Esta columna de opinión de Daniel Santamaría Ots, economista y director de Investigación de Espacios Abiertos, fue publicada el 9 de agosto de 2024 en la versión impresa y versión digital del periódico El Nuevo Día.

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Los gobiernos de gran parte del mundo se han puesto de acuerdo por primera vez en algo que parece muy razonable: las empresas multinacionales deben pagar impuestos justos allá donde operen. No puede ser que una maestra de educación primaria o un pequeño empresario local paguen proporcionalmente más impuestos que una gran corporación. El mundo se está cansando de este tipo de inequidades.

La digitalización y globalización de la economía ha permitido que grandes grupos multinacionales estructuren sus operaciones globales trasladando sus beneficios empresariales a jurisdicciones de bajos impuestos. De este modo, consiguen beneficiarse de tasas contributivas muy inferiores a las que no tienen acceso ni las pequeñas y medianas empresas ni la fuerza trabajadora mundial. Este panorama ha resultado en la pérdida de cuantiosos recaudos tributarios corporativos a nivel internacional y, como consecuencia, ha permitido la reducción generalizada del financiamiento adecuado de servicios públicos esenciales en sectores tan medulares como el de la educación, la salud, la infraestructura o la tecnología. Esa estrategia, que hasta ahora ha sido impulsada en Puerto Rico tanto desde nuestras instancias locales como a nivel federal, está en tela de juicio internacionalmente. La presente situación ha propiciado un compromiso de cooperación tributaria internacional sin precedentes en el que más de 140 jurisdicciones, entre las que también se encuentra EE. UU., plantean cambiar esa tendencia al proponer gravar los beneficios empresariales de grupos multinacionales a una tasa contributiva mínima global del 15%.

¿Qué significa este panorama para Puerto Rico? La isla debe poder actuar mitigando los riesgos que esta política pueda suponer para su actual modelo de desarrollo económico, pero a su vez debe aprovechar la ventana de oportunidad que representa este nuevo contexto proponiendo un modelo de desarrollo sostenible que beneficie a nuestras futuras generaciones. Espacios Abiertos evaluó el impacto del impuesto mínimo global del 15% (IMG) en Puerto Rico y cuantificó que la isla podría recaudar en el corto plazo hasta unos $3,800 millones anuales si emitiera legislación local adecuada sobre el IMG con suficiente antelación. De lo contrario, y si no disponemos de legislación adecuada antes de 2025, parte de ese dinero, unos $3,500 millones que pertenecen a Puerto Rico, será recaudado por otras economías que sí se han adherido al impuesto mínimo internacional. Es importante enfatizar que aquí no está en juego si se aumenta o no la tasa al 15% ya que a partir de enero del año que viene la gran mayoría de estas compañías deberán pagarla en la isla o en el exterior. El asunto central es quién lo recauda, si lo hace Puerto Rico o dejamos que otra jurisdicción se aproveche de nuestra inacción.

La isla necesita un nuevo contrato social en el que la ciudadanía sea su protagonista y decida a través de legislación local qué parte de esos recaudos adicionales deben ir a mejorar las condiciones de esas compañías para preservar los aproximadamente 100,000 empleos que generan en la isla y qué parte debe ir destinada a otros fines presupuestarios que favorezcan un crecimiento económico sostenible y nos hagan menos dependientes de los incentivos contributivos. Es decir, Puerto Rico debe plasmar una propuesta legislativa robusta que cumpla con los criterios de la OCDE y el G-20 sobre el IMG y nos sitúe como una jurisdicción atractiva a la inversión foránea a través de incentivos no contributivos. Además, esta propuesta debe ser capaz de retener el empleo y la inversión de las multinacionales ya establecidas en la isla, tener la capacidad de diversificar nuestra base productiva local en sectores estratégicos de nuestra economía y, finalmente, aminorar los riesgos reales de mermas en los recaudos corporativos locales en el largo plazo si el IMG es exitoso en su objetivo final.

Necesitamos actuar con premura, pero con fundamento, y promulgar legislación adecuada que cumpla con los criterios de la OCDE en una sesión legislativa extraordinaria antes de finalizar el año. Hay pocas oportunidades tan transformadoras para el futuro de la isla y Puerto Rico no se merece menos.

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Lo básico que hay que saber.  El impuesto mínimo del 15% no es una nueva carga que impondría Puerto Rico, sino que es una realidad que ya grava a cientos de corporaciones foráneas y multinacionales que tienen negocio en Puerto Rico.

¿Cómo es eso? Sencillo.  Desde 2021, más de 147 jurisdicciones alrededor del mundo ya han firmado el acuerdo que propuso la OCDE (Organización para laCooperación y el Desarrollo Económico) y el G-20, para adoptar un Impuesto Mínimo Global y eliminar la ventaja que ofrecían algunos países con bajas tasas de impuestos, también conocidos como incentivos contributivos.

¿A quiénes aplica ese 15%?  A multinacionales con ingresos mayores a 750 millones de euros anuales. Las cuales tendrán que pagar el 15%.

El detalle está en que ese dinero lo recaudará el gobierno local o el gobierno donde esté la matriz o inclusive lo podrá reclamar el gobierno donde ubique otra filial.  Pero requiere acción.

¿Y cuánto pagan actualmente en Puerto Rico esas corporaciones?  En el agregado, la tasa contributiva actual de esas corporaciones en Puerto Rico oscila en un 2.43%.

La tasa efectiva contributiva actual de Puerto Rico, representa una diferencia de 12.57 puntos porcentuales del Impuesto Mínimo Global del 15%.

La clave está en que esa diferencia de $ no se la están ahorrando ya las corporaciones, pues toda vez que éstas deberán pagar el 15% sobre sus ingresos globales, lo que no paguen a Puerto Rico, lo pagarán a otra jurisdicción.

¿Entonces, qué puede hacer Puerto Rico?  En primer lugar decidir si deja que otras jurisdicciones se lleven ese dinero o si ajusta la ley de Puerto Rico para capturar la totalidad del 15% de impuestos –que ya están pagando esas corporaciones que hacen negocio en Puerto Rico y a las cuales les aplica el impuesto mínimo global.

En segundo lugar, y no menos importante, hacer un plan consensuado de cómo utilizar esos nuevos recaudos para, a corto plazo, crear las condiciones en Puerto Rico para proteger esas corporaciones que ya están en Puerto Rico y sus empleos, y a largo plazo, aprovechar para  crecer la base productiva del país con incentivos NO contributivos.

¿Y qué aporta Espacios Abiertos a esa discusión?  La publicación del primer estudio que cuantifica la cantidad de ingresos que representaría para Puerto Rico tomar o no tomar acción.

El informe de política pública titulado El Impuesto Mínimo Global y sus efectos en Puerto Rico: una ventana de oportunidad, tiene el objetivo de transparentar información repartida en diversas fuentes de acceso limitado;  aportar conocimiento y datos;  y promover una discusión abierta que permita a Puerto Rico aprovechar las oportunidades que representa el IMG y mitigar sus riesgos.

En esencia el estudio de EA…

• cuantifica en unos $3,800 millones anuales el potencial de ingreso del IMG
• plantea la necesidad de tomar acción antes de enero de 2025 para evitar que parte de ese dinero (unos $3,500 millones) lo reclamen o capturen otras jurisdicciones
• y propone la creación de una comisión de expertos locales e internacionales que ayuden a definir cómo se invertirán esos nuevos ingresos con el objetivo de sostener la base industrial actual y futura de Puerto Rico en cumplimiento con el nuevo estándar internacional.

No puede seguir pasando el tiempo sin que Puerto Rico tome acción.  Urge acción legislativa.  Mientras, otros países y jurisdicciones avanzan y -habiendo firmado el acuerdo internacional- capturan dinero que corresponde a Puerto Rico.

The Policy Report prepared and published by Espacios Abiertos’ (EA) team quantifies and analyzes the effect of the Global Minimum Tax of 15% and the opportunities and risks that represent for Puerto Rico, whether or not to adopt legislation, which would allow PR to capture said monies and invest them in a such a way that our industrial base maintains its competitiveness and some 100,000 jobs are preserved.

In essence the EA study:

• quantifies GMT’s income potential at around $3.8 billion annually,
• raises the need to take action before January 2025 to prevent that money (about $3.5 billion) from being claimed/captured by other jurisdictions,
• and among other things, it proposes the creation of a commission of local and international experts to help define how to invest this income  with the objective of sustaining the current -and future- industrial base of PR in accordance with the new international standard.

Over 140 jurisdictions have implemented the GMT, which has rapidly turned into an international standard.   The global minimum tax establishes a minimum tax rate of 15% for corporations with an annual income greater than 750 million euros.

Starting in 2025, this minimum tax, also known as Pillar II, will also impact subsidiaries in Puerto Rico of corporations whose parent companies have other subsidiaries in countries that have already signed the agreement promoted by the OECD and the G-20.

Currently, in the aggregate, multinationals and foreign corporations in Puerto Rico are taxed at an effective tax rate of 2.43%.

On the other hand, the Undertaxed Profits Rule (UTPR) allows that, as of January 2025, any country that is a signatory to the international agreement can claim from another jurisdiction that has not adopted the Global Minimum Tax, the difference in the rate equivalent to 15 %.  Difference that in the case of Puerto Rico is equivalent to 12.57%.

It is for this reason that it is imperative to adopt legislation that allows Puerto Rico to capture that money that would otherwise go to the coffers of other countries.  The amount is significant. The policy report indicates that more than $3.5 billion are in play for Puerto Rico if no action is taken, since said amount could be claimed by others jurisdictions.

This is not a matter of a tax increase that Puerto Rico will be imposing on these corporations, because they will have to pay the GMT of 15% here or abroad.  So, the issue to be defined is who will capture that money? If we do nothing, the country of origin or the country of some subsidiary/affiliate will collect it.  In order for that money to stay in Puerto Rico, the local government must take action.

Espacios Abiertos’ public policy report titled, Global Minimum Tax and its Potential Effects in Puerto Rico: A Window of Opportunity, has the objective of: making transparent information from various specialized sources for which the general public has limited access; provide access to knowledge and data; and promote an open discussion that allows civil society in Puerto Rico to take advantage of the opportunities presented by the GMT, mitigate the risks and guarantee a sustainable long-term fiscal policy.