La disparidad en la asignación de fondos federales para Puerto Rico se debe a una combinación de aspectos estructurales, y prioridades de política pública. Si bien algunos sectores insisten en justificar el trato desigual por la cantidad limitada de contribuciones federales que pagamos, lo cierto es que Puerto Rico no es la única jurisdicción con una contribución neta per cápita negativa.
Al cubrir vistas congresionales o debates sobre Puerto Rico, es común que alguien afirme que Puerto Rico no paga impuestos federales y que el trato desigual hacia Puerto Rico se debe a ello. Esta confusión respecto a la situación contributiva de Puerto Rico es frecuente. Si bien , en términos generales, no pagamos impuestos sobre el ingreso al gobierno federal, es decir, la mayoría de los residentes de Puerto Rico no tienen que rendir planillas federales, según los cálculos del IRS, Puerto Rico pagó $5.541 millones en impuestos federales en el año fiscal (AF) federal 2025.
Puerto Rico recibe en asignaciones federales más de lo que envía al gobierno federal, y esto, puede llevar a pensar que el trato desigual hacia el archipiélago se debe a que no aportamos suficiente al fisco federal. Sin embargo, al revisar el cálculo de la contribución neta de otros estados y jurisdicciones de EE.UU., vemos que la explicación no es tan sencilla.
La contribución neta se entiende como la diferencia entre lo que los estados aportan en contribuciones federales y lo que reciben en asignaciones federales y se normaliza en términos per cápita, como los fondos de asistencia nutricional o de infraestructura. Cuando una jurisdicción tiene una contribución neta positiva, significa que aporta más de lo que recibe. En cambio, la contribución per cápita neta negativa se produce cuando el gobierno federal asigna más fondos de los que ese estado o territorio aporta.
Puerto Rico tiene una contribución per cápita neta negativa, pero no es la única jurisdicción con esta realidad. En el año fiscal (AF) 2025, un total de 29 jurisdicciones presentaron un déficit per cápita con el gobierno federal y 10 para de ellas fue más alto que el de Puerto Rico, estas son: North Dakota, Kentucky, Connecticut, Minnesota, Indiana, South Carolina, Alaska, New Mexico, Washington D. C. y Virginia. Todas estas jurisdicciones reciben paridad en programas federales, incluyendo los programas que son discutidos a continuación.
A pesar de que Puerto Rico, aporta miles de millones en fondos federales y no es la única jurisdicción con una contribución neta negativa, recibe un trato desigual en la asignación de fondos federales, particularmente en el área de la salud— tanto para Medicaid como para Medicare— y en el programa federal de asistencia nutricional (PAN).
La asignación federal de fondos para Medicaid en Puerto Rico registró un aumento del 29% entre el AF 2023 y el AF 2024, según los datos más recientes. Sin embargo, este aumento está por debajo del aumento del 31% del que se beneficiaron los estados, en promedio. Más aún, el beneficio por persona de $3,573 que recibió Puerto Rico en el AF 2024 es mucho menor que el promedio de $12,958 por persona que recibieron los estados. En comparación con el AF 2023, la asignación promedio para Puerto Rico fue $2,259 menos que la de los estados en el año anterior: en el AF 2023 era $7,126 menos que la asignación promedio a nivel de EE.UU., mientras que el año siguiente fue $9,385 por debajo del promedio.
La creciente disparidad en la asignación de fondos de Medicaid en Puerto Rico es un problema vinculado a la estructura de asignación de fondos para los territorios. Mientras los estados reciben un porcentaje de fondos federales basado en su ingreso per cápita, Puerto Rico recibe un porcentaje fijo establecido por ley federal. Además, la asignación total para Puerto Rico tiene un tope que no existe para los estados.
La situación se repite con los fondos federales de Medicare. El aumento en Puerto Rico para el AF 2024 fue del 7%, mientras que en los estados fue del 13%. Igualmente, se incrementó la brecha entre Puerto Rico y los estados en la asignación por persona. En 2023, Puerto Rico estaba $4,141 por debajo del promedio. Los números del año siguiente muestran que Puerto Rico está $5,067 por debajo de la asignación promedio.
Puerto Rico también recibe un 10% menos de asistencia nutricional. Al igual que en el ámbito de la salud, la desigualdad en el de la asistencia nutricional es estructural. Puerto Rico recibe una asignación en bloque como parte del Programa de Asistencia Nutricional (PAN o NAP, por sus siglas en inglés), con una asignación predeterminada cada año fiscal, mientras que los estados reciben asignaciones mediante el Programa de Asistencia Nutricional Suplementario (SNAP, por sus siglas en inglés), para el cual la cantidad de fondos federales no está limitada. El resultado es que Puerto Rico, nuevamente, está por debajo de la asignación promedio de EE.UU. Puerto Rico figura incluso por debajo de la asignación a los territorios de Guam y las Islas Vírgenes.
Tanto la gobernadora, Jenniffer González, como el comisionado residente, Pablo José Hernández abogan por la transición del PAN al SNAP ya que entienden que es una mejor estructura y estiman que esto implicaría más dinero para Puerto Rico. Ambos han argumentado que una de las desventajas principales del PAN es que es una asignación en bloque, mientras que el SNAP es una asignación basada en las necesidades poblacionales. Sin embargo, ambos funcionarios electos reconocen que una transición al SNAP no sería sencilla, ya que podría tardar hasta 10 años. Además, una transición a SNAP podría resultar en la pérdida de elegibilidad para algunos grupos, lo cual debería ser atendido por el Gobierno de Puerto Rico. De acuerdo con un estudio de viabilidad del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, una transición al SNAP podría elevar la asignación que recibe la isla hasta $4,500 millones. Esta decisión, no obstante, queda en manos del Congreso federal.
Anteriormente, el Congreso había incluido lenguaje para evaluar cuánto costaría y qué medidas suplementarias tendrían que aprobarse para atender una transición del PAN al SNAP en Puerto Rico y los territorios. El jueves 6 de agosto, el Comité de Agricultura, Nutrición y Bosques del Senado Federal evaluó el Farm Bill, la medida que autoriza, entre otras cosas, los fondos del SNAP y PAN. Esta versión del Farm Bill propuso recortes a la aportación del gobierno federal, lo que aumentaría la necesidad de aportaciones de los estados al programa SNAP y eliminaría el lenguaje sobre la transición de Puerto Rico del PAN al SNAP. La media no obtuvo los votos al no haber consenso en el tema de asistencia nutricional y se espera que el proyecto tenga otra votación en septiembre.
Aun considerando todo lo anterior, las asignaciones de fondos de asistencia nutricional y de salud no reflejan las situaciones de mayor disparidad. Un caso particular es el Seguro Social Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés): Puerto Rico no es elegible para recibir fondos de este programa federal, que está disponible para los estados. Esto resulta en una desventaja económica para la población con discapacidades y envejeciente de escasos recursos. Similarmente, Puerto Rico no es elegible para recibir fondos del programa federal Medicare Savings Programs, que provee asistencia a personas con ingresos y recursos limitados para cubrir sus primas de las Partes A y B, deducibles, coaseguros y copagos.
El crédito por trabajo (EITC) refleja otra manifestación de la disparidad en las asignaciones federales: es un programa con una asignación predefinida (en bloque), mientras que la versión para los estados no impone límites a la aportación federal. Puerto Rico es la jurisdicción que recibe la menor aportación federal en términos absolutos para este programa, mientras que es la que más aporta en términos relativos. En 2024, Puerto Rico contribuyó con un 45.3% del costo del crédito por trabajo, sólo por debajo de Carolina del Sur. Espacios Abiertos ha reiterado los beneficios económicos de este programa como medida clave para la reducción de la pobreza, el incentivo al trabajo y la incorporación de más personas a la economía formal, lo que se traduce en un aumento de la base tributaria de Puerto Rico.
La disparidad en las asignaciones federales constituye más bien un patrón que un conjunto de eventos aislados. Periódicamente, el gobierno de Puerto Rico y diversas organizaciones cívicas denuncian las insuficiencias de las ayudas destinadas a atender a las poblaciones vulnerables. En el caso de Puerto Rico, estas poblaciones representan un alto número de la población: 1.3 millones reciben Medicaid, casi 800 mil reciben Medicare, 1.2 millones reciben PAN y alrededor de 648,000 hogares recibieron el EITC en 2024.
La realidad de las asignaciones federales para Puerto Rico es una combinación de estructuras, inclusión y prioridades. En el caso de los fondos de Medicaid, PAN y el EITC, un factor determinante es la estructura de estos programas federales en la isla. A diferencia de los estados, Puerto Rico no recibe una asignación abierta en función del número de usuarios que tiene, sino que recibe asignaciones en bloque para estos programas. Además, Puerto Rico queda excluido de participar en programas como el SSI y los Medicare Savings Programs.
Más allá de estas realidades, Puerto Rico tiene un problema de percepción en las discusiones que se llevan a cabo en Washington, D. C. Dicha percepción, no está basada en evidencia ni datos, pero nos trae consecuencias muy reales. A nivel individual, los beneficiarios sufren los vaivenes de posibles precipicios fiscales para los fondos de salud o las preocupaciones de que los fondos de asistencia nutricional no den para cubrir el mes. A nivel gubernamental, resolver las disparidades en el trato y la asignación de fondos federales le daría al gobierno de Puerto Rico la certeza para trabajar en políticas públicas que ofrezcan oportunidades de mejorar la calidad de vida de las y los puertorriqueñas y puertorriqueños.