Según la directora de Turismo, no se puede divulgar la cuantía del contrato de auspicio, ya que a solicitud del Sevilla FC se incluyó una cláusula de confidencialidad, pues “este tipo de organizaciones deportivas son muy celosas con la competitividad de sus negociaciones”. Además, expresó: “que el dinero invertido en el patrocinio salió de los propios fondos de la compañía de turismo porque la corporación pública no depende del fondo general, sino que genera ingresos mediante el impuesto a las habitaciones y otros cargos”.

Ante tales aseveraciones debemos aclarar varios asuntos.

En primer lugar, podemos entender que el proceso de negociación sea confidencial, pero el contrato final y su cuantía debe ser público, a menos que cumpla con las excepciones establecidas por ley. Es importante recordar que cuando el gobierno reclama la confidencialidad de algún documento o de la información recopilada de alguna otra forma, le corresponde probar por qué esa confidencialidad es necesaria. Tiene que demostrar que tiene un interés apremiante que proteger y que no tiene medios menos onerosos para lograr el fin que alega promover.

En segundo lugar, la Compañía de Turismo es una corporación pública. Esto significa que fue creada por el gobierno de Puerto Rico para proporcionar un bien o servicio público; en este caso, estimular programas de promoción y atracción turística con el fin de alentar en los visitantes el interés en nuestra cultura. A tales efectos, la doctrina prevaleciente en Puerto Rico es que las personas naturales y las corporaciones tienen el derecho de obtener información que esté en posesión de cualquier organismo público, en todos sus poderes (ejecutivo, legislativo, judicial) o de entidades privadas que realicen funciones públicas, siempre y cuando no caiga bajo las excepciones mencionadas.

En tercer lugar, el hecho de que genere sus propios ingresos a través del impuesto a las habitaciones o “room tax”, no significa que se convierta en una corporación privada y se le exima de rendir cuentas a la ciudadanía. Precisamente dicho impuesto constituye una carga obligatoria que toda persona que se aloje en un hotel o concepto similar tiene que pagar para financiar a dicha corporación. Así por ejemplo, la Autoridad de Energía Eléctrica genera ingresos propios por concepto del cobro de la luz, pero eso no le quita su carácter público. Por lo tanto, la ciudadanía tiene derecho a acceder esta información porque envuelve el uso de fondos públicos.

En cuarto lugar, los principios de contratación abierta reconocidos internacionalmente establecen la importancia de adoptar mecanismos que propicien una amplia divulgación y participación en las contrataciones públicas para que sean más competitivas y justas. El propósito principal de la contratación abierta es promover la publicidad proactiva de los documentos e información relacionados a las contrataciones públicas para así poder evaluar comprensivamente las disposiciones adoptadas, monitorear su cumplimiento y promover la rendición de cuentas por los resultados obtenidos.

En Puerto Rico llevamos décadas repitiendo estrategias infructuosas para atraer a turistas. Recordemos el fracaso de iniciativas como la del municipio de Mayagüez mediante la Corporación para el Impulso de Desarrollo Económico del Oeste. Según una auditoría de la Oficina de la Contralora, el Programa de Incentivos Aéreos de Vuelos Fletados, que entre los años 2010 y 2011 ofreció vuelos fletados desde Aguadilla a España, no cumplió con los requisitos mínimos para lo cual fue creado: que el 75% de los pasajeros de un vuelo fletado tengan una reservación de tres días o más en alguno de los paradores y que los vuelos se llevaran a cabo durante un mínimo de seis meses consecutivos con, por lo menos, un vuelo semanal, ida y vuelta. De acuerdo al informe, de los 2,250 pasajeros que utilizaron los vuelos fletados sólo el 17% (389) eran europeos, se confirmaron solamente 86 reservaciones en hoteles y paradores del área Oeste y se estima que cada uno de los turistas europeos le costó al erario $17,962.

De igual forma, tenemos que exigir transparencia financiera en nuestras agencias públicas. Los estados financieros de Turismo reflejaron que para los años fiscales del 2007-08 al 2010-12 que la Compañía recibió asignaciones de fondos de la Asamblea Legislativa por $7,590,773, generó ingresos por $651,063,330 e incurrió en gastos por $688,046,555. Esto reflejó un déficit acumulado por $29,392,452. Según el último estado financiero disponible (2013) los ingresos de la Compañía de Turismo rondan los $70 millones de dólares pero sus gastos fueron de $115.5 millones. Con lo que en 2013 solamente sus gastos superaron sus ingresos por $48 millones de dólares. Así que el déficit sigue en aumento. ¿Qué sabemos de cómo se ha invertido este dinero? En el 2013, $42 millones fueron destinados a promociones y publicidad—Pero ¿con qué resultados? Peor aún los estados financieros indican una reserva de $62 millones por pérdidas en proyectos de turismo (p.40).

El historial demuestra que las “inversiones” que ha hecho la Compañía de Turismo (y otras agencias y corporaciones públicas) han sido un fracaso. Solo con la publicación proactiva de contratos, la transparencia financiera y otros mecanismos de transparencia y buena gobernanza podremos aspirar a que se evalúe oportunamente y se rinda cuentas del uso de nuestro dinero.

En conclusión, la transparencia financiera y la contratación abierta son principios esenciales para la rendición de cuentas en la gestión pública, ya que son antídotos contra la corrupción, el fraude, así como el abuso y despilfarro de los recursos gubernamentales.

Además, permiten que la gente pueda tomar decisiones informadas sobre las políticas públicas que le conciernen, incluyendo aquellas sobre las finanzas del gobierno.

En resumen, la rendición de cuentas es un concepto básico de sana administración pública que en época de crisis económica resulta imprescindible reclamar. Ciertamente el contrato de auspicio al Sevilla FC es polémico; más aún en un país declarado en quiebra, que no tiene dinero para sufragar su sistema de salud, su sistema educativo, las pensiones de los envejecientes, entre otros servicios esenciales.

Como bien dijo Louis Brandeis, ex Juez Asociado del Tribunal Supremo de Estados Unidos a principios del siglo XX: “sunlight is said to be the best of disinfectants”. En el 2016, ya es hora de que el gobierno arroje luz y rinda cuentas claras por sus actuaciones. Solo así podremos desinfectar sus instituciones.

Titulares de esta índole han puesto en jaque los alegados beneficios económicos de los incentivos otorgados a cientos de compañías que se establecen en Puerto Rico para hacer negocios. Y es que no podemos negar que estos subsidios son agujeros en el ingreso gubernamental. Por eso queremos saber sobre los gastos fiscales.

Los gastos fiscales o tributarios se definen como “la pérdida estimada de ingresos por parte de un gobierno que resulta de dar exenciones o preferencias fiscales a una determinada categoría de contribuyentes o actividad.” [1]

Durante décadas, el gobierno de Puerto Rico ha apostado a una estrategia de desarrollo económico basada en la asignación de millones de dólares y la otorgación de créditos, decretos de exenciones contributivas y deducciones para promover que empresas extranjeras inviertan en el país.

Sin embargo, la falta de información, transparencia y rendición de cuentas de los gastos fiscales impide que podamos evaluar razonablemente cuál ha sido su costo-beneficio en nuestra sociedad.

Estos beneficios concedidos a empresas extranjeras para incentivar determinadas actividades comerciales en la isla representan una disminución en los ingresos del Estado si no se monitorea detalladamente el impacto económico de dichas empresas en el país. Esto es: ¿Cuánto representa el beneficio fiscal obtenido por las empresas en creación de empleos e inversión directa en la isla? ¿Cómo queda la ecuación final? ¿Ganamos o perdemos? Esas son las preguntas que debemos hacernos.

De acuerdo a los datos del Informe de KPMG del 2014 sobre la reforma contributiva, el monto de gastos fiscales representó alrededor de $556 millones de dólares en el 2011 (se debe tomar en consideración que este total excluyó algunos programas de incentivos, como por ejemplo los de las leyes 20 y 22 de 2012). Entre los más destacados se encuentran los beneficios fiscales por crear empleos, por invertir en infraestructura y/o maquinaria, por comprar productos manufacturados en Puerto Rico, entre muchísimos otros más.

Ahora bien, aun cuando los gastos fiscales sean efectivos a corto plazo, no son suficientes para restaurar la fragilidad económica del país.

Así por ejemplo, un reciente informe de auditoría de la Contralora de Puerto Rico señaló que cada turista europeo que se benefició del Programa de Incentivos Aéreos de Vuelos Fletados que se impulsó en Puerto Rico entre los años 2007 y 2012, le costó $17,962 al gobierno por manejo incorrecto del programa y conflicto de intereses. De igual modo, la quiebra del Trump International Golf Club embrolló al Fondo de Desarrollo para el Turismo del Banco Gubernamental de Fomento con $32.6 millones. Y hablando de turismo, ¿cuántos millones más se perdieron con el Hotel Cayo Largo en Fajardo? Con la promesa de crear 300 empleos en el área e impactar el sector turístico, por no contar con consultas de ubicación válidas ni permisos de la Junta de Planificación, se echaron por la borda los incentivos, no se crearon los empleos prometidos y todavía siguen litigando.

Debe mencionarse que nuestro gobierno no cuenta con un presupuesto de gastos fiscales y tan siquiera rinde un informe anual público sobre los mismos. Tampoco se evalúan para determinar su efectividad y tomar decisiones, ni la posibilidad de alinearlos con un plan de desarrollo económico coherente.

En ese sentido, es indispensable analizar periódica y sistemáticamente los efectos de estas concesiones contributivas con miras a evaluar su validez. En Estados Unidos, por ejemplo, 44 estados publican informes anuales sobre gastos fiscales y tributarios. De esos 44, Oregón, Minnesota y Washington, D.C. son los que mejor reportan sus gastos y, por lo tanto, han sido exitosos verificando si los incentivos otorgados han surtido efecto o no.

Tomando como modelo el informe de gastos fiscales de Oregón podemos observar las cualidades siguientes [2]:

• Accesible – Se publica en internet de forma clara y comprensible y todo el mundo puede accederlo fácilmente.
• Publicación – Se publica anualmente.
• Detallado – Incluye el costo total estimado para el gobierno sobre todos los gastos fiscales
• Descripción – Incluye título del incentivo, criterios de elegibilidad, valor para los beneficiarios y otros parámetros.
• Cita legal y año de aprobación – Es importante para aquellos interesados en el trasfondo histórico y los fundamentos legales para determinado gasto fiscal y determinar cómo puede ser revisado.
• Análisis sobre quiénes se benefician – Incluye información sobre el impacto de la distribución de los beneficios por nivel de ingreso o tamaño de negocio. Un análisis distribucional permite a los elaboradores de política pública determinar quiénes son los que realmente se benefician con las preferencias contributivas.
• Propósito – Incluye una razón fundamental para cada gasto fiscal. Por ejemplo, en su informe describe el propósito de las deducciones de “income tax” por el plan médico de empleo propio como “promoting the purshase of health insurance by the self-employed and provid[ing] some degree of equity between the self-employed and employees covered by employer-sponsored health care insurance.” [3] • “Sunset Dates” o fechas de expiración – Establece fechas de expiración para cada gasto fiscal. En el 2009, se estableció un mecanismo por el cual casi todos los créditos contributivos por “income tax” expiran cada seis (6) años. De ese modo, una tercera parte de los créditos por “income tax” en el Estado se revisan cada dos (2) años cuando la legislatura establece su presupuesto bianual.

Por consiguiente, una sana práctica de administración gubernamental requiere la publicación de informes accesibles a todo el mundo, incluyendo todos los gastos fiscales relacionados a todos los impuestos (considerando los de menor costo o poco beneficio, implícitos o explícitos), que sea detallado, utilice datos actualizados para poder compararlos con otros gastos y analice en qué medida se ha logrado la distribución de beneficios por nivel de ingreso y tamaño de negocio.

Continuar haciendo lo mismo no es opción. Mientras la liquidez del gobierno siga en descenso y continúen adoptándose medidas superficiales poco eficaces para mantenerse a flote, el pueblo seguirá pagando las consecuencias como hasta ahora. Es hora de denunciar nuestra realidad fiscal, basada en propuestas que pretenden construir una economía en servicio a intereses particulares, en vez de gobernarlas. Esto implica divulgar proactivamente información sobre los gastos e ingresos del Gobierno para que la ciudadanía pueda evaluar las decisiones financieras y emitir su juicio crítico en cuanto a los costos y beneficios sociales que dicen crear.

Cuando los elementos de la transparencia y la rendición de cuentas están presentes en la gestión gubernamental podemos fiscalizar las funciones públicas y proponer políticas que promuevan el desarrollo económico en nuestro país.

Cuentas claras conservan buen gobierno. Infórmate. Comparte. Actúa.

__________
Referencias:

1.http://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/Transparency-Guide-2-Tax-Expenditures-Spanish.pdf
2. http://www.cbpp.org/sites/default/files/atoms/files/5-11-11sfp.pdf
3. State of Oregon 2011-2013 Tax Expenditure Report, p. 76.

Y es que más atinada no puede ser tal declaración. En estos tiempos de crisis fiscal y bancarrota financiera, donde la corrupción amenaza el más mínimo destello de democracia, el derecho al acceso a la información pública se  convierte  en principio medular de la encomienda de los próximos líderes del país.

Entre las principales causas que provocan la corrupción, y por ende, las crisis económicas, políticas y sociales, destacan la falta de principios éticos y de una cultura de transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública.

En países en vías de desarrollo, como lo es Puerto Rico, si no se establecen mecanismos de control eficaz y riguroso sobre el gasto público, existe un riesgo altísimo de que los cargos políticos se dejen seducir por prácticas cleptocráticas.

Así por ejemplo, no nos debe sorprender que Puerto Rico se haya “colgado” en transparencia al obtener 2 puntos de un total de 12 puntos posibles en el informe del 2014 del Open Government Partnership, ocupando un nivel inferior al de Afganistán, cuya puntuación fue 9 de 12 puntos. Dicha “colgá” pone en evidencia la carencia de  iniciativas gubernamentales para promover la transparencia y fortalecer los principios de buena gobernanza y gobierno abierto, y demuestra la indiferencia crasa existente para  elaborar un serio compromiso anticorrupción que erradique de una vez y por todas las conductas deshonradas y fraudulentas.

Queremos  recobrar la credibilidad y confianza en el gobierno y sus funcionarios. Por eso, en Espacios Abiertos nos proponemos, capacitar a la gente para fomentar la participación colectiva efectiva en los procesos gubernamentales que se están llevando a cabo “a oscuras” y así garantizar el buen funcionamiento de nuestro gobierno. De ese modo,  de cara a las elecciones de este año, nuestro Pueblo estará mejor informado para tomar las decisiones que tiene que tomar en ruta hacia la reconstrucción de Puerto Rico.

Del mismo modo, Espacios Abiertos asume la responsabilidad de escudriñar y monitorear minuciosamente las acciones de nuestros funcionarios públicos, quienes a través de nuestros votos vienen obligados a rendirnos cuentas claras por su gestión o falta de acción. No seremos meros espectadores. Queremos involucrarnos a través de debates abiertos basados en la elaboración de políticas públicas transparentes.

El tener acceso a la información es un DERECHO HUMANO que,  en una democracia,  no queda a discreción de gobierno alguno el concederlo.  Dentro de la presente crisis, la voluntad de definir e implantar a cabalidad los principios de transparencia y rendición de cuentas es más que una prioridad, tiene que  ser la  ambición de nuestro Pueblo. En Espacios Abiertos hacemos votos por que así sea.

La crisis económica ha puesto al descubierto la urgente necesidad de que el Gobierno adopte mecanismos efectivos que aseguren la estabilidad financiera y generen un desarrollo político y social sustentable, competitivo y próspero. Del mismo modo, resulta de suma importancia que la ciudadanía ejerza presión, mediante la participación y la colaboración, para promover la formulación de políticas públicas y toma de decisiones gubernamentales transparentes que alienten el uso prudente de los recursos fiscales, así como promocionar mecanismos efectivos que faciliten el acceso a la información pública. Sí, hago énfasis en la palabra “pública”, pues nuestro gobierno olvida con frecuencia que el derecho al acceso a la información es de naturaleza fundamental y solo hay pocas excepciones que justifiquen la confidencialidad. En un día tan importante como ayer, cuando se reunieron funcionarios con los bonistas discutiendo el futuro financiero de Puerto Rico, es menester que se provea información pertinente sobre estas compañías y cuáles son los intereses que motivan asegurar sus respectivas ganancias.

Este clima de desconfianza, incertidumbre y secretismo debe terminar. Puerto Rico adolece de mecanismos formales y coherentes de transparencia y rendición de cuentas que obliguen a los funcionarios a revelar información importante sobre la gestión gubernamental y sus resultados. Es hora de enaltecer los principios básicos a favor del acceso a la información pública y, como ciudadanos alertas y responsables, establecer los parámetros en la adopción de políticas públicas sensatas que permitan encarar con seriedad las reformas gubernamentales necesarias.

La renegociación de los términos de pago de la deuda es un asunto trascendental que nos compete a todos. Al fin y al cabo, nosotros somos quienes pagamos esa deuda y, como mínimo, debemos comprometernos a unirnos y exigir un gobierno abierto, transparente y accesible. Es lamentable que haya que acudir a las instancias judiciales para reclamar nuestro derecho, pero felicitamos al Centro de Periodismo Investigativo, miembro directivo de Espacios Abiertos, así como a la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) por su continuo respaldo en esta necesaria gestión. Reconocemos que ASPPRO, junto a Sin Comillas, han colaborado en la batalla por la transparencia y el acceso a la información pública, logrando entre muchas otras victorias, la publicación del Informe KPMG sobre la reforma contributiva. En Espacios Abiertos, nuestra meta es lograr que, en un futuro cercano, el Gobierno, por iniciativa propia, nos brinde esta información de forma oportuna, rápida y confiable.