Especialmente para aquellas personas afectadas por la pobreza económica, existen instituciones que facilitan el acceso a la justicia tales como Servicios Legales de Puerto Rico, Pro Bono, Inc., la Sociedad para la Asistencia Legal, la Oficina Legal de la Comunidad  y las clínicas de asistencia legal de las escuelas de derecho de Puerto Rico.  De igual forma, existen centros de mediación que enfatizan el diálogo y la búsqueda de soluciones por las propias personas en conflicto. Aunque valiosas, y más evidente en momentos donde se debate el tema de la deuda pública y los recortes de presupuestos, estas estrategias no son suficientes para atender la falta de acceso a la justicia en el País y sus manifestaciones cotidianas.

En este momento histórico se evalúan juristas para llenar las vacantes del Tribunal Supremo de Puerto Rico. El Tribunal Supremo es la máxima institución de la Rama Judicial. Como tal, tiene a su cargo la toma de decisiones de importancia fundamental que afectan las posibilidades de acceso a la justicia de todas las personas. La Presidencia de este Tribunal, además, tiene a su cargo la administración de todo el sistema. 

Es el derecho del Pueblo conocer el punto de vista sobre el tema de acceso a la justicia de quienes sean nominados o nominadas. Es fundamental conocer cómo su experiencia, estrategias y planes servirán para promover y ampliar la protección de  los derechos de todos y todas. A propósito de los procesos de evaluación que pronto se verán ante nuestra Legislatura, presentamos una lista de preguntas sobre acceso a la justicia para las personas nominadas.

Estas preguntas son sólo una muestra del escrutinio relacionado a temas como justicia social, pobreza y derechos fundamentales que debemos hacer no sólo a quienes son nominados y nominadas al Tribunal Supremo, sino a quien interese ocupar un puesto gubernamental. Estas preguntas son, ante todo, un reclamo de transparencia, participación y compromiso con el ejercicio de la democracia. Quienes suscriben somos personas, entidades y grupos que apoyamos y promovemos la defensa de derechos fundamentales.

Exigimos a los legisladores y las legisladoras que incorporen estas preguntas a los procesos de evaluación.

Exhortamos a la prensa que brinde la cobertura necesaria para difundir estas preguntas ampliamente.

Convocamos a las personas, comunidades y grupos a que reclamen sus derechos y que defiendan el acceso a la justicia como prioridad.

¿Qué entiende usted por “acceso a la justicia”?

¿Cuáles, considera, son los mayores retos para el acceso a la justicia en el País? ¿Qué recomienda usted para enfrentarlos?

¿Ha colaborado usted en iniciativas dirigidas a adelantar el acceso a la justicia en Puerto Rico? ¿Puede describir esa(s) experiencia(s)?

¿Qué experiencia ha tenido usted, si alguna,  en las siguientes áreas?

Representación o asistencia legal a personas o comunidades pobres en asuntos civiles

Representación o asistencia legal de otras personas o comunidades históricamente marginadas en asuntos civiles

Representación o asistencia legal a personas pobres en asuntos criminales

Trabajo comunitario

Trabajo legal pro bono de cualquier naturaleza

¿Cree que el Estado es diligente en hacer que las personas tengan acceso a información/educación  legal? ¿Cuáles cree usted que son los mayores retos en el área de la educación en derechos dirigida al público general? ¿Qué medidas específicas propone para atender estas necesidades?

¿Cuál es su postura sobre el impacto que ha tenido la crisis económica y los recortes presupuestarios en la Rama Judicial y, particularmente, en el acceso a la justicia?

¿Entiende que hay diferencia entre “acceso a la justicia” y “acceso a la representación legal”? ¿Qué barreras sistémicas – más allá de la representación – identifica usted que atentan en forma concreta contra el acceso a la justicia? ¿Cómo las atendería?

¿Cree que debe existir derecho a representación gratuita y accesible en casos civiles (Gideon v. Wainwright)? Particularmente en casos sobre: 

Privación de custodia y patria potestad por el Estado

Desahucios y ejecuciones de hipotecas

Reclamaciones en asuntos de educación especial

Algún otro tipo de caso. Explique cuáles

¿Qué medidas específicas impulsaría para promover el derecho a representación legal accesible en casos civiles?

Al hacer su análisis para emitir decisiones en casos ante la consideración del Tribunal Supremo, ¿incorporaría un criterio que le ayude a determinar el impacto de esta decisión en las personas de bajos ingresos?

Al considerar medidas que aumenten los costos de procesos judiciales, ¿incorporaría un criterio que le ayude a determinar el impacto de esta decisión en las personas de bajos ingresos?

Las determinaciones sobre justiciabilidad (academicidad, legitimación activa, madurez, etc,) tienen impacto directo sobre el acceso de las personas y comunidades a los tribunales. ¿Cree usted que los criterios que se han utilizado hasta ahora deben revisarse para facilitar el acceso?

Ante las diversas medidas que ha implantado la Rama Judicial a lo largo de los años, ¿qué cree que falta por hacer para que las personas tengan disponible un sistema de tribunales accesible? ¿Cómo estas áreas por atender se relacionan a:

La educación y preparación de las juezas y los jueces

La educación y preparación de personas empleadas en los tribunales

La educación legal disponible para quienes necesitan servicios

¿Qué herramientas, si algunas, desarrollaría y fomentaría usted para lograr la participación efectiva de la ciudadanía en procesos de reforma judicial?

Firmantes

Amnistía Internacional de Puerto Rico
Asociación Nacional de Derecho Ambiental (ANDA)
Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico
CLADEM
Clínica de Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico
Clínica de Asistencia Legal Inter-Derecho
Clínica de Derechos Humanos, Inter-Derecho
Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico
Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE)
Coordinadora Paz para la Mujer
Espacios Abiertos
IDEBAJO
Instituto Caribeño de Derechos Humanos
Instituto y Clínica de Educación y Participación Ciudadana- Inter-Derecho
Inter-Mujeres Puerto Rico
Matria
Mentes Puertorriqueñas en Acción
Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico
Movimiento Pro Justicia Social, Inter-Derecho
Pro Bono de Servicios de Orientación al Inmigrante, UPR-Derecho
Pro Bono Democracia y Participación Ciudadana, UPR-Derecho
Pro Bono ENLACE con las Escuelas Públicas, UPR-Derecho
Pro Bono Inter-Derecho
Pro Bono VIVID Contra la Violencia Doméstica- UPR-Derecho
Revista de Estudios Críticos del Derecho, Inter-Derecho
Sociedad para la Asistencia Legal

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Alex Omar Rosa Ambert, abogado
Alexander Reynoso Vázquez, abogado
Alvin Coutto de Jesús, abogado
Amárilis Pagán Jiménez, abogada
Amaris Torres Rivera, abogada
Ana Irma Rivera Lassén, abogada y profesora Inter-Derecho
Ana Matanzo, abogada, profesora UPR-Derecho
Ana Victoria de Jesús Martell, abogada
Anibal Rosario Lebrón, abogado y profesor Howards University, New York
Annelise Rivera Rivero, abogada
Annette Martínez Arbona, abogada y profesora Inter-Derecho
Ariadna M. Godreau-Aubert, abogada y profesora USC
Astrid Raquel Cruz Negrón, maestra del sistema público de educación
Beatriz Llenín-Figueroa,  profesora UPR-Mayaguez
Carlos E. Ramos González, abogado y profesor Inter-Derecho
Carlos Francisco Ramos Hernández, estudiante UPR-Derecho
Carlos Rodríguez Vidal, abogado
Carmelo Delgado Cintrón, abogado y profesor UPR-Derecho
Carolyn Guzmán Agosto, abogada
Charlie Hey Maestre, abogado
Christian Arvelo Forteza , estudiante UPR-Rio Piedras, Junta de Gobierno UPR
Cristina Esteves Wolff, abogada
Eddie Antonio Ríos Benítez, abogado y juez retirado
Efrén Rivera-Ramos, abogado y profesor UPR-Derecho
Esther Vicente, abogada y profesora Inter-Derecho
Eva Prados Rodríguez, abogada
Evelyn Michelle Román Montalvo, abogada
Frances Collazo, estudiante Inter-Derecho
Gabriel Espinosa González, abogado
Gabriela Camacho Negrón, abogada
Guillermo Rebollo-Gil, abogado y profesor UNE
Hiram Meléndez Juarbe, abogado y profesor UPR-Derecho
Idenis Torres Guzmán, abogada
Ivelisse de Jesús Rivera, estudiante UPR-Derecho
Jaime Villeta García, estudiante Inter-Derecho
Jerymar Cabrera, estudiante Inter-Derecho
Jesús Vázquez, abogado
Judith Berkan, abogada
Karla Venegas Bigas, abogada
Lissette Rolón Collazo, profesora UPR-Mayaguez
Lucía Mateo Rivera, abogada
Lucilla Fuller Marvel, planificadora
Luis Alberto Zambrana, abogado
Luis José Torres Asencio, abogado y profesor Inter-Derecho
Luis Marín Rodríguez, abogado
Luz Ivette Rivera Rivera, abogada
Mabel Rodríguez Centeno, profesora UPR-Rio Piedras
Manuel de J. González Hernández, abogado
Maria Angelines Garay, abogada y profesora UPR-Derecho
María Dolores Fernós López-Cepero, abogada y profesora Inter-Derecho
María E. Hernánez Torrales, abogada y profesora UPR-Derecho
Maria L. Jiménez, abogada y profesora UPR-Derecho
Mariana Iriarte Mastronardo, abogada y profesora UPR-Rio Piedras
Mariana Nogales Molinelli, abogada
Mariela Negrón Marty, estudiante Inter-Derecho
Marilucy González Báez, abogada y profesora Inter-Derecho
Mayra Cristina Artiles Fonseca, abogada y profesora UPR-Dereco
Merangeli Valentín, abogada
Mercedes Garriga Torres, abogada
Michel J. Godreau, abogado y profesor UPR-Derecho
Mónica Fornaris Pau, abogada
Myrta Morales-Cruz, abogada y profesora Inter-Derecho
Natalia Galíndez Vega, abogada
Natalia Ramírez Echevarría, abogada
Natasha Lycia Ora Bannan, abogada, New York
Norly Mendoza, abogada
Nuria Ortíz Vargas, abogada
Osvaldo Burgos Pérez, abogado y profesor Inter-Derecho
Patricia Otón Olivieri, abogada y profesora Inter-Derecho
Patricio Martínez Llompart , estudiante de Columbia Law School
Paula Latortue Albino, estudiante UPR-Ciencias Médicas
Pedro Saadé Llorens, abogado y profesor UPR-Derecho
Rafael Rodríguez Rivera, abogado y profesor Inter-Derecho
Raquel Román Morales, abogada
Raul Cotto Serrano, profesor UPR-Rio Piedras
Sheila Vélez, abogada y profesora, University of Pittsburg Law School
Shemirel Guzmán Hernández, abogada
Verónica Rivera Torres, abogada
Víctor Pérez Mejía, abogado
Victoria Rivera Lloréns, estudiante de UPR-Derecho
Victoria Rodríguez Jordán, abogada, National LGBTQ Task Force, Washington
Vivian Neptune, abogada y profesora UPR-Derecho
William Sewell Fernández , abogado
Willmai Rivera-Pérez abogada y profesora,Southern University Law, Lousiana
Yamil Colón Almenas, líder comunitario Barriada Morales
Yanira Milland Santiago, abogada
Yanira Reyes Gil, abogada y profesora, Inter-Derecho
Yarileen Valiente, estudiante Inter-Derecho
Yarinés Vázquez, abogada
Yashira Hernández González, abogada

Sin embargo, la crisis no afecta a todos y todas por igual. Las medidas de austeridad impactan  de manera especial a personas y comunidades que no pueden costear representación legal o los gastos relacionados a los procesos judiciales. Jóvenes sin defensa en casos criminales, madres en riesgo de desahucio o ejecución de hipoteca, estudiantes de educación especial que no reciben los servicios a los que tienen derecho y personas de edad avanzada a quienes se les niegan servicios de salud dan testimonio de la urgencia del acceso a la justicia para defender derechos fundamentales.  Un País más pobre, como el nuestro, es un País más vulnerable a sufrir violaciones de derechos civiles y humanos. Contar con los mecanismos necesarios para conocer, ejercer y reclamar garantías fundamentales –como el techo,la  salud, la educación y la familia- es indispensable.

Por otro lado, quienes por años se han dedicado a proveer servicios legales gratuitos y accesibles al pueblo, exigen que el Gobierno y la Rama Judicial establezcan parámetros que permitan distribuir esta responsabilidad ética de manera equitativa. Sencillo: que quienes estamos llamados y llamadas a garantizar que toda persona pueda defender sus derechos, contribuyamos en atención a nuestras capacidades y con el apoyo de la Rama Judicial y el gobierno. Entre otras medidas, se requiere la implantación de mecanismos ágiles para el desembolso de fondos, la adopción de normas que regulen la asignación de oficio en casos civiles y la creación de incentivos para abogados y abogadas pro bonistas.

Atender la crisis de acceso a la justicia es una labor titánica. Requiere transformar el sistema para que responda a las  realidades de un País con un alto nivel de desigualdad, limitado acceso a educación legal y poco apoyo institucional a la clase profesional que colabora con las poblaciones más desaventajadas para que éstas puedan defender sus derechos fundamentales.

Desde su fundación, Espacios Abiertos ha tratado el tema de acceso a la justicia como una prioridad. Nuestra agenda ha estado dirigida a diseñar estrategias para que más personas conozcan sus  derechos y tengan los mecanismos para ejercerlos. Así, y en colaboración con diversas entidades y comunidades, desarrollamos proyectos como ayudalegalpr.org, el Taller Legal Abierto y la Ruta Pro Bono. Hoy, a raíz de los recientes acontecimientos relacionados al acceso a la justicia en tiempos de crisis, hacemos un llamado amplio para exigir y participar de esfuerzos concretos que coloquen el acceso a la justicia en un lugar prioritario en la agenda del País que queremos.

Escrito por: Lcda. Ariadna M. Godreau-Aubert, Coordinadora de Acceso a la Justicia

Para Divulgación
9 de febrero de 2015
San Juan, Puerto Rico

El 5 de febrero de 2015 el Superintendente de la Policía de Puerto Rico radicó su primer informe sobre el estado de los trabajos conducentes al cumplimiento con el acuerdo en el tribunal federal para una reforma sustentable del cuerpo policial de Puerto Rico. El acuerdo firmado en el tribunal federal entre las partes, la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Policía de Puerto Rico, se fundamentó en hechos investigados sobre un reiterado patrón y practica de violaciones de derechos civiles contra la ciudadanía. El acuerdo al cual se llegó puso en suspenso los procedimientos en dicho pleito para permitir que el gobierno de Puerto Rico se encargue de cumplir con lo acordado para reformar la Policía de Puerto Rico.

Aún cuando la demanda, tanto del Departamento de Justicia de Estados Unidos como la de la Unión Americana de Libertades Civiles, se basa en serias violaciones de libertades civiles y leyes de derechos civiles, el informe radicado por la Policía de Puerto Rico carece de información sobre como dicho cuerpo está lidiando con las querellas sobre abuso policial, cuantas si algunas querellas han recibido, si han aumentado o disminuido, y que procedimiento existe para darle seguimiento e investigar dichas querellas.

Tal y como lee dicho informe, nos da la impresión que la conducta reiterada de la policía de violar derechos de los ciudadanos es una cosa del pasado. La única alusión a algún asunto que se podría entender relacionado a lo que nos llevó a insistir en una reforma policial está relacionada a la publicación de una pancarta sobre el derecho a no ser registrado sin orden judicial (la cual aún queda pendiente), una política sobre la disciplina progresiva contra oficiales (también pendiente) y la utilización de estudiantes de Derecho de la Universidad de Puerto Rico para asistir en el proceso de revisar querellas (pendiente).

Específicamente, en el tiempo que lleva el proceso de reforma policial, según el informe, aún sigue bajo revisión la política por establecerse sobre violencia doméstica y agresiones sexuales, así como un protocolo sobre tráfico humano y abuso de menores en instituciones juveniles. Es inconcebible que en lo mínimo aún no se haya atendido estas áreas de tanta importancia para Puerto Rico. Aún quedan pendiente la mayoría de los reglamentos y protocolos necesarios para adelantar la reforma, según informa la Superintendencia.

Donde más progreso se demuestra es en el área de contratación de 42 empleados para una oficina de la reforma policial y adiestramientos sobre el uso de armas de impacto, los llamados “tasers” y agentes químicos. Los mismos mecanismos utilizados impropiamente contra ciudadanos en violación a sus derechos constitucionales. Muy poco se menciona sobre adiestramiento en el área del derecho constitucional.

En la ACLU quedamos muy decepcionados con este informe que, más que demostrar cumplimiento con adelantar una reforma en el área del trabajo policial constitucional (constitutional policing), lee como un relato de actividades y esfuerzos dirigidos a crecer el cuerpo policial.

Los cierto es que las serias violaciones de derechos civiles, aun continúan, inclusive conducta que raya en organizada y delictiva, tal como incautación de teléfono inteligentes, agresiones y amenazas dirigidas a desestimular la radicación de querellas, registros y allanamientos ilegales, entre otras.

Además, desconocemos cual es la fórmula o números que utiliza la policía para dar a entender que disminuye las incidencias de violaciones; suponemos que un criterio es que la gente no presenta querellas o que se han presentado menos querellas. Precisamente de eso es que trata las amenazas a la ciudadanía. “Hablas y pagaras”, como se nos ha informado. Esto lo sabe muy bien el gobierno, que ha escuchado esas mismas palabras de ciudadanos preocupados y que a su vez desconfían de cualquier agente del gobierno.

Aún es muy temprano para llegar a la conclusión que tenemos en Puerto Rico un cuerpo policial constitucional que respeta los derechos fundamentales del pueblo y que no incurre en delitos comunes, por lo que no debemos bajar la guardia. El proceso continúa y será un trayecto largo y arduo. Algún día vamos a poder decir que se cumplió con lo acordado ante el tribunal federal; en ese momento se cerrará el caso federal presentado por la División de Derechos Civiles en Washington, DC. Cuando llegue ese día es que en realidad comienza el trabajo del pueblo, ya que el cambio nunca es realmente permanente.

El pueblo no debe bajar la guardia ante comunicados e informes gubernamentales precipitados. Cuando se llegue a la conclusión que el gobierno de Puerto Rico ha cumplido con el acuerdo para reformar la policía, y se cierre el caso federal, en ese momento, nos incumbe asegurarnos que todo los días de año el cuerpo policial de Puerto Rico sea recordado que estarán bajo la lupa de un pueblo que conoce sus derechos fundamentales y no permitirá mas abusos, particularmente contra comunidades y personas indefensas.

Mientras esperamos la llegada de ese día debemos trabajar, YA, para la creación de una entidad ciudadana independiente que continúe monitoreando los cuerpos policiales del país y responda al pueblo, no a un tribunal; entidad que monitorearía no solo a la policía de Puerto Rico, sino también a los demás cuerpos de policías municipales y otras entidades con funciones policiales.

Contacto:
Lcdo. William Ramirez Hernández
Director Ejecutivo
Móvil/ 917.517.8861
Oficina/ 787.753.9493
wramirez@aclu.org

William Ramírez es el director ejecutivo de ACLU-PR y miembro del equipo directivo de Espacios Abiertos (EA)