Esta herramienta interactiva forma parte de los esfuerzos que hace EA para hacer accesible la información sobre el IMG y fomentar una discusión amplia e informada sobre el tema.

El panel de datos desglosa el impacto estimado del IMG en Puerto Rico usando perspectivas distintas. Las métricas se presentan por año, por región y por país. Tal variedad permite al usuario caracterizar detalladamente como cada dólar pudiera moverse dependiendo si Puerto Rico legisla la implementación del IMG.

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Acceda el panel de datos aquí.

Ante ese panorama,  y al considerarse el gran peso que tienen los tratos preferenciales y exenciones contributivas a corporaciones foráneas como incentivo para hacer negocio en Puerto Rico,  Espacios Abiertos (EA) alerta sobre el efecto que podría tener para la economía de Puerto Rico el Impuesto Mínimo Global (GMT, Global Minimum Tax) que se discute alrededor del mundo.  

Por otra parte, el análisis de Espacios Abiertos presenta por primera vez una mirada a los gastos fiscales a nivel municipal.

Acceda aquí el análisis e informe más reciente (versión en español) preparado por Wilmarí de Jesús, analista de política pública de Espacios Abiertos.  Para el resumen de hallazgos oprima este enlace.  For the English version of the Report, access this link.

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Para su análisis, EA toma como base el informe que publica Hacienda,  titulado en inglés Puerto Rico Tax Expenditures 2024 (PRTER) y  los estándares para estados auditados que establece la Governmental Accounting Standards Board (GASB)      –organización independiente que establece las normas de contabilidad e información financiera para las administraciones estatales y locales de Estados Unidos.   Además, en lo que respecta a los gastos fiscales de los municipios, toda vez que estos no son parte del PRTER, EA toma la información de los estados financieros auditados de todos los municipios que procuran cumplir con GASB 77, estándar que entró en vigor a partir del 31 de diciembre de 2015.

Aún con los avances que ha representado la publicación del PRTER desde 2019 y el cumplimiento de la mayoría de los municipios con GASB 77,  todavía existe necesidad de mayor transparencia, detalle y granularidad en la información sobre el impacto fiscal de los beneficios contributivos.  Particularmente, para lograr una evaluación minuciosa y el correspondiente análisis de costo-beneficio de cada uno de los créditos, exenciones e incentivos otorgados.  La información precisa es esencial para que los legisladores, funcionarios gubernamentales y ciudadanos puedan evaluar y tomar decisiones informadas y oportunas respecto de la política fiscal y la administración efectiva del presupuesto y recursos de Puerto Rico. 

Además, desde 2022 EA ha insistido en la necesidad de presentar los PRTER en un formato de datos abiertos que permita el análisis de estas medidas con datos completos, confiables y de fácil procesamiento.  No obstante el reto que ha representado el formato de publicación, EA se ha dado a la tarea de vaciar la información sobre los más de 400 tipos de gastos incluidos en el PRTER, en unos paneles de datos interactivos que facilitan la búsqueda de cualquier persona.  Los paneles interactivos se pueden acceder aquí. 

¿Qué son los gastos fiscales o tributarios? 

La ley de presupuesto federal de 1974 (Congressional Budget Act of 1974) define los gastos fiscales (tax expenditures) como la pérdida de ingresos que tiene el gobierno como resultado de leyes que reducen o hasta eliminan la responsabilidad contributiva normal de un grupo de contribuyentes o de alguna actividad económica definida.

Este trato preferencial puede tomar varias formas; como las exclusiones, exenciones o deducciones especiales que reducen los ingresos sujetos a contribución, o bien pueden ser créditos, decretos, diferimientos y tasas contributivas especiales dispuestas.

Al causar la reducción de los ingresos gubernamentales se designan como “gastos” bajo la premisa de que un dólar que deje de ingresar al fisco es económicamente equivalente a un dólar de gasto público, por eso se usa el término “gastos tributarios”.  

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Los hallazgos de EA sobre el PRTER 2024 y gastos fiscales del gobierno central: 

El 72.52% ($22,222.80 millones) de los ingresos no devengados por gastos tributarios en 2021 corresponden a contribuciones de corporaciones. 

En 2021 se estimó un gasto fiscal total de $24,538.60 millones, siendo el 67.28% ($16,510.50 millones) destinado al área de desarrollo económico.

En 2021 el gobierno apostó a los gastos indirectos o tributarios sobre los gastos directos en áreas como desarrollo económico, retiro y vivienda.

En el PRTER 2024, se estiman el 61.46% de los gastos tributarios, mostrando una mejora respecto al 53.7% que presentaba el PRTER 2023. No obstante, Puerto Rico aún se encuentra por debajo de la mediana mundial en términos de la proporción de gastos tributarios para los cuales se proporcionan estimaciones. 

Principales hallazgos de EA sobre los gastos tributarios municipales:

1. Se destaca la falta de visibilidad centralizada sobre los gastos tributarios a nivel municipal en comparación con los informes a nivel estatal. Actualmente, 54 de los 78 municipios (69.23 %) contienen estimados completos o parciales de los gastos tributarios. 
2. Municipios dejan de devengar al menos $539,163,263 millones por concepto de gastos tributarios adicionales a los 24,538 millones identificados en el PRTER 2024.
3. De los $539.1 millones de ingresos no devengados, al menos $226.3 millones (41.98%) corresponden a impuestos a la propiedad mueble, seguido de $172.4 millones (31.9%) por impuestos a la propiedad inmueble.
4. Las leyes estatales desempeñan un papel dominante al habilitar el 86.84% del total de gastos tributarios, equivalente a $468,228,427 millones.
5. El municipio de Carolina lidera con $146,266,526 en ingresos no devengados, seguido por Guayama con $59,580,476 y Vega Baja con $36,601,553. 
6. En seis casos (Guayama, Juana Díaz, Vega Baja, Carolina, Gurabo y Cidra) los gastos tributarios superan su presupuesto municipal. En 11 casos, los gastos tributarios sobrepasan el 50% del presupuesto municipal.

Recomendaciones de EA 

Aprobar una ley para garantizar los informes anuales detallados sobre los gastos tributarios, tanto a nivel estatal como a nivel municipal, que cumplan con los estándares y mejores prácticas, incluyendo información específica de las exenciones fiscales concedidas, las leyes que las respaldan y las cifras de ingresos no devengados. (A nivel de la Asamblea Legislativa se han presentado y aprobado proyectos de ley a esos efectos, sin embargo éstos han sido vetados por el Ejecutivo).

Incluir informes detallados sobre gastos tributarios en el proceso de aprobación del presupuesto gubernamental a fin de que oportunamente los legisladores y funcionarios gubernamentales cuenten con información sólida para tomar decisiones sobre la asignación de recursos y la continuación de las exenciones fiscales. De esta manera se promueve la transparencia y una gestión fiscal efectiva.

• • En 2023, el informe de gastos tributarios fue publicado el 30 de junio de 2023, un día después de la aprobación del presupuesto 2023-2024 por la Asamblea Legislativa, y seis meses después del plazo establecido por la Junta de Control Fiscal para el Plan Fiscal Certificado del Gobierno.

Utilizar datos actualizados en la estimación de gastos fiscales para mayor precisión y efectividad real de las proyecciones. 

La incorporación de los gastos tributarios municipales en todos los estados auditados municipales, conforme a lo establecido por el GASB 77.

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Espacios Abiertos comenzó en el 2017 a insistir en la necesidad de conocer, divulgar y analizar los gastos fiscales en Puerto Rico. Entre 2018 y 2019 llevó un caso hasta el Tribunal Supremo procurando la divulgación de estos gastos.  En septiembre de 2019 por primera vez el gobierno de Puerto Rico publicó un informe de gastos tributarios, algo que hacía el gobierno federal, los estados y muchos países desde la década de los 70.  Hasta hoy en Puerto Rico se han publicado cuatro informes de gastos fiscales, titulados en inglés Puerto Rico Tax Expenditures Reports (PRTER).  

Al asegurar que se tienen todos los datos necesarios en las formas apropiadas con información detallada sobre los gastos tributarios, redundará en mejores evaluaciones sobre la efectividad de las políticas fiscales y que se puedan realizar oportunamente, los ajustes necesarios.

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Estas observaciones son algunas de las que destaca Espacios Abiertos para mejorar y cumplir los objetivos del programa.  Para conocer más detalles sobre los Mercados Familiares y las recomendaciones de EA, acceda el informe de política pública preparado por la analista Crystal Díaz, titulado: A diez años de los Mercados Familiares.  Acceda el siguiente enlace para el apéndice del Informe que incluye todas las solicitudes de información realizadas a los departamentos de Agricultura y Familia, y sus correspondientes respuestas.

For the English version of the Report, access this link.

La investigación y análisis realizados por Crystal Díaz, analista de política pública de Espacios Abiertos, indica que el programa de Mercados Familiares que administra el Departamento de Agricultura junto con el Departamento de la Familia tiene espacio para mejorar y alcanzar sus objetivos.   El informe, titulado A diez años de la iniciativa de Mercados Familiares, hace recomendaciones específicas para ello.

Entre los principales hallazgos del informe se destaca: que la participación de los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) en los Mercados Familiares ha bajado a menos del 45% de dicha población en los últimos tres años (según informa ADSEF, la participación se mide en uso, Agricultura por su parte indica que la estadística de asistencia por mercado no se lleva); y que escasamente 126 agricultores están autorizados a vender sus productos en los mismos.

El proyecto de Mercados Familiares inició en 2013 con el propósito de fortalecer la producción agrícola del País, proveer acceso a los consumidores a alimentos locales, frescos y de calidad, así como ofrecer una oportunidad de un mercado seguro para el agricultor local. En un acuerdo entre el Departamento de Agricultura y el Departamento de la Familia y con la autorización del Gobierno Federal, el 4% del dinero de cada participante del programa de Asistencia Nutricional (PAN), un total de $80 millones anuales, se reserva para compras en estos mercados familiares, lo que supone un apoyo millonario adicional para el agro local.  Sin embargo, luego de 10 años de implantado el programa es evidente que hacen falta ajustes para lograr cumplir con los objetivos del mismo, no solo la participación de los recipientes del PAN es baja, sino que los requisitos establecidos por el propio Departamento de Agricultura excluyen de participar al pequeño agricultor, al que tiene menos de cinco cuerdas en producción, que es la mayoría en la isla.

La principal falla que encontró Espacios Abiertos durante su investigación está en la falta de datos e información que permita a las agencias analizar y rendir cuentas sobre su desempeño, y al público, confiar en -y fiscalizar- el programa.  Corregir eso le corresponde directamente al Departamento de Agricultura y al Departamento de la Familia, ambos deben ser más proactivos en recopilar y divulgar información, y en compartirse esa información y tomar acción.  Por su parte, la Asamblea Legislativa debería asegurarse de que periódicamente se evalúa y se rinde cuentas sobre la Ley 63 que estableció los Mercados Familiares, y de entenderlo  necesario podrían enmendar la misma a esos efectos.

Entre las observaciones y recomendaciones que se levantan en el informe de Espacios Abiertos se destacan:

(1)  La necesidad de que el proceso de autorización y selección de agricultores y elaboradores sea uno transparente, que evite la posibilidad y apariencia de conflicto de interés o trato preferencial. Y a esos efectos recomienda que se enmiende el reglamento 8775 del Departamento de Agricultura.

(2)  Garantizar más acceso al pequeño agricultor, al revisar el requisito de tener más de 5 cuerdas en producción para el agricultor participar de los Mercados Familiares de Agricultura, así como la cantidad de distintos productos que debe llevar al Mercado Familiar.  Actualmente de 2,500 agricultores bonafide escasamente 126 o un 5% están autorizados a participar en los mercados, pero son muchos menos los agricultores que participan.

(3)  Ampliar el acceso a productos frescos y locales, validando acceso con la tarjeta de la Familia a compras en otros mercados agrícolas no gubernamentales, directamente en las fincas, pescaderías y otros comercios y servicios de venta de productos de origen local de la canasta básica.

(4)  Mejor fiscalización sobre la procedencia de los productos que se venden en los Mercados y otros lugares como productos locales. Crea mucha suspicacia que los Mercados Familiares pudieran vender y hasta aumentar las ventas de 100% de sus productos locales justo en los meses siguientes al huracán Fiona, no obstante la destrucción de producción agrícola que el propio Departamento de Agricultura reclamó.

(5)  Permitir que el agricultor, pescados y elaborador pueda vender cualquier producto agrícola producido en Puerto Rico, y no solamente los listados por el Departamento de Agricultura en su lista de precios, esto provocará un aumento en la variedad de frutas y vegetales producidos en Puerto Rico a los que el consumidor tiene acceso en los Mercados Familiares.

Acceda aquí el Informe completo.

Acceda aquí el apéndice al Informe, que incluye todas las solicitudes de información realizadas a Agricultura y Familia, y sus contestaciones.

*Esta columna fue publicada por El Nuevo Día en su versión digital el 26 de diciembre de 2023, puede accederla en el siguiente enlace.

Por ley, no menos del 70% del presupuesto del Departamento de Educación debe estar dirigido “a servicios directos a los estudiantes en las escuelas.” Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico, Ley Núm. 85-2018, según enmendada. Ayer, el Juez Alfonso S. Martínez Piovanetti ordenó a la Secretaria de Educación que finalmente cumpliera con la ley. (Enlace a Sentencia)

Aunque ya van más de cinco años desde que aprobó la Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico, hoy día no sabemos cuánto del presupuesto de Departamento llega directamente a los estudiantes. La ley requiere que la Secretaria rinda informes anuales a la legislatura sobre el presupuesto dirigido a servicios directos a los estudiantes pero ni una de las seis Secretarias/os que hemos tenido desde que se aprobó esta ley rindieron los informes. El Representante José Bernardo Márquez Reyes tuvo que demandar al Departamento para que el Tribunal de Primera Instancia ordenara a la Secretaria a cumplir con la ley.

Esta falta de transparencia es de gran preocupación y dificulta la habilidad de asegurarnos que nuestros estudiantes están recibiendo la educación (y los recursos) que se merecen. Interesantemente, aunque el Departamento no ha generado los informes de cuanto de su gasto está destinado a ‘servicios directos a los estudiantes en las escuelas,’ al gobierno federal si le reporta mayor detalle de sus gastos. Por su parte, el gobierno federal, a través del National Center for Education Statistics (NCES), nos revela información adicional sobre los gastos del Departamento.

Aquí les resumo algunos datos que el NCES hizo disponible este año sobre los gastos en educación en Puerto Rico y Estados Unidos (EE. UU.) NCES (2023), Common Core of Data, U.S. Department of Education, https://nces.ed.gov/ccd/files.asp.

Primero, Puerto Rico invierte menos por estudiante que todos los estados de Estados Unidos. Puerto Rico gastó $7,127 por estudiante en el 2021, una cantidad menor a la de todos los estados de EE. UU. El gasto por estudiante (“Per Pupil Expenditures,” métrica usada por el NCES) de los estados de EE. UU. osciló en el 2021 entre $8,820 (Iowa) y $28,104 (Washington, DC.), con un promedio de $15,031.57 para todo EE. UU. Nuestro gasto por estudiante solo superó al territorio de Samoa Americana que invirtió $4,085 por estudiante.

Aunque el gasto total en educación en Puerto Rico bajó entre el 2011 y el 2021 (el año más reciente que NCES reporta datos), el gasto por estudiante en el sistema público se ha mantenido relativamente constante por la pérdida de estudiantes. (La pregunta de si bajó el gasto por que se fueron estudiantes o si se fueron estudiantes por que bajó el gasto es un tema de investigación para otro día.)

Las consecuencias de no dedicar recursos suficientes a educación son graves. Aumentos en escolaridad están asociados con aumentos en la participación laboral, aumento en ingresos, y aumentos en participación cívica. OECD (2023), Education at a Glance 2023: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/e13bef63-en. Para que el Departamento pueda cumplir con su misión de educar a nuestros estudiantes, tenemos que proveerle los recursos necesarios. Pero sin transparencia y rendición de cuentas sobre cómo el Departamento distribuye su presupuesto, no sabremos cuánto dinero es necesario para proveerle los recursos que necesitan nuestros estudiantes y por qué. Sin certeza de cuánto del gasto del Departamento está dirigido a servicios directos a los estudiantes, no podemos esperar que exista disposición de dedicarle más presupuesto al Departamento.

Por último, le hago un llamado al Departamento de Educación y al Gobierno de Puerto Rico que se comprometan a (1) robustecer los sistemas de transparencia y rendición de cuentas del Departamento y (2) aumentar los recursos del Departamento dirigidos a servicios directos a los estudiantes. La iniciativa de descentralización del sistema de educación que se está implementando en estos momentos presenta una oportunidad particular para adelantar ambas metas. Espero que logremos que se realicen ambos objetivos.

Los reportes sobre gastos del Departamento deben darnos una imagen clara de cómo se mueve el dinero a través del sistema y cuánto, cómo y dónde le llega al estudiante. Sugiero que incluyan como parte del sistema de transparencia y rendición de cuentas una plataforma de ‘chequera abierta’ como las que se han implementado en varias ciudades y estados de EE.UU. Espacios Abiertos, Queremos Chequera Abierta, https://espaciosabiertos.org/transparencia-financiera/. Así sabremos de donde, para que y a quien va cada dólar que pasa por el Departamento.

Si la educación de nuestros estudiantes realmente es una prioridad, debemos invertir nuestro presupuesto de forma que lo refleje. Los datos que reporta el gobierno federal ponen en duda que lo sea. Si nos importa que los estudiantes reciban una educación de calidad, debemos empezar con cumplir con el requisito de la Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico de que al menos 70% del presupuesto del Departamento se destine a servicios directos a los estudiantes. Y para saber si están en cumplimiento, necesitamos transparencia.

En el marco del Data Innovation Symposium en el Centro de Convenciones de San Juan, un evento que reunió a figuras del campo de la innovación de datos, se presentaron Microjuris y Espacios Abiertos para hablar del camino —complejo y gratificante— para que los datos sean útiles y sirvan para promover la participación cívica en Puerto Rico.

Dentro de la conferencia, se presentaron tres líderes que compartieron sus perspectivas y experiencias desde Microjuris y Espacios Abiertos. Se trató de la licenciada Ataveyra Medina Hernández, Principal Oficial Ejecutiva (CEO, en inglés) de Microjuris, Cecille Blondet-Passalacqua, directora ejecutiva de Espacios Abiertos, y Juan Eugenio Rodríguez, la primera persona en ocupar el cargo de Principal Oficial de Informática (CIO, en inglés) del gobierno de Puerto Rico.

La licenciada Medina explicó el rol que tienen empresas como Microjuris en la organización de datos públicos, como leyes y reglamentos, y la necesidad de la acción humana en este proceso para que efectivamente estos datos sirvan para la participación cívica y democrática.  La abogada puntualizó que Microjuris se encarga de transformar los datos jurídicos para que puedan ser de utilidad —no solo para bufetes— sino para otros grupos como pueden serlo las organizaciones sin fines de lucro, compañías privadas, cooperativas, analistas de política pública y grupos de recursos humanos.

Blondet-Passalacqua, una abogada que se aventuró en el mundo de las soluciones digitales, compartió sus experiencias al trabajar en el análisis fiscal dentro de Espacios Abiertos. Subrayó la necesidad de no solo proporcionar información fiscal, sino también de generar compromiso y participación por parte del público a través de los datos.

Rodríguez destacó la importancia de utilizar los datos gubernamentales para abordar los problemas y desafíos que enfrenta el gobierno. Además, puntualizó que los datos son una herramienta fundamental para la toma de decisiones eficaces.

La conferencia subrayó la importancia de utilizar datos para diseñar interfaces de usuario adecuadas y accesibles, con el objetivo de facilitar la interacción de los profesionales con los datos y, en última instancia, fomentar un mayor compromiso ciudadano.

La presentación resaltó que, a menudo, los datos públicos se reciben en diversos formatos, como PDF o Word, y que requieren una transformación para que sean útiles a la ciudadanía y a las organizaciones.  A palabras de Medina Hernández, esto implica un trabajo editorial minucioso y una coordinación interna para garantizar la accesibilidad y utilidad de los datos.

Además, se enfatizó la importancia de agregar valor a la información pública, incluyendo capas de información interpretada y análisis, como en la actualidad hace Microjuris en herramientas como el de eLegislativo.

La conferencia dejó una pregunta en el aire: ¿Cómo hacemos que los datos sean más utilizables? Una cuestión importante que seguirá siendo discutida en futuros eventos.

La nueva casa de Espacios Abiertos en Río Piedras propone convertirse en un concentrador de energía para cambio sistémico sobre las bases de gobierno abierto: acceso a información y transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.