To access the full report authored by Martín Guzman and Daniel Santamaria-Ots, in its English version, click here.

Excerpt from Espacios Abiertos Policy Report: Overview of Puerto Rico’s Recent Fiscal, Debt, and Growth Policies

“Puerto Rico’s main challenge is finding a way to finally escape from a destabilizing economic dynamic that has featured a long-lasting economic decline and a crisis of population outmigration. The unsustainable debt burdens had contributed to that dynamic. The debt restructurings were based on controversial assumptions about the effects of fiscal policies and structural reforms on GNP growth and about the global economic environment; some, if not all, of these assumptions, are already obsolete. While debt will surely merit more attention soon, the most pressing urgency is articulating a growth strategy that delivers a chance for prosperity, consistent with the financing constraints that the Island faces. The role
of the state will be critical. The question of what fiscal consolidation is consistent with a prosperous economy and what set of fiscal and productive policies should be adopted to achieve such a consolidation remains open.

So far, the FOMB’s growth strategy for Puerto Rico can be characterized as a risky bet—with a large downside, as the losses from cutting investments in knowledge and from disinvesting in state capacities are real, while the gains from structural reforms are dubious at best.

In sum, Puerto Rico’s growth strategy must be at the center of the public debate.”

El acuerdo propone un pago fijo mayor, desembolsar más dinero en efectivo, se aumenta el término de los años a pagar, y conlleva hacer más emisiones que en la propuesta de octubre 

San Juan, Puerto Rico (miércoles, 24 de febrero de 2021) — El acuerdo con los bonistas implica que Puerto Rico tendría un pago fijo anual mayor, desembolsar más dinero en efectivo y pagar por más años que en la propuesta de octubre. De manera, que se mantiene el escenario de la propia Junta de Supervisión Fiscal de que el gobierno se quedará sin efectivo en o antes de 2029 y conllevaría hacer más ajustes fiscales, expresó el analista sénior de Política Pública de Espacios Abiertos, Daniel Santamaría Ots.

El economista explicó que el acuerdo con bonistas (PSA, por sus siglas en inglés) de Obligaciones Generales (GOs) y de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) anunciado por la Junta  (ver tabla comparativa) establece un pago en efectivo inicial de $7,024 millones, si se compara con la propuesta de octubre de pagar $5,983 millones, que representa un incremento de $1,041 millones. En cuanto a la cantidad del pago fijo anual a pagar, hay un aumento de $100 millones. Anteriormente, se contemplaba un pago fijo de $1,050 millones y la nueva propuesta establece que sea de $1,150 millones.

Otra diferencia es que el nuevo acuerdo conlleva un término de tiempo para pagar que es cinco años mayor que el anterior, ya que ahora se dispone que serán 25 años, o sea hasta el año 2046, antes era de 20 años.

Afirmó que “también se contempla hacer mayor emisión de bonos de obligación general porque en octubre era de $4,980 millones y ahora es de $6,683 millones, una diferencia de $1,703 millones. Con respecto a la nueva emisión de bonos de apreciación de capital, en octubre la propuesta era de cero, lo anunciado ayer establece que será de $730 millones con un valor de vencimiento de $1,066 millones, un aumento de $730 millones”.

Mientras, el límite máximo anual del Instrumento de Valoración Contingente (CVI) relacionado a los recaudos del IVU es también mayor. En octubre era de $50 millones por año y ahora es de $200 millones a $400 millones anuales, un incremento que va de $150 millones a $350 millones por año. Sería también más alto el límite total del CVI. Antes se proponían de $1,000 millones y, en la actualidad, $3,500 millones, que representa una diferencia de $2,500 millones. El plazo del CVI en octubre era de 20 años y el presente acuerdo es de 22 años, dos años adicionales. 

Santamaría Ots puntualizó que en febrero de 2020 la Junta propuso pagar $1,472 millones anuales y la propuesta actual—si se activa el CVI porque Puerto Rico supera los recaudos del IVU proyectados en el acuerdo—los contribuyentes de Puerto Rico podrían pagar a los bonistas desde $1,350 millones (si el CVI es de $200 millones) hasta $1,550 millones (el CVI podría ascender hasta $400 millones si se acumulan cantidades no utilizadas de años anteriores).

“Lo que se mantiene constante con este nuevo acuerdo, son las propias proyecciones de la Junta de que en un escenario base, Puerto Rico se quedaría sin dinero para operar el gobierno en o antes del 2029. Eso implica que en los próximos ocho años, se tendrán que hacer más ajustes fiscales para cumplir con el pago de la deuda y poder operar el gobierno”, declaró Santamaría Ots.

“Antes de comprometer al pueblo de Puerto Rico a un pago de deuda por 25 años, urge que la Junta haga desde ahora las nuevas proyecciones macroeconómicas, y que se publique y certifique un  plan fiscal actualizado. Es imperativo que la Junta hable claro sobre los ajustes que en menos de ocho años el gobierno requerirá hacer para dar continuidad a la operación de sus servicios, toda vez que los ahorros proyectados de las reformas estructurales, según la propia Junta, no serán suficientes para cubrir el pago de deuda y la operación gubernamental”, precisó el economista.

Recordó que este escenario base se fundamenta en proyecciones optimistas de obtener $8,976 millones de ahorros en 10 años mediante las reformas estructurales y las proyecciones conservadoras de la contracción de la economía debido a las medidas de austeridad que propone la Junta (ver anejos).

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El juego de las sillas musicales trae recuerdos y se asemeja a la actualidad de la Isla. La clase política nos tiene bailando entre planes, presupuestos y proyectos sin darnos cuenta que poco a poco la música va parando y nos vamos quedando sin sillas, o lo que es lo mismo, sin País.

Desde octubre de 2016, los gobiernos de turno (sin importar afiliación política) y la Junta de Supervisión Fiscal nos han entretenido bailando al son del cambio de planes fiscales,  presupuestos y proyectos. El gobierno ha publicado infinidad de planes fiscales desde el 2016. De estos se han certificado seis: el 3 de marzo de 2017; el 19 de abril de 2018; el 30 de mayo; el 29 de junio de 2018; el 23 octubre de 2018; y recientemente el 9 de mayo de 2019.

Entendemos que después de los huracanes Irma y María había que revisar el Plan Fiscal para atemperarlo a la situación fiscal, pero ¿teníamos que publicar dos en el 2018 y uno más este año? Cada cambio nos da menos claridad sobre la situación fiscal y menos certeza sobre el futuro económico y social de la Isla. Para prueba, sólo tocar una nota musical basta.

En el plan fiscal certificado por la Junta el 19 de abril de 2018, el Gobierno de Puerto Rico proyectó que para el año fiscal 2019 la economía de Puerto Rico iba a tener un crecimiento del 5.9%. El 23 de octubre de ese mismo año la proyección aumentó a 7.9%. En el último plan fiscal certificado del 9 de mayo de 2019, el Gobierno proyectó que para el año fiscal 2019 la economía crecería un 4.0%.  A todos estos cambios, se pueden añadir otros como el dinero de ayudas federales posdesastre que se proyecta recibir y cambios en la población de la Isla. Esperaremos que se acabe el año fiscal para ver si las proyecciones se cumplen.

Mientras tanto, nos preguntamos: ¿cuánto nos cuesta hacer cada uno de esos informes? ¿cuánto realmente va a crecer la economía de Puerto Rico para el año fiscal 2019? ¿cómo podemos llegar a acuerdos sobre la deuda y el presupuesto si proyecciones como éstas siguen cambiando de manera constante? Recordemos que se han negociado acuerdos de reestructuración de deuda pública, como por ejemplo el de COFINA, utilizando cada uno de estos planes fiscales. En el momento actual en que se discute el futuro económico y social de Puerto Rico, no podemos tomar decisiones a ciegas. Necesitamos un plan, estadísticas, estados financieros actualizados y proyecciones confiables presentadas de forma transparente que sirvan como hoja de ruta de lo que queremos como sociedad.

Recientemente, una colega solicitó un préstamo personal a una institución financiera. En el proceso, le pidieron los últimos dos talonarios de su salario, una factura de agua o luz y un documento certificando que estaba empleada. Finalmente, cumplió con todos los requisitos y le aprobaron el préstamo. Este tipo de procesos, aunque tediosos, son necesarios para asegurar tanto la sostenibilidad financiera del solicitante del préstamo como del banco. Estos mismos procesos, son los que el Gobierno de Puerto Rico y la Junta de Supervisión Fiscal obvian a la hora de certificar los planes fiscales y negociar la deuda pública de Puerto Rico.

¿Cómo se explica que la Junta de Supervisión Fiscal certifique el Plan Fiscal del Gobierno de Puerto Rico sin tener la día los estados financieros auditados? Los estados financieros son informes que verifican la situación financiera en la que se encuentra una empresa u organismo público. Estos generalmente se producen anualmente. Cuando son auditados, son examinados y certificados por una entidad de auditoría y contabilidad externa a la entidad auditada. El 3 de mayo de 2019, el Gobierno de Puerto Rico publicó los estados financieros auditados del año fiscal 2015-2016. Eso significa que están certificando planes fiscales y pactando acuerdos sobre la reestructuración de la deuda pública del país sin tener en consideración una evaluación confiable de la actual situación fiscal y financiera de Puerto Rico. Eso es como si usted le llevara los talonarios de hace dos años al banco para pedir hoy un préstamo o renegociar la deuda de su casa.

La firma de auditoría y contabilidad que hizo los estados financieros auditados del año fiscal 2015-2016, KMPG LLC, emitió una opinión mixta sobre las actividades del gobierno. Esto significa que el gobierno, o bien no cumplió con todos los estándares de contabilidad en ese año en algunas de sus agencias gubernamentales y corporaciones públicas, o bien no les brindó toda la información para hacer dicha auditoría. Aunque el gobierno actual no es responsable de lo que financieramente pasó en el año fiscal 2015-2016, sí es responsable de asegurarse que los estados financieros estén al día y de hacer pactos de pagos de deuda pública sostenible siempre y cuando tenga la información financiera más reciente. ¿Usted cree que su cooperativa le prestaría dinero para comprar una casa sin tener en cuenta su estado financiero actual? ¿Usted piensa que el síndico que está a cargo de la quiebra de su vecino le daría un alivio de los acreedores sin conocer los ingresos y gastos que ha tenido en los últimos años? Necesitamos transparencia sobre que se ha hecho con el dinero público a través de los años. Sólo así podremos renegociar la deuda pública de manera justa y equitativa y podremos adjudicar dinero a los servicios esenciales que tanto necesita la población del país.

Algo en lo que coinciden la Junta y el Gobierno:
en que a ninguno le conviene definir los servicios públicos esenciales.

PROMESA hace responsable a la Junta de aprobar planes fiscales que aseguren los servicios públicos esenciales y para el 2017 la Junta le pedía al Gobernador que se definieran los servicios esenciales de cara a la formulación del presupuesto.

Dos años después la historia es diferente. El propio Plan Fiscal certificado por la Junta recientemente, no los define ni los menciona. Igual pasa con el Presupuesto.

Para el próximo año fiscal se contempla un gasto gubernamental de $26,124 millones según el Presupuesto Consolidado Recomendado ($9,527M son rentas e ingresos del Fondo General, $7,856M ingresos de fondos estatales especiales y $8,741M aportaciones de fondos federales). Ahora, tanto la Junta como el Gobierno, insisten en no definir lo que son los servicios esenciales.

Ante la ausencia de políticas públicas bien articuladas, la ambigüedad y falta de precisión sobre los servicios públicos esenciales dan paso a “interpretaciones” subjetivas, a decisiones fragmentadas, acomodaticias y hasta arbitrarias, que resultan inclusive en más gasto y en poco o ningún beneficio para la ciudadanía. Y para muestra, un botón basta…

La indefinición de lo esencial y prioritario nos cuesta.

#Transparencia #CuentasClaras