El cuarto y más reciente Informe de Gastos Tributarios que publicó Hacienda en agosto de 2023 establece que las tasas preferenciales y exenciones corporativas constituyen $22 mil millones de los $24 mil millones de gastos fiscales que se reportan en Puerto Rico.   La tendencia que muestra el Informe es que en Puerto Rico los gastos fiscales continúan en aumento. 

Ante ese panorama,  y al considerarse el gran peso que tienen los tratos preferenciales y exenciones contributivas a corporaciones foráneas como incentivo para hacer negocio en Puerto Rico,  Espacios Abiertos (EA) alerta sobre el efecto que podría tener para la economía de Puerto Rico el Impuesto Mínimo Global (GMT, Global Minimum Tax) que se discute alrededor del mundo.  

Por otra parte, el análisis de Espacios Abiertos presenta por primera vez una mirada a los gastos fiscales a nivel municipal.

Acceda aquí el análisis e informe más reciente (versión en español) preparado por Wilmarí de Jesús, analista de política pública de Espacios Abiertos.  Para el resumen de hallazgos oprima este enlace.  For the English version of the Report, access this link.

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Para su análisis, EA toma como base el informe que publica Hacienda,  titulado en inglés Puerto Rico Tax Expenditures 2024 (PRTER) y  los estándares para estados auditados que establece la Governmental Accounting Standards Board (GASB)      –organización independiente que establece las normas de contabilidad e información financiera para las administraciones estatales y locales de Estados Unidos.   Además, en lo que respecta a los gastos fiscales de los municipios, toda vez que estos no son parte del PRTER, EA toma la información de los estados financieros auditados de todos los municipios que procuran cumplir con GASB 77, estándar que entró en vigor a partir del 31 de diciembre de 2015.

Aún con los avances que ha representado la publicación del PRTER desde 2019 y el cumplimiento de la mayoría de los municipios con GASB 77,  todavía existe necesidad de mayor transparencia, detalle y granularidad en la información sobre el impacto fiscal de los beneficios contributivos.  Particularmente, para lograr una evaluación minuciosa y el correspondiente análisis de costo-beneficio de cada uno de los créditos, exenciones e incentivos otorgados.  La información precisa es esencial para que los legisladores, funcionarios gubernamentales y ciudadanos puedan evaluar y tomar decisiones informadas y oportunas respecto de la política fiscal y la administración efectiva del presupuesto y recursos de Puerto Rico. 

Además, desde 2022 EA ha insistido en la necesidad de presentar los PRTER en un formato de datos abiertos que permita el análisis de estas medidas con datos completos, confiables y de fácil procesamiento.  No obstante el reto que ha representado el formato de publicación, EA se ha dado a la tarea de vaciar la información sobre los más de 400 tipos de gastos incluidos en el PRTER, en unos paneles de datos interactivos que facilitan la búsqueda de cualquier persona.  Los paneles interactivos se pueden acceder aquí. 

¿Qué son los gastos fiscales o tributarios? 

La ley de presupuesto federal de 1974 (Congressional Budget Act of 1974) define los gastos fiscales (tax expenditures) como la pérdida de ingresos que tiene el gobierno como resultado de leyes que reducen o hasta eliminan la responsabilidad contributiva normal de un grupo de contribuyentes o de alguna actividad económica definida.

Este trato preferencial puede tomar varias formas; como las exclusiones, exenciones o deducciones especiales que reducen los ingresos sujetos a contribución, o bien pueden ser créditos, decretos, diferimientos y tasas contributivas especiales dispuestas.

Al causar la reducción de los ingresos gubernamentales se designan como “gastos” bajo la premisa de que un dólar que deje de ingresar al fisco es económicamente equivalente a un dólar de gasto público, por eso se usa el término “gastos tributarios”.  

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Los hallazgos de EA sobre el PRTER 2024 y gastos fiscales del gobierno central: 

El 72.52% ($22,222.80 millones) de los ingresos no devengados por gastos tributarios en 2021 corresponden a contribuciones de corporaciones. 

En 2021 se estimó un gasto fiscal total de $24,538.60 millones, siendo el 67.28% ($16,510.50 millones) destinado al área de desarrollo económico.

En 2021 el gobierno apostó a los gastos indirectos o tributarios sobre los gastos directos en áreas como desarrollo económico, retiro y vivienda.

En el PRTER 2024, se estiman el 61.46% de los gastos tributarios, mostrando una mejora respecto al 53.7% que presentaba el PRTER 2023. No obstante, Puerto Rico aún se encuentra por debajo de la mediana mundial en términos de la proporción de gastos tributarios para los cuales se proporcionan estimaciones. 

Principales hallazgos de EA sobre los gastos tributarios municipales:

1. Se destaca la falta de visibilidad centralizada sobre los gastos tributarios a nivel municipal en comparación con los informes a nivel estatal. Actualmente, 54 de los 78 municipios (69.23 %) contienen estimados completos o parciales de los gastos tributarios. 
2. Municipios dejan de devengar al menos $539,163,263 millones por concepto de gastos tributarios adicionales a los 24,538 millones identificados en el PRTER 2024.
3. De los $539.1 millones de ingresos no devengados, al menos $226.3 millones (41.98%) corresponden a impuestos a la propiedad mueble, seguido de $172.4 millones (31.9%) por impuestos a la propiedad inmueble.
4. Las leyes estatales desempeñan un papel dominante al habilitar el 86.84% del total de gastos tributarios, equivalente a $468,228,427 millones.
5. El municipio de Carolina lidera con $146,266,526 en ingresos no devengados, seguido por Guayama con $59,580,476 y Vega Baja con $36,601,553. 
6. En seis casos (Guayama, Juana Díaz, Vega Baja, Carolina, Gurabo y Cidra) los gastos tributarios superan su presupuesto municipal. En 11 casos, los gastos tributarios sobrepasan el 50% del presupuesto municipal.

Recomendaciones de EA 

Aprobar una ley para garantizar los informes anuales detallados sobre los gastos tributarios, tanto a nivel estatal como a nivel municipal, que cumplan con los estándares y mejores prácticas, incluyendo información específica de las exenciones fiscales concedidas, las leyes que las respaldan y las cifras de ingresos no devengados. (A nivel de la Asamblea Legislativa se han presentado y aprobado proyectos de ley a esos efectos, sin embargo éstos han sido vetados por el Ejecutivo).

Incluir informes detallados sobre gastos tributarios en el proceso de aprobación del presupuesto gubernamental a fin de que oportunamente los legisladores y funcionarios gubernamentales cuenten con información sólida para tomar decisiones sobre la asignación de recursos y la continuación de las exenciones fiscales. De esta manera se promueve la transparencia y una gestión fiscal efectiva.

• • En 2023, el informe de gastos tributarios fue publicado el 30 de junio de 2023, un día después de la aprobación del presupuesto 2023-2024 por la Asamblea Legislativa, y seis meses después del plazo establecido por la Junta de Control Fiscal para el Plan Fiscal Certificado del Gobierno.

Utilizar datos actualizados en la estimación de gastos fiscales para mayor precisión y efectividad real de las proyecciones. 

La incorporación de los gastos tributarios municipales en todos los estados auditados municipales, conforme a lo establecido por el GASB 77.

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Espacios Abiertos comenzó en el 2017 a insistir en la necesidad de conocer, divulgar y analizar los gastos fiscales en Puerto Rico. Entre 2018 y 2019 llevó un caso hasta el Tribunal Supremo procurando la divulgación de estos gastos.  En septiembre de 2019 por primera vez el gobierno de Puerto Rico publicó un informe de gastos tributarios, algo que hacía el gobierno federal, los estados y muchos países desde la década de los 70.  Hasta hoy en Puerto Rico se han publicado cuatro informes de gastos fiscales, titulados en inglés Puerto Rico Tax Expenditures Reports (PRTER).  

Al asegurar que se tienen todos los datos necesarios en las formas apropiadas con información detallada sobre los gastos tributarios, redundará en mejores evaluaciones sobre la efectividad de las políticas fiscales y que se puedan realizar oportunamente, los ajustes necesarios.

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Puerto Rico encabeza jurisdicciones a nivel global con mayor proporción de gastos fiscales y menos transparencia. Así leía el titular de un envío de correo que hicimos en mayo de 2022 luego de estudiar el Informe de Gastos Tributarios (Tax Expenditure Report 2023) que publicó Hacienda en abril de 2022.  En el mencionado informe los gastos fiscales sobrepasaban los $23,271 millones, cifra que duplicaba el presupuesto anual del fondo general; mostraban un patrón en aumento; y obviaba incluir el gasto correspondiente al 44% de los 463 incentivos contributivos existentes. ¿Y por dónde vamos este año?  Veamos. El pasado 5 de julio de 2023 el gobierno de Puerto Rico publicó el cuarto informe de gastos tributarios (Tax Expenditure Report 2024). Lo que sin duda alguna, merece reconocimiento.  No obstante, publicar un Informe en julio posterior a la aprobación del presupuesto en junio, hace un poco inoficiosa su publicación.  Otro aspecto a señalar en el nuevo Informe es que persisten las lagunas de información al respecto de casi la mitad de los gastos,  y aún más preocupante son las posibles transposiciones de líneas o datos que hemos identificado -y así notificado a Hacienda-  en una quinta parte del Informe lo que puede inducir a error al que utiliza el Informe para análisis e impide un estudio amplio como el que pudimos hacer el año pasado.  (Ver carta enviada a Hacienda aquí). Buenos o malos Oportunos y bien diseñados, los gastos fiscales o tributarios -entiéndase las exenciones, créditos, decretos y otros incentivos que reducen o eliminan el pago al fisco por contribuciones- pueden ser muy positivos, pero ello requiere una evaluación periódica sobre su eficacia o rendimiento.  De lo contrario estos tratos preferenciales pueden tornarse obsoletos al no generar el beneficio social o económico que da paso al “gasto”.  Ahí estriba la importancia de un Informe completo y de su publicación sistemática y a tiempo. Qué se ve sobre Ley 22 Mientras esperamos por la respuesta a nuestra carta a Hacienda para completar el análisis del Informe 2024, y a propósito de la discusión que se da públicamente estos días sobre la Ley 22, incluimos gráfica con datos reportados por Hacienda que ofrecen un panorama sobre a cuánto ascienden estos incentivos otorgados.  Sin hacer ninguna valoración sobre el rendimiento social o económico de dicho incentivo, notamos el desfase que existe entre lo que se proyecta en un informe y lo que efectivamente resulta, según reportado en el informe siguiente.

Un hito histórico Desde 2017 Espacios Abiertos ha abogado por la divulgación pública de los gastos fiscales para el análisis y discusión de éstos como un elemento del proceso presupuestario.  La batalla de EA por la divulgación del “presupuesto oculto” llegó al Tribunal Supremo.  Finalmente el Gobierno de Puerto Rico publicó el primer informe de gastos fiscales en septiembre de 2019.  Desde entonces, cada informe que se ha publicado nos acerca más al gobierno abierto y participativo al que aspiramos en Puerto Rico, pero sin duda esa primera publicación constituyó un hito histórico. Para acceder los informes, gráficas y panel interactivo sobre gastos fiscales trabajados previamente por EA oprima aquí.

Versión extendida de columna de Opinión de Daniel Santamaría Ots, publicada en El Nuevo Día, 27 de junio de 2023

La puesta en escena de la Junta parece volver a ganar, pero no tiene por qué ser así. Para argumentar a favor o en contra de cualquier política pública, se requiere transparentar y analizar los datos con recursos, tiempo y esfuerzo.

En septiembre de 2021, la legislatura envió a la Junta de Supervisión Fiscal una petición de evaluación del proyecto del Senado 552 que pretendía enmendar el Código de Incentivos, (Ley Núm. 60 de 2019), para aumentar de $38 millones a $100 millones los incentivos que los contribuyentes de Puerto Rico pagan anualmente a la industria del cine. Según la sección 204(a)(6) de PROMESA, la Junta puede evaluar cualquier propuesta de ley que la legislatura le presente para determinar si es consistente con el plan fiscal y el presupuesto certificado para así aprobar o frenar la medida.

El 1 de abril de 2022, los asesores de la Junta, a quienes también financia el pueblo de Puerto Rico, realizaron un análisis del costo de la medida. Estos concluyeron que el proyecto de ley aumentaría a $63.7 millones los actuales $23.3 millones de pérdidas en ingresos anuales para Hacienda. Además, la Junta criticó que la pieza legislativa no respondía al principio de neutralidad de ingresos en el que se exige que cualquier medida que disminuya los recaudos debe ser compensada por una disminución de gasto o por un aumento de ingreso equivalente. Sin esa compensación, el proyecto requeriría además una reprogramación de recursos que sin la autorización de la Junta violaría también la sección 204(c) de la ley PROMESA. El organismo no electo finalmente determinó que el proyecto es inconsistente con el plan fiscal y el presupuesto certificado. Incluso con esta advertencia, la Asamblea Legislativa aprobó la medida con varias enmiendas y dos informes de comité de conferencia enviando el texto al gobernador para su firma. El 8 de diciembre de 2022 la Junta envió la primera de dos cartas dirigidas al gobernador instándolo a rechazar la propuesta legislativa, pero el gobernador la convirtió en la Ley Núm. 5 de 2023 el 9 de enero de 2023. Finalmente, y ante la negativa de la Junta, el gobernador anunció una partida de $74 millones de fondos federales para la industria del cine provenientes del Plan de Rescate Americano (ARPA, por sus siglas en inglés) a gastar entre los años fiscales 2023 y 2024.

Este es un ejemplo más de las dinámicas de poder entre los cabilderos de ciertas industrias, los supuestos beneficiados de la medida (productores y actores o actrices del patio), nuestros organismos electos, la Junta y, finalmente, la ciudadanía expectante, que suele acabar pagando la factura. Pero ¿a quiénes benefician realmente estos incentivos?, ¿cuánto nos cuestan?, ¿cuál es el retorno social o económico de la inversión que costeamos? Y, más importante aún, ¿funcionan y cumplen los objetivos de política pública que los propiciaron? Al contestarlas, habría que considerar si estos incentivos no son económicamente rentables, si no cumplen ninguna función social, o si, en efecto, deberíamos derogar gran parte de ellos. Espacios Abiertos tuvo que llevar al gobierno hasta el Tribunal Supremo para que, en 2019, finalmente divulgara por primera vez el gasto que el pueblo paga en incentivos contributivos, práctica que el gobierno federal de los EE. UU. implementa desde la década de 1970. Tras la publicación el pasado mes de abril del tercer informe de gastos tributarios por parte de Hacienda, Espacios Abiertos contabilizó que, para 2023, el gasto anual en incentivos contributivos que pagaremos todas y todos de nuestros bolsillos será de $23,667 millones. Aunque Hacienda todavía deja fuera del ojo público y no cuantifica el 44% de todos los gastos tributarios, esta cifra —que duplica el presupuesto del fondo general y que todavía podría ser mucho mayor— pone a Puerto Rico a la cabeza a nivel mundial (analizando un total de 92 países) en la cantidad relativa de concesión de incentivos tanto respecto al tamaño de nuestros recaudos como en relación con el peso de nuestra economía. El país llega también al número uno al compararlo con 43 jurisdicciones estadounidenses.

Regresemos al ejemplo inicial: los incentivos a la industria del cine. Ante la posición intransigente de la Junta y el marco legal de PROMESA, ¿qué herramientas tienen nuestros organismos electos para cuestionar sus análisis y cuestionar con evidencia empírica su negativa?, ¿cómo podrían, tanto el poder ejecutivo como el legislativo, defender el más que loable objetivo de política pública de posicionar a Puerto Rico como un referente mundial en la industria del cine? Si desde el año 2020 la Junta puso un límite anual de $38 millones en incentivos, ¿por qué en 2021 y 2022 —y según el último informe público de gastos tributarios de Hacienda— se otorgaron $44.5 y $45.8 millones respectivamente?, ¿qué mecanismos de control internos tienen AAFAF, Hacienda, OGP y el DDEC para evitar que el pueblo pague más de lo que la ley permite? A principios de este año, y gracias a las presiones del periodismo de investigación puertorriqueño, Hacienda tuvo que revisar y, finalmente, revocar 300 decretos de Ley 22 que estaban vigentes, incumpliendo con la ley del Código de Incentivos. Estos incumplimientos: ¿son excepcionales o responden a la norma? ¿Por qué el Departamento de Desarrollo Económico en su último reporte vigente solo ha analizado el costo-beneficio de 3 de los 58 incentivos de desarrollo económico aun cuando el propio Código de Incentivos lo obliga legalmente? Los incentivos de cine, ¿ayudan realmente a la inversión de capital permanente en estudios locales de producción?, ¿abaratan los costos de productores locales para luego poder exportar al mundo nuestra ventaja competitiva?, ¿subsidian y bajan los costos formativos de futuras actrices y actores en los ámbitos cinematográficos y teatrales? ¿O es como suscribe la Junta, cuando dice que “Los beneficios de los créditos fluyen hacia un número selecto de empresas y ubicaciones de la isla y subsidian a una industria pudiente”?

Para responder a estas preguntas, se requiere que nuestras agencias y corporaciones públicas mantengan su compromiso de hacer todo lo posible por defender los intereses del pueblo a través de sus unidades de análisis. Incluso, se debería profesionalizar el análisis fiscal y económico mediante un departamento público de investigación, ajeno a los intereses partidistas tanto del ejecutivo como de la legislatura.

En conclusión, de poco sirve tener acceso a la información —aunque solo sea a una fracción— si no se analiza. Solamente al examinarla en profundidad tendremos los argumentos precisos para debatir y defender las políticas públicas que nos benefician. La ciudadanía es quien finalmente paga a dos equipos de asesores: el de la Junta y el de los funcionarios electos democráticamente. No obstante, estos últimos no están produciendo análisis suficiente y, por lo tanto, no pueden rebatir las conclusiones del organismo supervisor. Si bien han intentado apelar a la empatía del pueblo por la clase artística, no han sido capaces de presentar argumentos robustos que convenzan al organismo no electo. Mientras tanto, la Junta, que no entiende de empatías, continúa apropiándose del guion y dirigiendo nuestros destinos.

 

El Barómetro de la Transparencia es un repositorio digital creado para las personas interesadas en los temas de transparencia. Aquí la ciudadanía puede encontrar noticias donde se ha mencionado o se ha exigido transparencia en los haberes públicos.

En el mes de junio hubo alrededor de 28 noticias en diferentes medios relacionadas a la transparencia gubernamental comparadas con 30 noticias el año pasado publicadas para el mismo periodo. A continuación las palabras más destacadas en este mes: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vJAboorUGGdk_eMtARIhy7NQ7lFppNQ9dB5Hwdx-_EA/edit?usp=drive_web&ouid=114904054338180024105

• Hubo aproximadamente nueve ocasiones donde los titulares mencionaron la palabra transparencia. Eso significa que hubo casi dos instancias semanales donde se hablaba de transparencia en Puerto Rico;  
• Por cerca de seis instancias se relaciona la palabra Luma con la palabra transparencia. En este ámbito, se relaciona la transparencia con la compañía de energía. 
• Se registraron cinco ocasiones donde se relacionaba la frase Alianza Pro-Transparencia con transparencia.  En este ámbito se relaciona la transparencia con la falta de información divulgada en el caso de la joven Andrea Ruiz Costas.   

Los temas más destacados en junio: LUMA: How will it be scrutinized?, Senado aprueba medida para pedir información al Registro de Propiedad sobre LUMA, Junta de Gobierno de AEE y Hacienda piden agilizar la radicación de estados financieros auditados de la Corporación, Exigen transparencia al Gobierno ante miles de puntos controvertibles en solicitudes de PUA y desempleo, Transparentando el gasto tributario y los incentivos, Proponen que cabilderos de la estadidad sometan informes financieros, Gobierno publica informe de Gastos Tributarios para el Año Contributivo 2018, El Negociado de Energía inicia su investigación sobre el apagón provocado en Monacillos, Alianza Pro Transparencia exige que sean públicas las vistas del Senado, Overseas Press Club y ASPPRO presentan Alianza Pro Transparencia en caso Andrea Ruiz Costas, Cuestionan la transparencia de LUMA, Acudirán al Tribunal Supremo federal para exigir publicación de grabaciones de Andrea Ruiz, Más de 30 entidades van al Tribunal de Boston como amigos de la corte en apoyo al CPI en caso de acceso a la información, La Junta de Supervisión Fiscal y la Transparencia

El primero de junio es cuando comienza la temporada de huracanes en Puerto Rico y en el Caribe. Este año ese día cobró más relevancia, ya que fue el día que oficialmente LUMA Energy—compañía privada a la cual fue concedida la transmisión y distribución de electricidad en P​​uerto Rico comenzó sus labores de manera completa. No pasó un mes antes de que la empresa tuviera que lidiar con sus primeras crisis. El jueves 10 de junio se produjo un apagón masivo dejando a más de 900,000 clientes sin servicio energético, seguido por otro apagón el miércoles 16 de junio que dejó a sobre 300,00 clientes según fuentes de la prensa. 

Desde la otorgación de este contrato en el 2020, gremios obreros y grupos de la sociedad civil han alertado sobre la falta de transparencia en los procesos de adjudicación de esta contratación y el proceso para el acuerdo entre LUMA Energy y el gobierno de Puerto Rico. Según Tom Salzillo, director de Finanzas del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA en sus siglas en inglés),  el contrato de LUMA no puede ser visto como una asociación entre la empresa y el gobierno de Puerto Rico ya que este solo garantiza el flujo de dinero a LUMA Energy y deja a la suerte un sistema de electricidad seguro, confiable y asequible para Puerto Rico[1]. A pesar de haber tenido un año para prepararse para este pase de batón por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica, los primeros pasos de la empresa han dejado mucho que desear. Las primeras semanas, se supo que ciudadanos no pudieron ingresar a  sus cuentas y en algunos casos al entrar se encontraron con alzas en sus facturas. De igual forma, el portal actual contiene herramientas con pocos detalles sobre el estado de las averías por municipio. Transparencia a medias no es transparencia. Desde Espacios Abiertos, hemos alertado desde un principio sobre la falta de transparencia en la otorgación de este contrato. Recientemente, recomendamos que LUMA Energy hiciera más para rendir cuentas al pueblo sobre su trabajo incluyendo añadir gráficas detalladas sobre la capacidad de energía y el nivel de responsividad en el área de atención al cliente, ello como medida para promover la transparencia en el trabajo que están haciendo. 

En Puerto Rico y en cualquier jurisdicción de Estados Unidos y del mundo el acceso a energía barata y limpia se hace cada vez más importante en el desarrollo de la sociedad y las economías. Una de las consideraciones más grandes que tienen las empresas locales e internacionales a la hora de decidir invertir en cualquier jurisdicción o país es el costo de hacer negocios en el mismo. En junio de este año el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) aprobó un alza en la tarifa energética de un 7.6%, lo  cual incrementa el el kilovatio por hora (KwH) a 21.17 centavos. Para mayo de 2021, en estados como Utah y Washington el KwH para mayo 2021 el costo de KwH rondaba los 10.12 centavos y 10.20 centavos, respectivamente[2]. En el país vecino de República Dominicana para febrero de 2021 el KwH rondaba en los 6.96 centavos de dólar[3]. Aunque existen muchas variables para las que una jurisdicción o estado cobre más o menos por KwH, sí queda la interrogante de si los procesos que han ocurrido para la transformación energética en Puerto Rico han sido transparentes y participativos y si estos van a llevar a ser producir energía 100% renovable para el 2050 como así estableció el gobierno[4]. No se debe pasar por alto la corriente de sostenibilidad energética que se está impulsando mundialmente como medida para combatir el cambio climático, que ha tocado muy de cerca a Puerto Rico los últimos años.  

Otra de las consideraciones que las empresas tienen a la hora de decidir si invierten en una jurisdicción o en un país son los incentivos que éste ofrece. Desde el 2017, Espacios Abiertos ha abogado para que el gobierno de Puerto Rico publique un informe de gastos fiscales o tributarios donde se detalle a quién se le concede incentivos contributivos y a cuánto asciende el beneficio. Esto no solamente con el propósito atraer y fomentar el desarrollo económico, sino y más importante aún como medida de transparencia fiscal ante la austeridad que vive la Isla producto de la imposición de la Ley Promesa. Un informe de gastos fiscales retrata las prioridades del gobierno a la hora de incentivar industrias y proyectos. 

Después de una larga gesta por parte de Espacios Abiertos, la cual llegó hasta el Tribunal Supremo de Puerto Rico, el gobierno publicó el primer informe de gastos fiscales para el año fiscal 2017 en septiembre de 2019. En el mes de junio de este año el gobierno hizo público el segundo informe de gastos fiscales, esta vez para el periodo del año fiscal 2018.  El hacer público de manera consistente un informe de gastos fiscales le brinda visibilidad a la ciudadanía y a las y los líderes electos sobre los gastos que deja de ingresar el gobierno al conceder incentivos contributivos y ayuda a priorizar el gasto y la inversión pública. 

Gráfica 1[5]

En el análisis de Espacios Abiertos sobre la publicación de los gastos fiscales, se observó que los gastos fiscales son dos terceras partes (67.7 por ciento) del gasto público del gobierno de Puerto Rico si se compara con el presupuesto del año fiscal para el 2022. De ese por ciento que se invierte,el casi 75 por ciento se invierte en desarrollo económico. El hecho que el gobierno haga público este tipo de información es un avance pero se necesita más información. Se necesita consistencia en la publicación de este informe. Se necesita el detalle de las organizaciones e individuos que reciben estos incentivos y se necesita saber el rendimiento de los mismos, como mínimo. Actualmente la Legislatura no ha enviado al gobernador el proyecto P. de la S. 206 para su consideración, el que obligaría al Departamento de Hacienda a publicar un informe de gastos fiscales anualmente. Desde Espacios Abiertos cooperamos en la elaboración de dicho proyecto y esperamos que se convierta en ley.  Si queremos que Puerto Rico sea una jurisdicción competitiva y un lugar donde todas y todos podamos progresar necesitamos que el gobierno cree mecanismos de transparencia fiscal que permitan participar e incidir efectivamente en lo que ocurre en el país. 

Gráfica 2[6] 

 

 

Referencias:

[1] Sanzillo, T.(2020, octubre). Contrato entre Puerto Rico y LUMA Energy establece una privatización completa y tarifas más altas para la red de la isla. Institute for Energy Economics and Financial Analysis. https://ieefa.org/wp-content/uploads/2020/10/Luma-AEE-Contract-Report-IEEFA-ESP-October_2020.pdf

[2] Electricity rates by State (2021): Chooseenergy.com®. Electricity Rates by State (July 2021) | ChooseEnergy.com®. https://www.chooseenergy.com/electricity-rates-by-state/

[3] Diario Libre. (2021, 17 febrero). Una energía más barata y más proyectos de renovables. Diario Libre. https://www.diariolibre.com/especiales/2021-el-ano-de-la-remontada/la-adie-plantea-que-una-buena-noticia-para-iniciar-el-n

[4] Hickman, M. (2019, 24 mayo). Puerto Rico traza el cambio total a energía verde para 2050. Treehugger. https://www.tree-hugger8.net/puerto-rico-plots-total-switch-green-energy-4865784

[5][6] Espacios Abiertos (2021)

La conmemoración a nivel internacional de la Semana del Gobierno Abierto (17 al 20 de mayo) nos invita a reflexionar sobre en qué punto estamos con relación a los desastres naturales, el Covid 19 y la crisis fiscal. No es casualidad que el lema de este año sea Respuesta, Recuperación y Renovación Abierta dado que en el 2020 quedó demostrado la importancia de tener gobiernos abiertos, transparentes y participativos que le rindan cuenta al pueblo. Sabemos que las crisis y estados de emergencias le permiten a los gobiernos tomar acciones sin aplicar los procesos regulares y que el abuso de estos mecanismos tiene como consecuencia la toma de decisiones fuera del ojo público.

Organizaciones de la sociedad civil, incluyendo Espacios Abiertos, han exhortado a enmendar las leyes de Transparencia y Datos Abiertos desde que dichas leyes se aprobaron de manera atropellada en julio de 2019. Ya un estudio publicado en el 2020 por la organización internacional Center for Law and Democracy, reseñó que las leyes de Puerto Rico ocuparían el puesto 87 de 128 ó el tercio más bajo al compararse con la normativa legal de los otros países. Unas leyes de transparencia y datos abiertos de mérito serían una herramienta para responder de manera eficiente y eficaz a cualquier situación que estuviese pasando en el país. Debemos revisar y enmendar aquello que no funciona y que no se rige a los niveles más altos de excelencia internacional.

De otra parte, herramientas como la de “chequera abierta” han sido recomendadas para informar a la ciudadanía sobre todos los pagos y desembolsos que el gobierno hace en tiempo real. Con ello, las personas tendrían la oportunidad de participar en el monitoreo del uso de fondos públicos con el fin de detectar y detener la corrupción gubernamental. Situaciones como el desembolso para la compra de pruebas fallidas o la concesión de bienes municipales a terceros serían detectadas por la sociedad civil evitando la malversación de fondos públicos. El Instituto de Estadísticas ya tenía un programa piloto de chequera abierta utilizando las mejores prácticas de otras jurisdicciones pero no ha seguido desarrollándose por falta de recursos. No tenemos que reinventar la rueda si queremos fomentar gobiernos abiertos y participativos.

Aparte de herramientas como la chequera abierta, necesitamos información consistente sobre cómo se utiliza todo el dinero público, incluyendo aquel dinero que deja de ingresar al gobierno mediante la conseción de créditos, exenciones, decretos e incentivos contributivos o mejor conocidos como gastos fiscales y/o tributarios. En 2019, el gobierno publicó por primera vez un Informe de Gastos Tributarios y reveló que para el año 2017 Puerto Rico otorgó aproximadamente $20 mil millones en créditos[1], incentivos y exenciones entre otros. En tiempos donde la austeridad se utiliza como brújula para tomar decisiones de política pública para atajar la crisis fiscal, necesitamos herramientas que transparenten como todo el dinero público está siendo invertido para resolver la crisis fiscal y renovar nuestras comunidades. Es hora que el gobierno haga pública la información más reciente.

Espacios Abiertos compartió estas, y otras recomendaciones al liderato de las tres ramas de gobierno en el mes de marzo. Sabemos que algunas de estas, están siendo evaluadas por la Rama Legislativa pero necesitamos compromisos contundentes de todas las demás ramas de gobierno. Ya sabemos que estas propuestas han sido implantadas con éxito en Estados Unidos y a nivel internacional y, han demostrado que adelantan la buena gobernanza pública. En este ciclo de discusión presupuestaria y antes del cierre de esta sesión legislativa, es de suma importancia que no solo se hable sobre transparencia sino que destinen fondos públicos a herramientas y programas que puedan promoverla . Es el momento de poner la acción donde pusieron las palabras en las campañas eleccionarias.

 

 

 

1. Department of Treasury, Office of Economic and Financial Affairs. (2019). Puerto Rico Tax Expenditure Report for Tax Year 2017. San Juan, Puerto Rico: Department of Treasury: http://www.hacienda.pr.gov/sites/default/files/comunicaciones/puerto_rico_tax_expenditure_report_2017_version_final_septiembre_2019.pdf

La entidad busca proteger la divulgación que hacen Hacienda y el Ddec de la lista de beneficiarios de decretos bajo las leyes 20 y 22 porque la considera histórica y un paso de avance hacia una mayor transparencia

San Juan, Puerto Rico (miércoles, 13 de enero de 2021) — Espacios Abiertos (EA) acudió al tribunal como parte interventora en apoyo a la posición del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (Ddec) de publicar la lista de beneficiarios de decretos bajo las leyes 20 y 22, acción objetada en una demanda por la Puerto Rico Privacy Association, Inc. (PRPA), que alega esa acción viola la privacidad de sus miembros, un grupo de inversionistas no identificados.

Justicia, quien representa a las partes demandadas—el DDEC y el Departamento de Hacienda—indicó durante la vista celebrada ayer en la tarde por el juez Anthony Cuevas Ramos, de la sala de Recursos Extraordinarios del Tribunal de San Juan, que la publicación de la información relacionada con los decretos contributivos otorgados se hace conforme al mandato de la Ley 60 de 2019 (conocida como el nuevo Código de Incentivos de Puerto Rico). Enfatizó que contrario a lo que argumentan los demandantes, la información que se publica no es de carácter confidencial, personal o financiera.  Por su parte, tres abogados del bufete Block Legal, representantes de PRPA, presentaron su oposición a la desestimación insistiendo en la publicación de la información viola la intimidad de los que reciben los decretos y menoscaba la relación contractual de éstos con el gobierno.

Espacios Abiertos cuestionó la legitimación activa de la asociación que radicó la demanda a la vez que se unió a los argumentos que presentó el Ddec favoreciendo la desestimación.

Desde el año 2017, Espacios Abiertos ha abogado por la divulgación en Puerto Rico de información relacionada con las concesiones contributivas, tal como se hace en los Estados Unidos y en muchos otros países del mundo desde la década de 1970, indicó la directora ejecutiva de EA, Cecille Blondet.

“Nuestro pueblo debe tener acceso a conocer el uso que se le da a cada centavo de dinero público, eso incluye conocer quién lo recibe y a título de qué lo recibe.  Esto aplica de la misma manera a los privilegios contributivos.  El dinero que se deja de ingresar al erario por estas concesiones es también un gasto público, por el cual tanto el gobierno como los que reciben estas concesiones tienen que rendir cuentas”, explicó Blondet.  “Sin información clara y precisa no podemos evaluar el retorno de la inversión de esas concesiones y constatar si el beneficio social anhelado se ha logrado.  En momentos de crisis, donde se imponen medidas de austeridad y se recortan servicios a la población, el país no puede seguir a ciegas en temas fiscales y presupuestarios. Cada dólar cuenta y saber es nuestro derecho”, resaltó.

Los gastos fiscales o tributarios son todas las exclusiones, deducciones, exenciones y créditos contributivos, entre otros, que el gobierno da a diferentes tipos de contribuyentes: individuos, empresas, industrias e instituciones sin fines de lucro. Por lo general, estas concesiones se autorizan mediante ley con el fin de incentivar una actividad económica o lograr un impacto social. Las concesiones tributarias son catalogadas como un gasto del gobierno realizado bajo el código de impuestos, y como todo gasto público gubernamental, dicha información debe estar disponible para la ciudadanía. 

“La divulgación que hacen Hacienda y el DDEC es una reciente e histórica. Un paso de avance hacia mayor transparencia, algo que hay que reconocer y proteger”, indicó Blondet. A la vez que señaló que existen plataformas como el Subsidy-tracker de Good Jobs First que recopilan y hacen fácilmente accesible la información que divulgan las distintas jurisdicciones de los EEUU.

En Puerto Rico, los gastos fiscales eran un gasto no visible, un presupuesto oculto hasta el año 2019.  Espacios Abiertos dio la batalla por la publicación de un Informe de Gastos Fiscales y la llevó hasta los tribunales.  Por su parte, la Junta de Supervisión Fiscal también apoyó la realización de un informe de esa índole.  Finalmente, el Departamento de Hacienda en septiembre de 2019 publicó por primera vez el Informe de Gastos Tributarios (Tax Expenditures Report), que reveló que esos “gastos” en Puerto Rico suman más de 20 mil millones de dólares anualmente.  Esa cifra constituye el 20.4% del Producto Interno Bruto o un 30.3% del Producto Bruto Nacional y el doble del presupuesto general anual del gobierno de Puerto Rico.  Y desde enero del 2020, el DDEC a través de su sitio web, comenzó también a publicar información relacionada con varias de las leyes que otorgan créditos o exenciones.  Sobre 70 leyes autorizan a varios departamentos del gobierno y otras instrumentalidades municipales a conceder y regular concesiones contributivas.

Las personas interesadas en conocer más información de cómo funcionan los gastos fiscales o tributarios (Tax Expenditures) pueden acceder al estudio que hizo Espacios Abiertos en: http://bit.ly/2muzEew

Enlace de referencia del caso

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Espacios Abiertos es una organización sin fines de lucro, independiente, que desde 2014 promueve la transparencia y rendición de cuentas gubernamental, así como participación ciudadana, en los haberes y fondos públicos, a la vez que procura una sociedad abierta, que sea más justa y equitativa para todos y todas en Puerto Rico.

Buenos días, señora Senadora Migdalia Padilla Alvelo, Presidenta de la Comisión de Hacienda, Senadoras y Senadores miembros de esta Comisión, y a todo el público que nos acompaña en el día de hoy. El pasado 2 de abril recibimos su correo electrónico a través del cual se nos citó a comparecer en estas vistas públicas para discutir el Proyecto del Senado Número 1013 (“P. del S. 1013”) y el Proyecto de la Cámara Número 1880 (“P. de la C. 1880”) que se encuentran ante su consideración para crear así la Ley del “Código de Incentivos de Puerto Rico” (“Código”) y la “Ley de Transparencia de Transacciones de Créditos e Incentivos Contributivos” (“Sistema de créditos contributivos integrados”. Le agradecemos la oportunidad que nos brinda para participar en el análisis y discusión de esta importante medida de política pública.

De esta manera, en esta ponencia evaluaremos ambos proyectos:

El primero: el proyecto del Senado P. del S. 1013, también llamado “Código de Incentivos de Puerto Rico” —y al cual nos referiremos de ahora en adelante como “Código”— fue sometido inicialmente el 29 de mayo de 2018. En la actualidad, se encuentra ante esta Comisión para su aprobación. Según la propuesta de ley, el propósito general de dicho proyecto es el de:

“consolidar la decenas de decretos, incentivos, subsidios, estímulos monetarios, reembolsos, o beneficios contributivos o financieros existentes; promover el ambiente, las oportunidades y las herramientas adecuadas para fomentar el desarrollo económico sostenible de Puerto Rico; establecer el marco legal y administrativo que regirá la solicitud, evaluación, concesión o denegación de incentivos por parte del Gobierno de Puerto Rico; fomentar la medición eficaz y continua de los costos y beneficios de los incentivos que se otorguen para maximizar el impacto  de la inversión de fondos públicos; dar estabilidad, certeza, y credibilidad al Gobierno de Puerto Rico en todo lo relacionado a la inversión privada; mejorar la competitividad económica de Puerto Rico […] .”[1]

El segundo: el proyecto de la Cámara P. de la C. 1880, también llamado “Ley de Transparencia de Transacciones de Créditos e Incentivos Contributivos” —y al cual nos referiremos de ahora en adelante como “Sistema de créditos contributivos integrados”— fue sometido inicialmente el 5 de noviembre de 2018. En la actualidad se encuentra ante esta Comisión para su aprobación. Según la propuesta de ley, el propósito general de dicho proyecto es el de:

“garantizar que los decretos y/o concesión de créditos e incentivos contributivos sean publicados mediante el sistema de créditos contributivos integrados (CCI) en el portal cibernético del Departamento de Hacienda y en el portal cibernético del Departamento de Desarrollo Económico; y para otros fines relacionados.”[2]

Para comenzar, nos gustaría dejar claro que, desde Espacios Abiertos —organización sin fines de lucro dedicada a temas de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana— apoyamos el uso de incentivos contributivos como herramientas de desarrollo económico. Segundo, los incentivos contributivos o gastos fiscales incluyen las siguientes diez categorías: 1) Exclusiones; 2) Exenciones; 3) Deducciones; 4) Tasas preferenciales; 5) Diferimientos de obligaciones contributivas; 6) Acuerdos finales; 7) Decretos contributivos; 8) Estímulos monetarios; 9) Subsidios y 10) Cualquier otro incentivo contributivo que representante una pérdida de ingresos fiscales para el Gobierno de Puerto Rico. Tercero, los incentivos contributivos o gastos fiscales son programas similares a los de gasto público gubernamental, es decir, son catalogados como un gasto de gobierno realizado a través de su código de impuestos y, a su vez, representan una pérdida de ingresos para el fisco[3]. Y cuarto, que la divulgación de estos gastos fiscales se discute ya desde hace tiempo a nivel mundial anualmente y sirve como herramienta presupuestaria. En concreto, el gobierno federal de los Estados Unidos divulga su informe público de gastos fiscales desde la década de los 70; en la actualidad, dicho informe público se prepara ya en 49 de los 50 estados y el Distrito de Columbia; y también lo presentan hoy en día la mayoría de los países que forman parte de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). Puerto Rico todavía carece de esta herramienta presupuestaria. Espacios Abiertos propone que se adopte un informe de gastos fiscales y eso no es atendido ni resuelto por ninguna de las dos medidas que tenemos enfrente. Por un lado, el Código tan solo informaría de tres de las diez categorías de incentivos anteriormente mencionados: 1) Estímulos monetarios; 2) Créditos contributivos; y 3) Subsidios o desembolsos. Y por el otro lado, el Sistema de créditos contributivos integrados tan solo informaría de la categoría de créditos contributivos. Espacios Abiertos mediante el artículo de investigación titulado “Los privilegios contributivos y el presupuesto oculto: ¿dónde está nuestro dinero?”[4], ha expuesto la necesidad y conveniencia de tener transparencia sobre la publicación de los programas y el coste de los incentivos contributivos a través de un informe público de gastos fiscales.

Nuestra comparecencia de hoy ante esta Comisión estará recomendando la inclusión en la propuesta de ambas iniciativas de un informe público de gastos fiscales y evaluará los borradores de ambos proyectos de ley (el P. del S. 1013 y el P. de la C. 1880) bajo tres enfoques o lentes que son parte inalienable de nuestra visión institucional para una gestión gubernamental adecuada y responsable. Los enfoques son los de Transparencia, Rendición de cuentas y Participación ciudadana.

1) Transparencia – A través de este primer enfoque nos preguntamos dónde está el dinero que el pueblo paga de sus bolsillos a través de incentivos contributivos. Respetando la información de índole confidencial de cualquier contribuyente, consideramos imprescindible que haya visibilidad de ese gasto fiscal ante la ciudadanía y la Asamblea Legislativa. Como dije en mi introducción, la divulgación de estos gastos no es algo nuevo: el gobierno federal de los Estados Unidos lo divulga a su Asamblea Legislativa desde la década de los años 70. En la actualidad, 49 de los 50 estados y el Distrito de Columbia los discuten antes de presentar sus presupuestos locales; y también la mayoría de los países que forman parte de la OCDE hacen esta divulgación[5]. Al respecto, la propuesta de ambos proyectos no es exhaustiva, se queda muy corta y deja parte importante fuera del ojo público y de los miembros de esta Asamblea Legislativa. Si vamos al detalle, la propuesta del Código enumera 76 leyes y programas que promueven la inversión mediante la concesión de incentivos contributivos. Por un lado, el Sistema de créditos contributivos integrados o P. de la C. 1880 solo examina 14 de las 76 que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) decidió que fueran finalmente su universo de análisis. Y, por otro lado, en el Código o P. del S. 1013 solo se estudian 58 leyes de las 76. Esos 58 programas y leyes, que están orientados a estimular la actividad económica de Puerto Rico, representan un costo fiscal total de $7,462 millones[6], según se divulga en la página 6 del presente borrador del Código. Es decir, solo en estos programas económicos (sin contar las otras 18 leyes no evaluadas), Puerto Rico otorga en incentivos y, por lo tanto, deja de ingresar al fisco una cantidad equivalente al 86% del presupuesto del Fondo General que en el año fiscal 2019 ascendió a $8,730 millones[7]. De tal forma, y sobre ese total de 76 leyes que cuantificó el DDEC, el Código excluye 18 leyes y programas que atienden a los denominados programas sociales. ¿Por qué es importante que la evaluación del gasto fiscal de esos programas no escape al escrutinio público ni a la supervisión de la Asamblea Legislativa? La percepción del concepto de “programa social” tiene mucho que ver en esta ecuación. Dicho concepto, podría dar a entender equivocadamente que los recipientes de esos “programas sociales” son única y exclusivamente individuos o comunidades de escasos recursos. Nada más alejado de la realidad. Así, bajo esta categoría estarían —solo por poner un ejemplo y entre muchos otros— los incentivos que promueven la construcción de vivienda de interés social y que van a parar a desarrolladores y constructores privados. En un momento donde se recibirán miles de millones de dólares para la reconstrucción de Puerto Rico después de los huracanes Irma y María, es importante ser transparentes sobre la otorgación de incentivos a industrias como éstas. Así, nos preguntamos: ¿a cuánto ascienden y qué costo y beneficio público, privado y social (real, cuantificable y medible) tienen estas leyes y programas para el pueblo de Puerto Rico? La ciudadanía tiene el derecho a saber y esta Comisión tiene la gran oportunidad de exigirlo para el beneficio de todas y todos.

2) Rendición de cuentas – A través de este segundo enfoque nos preguntamos en qué se invierte y qué beneficios sociales y económicos se obtienen del dinero que el pueblo paga de su bolsillo. Así, en esta sección nos preguntamos — ya que no aparecen debidamente argumentadas en el actual borrador del Código de Incentivos— las razones para mantener ciertos incentivos en su nuevo Código que, a través de la metodología que decidió utilizar el DDEC, arrojan un retorno de inversión negativo para el pueblo de Puerto Rico. Es decir, que según la metodología usada por el DDEC, por cada dólar que paga la ciudadanía, ésta recibe a cambio una cantidad inferior al dólar invertido. En concreto, y aunque no figura en el Código, el DDEC en su presentación en vista pública en la Cámara de Representantes del pasado 26 de marzo detalló y desveló varios programas con retorno de inversión negativo en el año fiscal 2018 y que tuvieron un gasto fiscal por un valor de $222,524,710[8]:

Ley 27 – 2011, Industria del cine:	$50,000,000
Ley 168 – 1968, Hospitales:	$37,684,589
Ley 52 – 1991, Oportunidades de trabajo	$36,331,000
Ley 212 – 2002, Zonas urbanas:	$35,209,121
Ley 46 – 1989, Subsidios de salarios agrícolas:	$33,609,000
Programas de garantías del precio de la leche:	$14,360,000
Ley 83 – 2010, Energías renovables:	$7,017,000
Programa de incentivos de las industrias de la apicultura, porcina y aviar:	$2,823,000
Ley 42 – 1971, Bono para los trabajadores agrícolas:	$2,747,000
Incentivos agrícolas de maquinaria industrial – ADEA:	$1,594,000
Ley 12 – 1966, Seguros agrícolas:	$1,150,000

Sobre dichos incentivos nos preguntamos lo siguiente:

En relación al Código: ¿cuál es la justificación para seguir manteniendo dichas leyes o programas? El mantenimiento de tales programas quizá tenga una justificación que responda a una determinada política pública, pero para que la ciudadanía y los miembros de esta asamblea legislativa puedan evaluar y sacar sus conclusiones ambos tienen el derecho de conocer la metodología utilizada para llegar a tales números y saber los motivos de política pública que hace que se mantengan. El presente borrador del Código no cumple con tales propósitos.

En relación al Código y al Sistema de créditos contributivos integrados: ¿cuál es el coste fiscal total de tales leyes o programas si se incluyeran —además de la evaluación de créditos, estímulos monetarios y los subsidios o desembolsos— las tasas preferenciales, las deducciones especiales, las exenciones municipales y cualquier otro incentivo contributivo que represente una pérdida de ingresos fiscales para el fisco?

Recordemos que, por un lado, el borrador Código y según lo expuesto en el apartado (a) de la sección 6011.08 del Código llamado Informe Anual de Incentivos y Proceso Presupuestario, solo cuantificará y divulgará anualmente los beneficios contributivos y económicos de las siguientes tres categorías:

• Estímulos monetarios;
• Créditos contributivos; y, por último
• Subsidios o desembolsos.

Por otro lado, el borrador del Sistema de créditos contributivos integrados y según lo expuesto en el propio borrador de ley sólo se divulgará la cesión, venta o transferencia de créditos contributivos.

De esa manera ambas iniciativas, dejarían fuera del escrutinio público y de esta Asamblea Legislativa en su divulgación anual la parte más importante que se divide en las categorías de:

• Tasas preferenciales;
• Deducciones especiales;
• Exenciones municipales; y, por último
• Cualquier otro incentivo contributivo que represente una pérdida de ingresos fiscales para el Gobierno de Puerto Rico.

Según la presentación del DDEC[9] en vistas públicas del pasado 26 de marzo ante la Cámara de Representantes:

1. El Código (P. del S. 1013) solo divulgaría entre $450-500 millones de un total de $7,462 millones que Puerto Rico gasta en incentivos contributivos de carácter económico.
2. El Sistema de créditos contributivos integrados (P. de la C. 1880) solo divulgaría aproximadamente $250 millones de un total de $7,462 millones que Puerto Rico gasta en incentivos contributivos de carácter económico.

Es decir, tanto el P. del S. 1013 como el P. de la C. 1880 excluirían en su divulgación anual presente y futura un volumen de incentivos económicos que, según los últimos datos del DDEC, asciende a unos $7,462 millones. De esta manera, se mantendría un gasto oculto —que paga el pueblo de Puerto Rico— de aproximadamente el 86% del presupuesto del Fondo General.

En el actual momento de crisis fiscal y de deuda que enfrentamos, al igual que es importante enviar un mensaje de transparencia para agilizar la llegada de los fondos federales de recuperación y reconstrucción, es, si cabe, todavía más importante que se despeje toda duda sobre la rendición de cuentas gubernamental ante el sector y los inversores privados. Más transparencia gubernamental se traduciría en mayor confianza empresarial y, como consecuencia, mayor certeza en el retorno de la inversión del sector privado. La divulgación parcial de los incentivos se traduciría en incertidumbre del retorno de la inversión de cualquier inversor privado. Y la incertidumbre, a su vez, podría acabar disuadiendo cualquier tipo de inversión privada local o extranjera. Puerto Rico, más que nunca, necesita el marco legal que favorezca la creación de capital local y la localización de capital del exterior con vocación de compromiso de largo plazo que dinamice su economía. Tanto el P. del S. 1013 como el P. de la C. 1880 tienen la oportunidad de ser ese marco legal, aunque las actuales propuestas, tanto del Código como del Sistema de créditos contributivos integrados, están muy alejadas de dicho propósito. Ocultar la divulgación en incentivos de casi el 86% del presupuesto del Fondo General perpetuará los errores del pasado y contribuirá todavía más a la aceleración de la depresión económica que ha acompañado a la Isla en la última década. Dicha confianza en la inversión privada local o extranjera empieza por la oportunidad histórica que tiene esta Comisión de garantizar que cualquier inversor privado tenga la seguridad de que las reglas de juego sean iguales para todo inversor que decida apostar por Puerto Rico. Así, instamos a esta Comisión a que incorpore en ambos borradores de ley la divulgación de, no tan solo los estímulos monetarios, créditos contributivos y subsidios o desembolsos sino además de las exenciones, exclusiones, deducciones, tasas preferenciales, diferimientos de obligaciones contributivas, acuerdos finales, decretos contributivos y cualquier otro incentivo contributivo que represente una pérdida de ingresos fiscales para el Gobierno de Puerto Rico.

3)  Participación ciudadana – A través de este último y tercer enfoque, nos preguntamos sobre quién decide acerca de cómo se invierte el dinero que las puertorriqueñas y puertorriqueños pagan de sus bolsillos. ¿Cuál es el rol de la sociedad civil puertorriqueña en la confección y elaboración de las dos medidas que tenemos delante? La ciudadanía tiene derecho a saber para así poder participar de manera efectiva en estos procesos. La delegación del voto cada cuatro años en sus representantes, tanto de Cámara y Senado, no debe ser incompatible con la participación ciudadana en vistas públicas que, por un lado, permitan escuchar sus voces intercambiando ideas con los miembros de las agencias de gobierno y que, por otro lado, no se conviertan solamente en conversaciones entre los representantes de las agencias de gobierno y los miembros de esta Comisión. Para empezar, es importante que —preservando toda información de índole confidencial de cualquier contribuyente— todos los documentos producidos por el Gobierno de Puerto Rico sean públicos y de fácil acceso. Así, instamos a esta Comisión a que, por un lado y respecto al Código, incorpore como enmienda la divulgación pública del Informe Anual de Efectividad de Incentivos y del Reporte Presupuestario de Incentivos Económicos[10] que figuran en la página 15 del borrador del Código. Además, y para el Sistema de créditos contributivos integrados, instamos a esta Comisión a que también incorpore como enmienda la divulgación —a través de un reporte público anual— de cualquier transacción de cesión, venta o transferencia de créditos contributivos. Por último, solicitamos a esta Comisión que incorpore en ambos borradores de ley la instauración de un informe público de gastos fiscales y la divulgación de cualquier incentivo contributivo que represente una pérdida de ingresos fiscales para el Gobierno de Puerto Rico para así promover que la ciudadanía participe y se pueda integrar de manera efectiva en el debate público.

De esta manera, sintetizamos nuestras cuatro recomendaciones:

1. Tanto la propuesta del Código como el borrador del Sistema de créditos contributivos integrados deberían ser capaces de incluir una evaluación de la totalidad de leyes de incentivos contributivos. Pedimos a esta Comisión que se incluya en el presente, en ambas iniciativas, un informe público de gastos fiscales que evalúe todas las leyes que otorguen exclusiones, deducciones, exenciones, tasas preferenciales, diferimientos de obligaciones contributivas, acuerdos finales, decretos contributivos y cualquier otro incentivo contributivo que represente una pérdida de ingresos para el Gobierno de Puerto Rico empezando por, pero no limitándose a, las 18 leyes que se excluyeron en el análisis del DDEC.
2. El presente Código debería poder justificar por qué se mantienen y se siguen incentivando leyes que totalizan un retorno negativo de la inversión de aproximadamente $222.5 millones sólo examinando estímulos monetarios, créditos contributivos y subsidios o desembolsos. Pedimos a esta Comisión que se evalúe para estos programas el coste adicional para el Gobierno de Puerto Rico y cuantifique en estas leyes y programas la pérdida de ingresos para el gobierno mediante estas leyes y programas a través de tasas preferenciales, deducciones especiales, exenciones municipales y cualquier otro incentivo contributivo que represente una pérdida de ingresos fiscales para el Gobierno de Puerto Rico.
3. Recomendamos a esta Comisión a que en ambos proyectos informen y divulguen anualmente la totalidad del gasto en incentivos o gastos fiscales y no deje fuera del escrutinio público ni de la propia Asamblea Legislativa la mayor parte de un gasto oculto que —según el propio borrador del Código— asciende a $7,462 millones al año, es decir aproximadamente el 86% del presupuesto del Fondo General.
4. Por último, solicitamos a esta Comisión que se haga público, por un lado y para el Código, el Informe Anual de Efectividad de Incentivos y el Reporte Presupuestario de Incentivos Económicos; y, por otro lado, y para el Sistema de créditos contributivos integrados, un informe anual de cualquier transacción de cesión, venta o transferencia de créditos contributivos.

Para concluir, la toma de decisiones a ciegas, entre otras causas, ha sido elemento determinante en la actual crisis fiscal, de deuda y de confianza que enfrenta la Isla. La ciudadanía, con sus impuestos, incentiva múltiples proyectos e iniciativas y debería tener constancia del total de lo que cuestan y del retorno económico y social de esa inversión. Un Código y un Sistema de créditos contributivos integrados transparentes y exhaustivos incluirían el coste fiscal total de todas las leyes y programas de incentivos contributivos en un informe público de gastos fiscales. En Espacios Abiertos proponemos que ambas iniciativas se comprometan a cuantificar y publicar un informe de gastos fiscales que ayude a la ciudadanía y a esta Asamblea Legislativa en sus tomas de decisiones. Esta Comisión tiene la oportunidad de hacer que, mediante la versión final de ambos proyectos, finalmente se divulgue, disemine, cuantifique y visibilice la totalidad de los gastos fiscales del Gobierno de Puerto Rico. Quedamos a su entera disposición para lograr estos objetivos.

Respetuosamente sometido,

Daniel Santamaría Ots
Analista Senior de Política Pública
Espacios Abiertos

 

[1] P. del S. 1013. 29 de mayo de 2018. Senado de Puerto Rico. “Código de Incentivos de Puerto Rico”.
[2] P. de la C. 1880. 5 de noviembre de 2018. Oficina de Servicios Legislativos. Asamblea Legislativa de Puerto Rico. “Ley de Transparencia de Transacciones de Créditos e Incentivos Contributivos”.
[3] Espacios Abiertos. “Los privilegios contributivos y el presupuesto oculto: ¿dónde está nuestro dinero?”. 11 de mayo de 2017.
[4] Espacios Abiertos. “Los privilegios contributivos y el presupuesto oculto: ¿dónde está nuestro dinero?”. 11 de mayo de 2017.
[5] Ibid., (4)
[6] Senado de Puerto Rico. P. del S. 1013. 29 de mayo de 2018. “Código de Incentivos de Puerto Rico”.
[7] Gobierno de Puerto Rico. Oficina de Gerencia y Presupuesto. “Presupuesto recomendado año fiscal 2018-2019”.
[8] Gobierno de Puerto Rico. Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. 26 de marzo de 2019. “Nuevo Código de Incentivos”
[9] Gobierno de Puerto Rico. Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. 26 de marzo de 2019. “Nuevo Código de Incentivos”
[10] Senado de Puerto Rico. P. del S. 1013. 29 de mayo de 2018. “Código de Incentivos de Puerto Rico”.