio, han manifestado que las políticas en desarrollo no contienen información confidencial de ningún tipo. De hecho, existen decenas de ejemplos de otras jurisdicciones en Estados Unidos donde la Policía comparte los borradores de sus políticas con toda la ciudadanía para recibir sus comentarios e incorporarlos previo a la última versión aprobada. Hasta en la prensa se discuten los borradores de las políticas tanto en Estados Unidos como en otros países.

No hay que tener un doctorado en Filosofía para saber que la Policía es una institución conservadora, resistente al cambio, con poquísima apertura hacia quienes no respondan a sus intereses y mentalidades. Además, tiene un serio problema de confianza entre la ciudadanía, lo que a nosotros mismos nos representa un gran desafío. ¿”Colaborar” con la Policía? Eso le suena sospechoso a mucha gente, en especial a organizaciones y personas que han sido críticas de la Policía y que incluso se han resignado a que ésta no tiene salvación posible.

Pero la reforma de la Policía está en marcha. Es una de las múltiples imposiciones federales a las que estamos sujetos los puertorriqueños y las puertorriqueñas desde 1898. Con sus virtudes y defectos, con todas sus contradicciones incluso, es una oportunidad tal vez única para transformar a la Policía de Puerto Rico. En Espacios Abiertos seguimos empecinados en garantizar la participación de organizaciones e individuos independientes en este proceso. Seguimos instando a la Policía a la apertura, al gobierno abierto y al diálogo. Un alto mando de la Policía reacio y cerrado a las críticas de las comunidades, difícilmente pueda dirigir un cambio de mentalidades tan profundo como el que es menester en una institución como esa.

Nos importa más de lo que nos duele

Constantemente me pregunto por qué la Policía -a decir verdad, nuestro Gobierno en general- alimenta esta perenne vocación abortiva. ¿Por qué es incapaz de capitalizar en las oportunidades positivas que tienen de frente? ¿Por qué esa insistencia en amputarse a sí mismos? En todo caso, ¿no debimos ser nosotros, las víctimas, quienes rechazáramos colaborar con una institución que tanto nos ha maltratado?

Sin embargo, no ha sido así. Estamos ahí porque, pase lo que pase, esa seguirá siendo la Policía de nuestro país. Porque el primer frente del Estado ante la gente no puede ser una amenaza, un trago amargo o temerario. Porque otra Policía tiene que ser posible si queremos un país desarrollado, moderno, libre de impunidad y respetuoso de los derechos de cada uno de sus residentes. Estamos y seguimos ahí porque es nuestro deber. Y porque nos importa más de lo que nos duele.

La autora está encargada del área de rendición de cuentas y transparencia de la Policía en Espacios Abiertos.