Por María Soledad Dávila Calero
Ahora que el gobierno de Puerto Rico culminó la elaboración del presupuesto AF2027 tras la certificación de la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF), es importante dar una mirada profunda a ese proceso ahora que se están evaluando y diseñando medidas para mejorar cómo Puerto Rico organiza sus finanzas.
Según la JSAF, el presupuesto para el año fiscal 2026-27 marcó, un cambio en cómo se habían estado elaborando los presupuestos de Puerto Rico por los pasados 10 años. Según indicaron los miembros de la JSAF durante la 51ra reunión pública de la Junta, pasamos de presupuestos preparados por la JSAF y presentados por el/la gobernador/a, a un presupuesto preparado por la gobernadora y evaluado por la JSAF. Es la primera vez que en una década que la mayoría del peso del proceso de elaboración de presupuesto de la isla volvió a recaer sobre el gobierno de Puerto Rico.
La Junta ha enfocado su mensaje público a la necesidad de mostrar que Puerto Rico va adquiriendo disciplina fiscal. Igualmente los legisladores hablan de no caer en los errores del pasado y los jefes de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), así como de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) hablan de cómo han implementado mejores prácticas para darle menos subjetividad a los procesos de preparar el presupuesto.
En ese trabajo para lograr la disciplina fiscal, uno de los primeros aspectos a evaluar son las limitaciones en la estructura y en los procesos que afecta la comunicación entre las ramas, le resta transparencia a los procesos y dilata la recopilación de información.
Para facilitar esa disciplina, que evitaría que regresemos a las crisis crediticias del pasado, hay que construir la infraestructura dentro de los sistemas del gobierno que separe partidas y de visibilidad a sus usos. Igualmente, la disciplina fiscal va más allá de no gastar más de lo que se recauda. La disciplina fiscal es darle una consistencia a los procesos que elimine la incertidumbre actual de cómo va a correr cada proceso de presupuesto.
Recientemente, en las vistas de presupuesto celebradas el pasado 17 de marzo, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, representante Eddie Charbonier, cuestionó por qué la legislatura no había sido incluída en el proceso de elaboración cuando para marzo del 2025 ya habían sido puestos al tanto de los procesos de OGP, AAFAF y el Departamento de Hacienda.
Los funcionarios gubernamentales están bajo constante escrutinio, pero de camino a la década de la Ley Promesa, aumenta la presión de mostrar que estamos en curso a la salida de la junta. Esto incluye lograr el mejor desempeño en la preparación de presupuesto, pero también hacen falta medidas que establezcan formalmente los hitos y metas intermedias de cara a la presentación formal de presupuesto y los parámetros para la recopilación de la información de los gastos de las agencias. Además, se debe acordar cuáles son los datos económicos e internos del gobierno que se utilizarán. Ciertamente, es importante tener clara la contabilidad de las agencias, pero se deben tener en cuenta los indicadores económicos y el gasto tributario, que es el dinero que el gobierno deja de recaudar por otorgar créditos, exenciones y otros incentivos fiscales.
Mientras la JSAF esté en Puerto Rico, parte de su rol es abonar a la consistencia y claridad de los procesos de presupuesto. Una de las críticas que se le hizo a la JSAF en el pasado fue sobre la falta de criterios claros para que un presupuesto pudiera ser certificado como balanceado. La JSAF ha sido más proactiva al explicar en diferentes espacios cuáles son sus requisitos. El director ejecutivo de la JSAF, Robert Mujica explicó que un presupuesto balanceado no es simplemente un cuadre de caja que a base de efectivo o “cash balanced budget,” sino un presupuesto de devengo modificado o “modified accrual balanced budget,” porque un presupuesto de devengo reconoce todos los gastos que están atados a los recaudos. Por ejemplo, si este año se asignan unos fondos para construir una carretera, aunque la carretera no se construya este año no podemos contar con esos fondos para cuadrar la caja. Mujica explicó que para definir qué es un presupuesto de devengo modificado utiliza principalmente los estándares de la General Accounting Standard Board (GASB) con algunas alteraciones para atender la realidad fiscal de Puerto Rico.
Esta claridad permite que los funcionarios de gobierno, legisladores y ciudadanos tengan una mejor idea de qué esperar del proceso de presupuesto. Sin embargo, todavía hay espacio para visibilizar la visión de la JSAF sobre los hitos y progreso hacía una disciplina fiscal. Por ejemplo, la JSAF puede publicar cuáles fueron las modificaciones a los estándares de la GASB que se acordaron. Esto facilitaría que diversos sectores sociales puedan alinear sus propuestas fiscales con esos requisitos.
Otra iniciativa para la JSAF es proveer más claridad sobre las etapas del proceso de certificación. En la carta que la JSAF envió a la gobernadora Jenniffer González indicó que la razón por la que la gobernadora necesita entregar a la Junta el presupuesto firmado para la mañana del 29 de junio es “a fin de disponer de tiempo suficiente para revisar y certificar el mismo como un presupuesto desarrollado conjuntamente, de conformidad con la Sección 202(f) de Promesa, a más tardar el 30 de junio de 2026.” Esto se podría interpretar como que el presupuesto para el Año Fiscal 2027 recibirá una certificación final de estar en cumplimiento con la Ley Promesa. Sin embargo, luego de la 51ra reunión pública de la JSAF, Mujica explicó que en realidad la determinación final sobre si un presupuesto estuvo en complimiento con Promesa no se hace cuado se aprueba el presupuesto sino al final del año para confirmar que en efecto se siguió el presupuesto según fue aprobado y no se hicieron enmiendas a mitad de año que descuadrar la caja del gobierno.
Una buena infraestructura fiscal permite a los gobiernos asignar acorde a sus agendas pero mantiene la consistencia en los procesos y le da claridad a los funcionarios, legisladores y ciudadanos sobre qué esperar y cómo adentrarse en el proceso.