Son provisiones especiales en el código de impuestos que privilegian a un tipo de contribuyente o actividad empresarial específica. Se identifican como gastos por ser, en esencia, una pérdida de ingresos por parte del gobierno. Existen las siguientes categorías de gastos fiscales: exclusiones, deducciones, exenciones, créditos contributivos, tasas preferenciales, diferimientos de obligaciones contributivas, acuerdos finales y decretos contributivos.

En un momento de crisis fiscal como el que vive Puerto Rico, la importancia de impulsar un registro oficial o presupuesto de gastos fiscales se hace evidente. Un registro oficial o presupuesto de gastos fiscales mostraría las pérdidas de ingresos estimadas que resultan de los gastos fiscales.

Además, este registro o presupuesto será capaz de:

• Mejorar la transparencia: se tendría visibilidad sobre cómo el gobierno está gastando el dinero. En una situación de crisis fiscal como la actual en Puerto Rico, más allá de los gastos aprobados en el presupuesto, la ciudadanía no sabe con certeza ni cuánto ni en qué se está gastando la totalidad de su dinero.

• Favorecer la rendición de cuentas: se podrían evaluar los resultados de los gastos fiscales en vigor para determinar si los mantienen o los eliminan.

• Ahorrar dinero: el continuo monitoreo de los costos permitiría observar si los costos reales equivalen a los costos anticipados. Asimismo, en el caso de que los beneficios sociales no justifiquen sus costos, se abre la posibilidad de suspender el privilegio contributivo para el próximo año fiscal.

• Accesible: público y disponible en Internet;
• Amplio: debe reflejar el mayor número de gastos fiscales y su relación con los correspondientes impuestos;
• Detallado: con alto nivel de desglose de los datos estadísticos; y
• Analítico: debe incorporar clasificación y relación con gastos directos.

Digamos que Corporación X tiene una deuda contributiva total de $100 y se beneficia de un incentivo contributivo de $40. El total que Corporación X le debe al gobierno es $60. Entonces el gasto fiscal, o el dinero que el gobierno dejó de recibir, es $40.

En otras palabras, el gasto fiscal es el hipotético impuesto que el contribuyente hubiera pagado sin el privilegio contributivo menos la cantidad que efectivamente pagó.

• Tratan de modificar el comportamiento de ciertos grupos sociales a través de programas de bienestar social como, por ejemplo, el crédito por trabajo (EITC, por sus siglas en inglés);

• Fomentan programas de bienestar corporativo que tratan de incentivar el desarrollo económico de ciertas industrias como lo sería la de energías renovables;

• Atraen capital e inversión extranjera para desarrollar la economía local.

Porque operan como programas similares a los de gasto público gubernamental, pero están escondidos en el código de impuestos lo cual da la apariencia de reducir el tamaño del gasto gubernamental sin hacerlo verdaderamente. Además, al estar excluidos del presupuesto gubernamental no se someten al escrutinio usual, tampoco suelen documentar su efectividad ni suelen llevar mecanismos de medición sobre su éxito o fracaso. Esto crea un problema serio en el control de gastos y en la medición de la eficiencia de esos incentivos.

A principios de la década de los años setenta únicamente Estados Unidos y Alemania los publicaban. En 1983, Australia, Canadá, Francia y España ya los identificaban e informaban de manera regular. En la actualidad, 38 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) tienen un registro oficial o presupuesto de gastos fiscales. En Estados Unidos, la gran mayoría de los 50 estados, el Distrito de Columbia y el gobierno federal emiten un informe anual de gastos fiscales.

En el 2014, la consultora KPMG publicó un informe donde sugiere eliminar la mayoría de gastos fiscales para individuos y la totalidad de los gastos fiscales para las corporaciones los cuales calcularon ascendían a $556,054,582 (ver Apéndice B del informe). En el mismo año, el economista Ramón J. Cao García publicó una evaluación sobre incentivos contributivos a empresas en Puerto Rico. Este informe denunció la falta de información estadística, reiterada sobreestimación de beneficios y subestimación de costos como obstáculos para una adecuada evaluación de los gastos fiscales.