Columna de opinión de Crystal Díaz, Analista de seguridad alimentaria de Espacios Abiertos, que fue publicada por el periódico Metro en su edición digital del 20 de abril de 2024.

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Cualquier persona debería tener toda la libertad de seleccionar y comprar sus alimentos en la plaza del mercado, pescadería o mercado agrícola de su preferencia, o bien suscribirse a recibir en su casa una cajita de productos locales y con eso apoyar al agricultor de su comunidad.

Para el beneficiario del PAN es más difícil. Y es que el 4% que se reserva para ofrecer acceso a productos locales y frescos se limita a compras en Mercados Familiares. Mantener tan exclusiva la opción de dónde comprar con ese 4% termina afectando a quienes se supone beneficie la Ley 63 que creó los Mercados Familiares: a los propios beneficiarios del PAN y al 95% de los agricultores bonafide que no están autorizados a vender en dichos mercados.  Para llegar a un Mercado Familiar la persona tiene que hacer los arreglos, buscar información de cuándo y dónde es que se va a celebrar, buscar transportación y asegurarse de estar entre 8 a.m. y 2 p.m. para poder utilizar su dinero en productos locales. Habrá quien le encante ir a un mercado y eso está genial, pero ¿qué pasa con el que no puede llegar? ¿Por qué asumimos que todos tienen el tiempo y el acceso para llegar a donde se le diga, cuando se le diga? Esto es discriminatorio y es parte de la causa por la cual sobre el 40% de estos fondos no se utilizan año tras año por más que se han triplicado los Mercados Familiares que se celebran.

En 10 años hemos permitido que sobre $172 millones de dólares que se supone que se utilizaran para comprarle directamente a los agricultores locales, regresaran al fondo regular y se utilizaran en compras de productos importados en el supermercado. ¡Exploremos otras vías para alcanzar el 100% del uso de los fondos que el programa lo más rápido posible! En otras jurisdicciones de Estados Unidos que tienen programas parecidos, y según varios estudios, permitir que se utilice el beneficio en múltiples alternativas de espacios, aumentar la accesibilidad y la promoción, ha demostrado ser exitoso. ¡Aprendamos de otros y actuemos con premura!

Si se vendieran sobre $80 millones de dólares en productos 100% cosechados y elaborados en Puerto Rico, como mínimo lograríamos la sustitución de un 1% de nuestras importaciones. Por eso el proyecto de Mercados Familiares es importante y debe, no solo ser exitoso, sino multiplicarse de otras formas, pero para lograrlo necesitamos ajustar, demostrar resultados extraordinarios y parte de eso es ser accesible y conveniente para todos.

Utilicemos los datos para tomar decisiones informadas. Eso busca Espacios Abiertos con su informe más reciente: A diez años de los Mercados Familiares. Compartir información pública proactivamente y ser receptivos a las recomendaciones de los ciudadanos es vital si realmente queremos un gobierno de y para nuestra gente. ¡Discutamos ideas! Enfoquémonos en empujar y ejecutar los cambios que tanto necesita el agro local para que realmente logremos sustituir las importaciones y acercarnos a la meta del 50% tal y como se propuso en el 2022.

El programa de Mercados Familiares inició en 2013 con 3 propósitos: Fortalecer la producción agrícola del País Proveer acceso a los consumidores a alimentos locales, frescos y de calidad Ofrecer una oportunidad de un mercado seguro para el agricultor local La iniciativa, que administra el Departamento de Agricultura en virtud de la Ley Núm. 63 de 7 de mayo de 2015, según enmendada, integra a los participantes del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) y provee para que éstos puedan utilizar hasta el 4% del dinero que reciben para uso exclusivo en compras en los Mercados Familiares. En 10 años el Departamento de la Familia ha autorizado en ese 4% un total de  $424,732,022.  De ese total autorizado, el total utilizado por los participantes del PAN en Mercados Familiares, según informa ADSEF ha sido de  $252,818,313 (a mayo 2023), quedando sin aprovecharse en los Mercados Familiares un total de  $171,913,708.   Para desglose mes por mes, acceda en este enlace la tabla preparada por ADSEF. Los datos provistos por ADSEF según esa tabla, evidencian que la participación mediante el uso de fondos de los recipientes del PAN en los Mercados ha estado mermando.  Y que ésta ronda en 45% en los últimos tres años, mientras que al inicio del programa estuvo por encima del 90%. Además, no obstante las ventas que informa el Departamento de Agricultura en los Mercados Familiares, cuando vemos en conjunto los datos provistos por cada una de las agencias (próxima tabla), es claro que todavía hay mucho espacio por aprovechar para beneficio de la agricultura local.

Estas observaciones son algunas de las que destaca Espacios Abiertos para mejorar y cumplir los objetivos del programa.  Para conocer más detalles sobre los Mercados Familiares y las recomendaciones de EA, acceda el informe de política pública preparado por la analista Crystal Díaz, titulado: A diez años de los Mercados Familiares.  Acceda el siguiente enlace para el apéndice del Informe que incluye todas las solicitudes de información realizadas a los departamentos de Agricultura y Familia, y sus correspondientes respuestas.

For the English version of the Report, access this link.

La investigación y análisis realizados por Crystal Díaz, analista de política pública de Espacios Abiertos, indica que el programa de Mercados Familiares que administra el Departamento de Agricultura junto con el Departamento de la Familia tiene espacio para mejorar y alcanzar sus objetivos.   El informe, titulado A diez años de la iniciativa de Mercados Familiares, hace recomendaciones específicas para ello.

Entre los principales hallazgos del informe se destaca: que la participación de los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) en los Mercados Familiares ha bajado a menos del 45% de dicha población en los últimos tres años (según informa ADSEF, la participación se mide en uso, Agricultura por su parte indica que la estadística de asistencia por mercado no se lleva); y que escasamente 126 agricultores están autorizados a vender sus productos en los mismos.

El proyecto de Mercados Familiares inició en 2013 con el propósito de fortalecer la producción agrícola del País, proveer acceso a los consumidores a alimentos locales, frescos y de calidad, así como ofrecer una oportunidad de un mercado seguro para el agricultor local. En un acuerdo entre el Departamento de Agricultura y el Departamento de la Familia y con la autorización del Gobierno Federal, el 4% del dinero de cada participante del programa de Asistencia Nutricional (PAN), un total de $80 millones anuales, se reserva para compras en estos mercados familiares, lo que supone un apoyo millonario adicional para el agro local.  Sin embargo, luego de 10 años de implantado el programa es evidente que hacen falta ajustes para lograr cumplir con los objetivos del mismo, no solo la participación de los recipientes del PAN es baja, sino que los requisitos establecidos por el propio Departamento de Agricultura excluyen de participar al pequeño agricultor, al que tiene menos de cinco cuerdas en producción, que es la mayoría en la isla.

La principal falla que encontró Espacios Abiertos durante su investigación está en la falta de datos e información que permita a las agencias analizar y rendir cuentas sobre su desempeño, y al público, confiar en -y fiscalizar- el programa.  Corregir eso le corresponde directamente al Departamento de Agricultura y al Departamento de la Familia, ambos deben ser más proactivos en recopilar y divulgar información, y en compartirse esa información y tomar acción.  Por su parte, la Asamblea Legislativa debería asegurarse de que periódicamente se evalúa y se rinde cuentas sobre la Ley 63 que estableció los Mercados Familiares, y de entenderlo  necesario podrían enmendar la misma a esos efectos.

Entre las observaciones y recomendaciones que se levantan en el informe de Espacios Abiertos se destacan:

(1)  La necesidad de que el proceso de autorización y selección de agricultores y elaboradores sea uno transparente, que evite la posibilidad y apariencia de conflicto de interés o trato preferencial. Y a esos efectos recomienda que se enmiende el reglamento 8775 del Departamento de Agricultura.

(2)  Garantizar más acceso al pequeño agricultor, al revisar el requisito de tener más de 5 cuerdas en producción para el agricultor participar de los Mercados Familiares de Agricultura, así como la cantidad de distintos productos que debe llevar al Mercado Familiar.  Actualmente de 2,500 agricultores bonafide escasamente 126 o un 5% están autorizados a participar en los mercados, pero son muchos menos los agricultores que participan.

(3)  Ampliar el acceso a productos frescos y locales, validando acceso con la tarjeta de la Familia a compras en otros mercados agrícolas no gubernamentales, directamente en las fincas, pescaderías y otros comercios y servicios de venta de productos de origen local de la canasta básica.

(4)  Mejor fiscalización sobre la procedencia de los productos que se venden en los Mercados y otros lugares como productos locales. Crea mucha suspicacia que los Mercados Familiares pudieran vender y hasta aumentar las ventas de 100% de sus productos locales justo en los meses siguientes al huracán Fiona, no obstante la destrucción de producción agrícola que el propio Departamento de Agricultura reclamó.

(5)  Permitir que el agricultor, pescados y elaborador pueda vender cualquier producto agrícola producido en Puerto Rico, y no solamente los listados por el Departamento de Agricultura en su lista de precios, esto provocará un aumento en la variedad de frutas y vegetales producidos en Puerto Rico a los que el consumidor tiene acceso en los Mercados Familiares.

Acceda aquí el Informe completo.

Acceda aquí el apéndice al Informe, que incluye todas las solicitudes de información realizadas a Agricultura y Familia, y sus contestaciones.

Columna de Opinión por Crystal Díaz, analista y gerente del proyecto de seguridad alimentaria que auspicia Mazon: a Jewish Response To Hunger en Espacios Abiertos.

“Si bien es cierto que es necesaria más asistencia para que las familias puertorriqueñas de bajos ingresos tengan acceso a alimentos nutritivos, esta tiene que venir acompañada de un plan multisectorial e integrado de seguridad alimentaria a nivel del gobierno de Puerto Rico. Ese plan debe ser público y contemplar varios aspectos: (1) educación nutricional para el consumidor, (2) incentivos al consumo de la producción alimentaria puertorriqueña (porque es nutritivamente más densa, fresca y permite que el dinero se quede más tiempo en nuestra economía local) y (3) acceso a comprar productos locales en mercados agroecológicos y plataformas digitales que vendan productos locales. Particularmente, productos de fincas pequeñas, que son la gran mayoría y que no necesariamente tienen la capacidad de venderle a un supermercado ni a los programas de Mercados Familiares.

Recientemente se ha intensificado el debate en cuanto a la transición del PAN (NAP, por sus siglas en inglés) al programa SNAP. Este cambio de programa representaría un aumento de $2,000 millones en asistencia alimentaria para la población que la necesite en Puerto Rico. Dicho incremento ocurriría si se logra la aprobación por parte del Congreso de Estados Unidos de la Ley Agrícola de 2023 (mejor conocido como el Farm Bill). El Farm Bill se aprueba cada cinco años y agrupa toda la política pública alimentaria que regirá el uso de fondos federales en cuanto a producción agrícola, incentivos, seguros, así como la asistencia social para familias con recursos limitados.

Reconociendo la importancia y el impacto que esta transición representaría para Puerto Rico, es pertinente que la conversación no se quede en Washington sino que se extienda a la Isla para que se discuta amplia y públicamente.

Vale la pena aclarar que no existe requisito de uniformidad en el manejo del SNAP entre los distintos estados de Estados Unidos. Por lo tanto, Puerto Rico podría, con algunos ajustes, implementar el programa con bastante facilidad. El PAN tiene muchas limitaciones, pero también tiene ciertas libertades de las que el SNAP carece. Por ejemplo: el PAN incluye a estudiantes universitarios y no tiene un requisito de trabajo formal que el SNAP sí tiene. Es importante discutir y prepararnos para atender estas diferencias y otros retos.

También es necesario tener en cuenta que hay muchas organizaciones que apoyan la transición porque tienen grandes intereses económicos que van por encima del interés social. Por un lado, está la carrera de cara al año electoral y, por otro, la ventaja económica que procuran los supermercados, clubes de almacén e importadoras.

La discusión de la Ley deja fuera la producción agrícola puertorriqueña porque, bajo las leyes federales, no hay una definición establecida de lo “local” a nivel federal, por lo que incluye cualquier producción en suelo estadounidense. Bajo esta premisa, las papas de Idaho y las manzanas de Vermont son consideradas “locales” en Puerto Rico. No debe ser secreto que mucho del cabildeo en el Congreso está ocurriendo con promesas a algunos congresistas estadounidenses de que, con la transición entre programas, aumentaría la compra de la producción agrícola de muchos de sus estados.

No nos llamemos a engaño. Recibir más dinero por vía del SNAP sin tener un plan estatal local, no solo de implantación en el corto plazo pero también sostenible en el mediano y largo plazo, resultará en personas que serán desprovistas de asistencia sin mayor aviso y en mayores ganancias para los grandes almacenes, supermercados e importadores.

Si no somos proactivos, la posibilidad de transición a SNAP supondrá otra oportunidad perdida para que, además de mejorar la calidad de vida del beneficiario final, se obtenga un efecto multiplicador en la economía que sea sostenible para todos, incluyendo nuestra clase media, pequeños y medianos emprendedores, agroempresarios, agricultores y pescadores puertorriqueños.”

Esta columna fue publicada por El Nuevo Día en su versión digital el domingo 20 de agosto de 2023.