Por Maria Soledad Dávia Calero
El gobierno de Puerto Rico está entrando en la recta final para aprobar el presupuesto del Año Fiscal 2027. La discusión ha girado en torno a la contabilidad interna sobre el gasto directo y lo que el gobierno recauda a través de los impuestos. Pero limitar el análisis de presupuesto a recaudos y gastos de las entidades es tener una discusión incompleta.
Todos los gobiernos usan una combinación de impuestos e incentivos para canalizar parte de su política pública. El lado de los incentivos es lo que se conoce como gastos tributarios, que son créditos, exenciones, exclusiones, deducciones, diferimientos y tasas preferenciales.
Actualmente parece haber una muralla en la que la discusión de presupuesto se limita a la contabilidad interna del gobierno, y al otro lado de la muralla están las discusiones sobre los créditos y demás incentivos pero específico al contexto de una posible reforma contributiva.
La realidad es que tomar en cuenta cuánto dinero dejamos de recaudar y a cambio de qué obtenemos es un tema relevante para cuadrar la chequera.
Ya el gobierno ha retomado la buena práctica de la publicación sistemática de estos incentivos a través de su Informe de Gastos Tributarios publicado por el Departamento de Hacienda. Esto es un paso que aumenta la transparencia de cómo el gobierno está usando los créditos, exenciones y otros incentivos.
Pero según encontró Espacio Abiertos en su estudio Hacia una metodología de evaluación de los gastos tributarios: Fundamentos conceptuales, marcos institucionales y lecciones para Puerto Rico, que el gobierno aún carece de métodos y criterios para evaluar la efectividad de todos los componentes de gasto tributario.
El Informe del Gasto Tributario para el 2025 salió en diciembre, a destiempo para poder preparar el presupuesto del Año Fiscal 2026. Aún asi, la información está suficientemente actualizada como para haberse considerado durante la discusión de presupuesto del 2027.
Recientemente, el director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Robert Mujica explicó que la junta y el gobierno de Puerto Rico ya llegaron a acuerdos sobre cuáles serán los criterios que usará la JSF para evaluar si los presupuestos que entregue el gobierno podrán ser certificados como balanceados. Aunque, el detalle de los criterios no fue divulgado, el director ejecutivo de la JSF dejó claro que son una modificación de los estándares presupuestos basados en devengos o accrual balance budgets.
Esto quiere decir que la junta quiere que el gobierno tenga una visión más holística a la hora de elaborar el presupuesto. Presupuestos creados bajo los estándares de devengo deben tomar en cuenta gastos futuros que se pagará con dinero que se genera hoy, al igual que estudios de gastos de cuál es el impacto de las políticas fiscales.
Aquí es que encaja el Informe de Gastos Tributarios que prepara el Departamento de Hacienda acompañado de un análisis de cuáles de estos incentivos está rindiendo frutos; para preparar presupuestos que midieron la sostenibilidad fiscal del gobierno.
“El Governmental Accounting Standards Board (GASB) es la entidad encargada de establecer los principios y normas de contabilidad para gobiernos estatales y locales en Estados Unidos, con el objetivo de asegurar la consistencia, transparencia y comparabilidad en la información financiera pública. Mediante sus estándares, el GASB promueve una divulgación más clara de ingresos, gastos y obligaciones fiscales, lo cual resulta clave para evaluar la sostenibilidad fiscal y la rendición de cuentas”, explica el informe preparado por Espacios Abiertos.
En la medida que ha ido aumentando el presupuesto de la isla, igual han ido aumentando el gasto tributario tanto en el gasto total así como en la cantidad de instrumentos activos. Tanto en el 2018 como en el 2025 las proyecciones de lo que el gobierno dejó de devengar y el presupuesto consolidado del gobierno estaban casi equiparados.
El gasto tributario equivalía a $22.3 mil millones y el presupuesto consolidado del gobierno era de $23.2 millones. Mientras que para el 2025 la cifra sobrepasó los $30 mil millones y el presupuesto consolidado del gobierno fue de $33.3 mil millones. Además, aunque hay incentivos que se han eliminado, el número total de incentivos ha ido de 431 a 436 gastos tributarios.
Este aumento no es necesariamente negativo y hay incentivos que hemos visto tienen resultados positivos. Por ejemplo, se puede apreciar una correlación entre el crédito por trabajo y un aumento en la radicación de planillas al ser un crédito que incentiva a la gente al trabajo formal.
Igualmente, el gobierno no tiene que analizar los 436 gastos tributarios a la vez. El gobierno puede priorizar los gastos más grande como los incentivos industriales, la exención para inversionistas individuales residentes y la exención de contribución sobre ingresos de individuos porque estos tres suman casi un tercio del costo fiscal estimado.
Entre las nuevas medidas fiscales que se están implementando y la nueva dinámica entre la JSF y el gobierno sobre la elaboración de presupuestos, es momento para no seguir dejando el gasto tributario al margen de la discusión de presupuesto.