Necesitamos datos abiertos y confiables del gobierno  tanto en la crisis como en la cotidianidad.

En la salud y en la enfermedad.  En la prosperidad y en la adversidad. Todos los días.  Hasta que la muerte nos separe.

Transparencia. Un principio que debe regir el contrato entre el gobierno y sus ciudadan@s.

Si queremos una sociedad más próspera, equitativa y justa para Puerto Rico, hay que exigir un gobierno transparente, que rinda cuentas, y cuya razón de ser sea servir al bienestar de su ciudadanía.  Todos los días.

Son muchos los defectos y vulnerabilidades de nuestra estructura gubernamental que se han puesto de manifiesto durante esta crisis.  La base de éstos es la cultura de opacidad que impera en el gobierno de Puerto Rico hace décadas.   Si ésta no se atiende de una vez,  si no cambiamos la opacidad por una cultura de transparencia, un gobierno de libre acceso a información pública, de datos abiertos, seguros y confiables, seguiremos abonando por un lado a la corrupción y por otro al coste de ésta, más desigualdad y más pobreza, y hasta más vidas.

¿Cuántas experiencias necesitamos? ¿cuánto más resilientes podemos ser? Impago deuda 2016.  PROMESA 2016. Huracán María 2017.  Acuerdo COFINA 2019.  Telegram Chat 2019. Terremotos 2020.  Pruebas COVID 2020.  ¿Tenemos que esperar al saldo de fatalidades del Covid-19 para actuar?  Mientras en el día a día y de crisis en crisis el Estado se consume en su entuerto burocrático, donde funcionarios (y voluntarios “con paga”) mezclan el quehacer profesional con lo político y lo personal, una vez más le corresponderá a la sociedad civil no solo atender la crisis, sino asumir el liderato para generar cambios en política pública y nuevas actitudes para la buena gobernanza del país. 

Puerto Rico lleva mucho tiempo enfrentando retos o mejor dicho, “tiempos bien duros”.  Altos niveles de desempleo, el éxodo de nuestros jóvenes, recortes en servicios, una cada vez más deteriorada infraestructura y más recientemente, huracanes y temblores nunca antes pensados. Las situaciones de emergencia y desastres naturales, dentro de la angustia  y desasosiego que nos provoca, logran que aflore lo mejor de nuestra gente: solidaridad, empatía, compromiso, generosidad, entre otras cualidades que nos destacan como país. Sin embargo, no podemos decir lo mismo de la respuesta del gobierno, que para nuestras comunidades ha sido deficiente e insensible.

Los líderes comunitarios y organizaciones que brindan servicios a poblaciones marginadas y vulnerables han tenido que levantar sus voces ante la limitada respuesta del gobierno a la presente emergencia del COVID-19.  Una respuesta gubernamental, para nada salubrista, en detrimento de nuestra gente más vulnerable.

Una verdadera respuesta salubrista no hubiera dejado de lado a las familias pobres, a las personas sin hogar, ni a nuestros viejos y personas con diversidad funcional.  Una visión salubrista hubiera incorporado el saber y experiencia del liderato comunitario y las organizaciones de base en su análisis y respuesta para el control de la pandemia.  Basta con la experiencia durante la emergencia del huracán Maria y los temblores en la región suroeste de Puerto Rico. En esas instancias nos validaron una vez más su relevancia, su capacidad de canalizar las ayudas, compromiso y empatía.

Ante la pandemia, el liderato comunitario — sin recursos y bajo riesgo a su salud — ha asumido el cuidado de nuestros viejos solos. Por su compromiso, han organizado brigadas que realizan para ellos las compras de alimentos y medicamentos.  Proveen servicios de apoyo para que los estudiantes puedan participar del modelo de clases a distancia del Departamento de Educación, que no reconoce que la mayoría no tiene  acceso a internet y computadoras. Tenemos comunidades cocinado y distribuyendo alimentos casa por casa.

Muchos de esos dirigentes comunitarios denuncian que no tienen apoyo alguno y encima son perseguidos y querellados si no cumplen algún requisito de las medidas gubernamentales sobre el cierre parcial o toque de queda. La semana pasada enviaron una carta a la gobernadora Wanda Vázquez Garced para que se les incluya como una de las voces a tomar en cuenta en los llamados ‘task force’ del gobierno y en la mesa donde se toman las decisiones del país sobre la presente emergencia. “Queremos participar y estamos disponibles”, fue el contundente mensaje dirigido a la mandataria en el que también expresaron los retos que observan en las comunidades en los temas de: servicios de salud y materiales, salud mental, poblaciones vulnerables, alimentación, brecha digital, y falta de participación ciudadana y de transparencia gubernamental.

Nuestros líderes brindan servicios esenciales. Administran acueductos comunitarios y coordinan fogones comunitarios y muchas otras tareas de forma voluntaria.  Esperan respuesta a su carta dirigida a la gobernadora. Esperan poder seguir sirviendo a sus comunidades porque saben, como expresó un joven líder:  “La solidaridad es lo que está manteniéndonos vivos, no la represión”.

 

Mabel Román es coordinadora del proyecto de participación y enlace comunitario de Espacios Abiertos

Es de vital importancia contar con datos confiables sobre el COVID-19 para entender su progresión y, como consecuencia, la mejor manera de combatir la pandemia.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha podido ser más enfática en la importancia de hacer pruebas a la población. Sus resultados permiten a los gobiernos controlar la propagación del virus a través del aislamiento de las personas infectadas y de aquellas que estuvieran en contacto con éstas. Adoptadas en conjunto, todas estas medidas contribuyen a evitar el colapso de los servicios de salud.

El pasado 30 de marzo Espacios Abiertos publicó una tabla con la cantidad de pruebas realizadas de COVID-19 en Puerto Rico comparándolas con el resto de las jurisdicciones de los Estados Unidos. La información que nutre la tabla proviene de The COVID Tracking Project, que a su vez se alimenta de los datos oficiales de cada jurisdicción. En el caso de Puerto Rico, los datos oficiales son provistos por el Instituto de Estadísticas, entidad que publica las estadísticas oficiales que les provee cada dependencia de gobierno, entre ellas el Departamento de Salud. En esa fecha, Puerto Rico aparecía en último lugar con un total de 35 pruebas realizadas por cada 100,000 habitantes. El término “pruebas realizadas” se define como pruebas finalizadas que únicamente incluyen el número de resultados positivos más el número de resultados negativos.

Una semana después, el día 6 de abril, Puerto Rico avanzó una posición y aparece en penúltimo lugar con un total de 124 pruebas realizadas por cada 100,000 habitantes.

Si bien sería injusto comparar a Puerto Rico con jurisdicciones con altas rentas per cápita como Nueva York (NY) o Massachusetts (MA), veamos cómo compara con tres de las jurisdicciones más pobres de Estados Unidos: Arkansas (AR), Mississippi (MS) y West Virginia (WV). Hasta el 6 de abril, dichas jurisdicciones, han realizado 426, 684 y 555 pruebas por cada 100,000 habitantes respectivamente. Mientras Puerto Rico (PR) avanza una posición en la semana y ocupa el puesto 51 en la lista, Arkansas (AR) se mantuvo en el puesto 37, Mississippi (MS) figura en el puesto 17 avanzando 29 posiciones en una semana y West Virginia (WV) figura en el puesto 26 avanzando 9 posiciones en el mismo periodo.

Pese a que no se trata de ninguna competencia, destacar la urgencia con la que ocurren estos cambios nos puede dar una idea de la voluntad política y la capacidad institucional que demuestran las diversas jurisdicciones con la realización de las pruebas para trazar las políticas que permitan controlar la enfermedad.

Los términos y condiciones de cómo se utilizan los recursos públicos hacen una diferencia.  El 17 de enero la gobernadora firmó la orden ejecutiva OE-2020-010 eximiendo a la Rama Ejecutiva de los requisitos de procesos de contratación gubernamental para acelerar la recuperación de Puerto Rico, luego de declarar un estado de emergencia debido a los terremotos. En el mes de marzo se firmaron dos órdenes ejecutivas: la OE-2020-024 la cual viabiliza la adquisición de bienes y servicios necesarios para combatir los efectos del Coronavirus (COVID-19) y la OE-2020-027 extendiendo el periodo de emergencia debido al COVID-19 y eximiendo a ciertas entidades de la Rama Ejecutiva de ciertos requisitos de procesos de contratación gubernamental para viabilizar y acelerar la recuperación.  En estas dos últimas órdenes ejecutivas, por pedido de la Junta de Supervisión Fiscal, los términos y condiciones para los contratistas eran más estrictos, pero hemos visto que no han sido suficientes. Con el intento de adjudicar un contrato de $13 millones para la compra de ventiladores y con la adjudicación de otro contrato de $40 millones para comprar pruebas de coronavirus vemos que estos términos y condiciones eran necesarios pero no han sido suficientes para combatir el mal uso y subutilización de recursos públicos. 

Si algo hemos aprendido desde el paso de los huracanes Irma y María y los recientes terremotos, es que la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana durante una emergencia son parte neurálgica para proteger la salud y la seguridad del país. Ya sabemos que cuando las decisiones se toman en cuartos oscuros — sin participación ciudadana — los recursos públicos son subutilizados y en algunas ocasiones malversados. 

La semana pasada Transparencia Internacional publicó un reporte sobre los elementos mínimos que los gobiernos deben observar en las contrataciones públicas durante el estado de emergencia debido al COVID-19. Hoy Espacios Abiertos envió una carta con sus anejos a la Gobernadora y al Secretario de Salud con unas guías para manejar las contrataciones en tiempo de emergencias utilizando las mejores prácticas de este reporte. Aquí se las resumimos: 

1. Los gobiernos deben dar máxima publicidad en la información de compras gubernamentales vinculadas con la emergencia;
2. Las agencias reguladoras y antimonopolio deben ser activadas para evitar colusión entre actores económicos o prácticas que resulten en la especulación de los precios;
3. Se deben realizar auditorías en tiempo real para los procesos de contratación pública, precisamente por la naturaleza excepcional de la situación y la magnitud de la emergencia;
4. Los gobiernos deben concentrar en una sola plataforma toda la información relacionada a las contrataciones gubernamentales en este tema o generar identificadores en la plataformas electrónicas de contratación pública;
5. Debe haber rendición de cuentas apropiada y sin excusas

La transparencia y la rendición de cuentas son temas de alto interés público y donde todas y todos debemos participar. Los recursos destinados por el gobierno para manejar la emergencia son de cada una de nosotras y nosotros. Cada decisión que se tome puede tener un efecto directo en nuestras vidas, comunidades y en la situación del país. No dejemos que el virus de la corrupción nos arrope durante la emergencia. Más transparencia es más salud. 

La organización propone a la gobernadora y al secretario de Salud guías para asegurar la transparencia y rendición de cuentas

San Juan, Puerto Rico (lunes, 6 de abril de 2020)—   Espacios Abiertos advirtió que el virus de la corrupción se incuba en emergencias como la del  COVID-19 y propuso una serie de medidas a la gobernadora Wanda Vázquez Garced y al secretario de Salud, Lorenzo González, ante los recientes casos que han salido a la luz pública de dudosas compras o cuestionamientos por su entrega.

Espacios Abiertos recomienda que se atiendan inmediatamente tres aspectos cruciales:

(1) prevenir la desinformación con la publicación proactiva y a tiempo de información sobre pruebas, contagios, medicamentos, suministros y servicios disponibles o no, así como la escasez de éstos si éste fuese el caso.

(2) tomar medidas para reducir los riesgos de sobornos en cuanto a compras, así como en cuanto a acceso a suministros y servicios médicos, a nivel público y privado, estableciendo protocolos  claros y transparentes, que entre otras cosas estipule cómo se procederá en casos de escasez.  Solamente así podremos garantizar la misma oportunidad para todo el mundo en casos extremos.

(3) proteger a los alertadores y ofrecer una línea confidencial para hacer denuncias.

Para atender el tema de las compras, la directora ejecutiva de Espacios Abiertos, Cecille Blondet, compartió y enumeró con detalle las guías publicadas por Transparencia Internacional como referente base para la integridad de las adjudicaciones que realicen los gobiernos durante periodos de contingencias como la actual.

Las recomendaciones de Espacios Abiertos y Transparencia Internacional, (cuyo detalle se encuentra en el anejo) tienen como base los siguientes cinco puntos:

(1) dar máxima publicidad a la información sobre compras gubernamentales vinculadas con la emergencia;

(2) activar las agencias antimonopolio para evitar colusión entre actores económicos o prácticas que resulten en la especulación de los precios;

(3) realizar auditorías en tiempo real para los procesos de contratación pública, precisamente por la naturaleza excepcional de la situación y la magnitud de la emergencia;

(4) concentrar en una sola plataforma toda la información relativa a las contrataciones gubernamentales en este tema o generar identificadores en la plataformas electrónicas de contratación pública;

(5) rendición de cuentas apropiada, a tiempo y sin excusas.

“Somos conscientes de que las situaciones de emergencia son terreno fértil para la corrupción en el mundo entero y que Puerto Rico no está inmune a dicho mal.  Todavía están muy frescas en nuestra memoria las experiencias vividas luego de los huracanes Irma y María,  y más reciente de los terremotos.  La gente está preocupada y con razón.  La situación actual, de por sí preocupante desde el aspecto de salud, se complica por la cultura de opacidad que impera en todo el gobierno.  Recién comenzamos y ya se han señalado como dudosas algunas situaciones, que más allá de demostrar la vulnerabilidad del sistema de salud y poner en tela de juicio la integridad de los involucrados, han dilatado la disponibilidad de pruebas y equipo que con tanta urgencia hace falta para la gente. La ausencia de transparencia además de ser el semillero de la corrupción, en este momento atenta contra la salud de todos”, expresó Blondet.

“Al proteger los recursos públicos, se preserva la seguridad y salud del pueblo de Puerto Rico.  Puerto Rico implantó el distanciamiento social antes que la mayoría de las jurisdicciones en Estados Unidos. Ahora tenemos la oportunidad de dar cátedra nuevamente a otros, combatiendo el virus de la corrupción que parece estarse incubando en algunos. Más transparencia es igual a más salud”,  concluyó Blondet.

 

Enlace a guías de “Contrataciones públicas en estados de emergencia: elementos mínimos que los gobiernos deben considerar para asegurar la integridad de las adjudicaciones que realicen durante contingencias” por Transparencia Internacional

Contactos:

Maricelis Rivera Santos, Lic. R-1031                      Aurora Rivera Arguinzoni:

787-342-4241                                                           787-615-2876

maricelisrivera@accessallservices.com               aurorarivera@accessallservices.com

 

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Espacios Abiertos es una organización sin fines de lucro, independiente, que desde 2014 promueve la transparencia y rendición de cuentas gubernamental, así como participación ciudadana, en los haberes y fondos públicos, a la vez que procura una sociedad abierta, que sea más justa y equitativa para todos y todas en Puerto Rico.

La renuncia de la Secretaria de Salud Interina y la carta recién publicada en la que ésta planteó la desaparición de 500 kits de pruebas de COVID-19, parecen apuntar a que en esta emergencia en Puerto Rico nos enfrentaremos, una vez más, a la cruda realidad de la corrupción y el ánimo de lucro o ventaja de personas inescrupulosas. La corrupción más cruel -sin duda- es la que atenta contra la vida de seres humanos. Las prácticas corruptas y antiéticas requieren DENUNCIA Y ACCIÓN. Éstas no se deben ignorar y mucho menos quedar impunes. Las experiencias de abusos, a nivel público y privado, post María y recientemente por los terremotos, están frescas en nuestra memoria.

En Puerto Rico, este es solamente el comienzo. Además del virus, en este periodo ¿estaremos incubando la corrupción?

Según aumente el contagio y se ponga más difícil la situación de acceso a las pruebas, y a servicios de salud y medicamentos, también aumentará el oportunismo, el favoritismo y la injusticia. En tiempos como éste, la transparencia, la ética y la honestidad son más importantes que nunca.

* Exijamos transparencia proactiva, constante y a tiempo…con las pruebas, con los datos de contagio, con las compras, con el gasto, con la disponibilidad o no de suministros, medicinas y equipos, etc.

* Exijamos que se establezcan protocolos claros sobre acceso a los servicios de salud públicos y privados, y que se publiquen. Solamente así en casos de escasez y medidas extremas, podremos garantizar a todos igualdad de condiciones.

* Exijamos que se habilite desde ya una línea o sitio web para denuncias de abusos y malas prácticas que garantice la confidencialidad del denunciante y que se investiguen las querellas que se reciban.

Más transparencia es igual a más salud.

La salud pública debe ser primero. No los intereses políticos o corporativos.

#AOscurasNo #CuentasClaras

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