To access the full report authored by Martín Guzman and Daniel Santamaria-Ots, in its English version, click here.

Excerpt from Espacios Abiertos Policy Report: Overview of Puerto Rico’s Recent Fiscal, Debt, and Growth Policies

“Puerto Rico’s main challenge is finding a way to finally escape from a destabilizing economic dynamic that has featured a long-lasting economic decline and a crisis of population outmigration. The unsustainable debt burdens had contributed to that dynamic. The debt restructurings were based on controversial assumptions about the effects of fiscal policies and structural reforms on GNP growth and about the global economic environment; some, if not all, of these assumptions, are already obsolete. While debt will surely merit more attention soon, the most pressing urgency is articulating a growth strategy that delivers a chance for prosperity, consistent with the financing constraints that the Island faces. The role
of the state will be critical. The question of what fiscal consolidation is consistent with a prosperous economy and what set of fiscal and productive policies should be adopted to achieve such a consolidation remains open.

So far, the FOMB’s growth strategy for Puerto Rico can be characterized as a risky bet—with a large downside, as the losses from cutting investments in knowledge and from disinvesting in state capacities are real, while the gains from structural reforms are dubious at best.

In sum, Puerto Rico’s growth strategy must be at the center of the public debate.”

Hace unas semanas sucedió un hecho que no debería pasar inadvertido y que tiene importantes consecuencias para que Puerto Rico pueda recobrar el acceso a los mercados de crédito: Moody’s, una de las tres grandes agencias calificadoras de crédito a nivel mundial, anunció que no evaluaría de ahora en adelante las emisiones de deuda de obligación general y emisiones de deuda relacionadas (GO, por sus siglas en inglés) del gobierno de Puerto Rico por “razones empresariales”[1]. Moody’s también dejó saber en su comunicado oficial que tampoco dará continuidad en sus evaluaciones a corporaciones públicas como la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Autoridad de Energía Eléctrica y la Universidad de Puerto Rico. Sus últimas calificaciones crediticias para Puerto Rico antes de anunciar su retirada no fueron buenas y oscilaban en la mayoría de emisiones de deuda entre los grados especulativos de Ca y C (ver celdas en rojo de la tabla inferior)[2]. Si bien el argumento de “razones empresariales” es uno de los 12 posibles motivos tipificados en su política oficial de abandono de “ratings”[3], una vez recibida la noticia y ante la ausencia de mayores detalles oficiales, debemos preguntarnos: ¿qué tipo de “razones empresariales” podrían provocar esta decisión?, ¿qué posibles consecuencias económicas tiene para Puerto Rico? y ¿cómo esta decisión podría afectar la presencia de la Junta de Supervisión Fiscal en la isla?

Para entender qué “razones empresariales” puede tener Moody’s para descontinuar el seguimiento del crédito de las emisiones de obligación general del gobierno de Puerto Rico, primero debemos saber cómo funciona su modelo de negocio, cómo ganan dinero las agencias de crédito en la actualidad. Los países, estados y territorios deben proveer información auditada actualizada para que las agencias calificadoras de crédito como Moody’s la evalúen y les otorguen una calificación crediticia o “rating” que determine a qué tasas se pueden endeudar en los mercados internacionales de crédito: los países que obtienen los mejores “ratings” accederán a tasas de endeudamiento más bajas y ocurre a la inversa con los que obtienen peores puntuaciones. Sin esa evaluación, el acceso a los mercados de crédito se hace prácticamente imposible o extremadamente caro. A cambio de esa valoración, los emisores de esa deuda, en este caso, el gobierno de Puerto Rico, debe pagar a la agencia calificadora, como por ejemplo Moody’s, para que analicen sus estados financieros. De ahí vienen los ingresos de Moody’s y parte fundamental de su modelo de negocio. Pero, ¿qué ocurre cuando el gobierno tiene estados financieros tan desactualizados que no representan de manera fidedigna su situación financiera actual? Muy sencillo: agencias como Moody’s pueden decidir no cubrirlo, ya que para ellas emitir un juicio o evaluación de crédito con base en información financiera obsoleta puede afectar su reputación y, además, la supervivencia de su negocio. Si algo aprendieron estas agencias de su pésima evaluación del riesgo del sistema bancario mundial en la gran crisis financiera global del 2008 es que su negocio depende de su reputación y, sin ella, solo les espera la extinción y desaparición de un modelo de negocio que levanta gran suspicacia desde hace tiempo, siendo muy criticado debido a los claros conflictos de interés entre evaluador y evaluado. ¿Será ese el caso para que Moody’s haya dejado de cubrir a Puerto Rico? Sus declaraciones oficiales dan como motivo “razones empresariales” y no dudamos de que efectivamente esa sea su razón principal, pero lo que también sabemos es que estamos iniciando el año fiscal 2022 y Puerto Rico sigue con estados financieros obsoletos de 2018 que no reflejan la situación actual e impiden cualquier tipo de evaluación fiable y real de su situación financiera. Que en pleno año fiscal 2022 Puerto Rico tenga unos estados financieros de 2018 tiene sus consecuencias y refleja la falta de sentido de urgencia tanto por parte de la Junta como del gobierno en un asunto de vital importancia.

¿Qué otro motivo podría haber para que Moody’s decidiera que no te va a cubrir las emisiones de obligación general por “razones empresariales”? Otra razón para que Moody’s decida el cese de sus operaciones de supervisión de las emisiones de obligación general del gobierno de Puerto Rico sería la duda más que razonable de que Puerto Rico pueda emitir bonos de obligación general una vez finalice el proceso de reestructuración. Esto excluiría a los bonos con fuentes de repago más seguras que la garantía constitucional de los bonos de obligación general como, por ejemplo, los bonos de COFINA que están respaldados por los recaudos del IVU y que Moody’s parece que sí va a seguir evaluando. Es decir, para Moody’s, Puerto Rico —con su débil situación actual y futura para generar superávits fiscales primarios (ingresar más de lo que se gasta antes del pago de la deuda)— pudiera ser un “cliente” muy poco atractivo para su negocio. Todo ello como consecuencia de que los futuros ingresos de Moody’s, debido a nuevas emisiones de bonos de obligación general, serían con alta probabilidad prácticamente nulos e insuficientes para justificar los altos costos de análisis e investigación que requiere el seguimiento de este tipo de emisiones. Recordemos que la propia Junta reconoce en su último plan fiscal que, aunque Puerto Rico implemente todas sus reformas estructurales y medidas de austeridad, la isla entraría en déficit fiscal primario (el gobierno entraría en números rojos antes del pago de la deuda y sus intereses) en el año 2036. Con esos pronósticos fiscales de la Junta y sin garantías adicionales para los inversores, ¿podría el gobierno de Puerto Rico a través de nuevas emisiones de bonos de obligación general acceder a inversores de los mercados de capital de corto y largo plazo a tasas razonables, tal y como exige la sección 209 de PROMESA[4] como una de las condiciones para que la Junta cese sus funciones en la isla? La respuesta se hace obvia: difícilmente.

¿Cómo afecta toda esta situación a Puerto Rico y a la duración de la presencia de la Junta de Supervisión Fiscal en la isla? Lamentablemente, no son buenas noticias para Puerto Rico. La ausencia de ‘’rating’’ de una de las tres grandes agencias entorpece el acceso a los mercados crediticios a tasas razonables y podría alargar la presencia de la Junta. ¿Seguirán sus pasos otras agencias calificadoras como Fitch Ratings y S&P Global Ratings? No tendría por qué ser así, aunque el precedente de Moody’s levanta grandes suspicacias. La sección 209 de PROMESA exige dos condiciones para que la Junta cese sus funciones. La primera, que recién iniciará este año, es la consecución en 4 años consecutivos de presupuestos balanceados, es decir, 4 presupuestos en los que los gastos no superen los ingresos, y que los presupuestos del gobierno central se rijan por el principio contable del devengo (principio contable más conservador para la contabilización del presupuesto gubernamental) en lugar del principio de caja (principio contable menos prudente utilizado por Puerto Rico hasta día de hoy). La segunda y última condición para que la Junta cese operaciones, es que el gobierno de Puerto Rico tenga acceso, tanto en el corto como en el largo plazo, a los mercados de crédito a tasas razonables. En definitiva, la decisión de Moody’s no ayuda a conseguir la última de las dos condiciones. Todo ello pone cuesta arriba el acceso a los mercados y, como consecuencia, podría alargar la presencia de la Junta de Supervisión Fiscal en Puerto Rico.

Por último, y para evitar la dificultad de acceso a los mercados de crédito, recomendamos que la Junta y el gobierno prioricen e incorporen en sus planes fiscales y objetivos de política pública el compromiso de publicar los estados financieros auditados de 2019, 2020 y 2021 antes de la finalización del presente año fiscal.

El proceso de selección del ente privado que se encargará de transformar la red eléctrica de Puerto Rico fue uno con poca o ninguna transparencia por parte del gobierno, opinó ayer el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo.

”El acuerdo más importante de este país, de poner en manos privadas el manejo de esta industria, está rodeado de secretividad. El País no ha tenido oportunidad de participar”, dijo Figueroa Jaramillo en entrevista con EL VOCERO. “Están imponiendo algo sin que el pueblo sepa los términos y condiciones de un contrato como este”, sostuvo.

…