El Barómetro de la Transparencia es un repositorio digital creado para las personas interesadas en los temas de transparencia. Aquí la ciudadanía puede encontrar noticias donde se ha mencionado o se ha exigido transparencia en los haberes públicos. 

En el mes de julio hubo alrededor de 17 noticias en diferentes medios relacionadas a la transparencia gubernamental comparadas con 34 publicadas el año pasado para el mismo periodo. A continuación las palabras más destacadas en este mes: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vJAboorUGGdk_eMtARIhy7NQ7lFppNQ9dB5Hwdx-_EA/edit?usp=drive_web&ouid=114904054338180024105

• Hubo aproximadamente cuatro ocasiones donde se mencionó la palabra transparencia. Eso significa que hubo una instancia semanal donde se hablaba de transparencia en Puerto Rico
• Por cerca de tres instancias se relaciona la palabra Yonaica con la palabra transparencia. En este ámbito, se relaciona a la epidemióloga Yonaica Plaza con la palabra transparencia después que la funcionaria anunció su salida del Departamento de Salud
• Se registraron dos noticias donde se relacionaba la palabra rastreo con transparencia.  En este ámbito se relaciona a las denuncias sobre trastoque en el programa de rastreo comunitario con la transparencia

Los temas más destacados en julio: Cambia de nombre el “sistema de rastreo municipal” en las redes sociales, Evasión de transparencia en Recinto de Ciencias Médicas, Transparencia gubernamental para acelerar la transformación del País, DACO establece acuerdos con ASORE para atender irregularidades en la industria, Supremo autoriza transmisión de caso contra acusado de asesinar a Andrea Ruiz Costas, Denuncian falta de transparencia en proceso de nombrar presidente interino de la UPR, Renuncia Yonaica Plaza a sus labores de epidemiología en el Departamento de Salud, Carlos Mellado sostiene que Yonaica Plaza no renunció, sino que fue removida de la dirección del SMICRC, Cámara acude al Primer Circuito de Boston para combatir la intervención de la JSF, Estudiantes de la UPR rechazan designación de César Cordero como presidente interino, Yonaica Plaza reitera que Salud limitó acceso a datos de los sistemas de rastreo de contactos, Becerra: “No tengo intención alguna de manipular información o suprimirla”

A pesar de haber hecho avances contra el Covid-19 durante la primavera, en los meses de verano aumentaron los casos relacionados a la variante Delta en Puerto Rico. A finales de julio de este año 46.2 por ciento de la población estaba completamente vacunada según los datos más recientes[1].  Sin embargo, el alza de los casos de Covid-19 se dispararon dramáticamente en las últimas semanas. Esto coincidió con la reorganización que ocurría dentro del Departamento de Salud y la renuncia de la epidemióloga Yonaica Plaza, directora del Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos (SMICRC). La Dra. Plaza denunció públicamente que su trabajo se vio limitado hace dos meses ya que no podía tener acceso a la información que se desprendía de las entrevistas que producían los equipos de rastreo comunitario. La Dra. Plaza fue la persona que reemplazó a la epidemióloga Fabiola Cruz, quien también salió de la agencia este año bajo circunstancias similares.

Desde julio de 2020, ya Espacios Abiertos denunciaba la falta de transparencia y consistencia en la publicación de datos y en la elaboración de políticas públicas por parte del gobierno. En aquel entonces, el Departamento de Salud no publicaba los casos negativos y el gobierno había decidido abrir la economía a pesar de que la tasa de positividad se encontraba por encima del margen de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud[2]. Desde hace un año han habido adelantos en la gestión pública y comunicación por parte de las entidades gubernamentales, pero se están comenzando a ver las grietas de los procesos internos del gobierno y denuncias de otras instancias de mordaza a funcionarios y presentación incompleta de estadísticas.

A pesar de la euforia inicial de los hallazgos de varias vacunas y la inoculación masiva todavía existen bolsillos dentro de la población que no están vacunados lo cual ha representado una ola nueva de casos. Esta coyuntura requiere acciones claras por parte de las y los líderes del gobierno para batallar la desinformación que existe actualmente. En mayo de este año, el secretario del Departamento de Salud, Dr. Carlos Mellado, reubicó al SMICRC a la oficina de epidemiología e investigación de la agencia[4] pero no proveyó una explicación clara del porqué se tomó esta decisión de política pública en medio de la pandemia. Estadísticas provistas por el COR3 en su Portal de Transparencia, actualizadas el 14 de junio de este año, mostraban que ya se habían utilizado la totalidad de los ~$115 millones del CARES Act destinados a pruebas y rastreo de contactos. Todas estas circunstancias sumadas han generado más preguntas que respuestas sobre las decisiones que está tomando el Departamento de Salud en estos momentos.

La confianza pública en torno a las vacunas y la inoculación es esencial para combatir el virus. A nivel mundial hay una crisis en torno a la confianza de los avances científicos y el papel que pueden desempeñar las vacunas para combatir la pandemia.  Para combatir la desinformación y lograrlo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) recomienda que los gobiernos:

• Publiquen de manera proactiva información oportuna sobre estrategias, modalidades y logros de vacunación en formatos desglosados, fáciles de usar y de código abierto;
• Mejoren la comunicación pública transparente y coherente para abordar la desinformación y la “infodemia”; y
• Involucren al público en el desarrollo de estrategias de inoculación y en la forma y el contenido de las comunicaciones clave[5].

El gobierno no se puede dar el lujo de que la desinformación y confusión ocupe un espacio en esta coyuntura. Las salidas de personas claves del Departamento de Salud en los últimos meses y la reubicación del programa de SMICRC han puesto de manifiesto el oscurantismo que existe a la hora de tomar decisiones de política pública en el gobierno. Si el gobierno quiere ser efectivo en este tramo de la pandemia, debe asegurarse que las decisiones de política pública sean claras y transparentes para no abonar a la desinformación y confusión.

 

Referencias

[1] CovidActNow (2021). Percentage of vaccination in Puerto Rico (31 julio 2021) https://covidactnow.org/us/puerto_rico-pr/chart/6?s=21611087

[2] Sin Comillas. (2020, 16 julio). Los datos sobre covid-19 no se publican completos ni con regularidad. Sin Comillas. https://sincomillas.co m/los-datos-sobre-covid-19-no-se-publican-completos-ni-con-regularidad/

[3] Foto por CDC en Unsplash

[4] Marrero, J. (2021, 17 mayo). Mellado elimina Como oficina independiente el Sistema DE rastreo Municipal DE COVID-19. Metro. https://www.metro.pr/pr/noticias/2021/05/17/mellado-elimina-como-oficina-independiente-el-sistema-de-rastreo-municipal-de-covid-19.html

[5] OECD. Enhancing public trust IN COVID-19 Vaccination: The role of governments. OECD. (2021, 10 mayo). https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/enhancing-public-trust-in-covid-19-vaccination-the-role-of-governments-eae0ec5a/#biblio-d1e2071.

El Barómetro de la Transparencia es un repositorio digital creado para las personas interesadas en los temas de transparencia. Aquí la ciudadanía puede encontrar noticias donde se ha mencionado o se ha exigido transparencia en los haberes públicos.  En el mes de febrero hubo más de 25 noticias en diferentes medios relacionadas a la transparencia gubernamental. A continuación las palabras más destacadas en este mes:

• Hubo aproximadamente 7 instancias donde los titulares mencionaron la palabra Puerto Rico. Eso significa que hubo casi 2 instancias semanales donde se hablaba de transparencia en Puerto Rico;
• En aproximadamente 5 instancias se relaciona la palabra Pierluisi con la palabra transparencia. Eso significa que al menos hubo 1 instancia semanal donde se relacionaba al gobernador y al gobierno con la palabra transparencia;
• Hubo aproximadamente 3 instancias donde se relacionaba al gobierno con la palabra transparencia. Eso significa que se exigía o se prometía transparencia gubernamental casi 1 vez a la semana.

Los temas más destacados en febrero fueron los siguientes: Toa Baja se une a proyecto de transparencia; Exigen transparencia con salarios de empleados de LUMA Energy; Gobernador presenta borrador del presupuesto mayor al recomendado por JCF; Lanzan plataforma digital para fiscalizar contratos del Gobierno de Puerto Rico; Denuncian que la mala administración pública ha costado al menos $166 millones desde el 2016; Nueva propuesta del pago de la deuda deja a Puerto Rico sin dinero en efectivo en ocho años; Bajo la lupa del IRS beneficiarios de la Ley 22; Cámara de Representantes pública salarios de empleados; y Exigen transparencia en Cabo Rojo.

En febrero de 2020 la ciudadanía y diferentes grupos de la sociedad civil estaban pidiéndole al gobierno transparencia y rendición de cuentas sobre el estado de las escuelas después del paso de los terremotos en el área sur de la isla. ¿Cuándo se harían los estudios para confirmar el estado de las escuelas? ¿Dónde estaban los suministros? Actualmente vemos como se hacen exigencias similares, esta vez en torno a la apertura de las escuelas durante la crisis salubrista del COVID-19.  En los últimos años hemos vivido bajo emergencias, órdenes ejecutivas y planes de recuperación y reconstrucción. A estas alturas ya nos debe quedar claro a todas y todos que las emergencias y los desastres naturales no son algo inusual y que debemos estar preparados para ellos. La pregunta nunca debería ser si estos eventos ocurrirán si no cuándo lo harán y cómo nos vamos a preparar.

Se hace vigente entonces, la necesidad de tener organismos y mecanismos que faciliten la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana cuando ocurran dichos eventos.  En febrero de 2019 ya Espacios Abiertos había hecho recomendaciones al COR3, agencia que maneja todos los fondos de recuperación y reconstrucción, sobre su Portal de Transparencia. Sabíamos en aquel entonces que la recuperación sería larga y que probablemente con el pasar de los años tuviésemos otros desastres o emergencias  que nos obligarían a manejar y distribuir fondos públicos para atajar dichos eventos. Dos años después, aunque el COR3 implantó algunas de nuestras recomendaciones, todavía falta el detalle de los contratos de los proyectos adjudicados al igual que la información detallada de la adjudicación y el desembolso de los proyectos que no están bajo la sombrilla de FEMA. En fin, se necesita más especificidad por parte del gobierno en torno al estado actual de recuperación y reconstrucción y cuáles son los planes para agilizar estos. Solo con información la ciudadanía podrá participar y se asegurará una recuperación justa y equitativa para todas y todos.

La situación económica que permea en Puerto Rico ante la pandemia del COVID-19 requiere acciones contundentes por parte del gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal, reclamó Espacios Abiertos (EA).

“Al analizar el contexto internacional y la situación de Puerto Rico a la luz de las proyecciones económicas del plan fiscal más reciente, publicado por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) el 3 de mayo, es evidente que las políticas de austeridad propuestas en todos los planes fiscales certificados hasta la fecha contribuyen a empeorar el estado de la actual crisis y ayudan en última instancia  a la insostenibilidad de la deuda pública”, expresó el economista y analista sénior de Política Pública de Espacios Abiertos, Daniel Santamaría Ots.

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Espacios Abiertos también recomienda eliminar por completo las medidas de austeridad del plan fiscal

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Espacios Abiertos señaló ayer que la Junta de Supervisión Fiscal(JSF) y el gobierno deben solicitar al tribunal y a los acreedores una moratoria de -al menos- un año en los pagos de los bonos ya renegociados, insistir en un recorte casi absoluto en la deuda pagadera con impuestos y eliminar definitivamente las medidas de recorte en el gasto público como parte del proceso de disciplina fiscal requerido por la ley Promesa.

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El nuevo plan fiscal certificado hoy por la Junta de Supervisión Fiscal suscribe la insostenibilidad financiera en el largo plazo de la economía de Puerto Rico. Sin embargo, y aun aceptando esa nueva realidad tras los severos efectos económicos de la presente pandemia (además a los efectos de los huracanes Irma y María y los recientes terremotos), las recetas propuestas para resolver la nueva situación están alejadas de atender correctamente ese escenario. Para que Puerto Rico se encamine a un crecimiento económico sostenible e inclusivo y pueda acceder al mercado de capitales, el plan necesita incorporar dos áreas apenas presentes en el plan certificado hoy:

• Un plan macroeconómico realista y plausible; y
• Una nueva propuesta sobre el plan de ajuste de la deuda del gobierno central que contribuya a un pago de la deuda pública sostenible y que incorpore los efectos de la actual crisis del COVID-19

Enfocar todos los esfuerzos del plan fiscal en políticas fallidas — tanto en Puerto Rico como a nivel internacional — como es la austeridad, y en políticas de difícil implementación por parte del gobierno, como las reformas estructurales, solo compran tiempo hacia una eventual insostenibilidad financiera y económica a costa del sufrimiento de las poblaciones más vulnerables. Todo ello — tal y como reconoce y anticipa el plan— contribuirá a la aceleración de los flujos migratorios (2.8 millones de habitantes en Puerto Rico para 2025), que conllevará una carga cada vez más pesada para el resto de los habitantes, y a una inevitable situación de déficit fiscal de 2032 en adelante.

Hay que puntualizar que el plan aprobado hoy es el séptimo que certifica la Junta. Los anteriores no han logrado cumplir las proyecciones y es difícil determinar si surtirá el mismo efecto este nuevo plan con el agravante de una pandemia cuyos efectos y eventual recuperación están todavía por determinarse.

Todos los planes certificados hasta la fecha concentran sus reformas en dos grandes áreas, y el plan aprobado hoy no es ninguna excepción: 1) reformas fiscales (como se refieren a las medidas de austeridad); y 2) reformas estructurales. ¿Qué propone el plan en esas dos grandes áreas?

1)         El plan propone aplazar un año la implementación de las medidas de austeridad, sin embargo, se reiniciarán otra vez al finalizar el año fiscal 2021.

2)         El plan critica y destaca la inhabilidad por parte del gobierno de poner en marcha las recomendaciones de la Junta e insta al propio gobierno a no demorar más su implementación.

En sus proyecciones macroeconómicas, la Junta prevé en su escenario base una caída del Producto Nacional Bruto real del -4% para el año fiscal 2020 y una ligera subida del 0.5% para 2021. Este es un escenario más optimista que el proyectado por el gobierno de -3.8% para 2020 y -7.8% para 2021. Pese a tener esas divergencias en proyecciones de corto plazo, sus estimaciones se aproximan más sobre el año en que Puerto Rico presentará déficits fiscales primarios una vez implementadas las reformas aprobadas hoy: la Junta proyecta déficits desde 2032 en adelante y el gobierno desde 2030. Ambas conclusiones refuerzan la insostenibilidad del pago de la deuda y la consecuente inviabilidad del plan de ajuste de deuda del gobierno central presentado en febrero de este año.

Los efectos económicos de la pandemia son difíciles de predecir ante los escenarios cambiantes de su evolución. Todo y con ello, el gobierno proyectó para 2021 un déficit de -$708 millones y la Junta un superávit de $440 millones en sus respectivos escenarios base. Desconocemos quién acabará proyectando mejor, pero si tenemos la certeza que debemos atender un pago de COFINA de $454.5 millones. Si se confirma el peor de los escenarios, ¿no será razonable estar preparados para atender la crisis económica y de salud más importante desde la depresión de 1930? ¿Quién acabará pagando los platos rotos si las optimistas proyecciones de la Junta no se materializan?

Desde Espacios Abiertos llamamos la atención de la prontitud en certificar un plan fiscal de 271 páginas en unas pocas horas, redactado en el idioma inglés que no domina la mayoría de la población y sin garantizar vías mínimas de participación ciudadana.

Para poder estar mejor preparados para atender a nuestra gente en la crisis que actualmente enfrentamos, instamos a la Junta a abandonar para siempre las medidas de austeridad como uno de los ejes principales de la política pública del país. La austeridad no es sinónimo de eficiencia ni el tamaño más grande o pequeño del gobierno implica un mejor servicio al pueblo, lo que se necesita es un gobierno que funcione. La Junta debe proveer medidas de alivio en el pago de la deuda a través de la implementación de una moratoria para el año 2021 y actualizar en la mayor brevedad el ya inviable plan de ajuste de deuda del gobierno central propuesto el pasado febrero.

Espacios abiertos economist: Gov’t should eliminate austerity measures, draw up ‘realistic’ plan

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SAN JUAN – Citing Gov. Wanda Vázquez administration’s recently revised fiscal plan indicating Puerto Rico is losing its ability to meet fiscal obligations due to significantly worsened economic conditions, that have been exacerbated by the Covid-19-spurred lockdown, government watchdog Espacios Abiertos (EA), or Open Spaces, is calling for a public debt moratorium, as well as an end to austerity measures required by the Financial Oversight & Management Board (FOMB).

“Instead of requesting a delay in cost-cutting measures, the government should be demanding an end to austerity measures as part of Puerto Rico economic policy once and for all,” EA Executive Director Cecille Blondet said during a teleconference with reporters Tuesday, accompanied by economist and EA senior analyst Daniel Santamaría Ots.

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Necesitamos datos abiertos y confiables del gobierno  tanto en la crisis como en la cotidianidad.

En la salud y en la enfermedad.  En la prosperidad y en la adversidad. Todos los días.  Hasta que la muerte nos separe.

Transparencia. Un principio que debe regir el contrato entre el gobierno y sus ciudadan@s.

Si queremos una sociedad más próspera, equitativa y justa para Puerto Rico, hay que exigir un gobierno transparente, que rinda cuentas, y cuya razón de ser sea servir al bienestar de su ciudadanía.  Todos los días.

Son muchos los defectos y vulnerabilidades de nuestra estructura gubernamental que se han puesto de manifiesto durante esta crisis.  La base de éstos es la cultura de opacidad que impera en el gobierno de Puerto Rico hace décadas.   Si ésta no se atiende de una vez,  si no cambiamos la opacidad por una cultura de transparencia, un gobierno de libre acceso a información pública, de datos abiertos, seguros y confiables, seguiremos abonando por un lado a la corrupción y por otro al coste de ésta, más desigualdad y más pobreza, y hasta más vidas.

¿Cuántas experiencias necesitamos? ¿cuánto más resilientes podemos ser? Impago deuda 2016.  PROMESA 2016. Huracán María 2017.  Acuerdo COFINA 2019.  Telegram Chat 2019. Terremotos 2020.  Pruebas COVID 2020.  ¿Tenemos que esperar al saldo de fatalidades del Covid-19 para actuar?  Mientras en el día a día y de crisis en crisis el Estado se consume en su entuerto burocrático, donde funcionarios (y voluntarios “con paga”) mezclan el quehacer profesional con lo político y lo personal, una vez más le corresponderá a la sociedad civil no solo atender la crisis, sino asumir el liderato para generar cambios en política pública y nuevas actitudes para la buena gobernanza del país.