Espacios Abiertos (EA) report reveals lack of transparency and billionaire expenses in consultancy by the Fiscal Oversight Board (FOMB)

EA questions the Board’s refusal to disclose the data that has informed the restructuring process and that it has been paid for with public money.

(San Juan – August 22, 2023) – During the period from 2017 to 2023, the Fiscal Oversight Board (FOMB) has spent over $1.5 billion in advisory and consulting services associated with the restructuring of Puerto Rico’s debt.  According to a report by Espacios Abiertos, the amount spent by the FOMB in seven years is far from the $370 million that Congress estimated in 2016 as the cost on legal, financial advice, and administrative fees to be spent over a decade for the debt restructuring process in Puerto Rico.

The report titled Their Advisers, Your Money: The Lack of Access to the Data that Has Informed the Restructuring in Puerto Rico and authored by Wilmarí de Jesús Álvarez, a policy analyst at Espacios Abiertos, gives visibility to the extraordinary expense in consultants required by the Fiscal Oversight Board and the Title III court. Upon review of the Board’s monthly and annual reports, the court’s docket, and the Fee Examiner reports, Espacios Abiertos identified, as of June 18, 2023, a total expense incurred of $1,500,353,160.

“At a time when the Board refuses to publish the raw data that was the basis for the Certified Fiscal Plans, as well as for the various debt adjustment agreements, EA highlights the expenses incurred from the pocket of the Puerto Ricans. Some 54 documents and hundreds of pages of references to reports, invoices for services rendered, contracts, invoices from the Fee Examiner, and other documents reveal what the people of Puerto Rico have paid to the consultants and advisors of the Board,” said the Executive Director of Espacios Abiertos, Cecille Blondet, while reiterating their demand to the Board to publish the requested information, which is public information, and alerting Congress to take action if the Board does not do so.

On the other hand, de Jesús Álvarez, author of the report, also questioned the transparency of the Board by highlighting that: “In its most recent annual report, the Board chose not to mention the total expenses that the restructuring of the public debt has represented up to date. In addition, the Board continues its established pattern of lack of full accountability, when it leaves out detail to 40% of the almost $300 million it has directly paid to consultants”.

In contrast, while the Board fails to report its disbursements fully, the data obtained from the court’s docket regarding disbursements made through the court (a total of $1,192,798,602) is more complete and detailed. This detail offers the opportunity to visualize the total disbursed by the court per case, per agent, and per type of service. Of this total, the five (5) main lawsuits under PROMESA have represented disbursements to consultants, advisers, and lawyers, by case, in the following percentages: the Commonwealth of Puerto Rico (72.98%), Puerto Rico Electric Power Authority (15.18%), Puerto Rico Sales Tax Financing Corporation (5.27 %), Highways and Transportation Authority (3.44%), Employee Retirement System (3.07%) and Public Buildings Authority (0.06%).  In addition, it was possible to classify the expense per service according to seven (7) categories of contracted services: legal advisors, financial advisors, consultants, strategic consultants, communication services, mediation, and administrative expenses. The highest expense among these categories corresponds to legal services (44.20%). While financial advisory and consulting firms represent 32.19% and 21.47% of spending, respectively. Leading the list in order of billing is McKinsey & Company and the law firm Proskauer Rose, followed by Ernst & Young (firm that recruited former Board CEO Natalie Jaresko), O’Melveny & Myers, and CITI Group (See graph in Annexes).

Espacios Abiertos’ Report also highlights that of a total of $1,220,029,476 in invoices submitted by consultants to the court for payment, the Fee Examiner­–in charge of supervising and auditing the billing of advisory services prior to their payment–only recommended the disbursement of $1,192,798,602, which constitutes a difference of $27,230,873 or 2.2% less than what was invoiced.

“The bankruptcy process that the United States Congress led through PROMESA, and that the Board and the Court execute by virtue of said law, should guarantee lessons learned to the people of Puerto Rico and its institutions. This requires that both the representatives elected by the citizens and the rest of civil society have timely access to a minimum of documents, which are not restricted solely to reports and spreadsheets. But to all the documents used and prepared by experts and advisors. Knowledge and information for which the people of Puerto Rico have paid more than $1.5 billion. The transfer of knowledge to our public institutions should be a non-negotiable priority if we want to prevent Puerto Rico from entering a cycle of over dependence on private consultants. It is imperative to eliminate the parasitic relationship with the state and promote a symbiotic one where we train our public entities so that all benefit,” concluded the report by Espacios Abiertos.

Link to Policy Brief: Their Advisors, Your Money: Lack of Access to the Data that Informed the Restructuring Process in Puerto Rico (August 2023)

Columna de opinión por Daniel Santamaría-Ots, Director de Investigación y Analista Senior de Espacios Abiertos.  Una versión más corta de esta columna fue publicada en la versión digital de El Nuevo Día, lunes 4 de septiembre de 2023.

En esta época de huracanes, ¿se imaginan que los avisos de tormenta llegaran antes intencionalmente a ciertas comunidades y no a otras?, ¿se imaginan además que las que recibieran la información en último lugar fueran precisamente las más impactadas por el evento meteorológico? Pues bien, eso mismo es lo que ha ocurrido durante todo el proceso de la tormentosa reestructuración de la deuda pública en Puerto Rico y con las tres enmiendas del plan de ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica: la información solo llega y privilegia a quien toma las decisiones mientras incapacita a quien paga la cuenta y sufre sus consecuencias.

Antes de entrar en el detalle del proceso de la AEE, es importante destacar la opacidad del proceso de reestructuración global que ya dura más de siete años. En junio de 2023, Espacios Abiertos hizo una petición de información a la Junta de Control Fiscal para identificar el gasto en consultores y asesores, cuya cuenta pagamos todas y todos, pero la Junta se negó a abrir sus libros. Mientras el pueblo paga una factura de más de $1,500 millones -multiplicando por cuatro los $370 millones proyectados por el Congreso de los Estados Unidos y lo que la misma Junta estimó en su primer plan fiscal en 2017, según pudo identificar y denunciar Espacios Abiertos a través de su más reciente investigación de la autoría de Wilmarí de Jesús- la Junta argumenta ahora que no le toca rendir cuentas al pueblo de Puerto Rico. Espacios Abiertos solicitó la información que la Junta utilizó de base principal para sustentar sus proyecciones de ahorros para pagar la deuda, es decir, los cálculos que sus consultores producen para justificar las políticas de austeridad y las reformas estructurales que afectarán nuestras vidas por las próximas décadas. La respuesta de la Junta fue un rotundo no.

Es importante reconocer también que tanto la mala gestión gubernamental como la falta de transparencia fiscal de los organismos electos locales contribuyeron en gran medida a la quiebra de Puerto Rico. No obstante, no es menos cierto que el mismo organismo que vino a imponer disciplina fiscal y a exigir transparencia al gobierno sobrepasa irónicamente en un 400% los gastos para lograr su cometido, negándose además a ser transparente con los gastos en consultores y asesores que en cambio paga el pueblo. Desde Espacios Abiertos, nos surgen varias preguntas. ¿Qué podría justificar que la Junta cometa exactamente los mismos excesos que supuestamente ha venido a resolver?, ¿qué creen que hubiera ocurrido si la cuenta la hubiera pagado el Tesoro de los Estados Unidos?, ¿cuántas comisiones de investigación ya se hubieran abierto en el Congreso para pedir explicaciones a ejecutivos y miembros de la Junta de Control Fiscal anteriores y actuales? Y, por último, ¿qué reacción debería merecer este escenario de parte de nuestros representantes electos?

Ya vemos cómo la Junta opera, pero veamos qué exactamente está produciendo. Para poner las cosas en contexto, debemos remontarnos a 2018 cuando estudios académicos del más alto nivel, como los producidos por Espacios Abiertos, entre otras organizaciones, ya proponían un recorte de hasta el 80% para que el pago de la deuda fuera sostenible. Por aquel entonces, la Junta, entre otras voces, consideró que ese recorte era exagerado y proyectó los ahorros que supuestamente permitirían ese menor recorte. Nosotros advertimos del desmesurado optimismo de sus cálculos dejando que el tiempo quitara y diera razones a quien correspondiera. La convicción de la Junta fue tal que llevó a acciones tan cuestionables como, por ejemplo, renunciar a litigar la deuda que tenía claros indicios de inconstitucionalidad en sus emisiones y a garantizar los ahorros que tanta falta nos hacen hoy en día. No obstante, ¿qué nos dicen ahora los datos después de nueve planes fiscales certificados y $1,500 millones en asesores? Sus propios planes rectifican sus cálculos a la baja año tras año y siempre se encuentra una excusa para aplazar la fecha de inicio de esos supuestos ahorros. Recordemos sus datos: en el plan fiscal de 2018, proyectaron que para 2023 tendríamos ahorros acumulativos de las reformas estructurales que aumentarían el Producto Nacional Bruto (PNB) en un 1.80%. En el siguiente plan lo rebajaron a 1.25%, luego lo bajaron a 0.95%, al otro año al 0.70%, al siguiente al 0.30% y, en el último, al 0.10%. Es decir, pasaron de decir en su primer plan fiscal que sus políticas generarían $90,000 millones a decir en su último plan que serían $5,000 millones. Hasta el momento, los ahorros suman cero. Sí, cero. Cabe preguntarse entonces, ¿hasta cuándo debemos esperar para que muestren sus análisis?

Para consuelo de pocos, el mismo proceso se refleja en la reestructuración de la deuda de la AEE, que representa un modelo a escala de la reestructuración general. De ese modo, la Junta pasó de proponer un recorte del 22.5% para gran parte de los bonos de la AEE en 2019, a un recorte del 50% en febrero de 2023 y, finalmente, un recorte del 80% en agosto de 2023 con un cargo heredado de $8.7 mensuales en promedio más dos instrumentos de valoración contingente (CVI, por sus siglas en inglés).

Ahora que no les salen los números, están tratando de pisar el acelerador, cosa que ha provocado la salida de uno de sus miembros, cuya trayectoria anterior define a quien realmente siempre ha defendido. Mientras antiguos miembros de la Junta hoy disfrutan del juego de las puertas giratorias, el pueblo de Puerto Rico se mantiene a oscuras y pagando la factura. Un consejo, y gratuito, a la Junta: sean transparentes y rindan cuentas al pueblo publicando todos los datos y los criterios que realmente fundamentan las conclusiones de sus análisis.

Durante el periodo de 2017 al 2023 la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha gastado sobre $1,500 millones en servicios de asesoría y consultoría asociados a la reestructuración de la deuda de Puerto Rico. Dicha cantidad ha sido desembolsada en cuestión de siete años y dista bastante de los $370 millones que estimó el Congreso en 2016 que Puerto Rico gastaría en asesoría legal y financiera y de administración de la Junta de Supervisión Fiscal durante una década.

La investigación titulada Sus asesores, tus chavos: falta de acceso a los datos que han informado la reestructuración en Puerto Rico realizada por Wilmarí de Jesús Álvarez, analista de Política Pública de Espacios Abiertos,  transparenta cómo se ha distribuido, hasta el presente, el extraordinario gasto en asesoría profesional que han requerido la Junta de Supervisión Fiscal y el Tribunal Federal.

El gasto total al 18 de junio de 2023 suma $1,500,353,160 entre lo reportado en los informes anuales y mensuales de la Junta, lo publicado por el tribunal federal y los gastos reportados por el Oficial Examinador.

En el informe EA cuestiona la transparencia de la Junta al destacar que, en su informe anual más reciente, la Junta obvia mencionar el total de gastos que ha representado la reestructuración de la deuda pública, además continúa el patrón de no rendir cuentas claras de todos sus gastos,  dejando sin detallar a quiénes ha pagado el 40% de los casi $300 millones que ésta ha desembolsado directamente a consultores.

En contraste con lo que deja de informar la Junta, los datos obtenidos del tribunal son más completos y detallados. Ese detalle ofrece la oportunidad de visibilizar el total desembolsado por el tribunal ($1,192,798,602.92) por litigio, por agente y por tipo de servicio.  De ese total, los cinco (5) pleitos principales bajo PROMESA han representado desembolsos a consultores, asesores y abogados, que se distribuyen porcentualmente por caso de la siguiente manera: Gobierno Central (72.98%), AEE (15.18%), COFINA (5.27%), ACT (3.44%), Retiro (3.07%) y Edificios Públicos (0.06%).  Además, se pudo clasificar el gasto por servicio según siete (7) categorías de servicios contratados: abogados, asesores financieros, consultores, consultores estratégicos, servicios de comunicación, mediación y gastos administrativos. El gasto mayor entre estas categorías corresponde a servicios legales (44.20%). Mientras que la asesoría financiera y las firmas de consultoría representan el 32.19 % y el 21.47% del gasto, respectivamente. Encabezan la lista en orden de facturación McKinsey & Company y la firma de abogados Proskauer Rose, le siguen Ernst & Young (firma que reclutó a la ex directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko), O’Melveny & Myers, y CITI Group (Ver gráfica).

El Informe también destaca un total de $1,220,029,476 en facturas sometidas por los consultores al tribunal para su pago.  De éstas, el Oficial Examinador -quien está a cargo de supervisar y auditar la facturación de servicios de asesoría previo a su pago- ha recomendado el desembolso de $1,192,798,602. Lo que constituye una diferencia de $27,230,873  ó  2.2% menos de lo facturado.

El proceso de quiebra que encaminó el Congreso de los Estados Unidos a través de PROMESA, y que ejecutan la Junta y el Tribunal en virtud de dicha ley, debería garantizar lecciones aprendidas al pueblo de Puerto Rico y sus instituciones. Esto requiere que tanto las y los representantes electos por la ciudadanía como el resto de la sociedad civil tengamos acceso oportuno a un mínimo de documentos, que no se restringen únicamente a informes y hojas de cálculo. Sino a todos los documentos utilizados y elaborados por expertos y asesores. Conocimiento e información por la que el pueblo de Puerto Rico ha pagado más de $1,500 millones.  La transferencia de conocimiento a nuestras instituciones públicas debe ser una prioridad innegociable si queremos evitar que Puerto Rico entre en un ciclo de dependencia de consultores privados. Resulta imperativo eliminar la relación parasítica con el estado y promover una simbiótica donde capacitemos a nuestros estamentos públicos para que ambas partes resulten beneficiadas.

Acceda el Informe completo en el siguiente enlace:

Informe: Sus asesores, tus chavos: falta de acceso a los datos que han informado la reestructuración en Puerto Rico

EA cuestiona que la Junta se niegue a divulgar los datos que han informado el proceso de reestructuración y que se ha pagado con dinero público

(San Juan – 22 agosto 2023) – Durante el periodo de 2017 al 2023 la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha gastado sobre $1,500 millones en servicios de asesoría y consultoría asociados a la reestructuración de la deuda de Puerto Rico. Según destaca un informe de Espacios Abiertos, dicha cantidad ha sido desembolsada en cuestión de siete años y dista bastante de los $370 millones que estimó el Congreso en 2016 que Puerto Rico gastaría en asesoría legal y financiera y de administración de la Junta de Supervisión Fiscal durante una década.

La investigación titulada Sus asesores, tus chavos: falta de acceso a los datos que han informado la reestructuración en Puerto Rico fue realizada por Wilmarí de Jesús Álvarez, analista de Política Pública de Espacios Abiertos, con el fin de transparentar cómo se ha distribuido, hasta el presente, el extraordinario gasto en asesoría profesional que han requerido la Junta de Supervisión Fiscal y el Tribunal Federal. Espacios Abiertos identificó un gasto total al 18 de junio de 2023 de $1,500,353,160.07 entre lo reportado en los informes anuales y mensuales de la Junta, lo publicado por el tribunal federal y los gastos reportados por el Oficial Examinador.

“En momentos en los que la Junta se rehúsa a publicar los datos crudos que dieron base a los planes fiscales certificados por ésta, así como a los diversos acuerdos de ajustes de deuda aprobados, EA hace acopio del gasto incurrido con cargo al bolsillo de los puertorriqueños. Unos 54 documentos y cientos de páginas de referencia a reportes, facturas de servicios prestados, contratos, facturas del Oficial Examinador y otros documentos develan lo que ha pagado el pueblo de Puerto Rico a los consultores y asesores de la Junta”, señaló la Directora Ejecutiva de Espacios Abiertos, Cecille Blondet, a la vez que reiteró el reclamo a la Junta para que publique la información que se le ha solicitado y alertó al Congreso a tomar acción si la Junta no lo hace.

Por otra parte de Jesús Álvarez, autora del informe también cuestionó la transparencia de la Junta al destacar que: “En su informe anual más reciente, la Junta obvia mencionar el total de gastos que ha representado la reestructuración de la deuda pública, además continúa el patrón de no rendir cuentas claras de todos sus gastos,  dejando sin detallar a quiénes ha pagado el 40% de los casi $300 millones que ésta ha desembolsado directamente a consultores”.

En contraste con lo que deja de informar la Junta, los datos obtenidos del tribunal son más completos y detallados. Ese detalle ofrece la oportunidad de visibilizar el total desembolsado por el tribunal ($1,192,798,602.92) por litigio, por agente y por tipo de servicio.  De ese total, los cinco (5) pleitos principales bajo PROMESA han representado desembolsos a consultores, asesores y abogados, que se distribuyen porcentualmente por caso de la siguiente manera: Gobierno Central (72.98%), AEE (15.18%), COFINA (5.27%), ACT (3.44%), Retiro (3.07%) y Edificios Públicos (0.06%).  Además, se pudo clasificar el gasto por servicio según siete (7) categorías de servicios contratados: abogados, asesores financieros, consultores, consultores estratégicos, servicios de comunicación, mediación y gastos administrativos. El gasto mayor entre estas categorías corresponde a servicios legales (44.20%). Mientras que la asesoría financiera y las firmas de consultoría representan el 32.19 % y el 21.47% del gasto, respectivamente. Encabezan la lista en orden de facturación McKinsey & Company y la firma de abogados Proskauer Rose, le siguen Ernst & Young (firma que reclutó a la ex directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko), O’Melveny & Myers, y CITI Group (Ver gráfica en Anejos).

El Informe también destaca un total de $1,220,029,476 en facturas sometidas por los consultores al tribunal para su pago.  De éstas, el Oficial Examinador -quien está a cargo de supervisar y auditar la facturación de servicios de asesoría previo a su pago- ha recomendado el desembolso de $1,192,798,602. Lo que constituye una diferencia de $27,230,873  ó  2.2% menos de lo facturado.

“El proceso de quiebra que encaminó el Congreso de los Estados Unidos a través de PROMESA, y que ejecutan la Junta y el Tribunal en virtud de dicha ley, debería garantizar lecciones aprendidas al pueblo de Puerto Rico y sus instituciones. Esto requiere que tanto las y los representantes electos por la ciudadanía como el resto de la sociedad civil tengamos acceso oportuno a un mínimo de documentos, que no se restringen únicamente a informes y hojas de cálculo. Sino a todos los documentos utilizados y elaborados por expertos y asesores. Conocimiento e información por la que el pueblo de Puerto Rico ha pagado más de $1,500 millones.  La transferencia de conocimiento a nuestras instituciones públicas debe ser una prioridad innegociable si queremos evitar que Puerto Rico entre en un ciclo de dependencia de consultores privados. Resulta imperativo eliminar la relación parasítica con el estado y promover una simbiótica donde capacitemos a nuestros estamentos públicos para que ambas partes resulten beneficiadas”, concluyó el informe de Espacios Abiertos.

Informe: Sus asesores, tus chavos: falta de acceso a los datos que han informado la reestructuración en Puerto Rico

El plan fiscal presenta problemas de sostenibilidad y de confiabilidad de la información, otorga un trato desigual a los bonistas frente a la población y un pago de deuda insostenible

San Juan, Puerto Rico (jueves, 30 de septiembre de 2021) — Con la séptima enmienda al Plan de Ajuste de la deuda (PDA) del gobierno central, la Junta de Supervisión Fiscal coartó los derechos democráticos de los pensionados puertorriqueños al limitar la votación de esa medida fiscal solamente al grupo de pensionados que recibe un recorte del 8.5 por ciento, pese a reconocer que el congelamiento de los ajustes por inflación afectará al 100% de los retirados, denunció el economista Daniel Santamaría Ots, analista sénior de política pública de Espacios Abiertos.

Espacios Abiertos insiste en que la totalidad de los pensionados afectados por los recortes de la Junta, que según los últimos datos públicos asciende a 318,483, entre 166,510 retirados y 151,973 que todavía trabajan o cotizan, deberían participar en la consulta y tener derecho al voto. Sin embargo, la Junta únicamente permitirá que voten unos 24,074 retirados, aquellos con pensiones mayores a $2,000.

Santamaría Ots explicó que el propio plan establece que el impacto mayor a los pensionados será por el congelamiento de los ajustes por inflación. La mayoría de los retirados de Puerto Rico no reciben ajustes por inflación desde 2007. En concreto, entre 2007 y 2019 éstos sufrieron un 19% de reducción de su poder adquisitivo y recibirán otro ajuste en su poder de compra del 39% durante los próximos 30 años.

“La Junta entiende que, para aprobar o rechazar el Plan de Ajuste, debe votar el pensionado que esté afectado y, aunque reconoce que la congelación de los ajustes por inflación afecta al 100% de los retirados, con el diseño y ejecución del proceso imposibilita el ejercicio democrático al voto del universo de los afectados y lo limita a un pequeño grupo”, declaró Santamaría Ots.

“A los pensionados les están vendiendo el Plan de Ajuste bajo la premisa de que será el fin de la quiebra, pero la realidad es otra, toda vez que la carga de obligaciones que resultará del plan será similar a la carga de obligaciones que tenía Puerto Rico al declarar que no podía continuar funcionando y pagando deuda. La situación se agrava cuando se considera que también se les está limitando su derecho de participación y violentando el acceso a la justicia”, acotó.

Trato desigual: residentes vs. bonistas

El especialista en deuda manifestó además que el plan ofrece un trato desigual de los pagos no contingentes a los residentes de Puerto Rico frente a los bonistas. Ello porque se condiciona ofrecer ciertos beneficios a los habitantes solo si hay un superávit fiscal. Sin embargo, los pagos de deuda contingentes (CVIs) a los bonistas se harán considerando los excesos de los recaudos certificados en los planes fiscales, ya sea del IVU (Plan Fiscal 2020) o del ron (Plan Fiscal 2021), sin importar si Puerto Rico entra en déficit.
“El actual Plan de Ajuste suscribe que la actual propuesta beneficia a los residentes de Puerto Rico. Lo que observamos desde Espacios Abiertos es algo distinto. Aconsejamos que cualquier propuesta legislativa sobre el plan, tome como índice de referencia el que haya superávit para compensar a los bonistas en lugar de vincular los CVI’s (instrumentos de valoración contingente) al sobredesempeño de los recaudos del IVU y el ron”, sostuvo Santamaría.
La Junta sabe, y comunica en sus proyecciones, que para 2036 Puerto Rico volverá a entrar en déficit fiscal, poniendo fin a cualquier beneficio adicional para los residentes de la isla. Sin embargo, contempla pagar a los bonistas hasta $405 millones a través de los CVIs por quince años más, entre los años 2036 y 2051, y aunque Puerto Rico esté en números rojos.

Problemas de confiabilidad de la información

Afirmó que después de más de 5 años de la puesta en marcha de la ley PROMESA y habiendo gastado aproximadamente $939 millones del pueblo de Puerto Rico entre consultores, abogados, y demás expertos financieros, la Junta presentó un Plan cuyos datos no han podido ser verificados por ninguna entidad independiente. Ello sucede porque no existen estados financieros auditados para los años 2019, 2020 y 2021. “Además del sobrecosto que paga hoy el contribuyente en primas de riesgo por no tener los estados financieros al día, para la nueva emisión de bonos inherente al proceso de reestructuración, el pueblo también será el responsable pecuniario de cualquier nueva obligación que pudiera aparecer tras los procesos de auditoría que restan pendiente”, puntualizó.

Recorte de la deuda y obligaciones: comprometidos 19.5 centavos de cada dólar

Santamaría Ots explicó que antes de reestructurar, el gobierno central tenía comprometidos cerca de 26.5 centavos por cada dólar ($1) de sus ingresos para deuda, carga que resultó ser insostenible y nos llevó al impago y a la quiebra. Para hacer contraste y presentar el Plan más atractivo para su aprobación, la Junta indica que el Plan compromete 7.6 centavos por dólar de lo que llama “política de deuda”. Sin embargo, no mencionan ni contemplan en ese análisis la carga de la nueva modalidad de pago de las pensiones, el “pay as you go”. En realidad, la dimensión total de deuda y obligaciones nos acercaría a tener comprometidos 19.5 centavos de cada dólar de nuestros ingresos, o sea que se nos plantea un “fin de quiebra” con una cantidad de obligaciones que está más cerca de la carga (26.5 centavos de dólar) que nos llevó a la quiebra, y que dista bastante de los 7.6 centavos que plantea la Junta en el Plan. (ver gráficas 1 y 2)

Deuda y pago insostenible

Espacios Abiertos comisionó un estudio sobre el análisis de sostenibilidad de la deuda pública en Puerto Rico a Pablo Gluzmann (profesor en la Universidad de La Plata), Martín Guzmán (ministro de economía en Argentina) y Joseph Stiglitz (premio Nobel de economía). Los tres expertos concluyeron en enero de 2018 que para que Puerto Rico pueda enfrentar un pago de deuda sostenible, debía recortar su nivel de deuda de $72,200 millones en cerca del 80% al 90% ($7,200 millones y los $14,400 millones). En la actualidad, la propuesta de la Junta disminuiría el balance de deuda total en poco más del 50%, lo cual no es suficiente.
“Insistimos otra vez en que la Junta debe incorporar un análisis de sostenibilidad, que refleje un parámetro realista de escenarios (desde el más optimista al más pesimista), para cada uno de los próximos 30 años sobre los futuros pagos contingentes de deuda (CVIs). Y en que, al día de hoy, siguen vigentes las conclusiones de insostenibilidad del estudio de Espacios Abiertos de la autoría de Gluzmann, Guzmán y Stiglitz”, subrayó.
Mencionó que en el plan se contemplan únicamente el exceso en los recaudos del 5.5% del IVU certificado en el Plan Fiscal de 2020 y sobre el exceso en los recaudos del ron estipulados en el Plan Fiscal certificado en 2021.
“Desde Espacios Abiertos, entendemos que es fiscalmente poco responsable e insuficiente calcular el valor presente de los pagos contingentes basándose en las proyecciones del último Plan Fiscal certificado en 2021”, sostuvo el economista. (ver tablas 1 y 2)

Austeridad: política cuestionada por expertos

El economista indicó que cada vez más economistas destacan la posible infraestimación del impacto contractivo en el Producto Nacional Bruto real de las medidas de austeridad impuestas por la Junta. Uno de los más recientes es Simon Johnson, profesor en MIT y quien fue economista en jefe del Fondo Monetario Internacional, quien validó los hallazgos de Gluzmann, Guzmán y Stiglitz. “Aconsejamos que la Junta modifique su plan para que se incluya un intervalo de multiplicadores consistente con la evidencia empírica, como lo sugieren distintos economistas expertos en la materia”, recalcó.

Recomendaciones: no aprobar el plan de la Junta

“Desde Espacios Abiertos recomendamos a nuestros funcionarios electos a nivel legislativo y ejecutivo que no den paso a la aprobación del Plan de Ajuste según se ha presentado. Para atender el futuro económico de Puerto Rico con responsabilidad fiscal, antes de aprobar el Plan hay que conocer todas las dimensiones de este y empezar por resolver sus deficiencias fundamentales. En específico aquellas que conciernen la ausencia de sostenibilidad de la deuda, y la equidad de todas las partes afectadas. Si queremos poner fin a la quiebra responsablemente, es urgente mayor transparencia y garantizar una amplia participación ciudadana”, concluyó Santamaría Ots.

Ponencia de Espacios Abiertos sobre el P. de la C. 1003

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ANEJOS: gráficas y tablas

A poco más de cinco años de la imposición del Congreso de los Estados Unidos de la ley PROMESA en Puerto Rico que creó la Junta de Supervisión Fiscal (Junta), la Junta presentó su séptima enmienda al Plan de Ajuste sobre las deudas que afectan al Gobierno Central. Este Plan de Ajuste −que deberá ser ratificado el próximo 8 de noviembre por la jueza federal del distrito sur de Nueva York, la magistrada Laura Taylor Swain− será el objeto de análisis en esta ocasión.

Durante este proceso de reestructuración de deuda que inició en mayo de 2017 con las primeras peticiones de reestructuración bajo el Título III de PROMESA, han ocurrido varios eventos de relevancia que han contribuido a empeorar, todavía más si cabe, la ya de por sí maltrecha situación económica de la isla. Entre ellos, destacan los devastadores huracanes Irma y María en septiembre de 2017, el terremoto de 6.4 en la escala Richter de enero de 2020 y sus más de 1,000 réplicas posteriores y la crisis de la pandemia del COVID-19 que inició en marzo de 2020 y que aún nos afectará durante los próximos años.

A su vez, estas crisis presentan ciertas oportunidades para atender las vulnerabilidades preexistentes. Los aproximadamente $120 mil millones de ayuda federal (ver tabla 1), entre fondos posdesastre y fondos pospandemia, representan una ocasión única para que Puerto Rico recupere su acceso a los mercados de capitales y cree las bases y el espacio fiscal necesario para encaminarse hacia un sendero de recuperación económica sostenible, inclusivo y justo para todas y todos los que vivimos en esta isla. Triste y lamentablemente, Puerto Rico perderá dicha oportunidad si la propuesta de la Junta mantiene e infraestima los efectos de sus medidas de austeridad, si se centra solo en unas reformas estructurales de dudable implementación que responden a un más que cuestionable sesgo ideológico, si olvida cualquier propuesta de desarrollo económico y, por último, si desvía de la inversión en desarrollo económico la bonanza temporera en ingresos tributarios fruto de la política federal expansiva hacia pagos de deuda insostenible.

Espacios Abiertos se ha expresado en múltiples ocasiones acerca de la necesidad imperativa de una reestructuración sostenible de la deuda de Puerto Rico como la base de una recuperación económica inclusiva y duradera para el país. Con este fin, encomendamos el estudio independiente sobre la sostenibilidad de la deuda,  mencionado en la exposición de motivos del Proyecto del Senado 181 que busca enmendar la Ley Núm. 2-2017 según enmendada, conocida como la “Ley de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico” y realizada por los economistas y catedráticos de la Universidad de Columbia, Joseph Stiglitz, premio Nobel de economía de 2001, y Martín Guzmán, Ministro de Economía de Argentina.

La conclusión de este estudio demostró que Puerto Rico necesitaba un recorte sustancial de sus niveles de deuda para que fuera sostenible. Según los economistas, Puerto Rico necesitaría un recorte de entre el 80 y el 90 por ciento de su valor principal antes de la reestructuración. De esta manera, los esfuerzos gubernamentales y de política pública no sólo deben estar enfocados en sacar a Puerto Rico de la crisis fiscal actual, sino en hacerlo de tal manera que el país acumule otra década perdida. Esto sólo se consigue conociendo los datos y estudiando los efectos que tendrían las decisiones fiscales actuales en el desarrollo económico de las próximas décadas. Por tanto, un estudio económico, independiente y transparente, sobre la sostenibilidad de la deuda es la herramienta más valiosa que podría tener el Gobierno para tomar decisiones informadas que afectarán las vidas de los habitantes de la isla por mucho tiempo. Debemos enfatizar que el análisis de sostenibilidad de la deuda debe ser independiente, basado en una teoría económica sólida y en supuestos que correspondan a evidencia empírica. También es imperativo que este  análisis sea transparente en cuanto a su metodología y sus supuestos. La presentación por parte de la Junta de Supervisión Fiscal de la nueva propuesta de acuerdo de apoyo necesita urgente actualización de las proyecciones de distintas variables socioeconómicas. Para lograr una conversación informada en la sociedad civil puertorriqueña sobre la idoneidad o no de la actual propuesta, la Junta de Supervisión Fiscal debe actualizar las proyecciones del plan fiscal certificado en mayo de 2020 (anuales y hasta el 2058) acerca del crecimiento del Producto Nacional Bruto, la evolución de los ingresos netos del Fondo General y la evolución del crecimiento poblacional. La Junta también debe comunicar proyecciones actualizadas sobre los efectos de las reformas estructurales (anuales y hasta el 2058) entre las que se encuentran detalles sobre la reforma de educación K-12, la reforma energética y de infraestructura, entre otras. Igual de importante son las proyecciones actualizadas (anuales y hasta el 2058) sobre los déficits y superávits fiscales primarios ajustados, así como las proyecciones de efectivo en caja y de las nuevas reformas estructurales −desconocidas por todas y todos hasta el momento− y que según la propia Junta el país necesita para evitar un déficit de dinero en efectivo en el 2029 que ellos mismos proyectan. Ese déficit se producirá en Puerto Rico según la propia Junta aún implantando todas las medidas que ellos proponen y suponiendo que se implementan en un 100% y dan los resultados en aumento en los recaudos que ellos mismos proyectan. A pesar de que este análisis requiere discusión y ponderación, también se requiere pronta acción pues la tardanza en la resolución del estado actual de la deuda incrementa la incertidumbre y desalienta inversiones, lo que a su vez perjudicaría la recuperación.

Un análisis en estas condiciones y la reestructuración sostenible de la deuda es esencial, pero no suficiente para que Puerto Rico supere la crisis exitosamente. La reestructuración debe ir acompañada de otras políticas productivas que habiliten el desarrollo de la sociedad puertorriqueña la clase trabajadora de manera que la familia puertorriqueña promedio sea parte de la recuperación. La seguridad en las pensiones de los retirados y la protección al desarrollo de la Universidad de Puerto Rico son elementos importantes para amortiguar el fuerte impacto de políticas de reestructuración de deuda insostenibles que desafortunadamente propone la Junta. La estabilidad en el sistema de educación superior del país es pieza angular para lograr que la población tenga acceso a una preparación académica que le permita integrarse a la economía del mercado global. Por tanto, integrar estos elementos en la política pública gubernamental es un paso necesario hacia la recuperación fiscal.

Finalmente, debemos enfatizar la importancia de la integración comunitaria en el proceso de análisis y reestructuración de la deuda. Un análisis de sostenibilidad bajo los parámetros mencionados permitiría que los puertorriqueños y puertorriqueñas tengan acceso a la información y a la discusión sobre decisiones que afectarán directamente sus vidas durante décadas.

 

Este blog es un extracto de un memorial explicativo que se sometió a la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal sobre el Proyecto del Senado 181 que busca enmendar la Ley Núm. 2-2017 según enmendada, conocida como la “Ley de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico” el 2 de marzo de 2021. Dichas enmiendas se enfocan en incluir cuatro determinaciones adicionales relacionadas a la presente crisis fiscal del país en la política pública del Gobierno, que guía los parámetros y facultades de la AAFAF. 

2 de marzo de 2021

Hon. Juan Zaragoza

Presidente

Nick Pastrana

Director Ejecutivo

Comisión de Hacienda

Senado de Puerto Rico 

Re: Memorial explicativo sobre P del S 181

Estimados presidente y director ejecutivo de la Comisión de Hacienda del Senado de Puerto Rico:

A solicitud de la Comisión, Espacios Abiertos (EA) presenta sus comentarios acerca del Proyecto del Senado 181 que busca enmendar la Ley Núm. 2-2017 según enmendada, conocida como la “Ley de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico”. Dichas enmiendas se enfocan en incluir cuatro determinaciones adicionales relacionadas a la presente crisis fiscal del país en la política pública del Gobierno, que guía los parámetros y facultades de la AAFAF.

Espacios Abiertos se ha expresado en múltiples ocasiones acerca de la necesidad imperativa de una reestructuración sostenible de la deuda de Puerto Rico como base fundamental a una saludable recuperación económica del país.  Con este fin, encomendamos el estudio independiente sobre la sostenibilidad de la deuda, mencionado en la exposición de motivos del proyecto de ley en cuestión y realizado por los economistas y catedráticos de la Universidad de Columbia, Joseph Stiglitz, premio nobel de economía de 2001, y Martín Guzmán, Ministro de Economía de Argentina. Las conclusiones de este estudio demostraron que la cantidad de la deuda que podría pagar Puerto Rico es mucho menor a las cuantías incluidas en cualquier Plan de Ajuste de Deuda presentado. Según concluyeron los economistas, un pago mayor al sugerido (PAGO SUGERIDO EN ESTUDIO) no sería sostenible para la economía del país y trastornaría su desarrollo futuro, provocando eventualmente una nueva crisis. De esta manera, los esfuerzos gubernamentales y de política pública no sólo deben estar enfocados en sacar a Puerto Rico de la crisis fiscal actual, sino en hacerlo de tal manera que evite poner al país en tan precaria posición en el futuro cercano.

Esto sólo se consigue conociendo los datos y estudiando los efectos que tendrían las decisiones fiscales actuales en el desarrollo económico de las próximas décadas. Por tanto, un estudio económico sobre la sostenibilidad de la deuda independiente y transparente es la herramienta más valiosa que podría tener el Gobierno para tomar decisiones informadas que afectarán las vidas de los habitantes de la isla por mucho tiempo. Debemos enfatizar que el análisis de sostenibilidad de la deuda debe ser uno independiente, basado en una teoría económica sólida y en supuestos que correspondan a evidencia empírica. También es imperativo que este análisis sea uno transparente en cuanto a su metodología y sus supuestos.

A pesar de que este análisis requiere discusión y ponderación, es un fino balance pues la tardanza en la resolución del estado actual de la deuda incrementa la incertidumbre, desalentando inversiones, lo que a su vez perjudicaría la recuperación.

Un análisis en estas condiciones y la reestructuración sostenible de la deuda es esencial, pero no suficiente para que Puerto Rico supere la crisis exitosamente. La reestructuración debe ir acompañada de otras políticas productivas ya que el enfoque que se adopte para resolver la crisis afectará la vida de miles de familias puertorriqueñas durante décadas. La seguridad en las pensiones de los retirados y la protección al desarrollo de la Universidad de Puerto Rico son elementos importantes en amortiguar el fuerte impacto de políticas de reestructuración de deuda menos sostenibles. La estabilidad en el sistema de educación superior del país es pieza angular en lograr que la población tenga acceso a una preparación académica que le permita integrarse a la economía del mercado global. Por tanto, integrar estos elementos en la política pública gubernamental es un paso necesario hacia la recuperación fiscal.

Finalmente, debemos enfatizar la importancia de la integración comunitaria en el proceso de análisis y reestructuración de la deuda. Un análisis de sostenibilidad bajo los parámetros mencionados permitiría que los puertorriqueños y puertorriqueñas tengan acceso a la información y a la discusión sobre decisiones que afectarán directamente sus vidas durante décadas. 

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