Estas observaciones son algunas de las que destaca Espacios Abiertos para mejorar y cumplir los objetivos del programa.  Para conocer más detalles sobre los Mercados Familiares y las recomendaciones de EA, acceda el informe de política pública preparado por la analista Crystal Díaz, titulado: A diez años de los Mercados Familiares.  Acceda el siguiente enlace para el apéndice del Informe que incluye todas las solicitudes de información realizadas a los departamentos de Agricultura y Familia, y sus correspondientes respuestas.

For the English version of the Report, access this link.

La investigación y análisis realizados por Crystal Díaz, analista de política pública de Espacios Abiertos, indica que el programa de Mercados Familiares que administra el Departamento de Agricultura junto con el Departamento de la Familia tiene espacio para mejorar y alcanzar sus objetivos.   El informe, titulado A diez años de la iniciativa de Mercados Familiares, hace recomendaciones específicas para ello.

Entre los principales hallazgos del informe se destaca: que la participación de los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) en los Mercados Familiares ha bajado a menos del 45% de dicha población en los últimos tres años (según informa ADSEF, la participación se mide en uso, Agricultura por su parte indica que la estadística de asistencia por mercado no se lleva); y que escasamente 126 agricultores están autorizados a vender sus productos en los mismos.

El proyecto de Mercados Familiares inició en 2013 con el propósito de fortalecer la producción agrícola del País, proveer acceso a los consumidores a alimentos locales, frescos y de calidad, así como ofrecer una oportunidad de un mercado seguro para el agricultor local. En un acuerdo entre el Departamento de Agricultura y el Departamento de la Familia y con la autorización del Gobierno Federal, el 4% del dinero de cada participante del programa de Asistencia Nutricional (PAN), un total de $80 millones anuales, se reserva para compras en estos mercados familiares, lo que supone un apoyo millonario adicional para el agro local.  Sin embargo, luego de 10 años de implantado el programa es evidente que hacen falta ajustes para lograr cumplir con los objetivos del mismo, no solo la participación de los recipientes del PAN es baja, sino que los requisitos establecidos por el propio Departamento de Agricultura excluyen de participar al pequeño agricultor, al que tiene menos de cinco cuerdas en producción, que es la mayoría en la isla.

La principal falla que encontró Espacios Abiertos durante su investigación está en la falta de datos e información que permita a las agencias analizar y rendir cuentas sobre su desempeño, y al público, confiar en -y fiscalizar- el programa.  Corregir eso le corresponde directamente al Departamento de Agricultura y al Departamento de la Familia, ambos deben ser más proactivos en recopilar y divulgar información, y en compartirse esa información y tomar acción.  Por su parte, la Asamblea Legislativa debería asegurarse de que periódicamente se evalúa y se rinde cuentas sobre la Ley 63 que estableció los Mercados Familiares, y de entenderlo  necesario podrían enmendar la misma a esos efectos.

Entre las observaciones y recomendaciones que se levantan en el informe de Espacios Abiertos se destacan:

(1)  La necesidad de que el proceso de autorización y selección de agricultores y elaboradores sea uno transparente, que evite la posibilidad y apariencia de conflicto de interés o trato preferencial. Y a esos efectos recomienda que se enmiende el reglamento 8775 del Departamento de Agricultura.

(2)  Garantizar más acceso al pequeño agricultor, al revisar el requisito de tener más de 5 cuerdas en producción para el agricultor participar de los Mercados Familiares de Agricultura, así como la cantidad de distintos productos que debe llevar al Mercado Familiar.  Actualmente de 2,500 agricultores bonafide escasamente 126 o un 5% están autorizados a participar en los mercados, pero son muchos menos los agricultores que participan.

(3)  Ampliar el acceso a productos frescos y locales, validando acceso con la tarjeta de la Familia a compras en otros mercados agrícolas no gubernamentales, directamente en las fincas, pescaderías y otros comercios y servicios de venta de productos de origen local de la canasta básica.

(4)  Mejor fiscalización sobre la procedencia de los productos que se venden en los Mercados y otros lugares como productos locales. Crea mucha suspicacia que los Mercados Familiares pudieran vender y hasta aumentar las ventas de 100% de sus productos locales justo en los meses siguientes al huracán Fiona, no obstante la destrucción de producción agrícola que el propio Departamento de Agricultura reclamó.

(5)  Permitir que el agricultor, pescados y elaborador pueda vender cualquier producto agrícola producido en Puerto Rico, y no solamente los listados por el Departamento de Agricultura en su lista de precios, esto provocará un aumento en la variedad de frutas y vegetales producidos en Puerto Rico a los que el consumidor tiene acceso en los Mercados Familiares.

Acceda aquí el Informe completo.

Acceda aquí el apéndice al Informe, que incluye todas las solicitudes de información realizadas a Agricultura y Familia, y sus contestaciones.

*Esta columna fue publicada por El Nuevo Día en su versión digital el 26 de diciembre de 2023, puede accederla en el siguiente enlace.

Por ley, no menos del 70% del presupuesto del Departamento de Educación debe estar dirigido “a servicios directos a los estudiantes en las escuelas.” Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico, Ley Núm. 85-2018, según enmendada. Ayer, el Juez Alfonso S. Martínez Piovanetti ordenó a la Secretaria de Educación que finalmente cumpliera con la ley. (Enlace a Sentencia)

Aunque ya van más de cinco años desde que aprobó la Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico, hoy día no sabemos cuánto del presupuesto de Departamento llega directamente a los estudiantes. La ley requiere que la Secretaria rinda informes anuales a la legislatura sobre el presupuesto dirigido a servicios directos a los estudiantes pero ni una de las seis Secretarias/os que hemos tenido desde que se aprobó esta ley rindieron los informes. El Representante José Bernardo Márquez Reyes tuvo que demandar al Departamento para que el Tribunal de Primera Instancia ordenara a la Secretaria a cumplir con la ley.

Esta falta de transparencia es de gran preocupación y dificulta la habilidad de asegurarnos que nuestros estudiantes están recibiendo la educación (y los recursos) que se merecen. Interesantemente, aunque el Departamento no ha generado los informes de cuanto de su gasto está destinado a ‘servicios directos a los estudiantes en las escuelas,’ al gobierno federal si le reporta mayor detalle de sus gastos. Por su parte, el gobierno federal, a través del National Center for Education Statistics (NCES), nos revela información adicional sobre los gastos del Departamento.

Aquí les resumo algunos datos que el NCES hizo disponible este año sobre los gastos en educación en Puerto Rico y Estados Unidos (EE. UU.) NCES (2023), Common Core of Data, U.S. Department of Education, https://nces.ed.gov/ccd/files.asp.

Primero, Puerto Rico invierte menos por estudiante que todos los estados de Estados Unidos. Puerto Rico gastó $7,127 por estudiante en el 2021, una cantidad menor a la de todos los estados de EE. UU. El gasto por estudiante (“Per Pupil Expenditures,” métrica usada por el NCES) de los estados de EE. UU. osciló en el 2021 entre $8,820 (Iowa) y $28,104 (Washington, DC.), con un promedio de $15,031.57 para todo EE. UU. Nuestro gasto por estudiante solo superó al territorio de Samoa Americana que invirtió $4,085 por estudiante.

Aunque el gasto total en educación en Puerto Rico bajó entre el 2011 y el 2021 (el año más reciente que NCES reporta datos), el gasto por estudiante en el sistema público se ha mantenido relativamente constante por la pérdida de estudiantes. (La pregunta de si bajó el gasto por que se fueron estudiantes o si se fueron estudiantes por que bajó el gasto es un tema de investigación para otro día.)

Las consecuencias de no dedicar recursos suficientes a educación son graves. Aumentos en escolaridad están asociados con aumentos en la participación laboral, aumento en ingresos, y aumentos en participación cívica. OECD (2023), Education at a Glance 2023: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/e13bef63-en. Para que el Departamento pueda cumplir con su misión de educar a nuestros estudiantes, tenemos que proveerle los recursos necesarios. Pero sin transparencia y rendición de cuentas sobre cómo el Departamento distribuye su presupuesto, no sabremos cuánto dinero es necesario para proveerle los recursos que necesitan nuestros estudiantes y por qué. Sin certeza de cuánto del gasto del Departamento está dirigido a servicios directos a los estudiantes, no podemos esperar que exista disposición de dedicarle más presupuesto al Departamento.

Por último, le hago un llamado al Departamento de Educación y al Gobierno de Puerto Rico que se comprometan a (1) robustecer los sistemas de transparencia y rendición de cuentas del Departamento y (2) aumentar los recursos del Departamento dirigidos a servicios directos a los estudiantes. La iniciativa de descentralización del sistema de educación que se está implementando en estos momentos presenta una oportunidad particular para adelantar ambas metas. Espero que logremos que se realicen ambos objetivos.

Los reportes sobre gastos del Departamento deben darnos una imagen clara de cómo se mueve el dinero a través del sistema y cuánto, cómo y dónde le llega al estudiante. Sugiero que incluyan como parte del sistema de transparencia y rendición de cuentas una plataforma de ‘chequera abierta’ como las que se han implementado en varias ciudades y estados de EE.UU. Espacios Abiertos, Queremos Chequera Abierta, https://espaciosabiertos.org/transparencia-financiera/. Así sabremos de donde, para que y a quien va cada dólar que pasa por el Departamento.

Si la educación de nuestros estudiantes realmente es una prioridad, debemos invertir nuestro presupuesto de forma que lo refleje. Los datos que reporta el gobierno federal ponen en duda que lo sea. Si nos importa que los estudiantes reciban una educación de calidad, debemos empezar con cumplir con el requisito de la Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico de que al menos 70% del presupuesto del Departamento se destine a servicios directos a los estudiantes. Y para saber si están en cumplimiento, necesitamos transparencia.

La nueva casa de Espacios Abiertos en Río Piedras propone convertirse en un concentrador de energía para cambio sistémico sobre las bases de gobierno abierto: acceso a información y transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.

En esta época de huracanes, ¿se imaginan que los avisos de tormenta llegaran antes intencionalmente a ciertas comunidades y no a otras?, ¿se imaginan además que las que recibieran la información en último lugar fueran precisamente las más impactadas por el evento meteorológico? Pues bien, eso mismo es lo que ha ocurrido durante todo el proceso de la tormentosa reestructuración de la deuda pública en Puerto Rico y con las tres enmiendas del plan de ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica: la información solo llega y privilegia a quien toma las decisiones mientras incapacita a quien paga la cuenta y sufre sus consecuencias.

Antes de entrar en el detalle del proceso de la AEE, es importante destacar la opacidad del proceso de reestructuración global que ya dura más de siete años. En junio de 2023, Espacios Abiertos hizo una petición de información a la Junta de Control Fiscal para identificar el gasto en consultores y asesores, cuya cuenta pagamos todas y todos, pero la Junta se negó a abrir sus libros. Mientras el pueblo paga una factura de más de $1,500 millones -multiplicando por cuatro los $370 millones proyectados por el Congreso de los Estados Unidos y lo que la misma Junta estimó en su primer plan fiscal en 2017, según pudo identificar y denunciar Espacios Abiertos a través de su más reciente investigación de la autoría de Wilmarí de Jesús- la Junta argumenta ahora que no le toca rendir cuentas al pueblo de Puerto Rico. Espacios Abiertos solicitó la información que la Junta utilizó de base principal para sustentar sus proyecciones de ahorros para pagar la deuda, es decir, los cálculos que sus consultores producen para justificar las políticas de austeridad y las reformas estructurales que afectarán nuestras vidas por las próximas décadas. La respuesta de la Junta fue un rotundo no.

Es importante reconocer también que tanto la mala gestión gubernamental como la falta de transparencia fiscal de los organismos electos locales contribuyeron en gran medida a la quiebra de Puerto Rico. No obstante, no es menos cierto que el mismo organismo que vino a imponer disciplina fiscal y a exigir transparencia al gobierno sobrepasa irónicamente en un 400% los gastos para lograr su cometido, negándose además a ser transparente con los gastos en consultores y asesores que en cambio paga el pueblo. Desde Espacios Abiertos, nos surgen varias preguntas. ¿Qué podría justificar que la Junta cometa exactamente los mismos excesos que supuestamente ha venido a resolver?, ¿qué creen que hubiera ocurrido si la cuenta la hubiera pagado el Tesoro de los Estados Unidos?, ¿cuántas comisiones de investigación ya se hubieran abierto en el Congreso para pedir explicaciones a ejecutivos y miembros de la Junta de Control Fiscal anteriores y actuales? Y, por último, ¿qué reacción debería merecer este escenario de parte de nuestros representantes electos?

Ya vemos cómo la Junta opera, pero veamos qué exactamente está produciendo. Para poner las cosas en contexto, debemos remontarnos a 2018 cuando estudios académicos del más alto nivel, como los producidos por Espacios Abiertos, entre otras organizaciones, ya proponían un recorte de hasta el 80% para que el pago de la deuda fuera sostenible. Por aquel entonces, la Junta, entre otras voces, consideró que ese recorte era exagerado y proyectó los ahorros que supuestamente permitirían ese menor recorte. Nosotros advertimos del desmesurado optimismo de sus cálculos dejando que el tiempo quitara y diera razones a quien correspondiera. La convicción de la Junta fue tal que llevó a acciones tan cuestionables como, por ejemplo, renunciar a litigar la deuda que tenía claros indicios de inconstitucionalidad en sus emisiones y a garantizar los ahorros que tanta falta nos hacen hoy en día. No obstante, ¿qué nos dicen ahora los datos después de nueve planes fiscales certificados y $1,500 millones en asesores? Sus propios planes rectifican sus cálculos a la baja año tras año y siempre se encuentra una excusa para aplazar la fecha de inicio de esos supuestos ahorros. Recordemos sus datos: en el plan fiscal de 2018, proyectaron que para 2023 tendríamos ahorros acumulativos de las reformas estructurales que aumentarían el Producto Nacional Bruto (PNB) en un 1.80%. En el siguiente plan lo rebajaron a 1.25%, luego lo bajaron a 0.95%, al otro año al 0.70%, al siguiente al 0.30% y, en el último, al 0.10%. Es decir, pasaron de decir en su primer plan fiscal que sus políticas generarían $90,000 millones a decir en su último plan que serían $5,000 millones. Hasta el momento, los ahorros suman cero. Sí, cero. Cabe preguntarse entonces, ¿hasta cuándo debemos esperar para que muestren sus análisis?

Para consuelo de pocos, el mismo proceso se refleja en la reestructuración de la deuda de la AEE, que representa un modelo a escala de la reestructuración general. De ese modo, la Junta pasó de proponer un recorte del 22.5% para gran parte de los bonos de la AEE en 2019, a un recorte del 50% en febrero de 2023 y, finalmente, un recorte del 80% en agosto de 2023 con un cargo heredado de $8.7 mensuales en promedio más dos instrumentos de valoración contingente (CVI, por sus siglas en inglés).

Ahora que no les salen los números, están tratando de pisar el acelerador, cosa que ha provocado la salida de uno de sus miembros, cuya trayectoria anterior define a quien realmente siempre ha defendido. Mientras antiguos miembros de la Junta hoy disfrutan del juego de las puertas giratorias, el pueblo de Puerto Rico se mantiene a oscuras y pagando la factura. Un consejo, y gratuito, a la Junta: sean transparentes y rindan cuentas al pueblo publicando todos los datos y los criterios que realmente fundamentan las conclusiones de sus análisis.