El corto tiempo para deliberación presupuestaria y la prisa para aprobación de planes de reestructuración violenta el derecho ciudadano a saber y participar.
Mientras que el presupuesto anual de gastos del gobierno aumenta año tras año, los días de deliberación y discusión del mismo en la Asamblea Legislativa, se reducen. Por otro lado, la rapidez con la cual se han aprobado y pretende se aprueben en la Asamblea Legislativa los planes de reestructuración también tiene el efecto de limitar la participación ciudadana. Este parece ser otro de los saldos de la ley PROMESA, que el próximo 30 de junio cumple 3 años.
Menos tiempo de estudio equivale a más posibilidades de cometer errores e injusticias.
Un análisis comparativo realizado por EA muestra la diferencia con otras jurisdicciones y la dramática merma que ha sufrido el tiempo de consideración del presupuesto en Puerto Rico. Mientras en 2009 el periodo de discusión presupuestaria fue de 61 días, el año pasado ya se había reducido a 19 y este año a menos de 15 días. Escaso tiempo para la consideración de una medida de por sí compleja, y a la que se añade un grado de complejidad mayor por la situación de crisis fiscal y la reestructuración de deuda. Si comparamos el proceso con jurisdicciones de los Estados Unidos, vemos que 46 de los 50 estados y el Distrito de Columbia, tienen más de tres meses (90 días) para la discusión de sus presupuestos y 19 de éstos 5 meses (150 días) o más. O sea, 10 veces más tiempo que lo que tendrá la legislatura de Puerto Rico en esta coyuntura.
