¿Más impuestos y menos justicia?
Durante las pasadas semanas muchas voces han comentado los posibles efectos en la población de una propuesta de reforma contributiva que el gobierno impulsa con rapidez y sin mucha información…
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La semana pasada comenzamos la campaña de Reforma Justa para alertar sobre la importancia de que todos en Puerto Rico estemos pendientes a la reforma contributiva que se avecina.
Nuestra primera observación es que no tenemos la información disponible para poder hacer una evaluación completa sobre lo poco que han anunciado sobre la misma. Solo sabemos lo que ha informado el Gobierno selectivamente. El propósito de exigir y obtener la información es poder tener todos los elementos para evaluar las propuestas de política pública y esto incluye poder constatar los análisis que hacen otras personas.
En una columna anterior sugerí que se sometiera la anunciada reforma contributiva a un análisis riguroso desde la perspectiva de los derechos humanos. La presente tiene el propósito de contribuir a ese esfuerzo. ¿De qué derechos humanos estamos hablando? Pues de todos. Los derechos civiles y políticos. Los económicos, sociales y culturales. Y también los derechos colectivos, como el derecho al desarrollo. Además deben tomarse en cuenta los llamados derechos transversales, como el derecho a la transparencia, a la participación, al acceso la justicia y a la rendición de cuentas.
Debe recordarse que la comunidad internacional ha proclamado que todos los derechos humanos están relacionados entre sí. Son indivisibles. Por ejemplo, la pobreza menoscaba el disfrute del derecho a un nivel de vida adecuado. Hace más difícil el acceso a la justicia y a los bienes culturales. Las poblaciones más pobres están más expuestas a los atropellos de sus derechos civiles.
Recientemente la administración de turno ha comenzado a divulgar selectiva y parcialmente algunos de los detalles de su propuesta para una reforma contributiva que presumiblemente generaría un alivio contributivo significativo. De acuerdo con la información que se ha divulgado en la prensa, los individuos con un ingreso devengado menor de $35,000 y los casados con ingresos devengados menores de $70,000—aproximadamente unos 835,000 contribuyentes—no tendrían que pagar impuestos sobre sus ingresos. Además, se reducirían las tasas marginales para los contribuyentes que devenguen ingresos en exceso de esas exenciones. El alivio contributivo total para este grupo se estima en unos $354 millones.
Ahora, eso no significa que estas personas no pagarían ninguna contribución. Primero, los patronos continúan obligados a retener un 7.65% de su salario por concepto de Seguro Social y Medicare. Además, los empleados gubernamentales también estarán sujetos a la retención de su aportación a su respectivo plan de retiro.
Tengo un amigo que dice que las elecciones se deben celebrar el 16 de abril. Según él, ese es el mejor día pues los votantes tienen fresco en sus mentes lo que tuvieron que pagar en impuestos, lo cual pone en severo relieve la relación ciudadano/ gobierno y la importancia de votar. No me imagino que habrían muchas administraciones que revalidarán bajo ese sistema.
Desde hace tiempo Puerto Rico necesita reestructurar su Código de Rentas Internas, una maraña sedimentada de impuestos, sobretasas, exenciones, y deducciones que no recauda lo que tiene que recaudar y no fomenta lo que tiene que fomentar. Ahora, para que la Reforma cumpla con su cometido – para que sirva para apuntalar las finanzas del País, fomentar la inversión, e incentivar el trabajo y el ahorro – tiene que cumplir con unos preceptos básicos.