¿Estás listo o lista para ejercer tu derecho?

Si no estás inscrito para votar, tienes hasta el 21 de septiembre para hacerlo.  Visita personalmente una Junta de Inscripción Permanente o hazlo en línea (mivotopr.com).

Participar en la elección de las personas que nos representan es nuestro derecho, hacerlo informados es nuestro deber.  QuienMeRepresentaPR.com te muestra el universo de candidatos y candidatas que se presentan a la elección el próximo mes de noviembre, más de 3,000.  Accede la página y busca quiénes aspiran a representarte.

La propuesta para la descentralización del Departamento de Educación, además de ser una apuesta a una nueva gobernanza para mejor inversión de los recursos, atenderá el déficit democrático que tiene Puerto Rico.  Dentro de nuestra realidad política pocas veces tenemos una oportunidad de adelantar ambas cosas.  La ventana de oportunidad que se abrió en el 2021 con la designación de un secretario de educación federal boricua, está próxima a cerrarse y tenemos que tomar decisiones. O apretamos el paso sin miedo hacia un nuevo camino o cerramos la puerta y tiramos la llave.

Y será responsabilidad de todos.  El tiempo apremia, sea por la cercanía de las elecciones, la inminencia de cambio en el ejecutivo local en cuestión de meses o sencillamente porque en agosto inicia un nuevo curso escolar.  Lo cierto es que ha sido mucho lo que hemos esperado, estudiantes, comunidad escolar y país, – ahora hasta gobierno federal- para lograr la descentralización y, reducir la politización en el departamento. Con la ayuda del secretario federal Miguel Cardona el adelanto ha sido único y hay que reconocerlo.

Nos encontramos en una coyuntura que tiene dos vertientes, o exploramos y afinamos lo nuevo o nos quedamos con lo que tenemos.  Y digo nos, porque este proyecto es de todos, tengamos o no tengamos hijos en el sistema público. Si creemos en un Puerto Rico próspero debemos ocuparnos.  Confiemos en la sabiduría de nuestras comunidades.  Por un lado, ya sabemos el rédito de lo que tenemos, por el otro está la oportunidad de una ciudadanía con participación activa y un gobierno abierto.  Ambas opciones están a nuestro alcance, con nuestra acción o inacción decidiremos qué ruta escogemos.  Mientras unos abogan por mantener el status quo, otros nos enfocamos en gestar cambios sistémicos.

Recientemente el secretario de educación federal estuvo en Puerto Rico.  Tanto él desde la capital federal como la gente en Puerto Rico tenemos claro que los estudiantes de escuelas públicas en Puerto Rico merecen más de lo que reciben. Más allá de llenar nuestros ojos con los millones que regularmente anuncian los funcionarios federales en sus visitas, Cardona durante su incumbencia, además de asegurar una impresionante cantidad de fondos para las escuelas de Puerto Rico, también ha viabilizado la posibilidad de una nueva gobernanza para el sistema público.  Una gobernanza que apuesta a que la toma de decisiones resida en la gente, en la comunidad escolar, en los que financiamos la educación pública con nuestras contribuciones.  Una gobernanza que centre en el desarrollo del estudiante y la inversión en su instrucción.  Durante su visita Cardona expresó frustración por los retos que ha enfrentado el proyecto IDEAR, pero como pedagogo y buen boricua no dudó en inspirarnos a dar la milla extra para llegar a la meta, la descentralización.  La que es de verdad, la que necesitamos que brote del cultivo en la base, no de su imposición por implante.  La que necesitamos tome forma concreta, más allá de las palabras.  La que se respira, no la que ahoga.

Es ley de Física que no hay movimiento sin fricción. Es tiempo de ejecución en lo que respecta a Educación. Procuremos escuchar, calibrar, atender y entendernos unos con otros. Tomemos nota de que una “renuncia” es una forma elegante de denuncia, y que para hacer una aportación constructiva no se requiere un emolumento económico sino una ciudadanía activa y la vocación de servir para el bien común.

Más allá de las etiquetas que rápidamente asignamos a unos y otros, tú que nos lees, ¿dónde estás? ¿cómo puedes aportar?

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Esta columna de opinión de la autoría de Cecille Blondet, Directora Ejecutiva de EA fue publicada en la versión digital de El Nuevo Día el 20 de junio de 2024 y en la versión impresa del periódico el 21 de junio de 2024.

En el marco del Data Innovation Symposium en el Centro de Convenciones de San Juan, un evento que reunió a figuras del campo de la innovación de datos, se presentaron Microjuris y Espacios Abiertos para hablar del camino —complejo y gratificante— para que los datos sean útiles y sirvan para promover la participación cívica en Puerto Rico.

Dentro de la conferencia, se presentaron tres líderes que compartieron sus perspectivas y experiencias desde Microjuris y Espacios Abiertos. Se trató de la licenciada Ataveyra Medina Hernández, Principal Oficial Ejecutiva (CEO, en inglés) de Microjuris, Cecille Blondet-Passalacqua, directora ejecutiva de Espacios Abiertos, y Juan Eugenio Rodríguez, la primera persona en ocupar el cargo de Principal Oficial de Informática (CIO, en inglés) del gobierno de Puerto Rico.

La licenciada Medina explicó el rol que tienen empresas como Microjuris en la organización de datos públicos, como leyes y reglamentos, y la necesidad de la acción humana en este proceso para que efectivamente estos datos sirvan para la participación cívica y democrática.  La abogada puntualizó que Microjuris se encarga de transformar los datos jurídicos para que puedan ser de utilidad —no solo para bufetes— sino para otros grupos como pueden serlo las organizaciones sin fines de lucro, compañías privadas, cooperativas, analistas de política pública y grupos de recursos humanos.

Blondet-Passalacqua, una abogada que se aventuró en el mundo de las soluciones digitales, compartió sus experiencias al trabajar en el análisis fiscal dentro de Espacios Abiertos. Subrayó la necesidad de no solo proporcionar información fiscal, sino también de generar compromiso y participación por parte del público a través de los datos.

Rodríguez destacó la importancia de utilizar los datos gubernamentales para abordar los problemas y desafíos que enfrenta el gobierno. Además, puntualizó que los datos son una herramienta fundamental para la toma de decisiones eficaces.

La conferencia subrayó la importancia de utilizar datos para diseñar interfaces de usuario adecuadas y accesibles, con el objetivo de facilitar la interacción de los profesionales con los datos y, en última instancia, fomentar un mayor compromiso ciudadano.

La presentación resaltó que, a menudo, los datos públicos se reciben en diversos formatos, como PDF o Word, y que requieren una transformación para que sean útiles a la ciudadanía y a las organizaciones.  A palabras de Medina Hernández, esto implica un trabajo editorial minucioso y una coordinación interna para garantizar la accesibilidad y utilidad de los datos.

Además, se enfatizó la importancia de agregar valor a la información pública, incluyendo capas de información interpretada y análisis, como en la actualidad hace Microjuris en herramientas como el de eLegislativo.

La conferencia dejó una pregunta en el aire: ¿Cómo hacemos que los datos sean más utilizables? Una cuestión importante que seguirá siendo discutida en futuros eventos.

La nueva casa de Espacios Abiertos en Río Piedras propone convertirse en un concentrador de energía para cambio sistémico sobre las bases de gobierno abierto: acceso a información y transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.

A seis (6) años de la ley PROMESA, el saldo sigue siendo la merma en la discusión y deliberación del presupuesto anual, que se centra en un intercambio de planes, cartas y certificaciones entre el gobierno y la Junta. El resultado es que las determinaciones sobre el presupuesto del país se discuten en negociaciones y reuniones que no son públicas, mientras que las decisiones las toman personas que no fueron electas para representar al pueblo y responden a otros intereses. Este déficit democrático priva a los ciudadanos de su derecho a saber y a participar en las decisiones que toma el gobierno y que impactan su diario vivir. 

Este año, entre marzo y junio, la Legislatura celebró 13 vistas públicas en las que sólo tuvieron participación las agencias gubernamentales. (Según se desprende del Sistema Único de Trámite Legislativo de la Oficina de Servicios Legislativos (SUTRA)  https://sutra.oslpr.org/osl/esutra/MedidaReg.aspx?rid=140878)

En ese limitado periodo de tiempo, y ante la situación fiscal que vive el país, la Asamblea Legislativa tiene que evaluar una medida compleja que establece la distribución de las partidas del presupuesto consolidado anual de Puerto Rico que, para el año fiscal 2023, sobrepasa los $28,000 millones.

La imposición de la ley PROMESA ha representado un retroceso en la discusión del presupuesto en Puerto Rico. Un proceso que ya de por sí es complejo e intimidante para los ciudadanos que desean participar, se ha tornado aún más inaccesible en los últimos años. Cuando tendríamos que movernos a desarrollar procesos más democráticos y participativos acorde con muchos otros países y estados, nos dirigimos hacia el lado opuesto. La prevaleciente falta de transparencia y limitada participación presupuestaria quedaron evidenciadas nuevamente este año.  

Si la Junta de Supervisión Fiscal va a imponer un presupuesto diseñado y certificado por personas que no fueron electas ni le responden al pueblo de Puerto Rico, lo mínimo que debe asegurar es que sea un proceso participativo y abierto al público. Pero es todo lo contrario.  

Según hemos destacado anteriormente, al comparar el proceso presupuestario con otras jurisdicciones de los Estados Unidos, notamos que 46 de los 50 estados y el Distrito de Columbia, tienen más de tres meses (90 días) de discusión de sus presupuestos, y hay 19 de éstos que tienen 5 meses o más.  Además, en más de la mitad de los Estados Unidos (27 estados ó 54%) el proceso de presupuesto incluye vistas ciudadanas, mientras que en Puerto Rico los ciudadanos no pueden participar directamente en las vistas públicas de presupuesto.

Existen diferentes mecanismos para que los ciudadanos participen e incidan en las decisiones del país de manera activa. En Estados Unidos, así como en varios países de Europa y en Latinoamérica los gobiernos han implementado prácticas participativas como presupuestos participativos, en los cuales los ciudadanos tienen un espacio de incidencia y pueden opinar sobre qué se hace con su dinero. También es importante que haya espacios para que las personas expresen sus ideas sobre lo que el gobierno de turno está proponiendo mediante el presupuesto, como ocurre con las vistas ciudadanas que se celebran en varias jurisdicciones de los Estados Unidos.  Es imperativo mirar las mejores prácticas de otros lugares y gobiernos para poder ser más inclusivos y asertivos a la hora de decidir lo que se hace con el dinero público. 

Lograr una participación efectiva en el presupuesto requiere que le preceda un marco jurídico que fomente la transparencia gubernamental y la rendición de cuentas. Para que la participación ciudadana y de nuestros funcionarios electos no resulte en un ejercicio simbólico y fútil, tiene que haber acceso a información pública de manera transparente y proactiva.

Tabla 1

Días entre radicación y aprobación del presupuesto

Tabla 2

Vistas públicas entre radicación y aprobación del presupuesto