Advertencia. Cualquier coincidencia con la realidad, es eso, pura coincidencia.
Primer acto.
NO PEGAN UNA.
Por los pasados siete años bajo la autoridad que le confirió PROMESA, la Junta de Supervisión Fiscal ha estado realizando planes fiscales y proyecciones económicas para justificar los acuerdos de reestructuración, el intercambio de bonos y las nuevas emisiones de deuda para pagar a bonistas.
Nueve planes fiscales certificados. Y en cada uno revisan el anterior, y ajustan sus proyecciones a la baja (vea la tabla). En el más reciente, nos indican que Puerto Rico podría enfrentar un déficit tan temprano como en 2027 ó 2028.
Segundo acto.
LA ALCANCIA ROTA.
Cuando el Congreso de los Estados Unidos aprobó la ley PROMESA el Congressional Budget Office estimó en $370 millones el costo total (a lo largo de 10 años) que tendría la reestructuración entre los gastos de consultoría financiera, asesoría legal y administración. Ese estimado duplicaba el gasto que había representado la quiebra de Detroit.
A junio de 2023, siete años después de nombrada la Junta, los gastos en consultoría, asesoría legal y administración, sobrepasan los $1,500 millones (vea el Informe de EA). Dinero que no ha salido del Tesoro de los EEUU ni del Congreso, sino del bolsillo de los puertorriqueños. Cantidad que dista mucho del presupuesto original que se dispuso para el ente que debía “enderezar” a Puerto Rico hacia un camino de disciplina fiscal.
Lo más lógico sería, si quisiéramos que hubiese un aprendizaje, compartir o transferir el conocimiento que ha informado el proceso. Las proyecciones, los números, los supuestos, TODO.
Tercer acto.
LA CAJA FUERTE.
Cerrados ya muchos de los procesos de reestructuración, ante la coyuntura de unas proyecciones que la Junta informa que no se están dando y conscientes del gasto extraordinario que ha sufragado el pueblo de Puerto Rico, Espacios Abiertos solicitó a la Junta acceso a dicha información (ver carta y anejo). Siendo ésta una de interés y carácter público. Sin embargo, su respuesta rápida y sencilla, fue un rotundo, NO (ver respuesta).
Los datos más importantes, la base que informó el análisis y toma de decisiones, no están disponibles para el pueblo, para la gente que pagó por ese trabajo. Difícil lograr una transferencia de conocimiento que pueda aprovechar el país, sin acceso libre y completo a esos datos.
Epílogo.
A OSCURAS NO.
La transferencia de conocimiento a nuestras instituciones públicas debe ser una prioridad innegociable si queremos evitar que Puerto Rico entre en un ciclo de dependencia de consultores privados. Resulta imperativo eliminar la relación parasítica con el estado y promover una simbiótica donde capacitemos a nuestros estamentos públicos para que ambas partes resulten beneficiadas.
ESTA HISTORIA CONTINUA… Accede el informe más reciente publicado por Espacios Abiertos. Sus asesores, tus chavos: falta de acceso a los datos que han informado la reestructuración de Puerto Rico.