Los términos y condiciones de cómo se utilizan los recursos públicos hacen una diferencia. El 17 de enero la gobernadora firmó la orden ejecutiva OE-2020-010 eximiendo a la Rama Ejecutiva de los requisitos de procesos de contratación gubernamental para acelerar la recuperación de Puerto Rico, luego de declarar un estado de emergencia debido a los terremotos. En el mes de marzo se firmaron dos órdenes ejecutivas: la OE-2020-024 la cual viabiliza la adquisición de bienes y servicios necesarios para combatir los efectos del Coronavirus (COVID-19) y la OE-2020-027 extendiendo el periodo de emergencia debido al COVID-19 y eximiendo a ciertas entidades de la Rama Ejecutiva de ciertos requisitos de procesos de contratación gubernamental para viabilizar y acelerar la recuperación. En estas dos últimas órdenes ejecutivas, por pedido de la Junta de Supervisión Fiscal, los términos y condiciones para los contratistas eran más estrictos, pero hemos visto que no han sido suficientes. Con el intento de adjudicar un contrato de $13 millones para la compra de ventiladores y con la adjudicación de otro contrato de $40 millones para comprar pruebas de coronavirus vemos que estos términos y condiciones eran necesarios pero no han sido suficientes para combatir el mal uso y subutilización de recursos públicos.
Si algo hemos aprendido desde el paso de los huracanes Irma y María y los recientes terremotos, es que la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana durante una emergencia son parte neurálgica para proteger la salud y la seguridad del país. Ya sabemos que cuando las decisiones se toman en cuartos oscuros — sin participación ciudadana — los recursos públicos son subutilizados y en algunas ocasiones malversados.
La semana pasada Transparencia Internacional publicó un reporte sobre los elementos mínimos que los gobiernos deben observar en las contrataciones públicas durante el estado de emergencia debido al COVID-19. Hoy Espacios Abiertos envió una carta con sus anejos a la Gobernadora y al Secretario de Salud con unas guías para manejar las contrataciones en tiempo de emergencias utilizando las mejores prácticas de este reporte. Aquí se las resumimos:
- Los gobiernos deben dar máxima publicidad en la información de compras gubernamentales vinculadas con la emergencia;
- Las agencias reguladoras y antimonopolio deben ser activadas para evitar colusión entre actores económicos o prácticas que resulten en la especulación de los precios;
- Se deben realizar auditorías en tiempo real para los procesos de contratación pública, precisamente por la naturaleza excepcional de la situación y la magnitud de la emergencia;
- Los gobiernos deben concentrar en una sola plataforma toda la información relacionada a las contrataciones gubernamentales en este tema o generar identificadores en la plataformas electrónicas de contratación pública;
- Debe haber rendición de cuentas apropiada y sin excusas
La transparencia y la rendición de cuentas son temas de alto interés público y donde todas y todos debemos participar. Los recursos destinados por el gobierno para manejar la emergencia son de cada una de nosotras y nosotros. Cada decisión que se tome puede tener un efecto directo en nuestras vidas, comunidades y en la situación del país. No dejemos que el virus de la corrupción nos arrope durante la emergencia. Más transparencia es más salud.