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Acceda en este enlace el video de la conferencia que presentó EA en conjunto con la facultad de Ciencias Sociales de la UPR en Río Piedras.  Para acceder el video introductorio del Dr. José Antonio Ocampo sobre el IMG y Puerto Rico, acceda este enlace.

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Desde Espacios Abiertos alertamos que es impostergable tener una conversación abierta y puntual en el país respecto al IMG, pues si no se toma acción urgente, nos arriesgamos a perder miles de millones de dólares en ingresos y a que las multinacionales foráneas ya establecidas aquí dejen de hacer inversiones en la isla, trasladen sus operaciones fuera de Puerto Rico y se afecten casi cien mil empleos.  No se trata de legislar una nueva carga impositiva para estas corporaciones.  El IMG es una realidad ya, y el punto es que si Puerto Rico no captura esos ingresos otras jurisdicciones lo harán.  Adoptar legislación -local- que permita recuperar ese ingreso representa una oportunidad única de inversión para Puerto Rico mantener las operaciones existentes y ampliar la base productiva del país.

Con el objetivo de transparentar información repartida en diversas fuentes de acceso limitado; aportar conocimiento y datos; y promover una discusión abierta que permita a la sociedad civil en Puerto Rico, aprovechar las oportunidades que presenta el IMG, mitigar los riesgos y garantizar una política fiscal sostenible a largo plazo, en agosto Espacios Abiertos publicó el informe titulado, El Impuesto Mínimo Global y sus efectos en Puerto Rico: una ventana de oportunidad.

Ahora EA convoca a la academia y la pericia de la Comisión Independiente para la Reforma de Impuestos Corporativos Internacionales (ICRICT, por sus siglas en inglés) para presentar la perspectiva internacional del IMG en el contexto de Puerto Rico, en un conversatorio que se realizó en la UPR, hoy (20 de noviembre de 2024). Participantes del conversatorio: Dr. José Antonio Ocampo (vídeo), Verónica Grondona de ICRICT, Humberto Mercader de DDEC, Dra. Eileen Segarra de UPR y Daniel Santamaría-Ots de EA.

Acceda en este enlace el video de la conferencia completa. Para acceder el video introductorio (8 minutos) del Dr. José Antonio Ocampo sobre el IMG y Puerto Rico, acceda este enlace.

En ayudalegalpr.org nos proponemos identificar los efectos de la reforma contributiva en el acceso a la justicia de las personas y grupos tradicionalmente marginados. Según está presentado el proyecto de Reforma Contributiva al día de hoy, algunas de los efectos que más nos preocupan de esta legislación son:

1. El impacto adverso en la defensa de los derechos de quienes no cualifican para recibir servicios de entidades como Servicios Legales de Puerto Rico, Pro Bono Inc o las Clínicas de Asistencia Legal – Según el proyecto de Reforma Contributiva, las personas tendrían que pagar el IVA sobre los gastos y honorarios de representación legal. Esto pondría en riesgo el derecho a tener una defensa adecuada en casos sensibles como son aquellos de familia o vivienda.
2. Menos servicios de representación legal gratuita y accesible – Los abogados y las abogadas que tienen oficina propia son los que con mayor frecuencia ofrecen representación legal gratuita y accesible. El aumento en los gastos administrativos y operacionales de las oficinas legales limitará el servicio pro bono en favor de personas de escasos recursos.
3. El IVA afectaría a poblaciones sensibles, como los y las estudiantes de educación especial – En los casos de educación especial, cuando el Gobierno no provee los servicios profesionales que requiere un estudiante, como por ejemplo los de un terapista, los padres tienen la posibilidad de contratar a este profesional y posteriormente pedir el reembolso al Gobierno. Aunque el Gobierno estaría exento del IVA, los padres sí tendrían que pagarlo. En estos momentos no hay garantía de que los padres obtendrán el reembolso de este dinero.

Estas son sólo algunas de los efectos negativos que podría tener la Reforma Contributiva sobre el derecho de acceso a la justicia. En ayudalegalpr.org estaremos elaborando estrategias y desarrollando herramientas para contrarrestar los efectos perjudiciales de la reforma en esa mitad del país compuesta por trabajadores, mujeres solteras, estudiantes de educación especial, personas de edad avanzada, confinadas, inmigrantes y personas sin techo, entre otras. Contamos con las fuerzas unidas de una comunidad compuesta por los proveedores de servicios legales gratuitos, abogados y abogadas que desde sus oficinas privadas brindan servicio pro bono, las escuelas de derecho, sus estudiantes y muchos grupos y organizaciones comunitarias con un rico historial de luchas por la justicia. Todos y todas estamos llamados a unirnos en este esfuerzo.

Para participar o apoyar esta gestión debemos tener un entendimiento básico de la propuesta del gobierno, de las alternativas que existen y de las recomendaciones que hacen los participantes del debate público. En ayudalegalpr.org contamos con información presentada en lenguaje sencillo que facilita entender un tema que a veces resulta incomprensible. Invitamos a visitar el enlace de Espacios Abiertos para armarnos de las herramientas necesarias que nos permitan participar en esta conversación. Aquí encontrarán guías sobre la Reforma y un refranero. También encontrará el análisis que hizo el Centro para una Nueva Economía (CNE) sobre el proyecto, así como las recomendaciones para lograr una reforma justa.

Contribuyan con sus sugerencias. Anímense a compartir ese conocimiento con la familia, amigos, compañeros de trabajo y vecinas. Que no se quede nadie sin saber cómo se afecta su vida con la reforma. Visite ayudalegalpr.org con frecuencia, nos mantenemos al día.

• Descarga el refranero de la Reforma Contributiva aquí

• Resumen de la ponencia presentada por el CNE ante la Legislatura

La autora es directora de la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Esta columna fue publicada originalmente en el blog Espacio Legal.

Primero, el proceso para analizar el proyecto ha sido muy atropellado, nada transparente y a espaldas del Pueblo. Desde el inicio no se quiso compartir con la ciudadanía el informe de los consultores de KPMG en el cual se basaba la reforma y el cual había sido pagado con fondos públicos. A pesar de un llamado amplio de voces del sector ciudadano, de organizaciones no-gubernamentales, de prominentes representantes del sector privado y de sindicatos y hasta de algunos del sector público, Fortaleza mantuvo su postura de secretividad y no fue hasta que un tribunal obligó hacer público el informe que se hizo.

Más aún, la insistencia de convertir en ley a través de un proceso fast-track lo que el propio Secretario de Hacienda ha llamado, “uno de los cambios más transcendentales en las últimas décadas en la forma que levantamos los recursos necesarios para sufragar los gastos del estado,” no es razonable. Peor aún, no permite discutir responsablemente muchas de las dudas que han surgido en temas importantes como por ejemplo el crédito al trabajo, y la necesidad de eximir los alimentos, la educación y los medicamentos.

Segundo, no estoy convencido que el gobierno de Puerto Rico, y en particular el Departamento de Hacienda tenga la capacidad para implementar el nuevo régimen en el tiempo que se han impuesto. No entiendo qué evidencia existe de lo contrario. Ejemplos de más tenemos en nuestro gobierno de sistemas que no funcionan, incluyendo el vergonzoso porcentaje de captación del IVU actual. Me preocupa que de realizarse esta reforma, nos encontremos una vez más en una situación donde se sobrestimaron las proyecciones de captación y de recaudos, como siempre ha sucedido, y terminemos después de tanto trauma igual o peor que ahora.

Tercero, y más importante que todo lo demás, no creo que la economía de Puerto Rico, la cual entra en su noveno año de estancamiento y que se encuentra en estado crítico, pueda sobrevivir el shock al sistema que representarían los cambios propuestos, principal entre ellos un IVA de 16%, y la extracción del Pueblo de más de mil millones adicionales al año para el gobierno.

Recaudar más para el gobierno no es malo de por sí. Pero esta reforma no se ha hecho como parte de un plan amplio de desarrollo ni como parte de un plan para determinar cuales son las necesidades financieras verdaderas del gobierno. No me parece ni inteligente ni moral que tengamos un gobierno que malgaste sus recursos, incluyendo créditos y subvenciones que no generan actividad económica, y que insista en seguir tomando prestado y confiscando dinero de sus propios ciudadanos.

Peor aún, no ha existido transparencia en cuanto al uso que se le darán a los más de mil millones adicionales en recaudos, ni cómo el gobierno establecerá las prioridades para esos dineros. La decisión de no apoyar la reforma en este momento ha sido una difícil pues la realidad es que estoy de acuerdo con muchos de los objetivos y propuestas que se incluyen en la misma. Pero creo que en esta situación, el momento y la secuencia de prioridades es tan importante como la solución técnica. Y este no es el momento.

El autor es presidente del Centro para una Nueva Economía. Esta columna fue publicada originalmente en el periódico El Nuevo Día el 25 de febrero de 2015.

El contenido de la reforma empezó a filtrarse a plazos, generando gran cantidad de especulaciones y aprensiones. Parece que el plan de comunicación pública ha sido trazado por publicistas de cierta orientación que aconsejan que se vaya transmitiendo la información a cuentagotas mediante un proceso controlado centralmente. Esta estrategia es indeseable desde el punto de vista de una democracia realmente participativa.

Ante la negativa del gobierno de dar a conocer el informe de la empresa KPMG que sirvió de base para la propuesta sometida a la legislatura, la Asociación de Periodistas y un medio digital tuvieron que acudir a los tribunales para que pudiéramos tener acceso al informe en cuestión. La acción culminó en una decisión judicial que, si bien constituyó un logro para los peticionarios, se quedó corta cuando el tribunal decidió sin fundamento jurídico sostenible escudar del escrutinio público cierta información que estimó impertinente.

La información omitida tiene mucho que ver con la efectividad de la reforma contemplada. La determinación judicial, además, desconoce el hecho de que los ciudadanos no tienen que probar interés especial alguno en la información que se solicita si se estima que tiene carácter público. Basta con que el documento sea público para que tenga que hacerse accesible, a menos que esté cobijado por una de las excepciones aceptadas, lo que no era el caso, según la propia decisión del tribunal.

Otro aspecto relacionado con la transparencia tiene que ver con los alivios prometidos para atenuar la regresividad del Impuesto de Valor Añadido, que, por su naturaleza, grava más a los que menos ingresos tienen, pues todos, sin importar nuestra capacidad económica, tenemos que pagar la misma tasa contributiva sobre el consumo. Se había anunciado que la propuesta incluiría algunos parámetros específicos para estos alivios, como que las personas que tuvieran ingresos menores de $20,000 recibirían reembolsos montantes al cien por ciento de las cantidades pagadas por el impuesto.

Pero el proyecto presentado en la legislatura no contiene ni cantidades ni criterios precisos sobre esos reembolsos. Se deja todo a la discreción del Secretario de Hacienda, quien, noventa días después de entrar en vigor la ley, deberá decidir quiénes serán elegibles, en qué circunstancias y en qué medida. El proyecto de ley incluye unos criterios generales que el Secretario deberá tomar en cuenta. Pero esos criterios no le dicen mucho a los contribuyentes.

Francamente, el proyecto presentado no debe aprobarse bajo esas condiciones. Llegar a la conclusión de si la reforma es justa o no solo puede hacerse si se tiene información más concreta sobre la relación entre la tasa del IVA y el monto de los alivios que aminoren su evidente regresividad.

Otra pieza de información crucial es la que nos permita determinar los efectos de toda la reforma en los diversos grupos socio-económicos. En su informe la firma KPMG indica que diseñó un modelo que permite hacer ese cálculo. No se ha hecho público. Debido a que el proyecto presentado no se ajusta exactamente a lo recomendado por KPMG, ese documento, por complejo y técnico que sea, debe ser accesible para que puedan examinarlo economistas y otros expertos del medio universitario o que asesoren a entidades no gubernamentales. Podremos así llegar a evaluaciones independientes sobre este particular.

La transparencia en el contexto de la reforma contributiva tiene muchas más aristas. Deben atenderse con el fin de que se transmita al público la mayor información posible. Solo así podremos afirmar, cualquiera que sea el desenlace, que se ha llevado a cabo un proceso verdaderamente democrático.

El autor es asesor general de Espacios Abiertos. Esta columna se publicó originalmente en el diario El Nuevo Día el 17 de febrero de 2015.

Foto: Nick Kenrick

La jueza Aileen Navas Auger ordenó a la agencia a entregar el informe, pero de manera incompleta, en un plazo de 24 horas. El secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, acogió la determinación con evidente gusto y dijo en comunicado que “la información que el Tribunal ordenó divulgar prácticamente ha sido discutida públicamente en los últimos días”.

La decisión de la jueza de excluir capítulos del informe se da a pesar de que de su propia sentencia se confirma que ni ella como jueza, ni la abogada que defendió al Departamento de Hacienda, leyeron el informe para formar sus posturas al respecto. La jueza, que le criticó a la abogada su “argumento vacío y circular” y su incapacidad para fundamentar la improvisada excusa oficial del privilegio ejecutivo, procedió a basarse en un resumen que le hizo el propio Departamento para decidir que siete capítulos del informe “son impertinentes a la controversia”.

Pero, ¿realmente lo son? A continuación, el resumen de los capítulos que Hacienda le pasó a la jueza y que la jueza usó para determinar que eran “impertinentes”:

Cap. 5 – Evaluación del Modelo Operacional actual: Define las operaciones y desempeño del Departamento (de Hacienda) y se usa como punto de partida para medir el impacto de los posibles escenarios de mejoría.

Cap. 6 – Informe de evaluación de descripciones de empleos y roles actuales: Analiza las posiciones dentro de los procesos claves del Área de Rentas Internas. Permite al departamento entender, evaluar y preparar para el impacto de cualquier cambio recomendado al modelo de operaciones que pueda afectar los roles y las responsabilidades de los empleados claves.

Cap. 8 – Modelo Operacional actual genérico: Un modelo operacional de cómo una organización combina sus recursos para ejecutar una estrategia de negocios y modelo de negocios para alcanzar sus objetivos. Este documento identifica retos en Rentas Internas y en CFIA que puedan impedir el alineamiento de los controladores de los procesos a un nuevo modelo de negocios y de operación.

Cap. 11 – Plan de Recursos Humanos: Constituir un andamiaje para el Departamento de una manera eficiente y efectiva. Establece una propuesta de estructura organizacional para posicionar y preparar al Departamento con la transformación de la Reforma Contributiva.

Cap. 12 – Oportunidades Priorizadas para el diseño de un Modelo de Objetivos Operacionales: Presenta al Área de Rentas Internas una serie de oportunidades para mejoras operacionales.

Cap. 17 – Estrategia de Comunicaciones para la Transformación: Propone una estrategia de comunicaciones sobre la transformación de la Reforma Contributiva para los sectores interesados.

Cap. 21 – Modelo Operacional Validado de Objetivos: El propósito de este documento es presentar un modelo de objetivos de alto nivel, basado en las decisiones hechas por el Área de Rentas Internas de acuerdo a las oportunidades de mejoría priorizadas presentadas en el informe de las oportunidades priorizadas para el diseño de un Modelo Operacional de Objetivos.

Lo que Hacienda no soltó del informe, porque la jueza Navas Auger encontró “impertinentes” de acuerdo al resumen que Hacienda le presentó y que ustedes acaban de leer incluye: la estrategia de comunicaciones para vendernos la reforma, la capacidad que tiene Hacienda para llevar a cabo la reforma, las mejoras que puede incorporar el Departamento para hacerse más eficiente, los retos que tiene el Departamento para operar, y la radiografía de cómo está funcionando el Departamento en el momento en el que propone una reforma.

Nada más que eso cuando, precisamente, uno de los temas que ha estado en la palestra pública es si Hacienda tiene o no la capacidad para implementar el Impuesto de Valor Añadido (IVA) y otros componentes de la Reforma Contributiva.
De los documentos divulgados, del de Change Management Strategy, se desprenden estas recomendaciones de KPMG: “el riesgo de fracaso del proyecto de Reforma Contributiva aumenta sustancialmente si los cambios en el Departamento de Hacienda son implantados de manera desorganizada… el Departamento tiene que ganarse la confianza de sus públicos interesados con comunicación continua y transparente”.

Se trata de un evidente choque entre la recomendación, que nos costó millones, de los consultores y la recomendación, que nos cuesta millones, de la agencia de relaciones públicas de manejar la reforma en secretividad. Vamos por mal camino si ése es el juicio al que se le hace caso.

Oscar Serrano es Co-Fundador del Centro de Periodismo Investigativo y miembro del equipo directivo de Espacios Abiertos (EA).

Muchas veces el Gobierno ofrece información selectivamente y no nos permite hacer una evaluación independiente sobre lo que plantea. Sin información, carecemos de los elementos y herramientas para evaluar las propuestas de política pública y constatar el análisis que hacen otras personas. De la misma forma en que el Gobierno necesita información para tomar sus decisiones, el pueblo necesita esas fuentes para evaluar su gestión.

En Puerto Rico, tenemos un derecho constitucional a toda la data generada, recibida o custodiada por el Estado. Nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que el derecho a la información pública es un derivado del derecho a la libertad de expresión consagrado en la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico. Esto es así, porque sin información no podemos ejercer eficazmente nuestro derecho a la libertad de expresión.

Tomemos el ejemplo de la reforma contributiva. Puerto Rico necesita urgentemente una reforma contributiva integral, y hay apoyo de distintos sectores del país para que esto ocurra. Recientemente, Espacios Abiertos comenzó la campaña de Reforma Justa a través de reformajusta.com para alertar sobre la importancia de que todos en Puerto Rico estemos pendientes a los elementos que tendrá la reforma contributiva que se avecina y cómo se afectará cada uno de nosotros.

Sin embargo, el estudio de KPMG que se está utilizando para redactar la ley de reforma contributiva no se ha hecho público. El estudio fue pagado con fondos públicos y debe tener información histórica y agregada de todos los residentes en Puerto Rico y las corporaciones que operan aquí. O sea, que habla de ti y de mí. Bajo ninguna circunstancia esto puede considerarse un documento de trabajo o confidencial. No se le está pidiendo al gobierno memorandos internos sobre sus ideas de cómo implementar las sugerencias, lo que en otras jurisdicciones se estima que es confidencial. El Gobierno ha indicado que solamente hará publico el estudio de KPMG y todos los demás documentos utilizados en el análisis cuando se presente el proyecto de ley. No obstante, esto resulta tardío ya que será muy difícil analizar todos esos documentos (que en total tendrán cientos y cientos de páginas) y formar una opinión ponderada antes de que el proyecto se someta a votación. ¿Qué tipo de participación se podrá esperar en las vistas públicas ya convocadas sobre la reforma sin que tengamos la información para poder analizarla y opinar sobre el tema?

Es bien difícil ejercer nuestros derechos constitucionales con la limitada información que tenemos. Por ejemplo, tratamos de replicar el análisis sobre el cambio en la carga contributiva para una pareja casada con $59,000 de ingreso que está siendo difundida en un video de la Cámara de Representantes titulado Alivio al bolsillo, y que ha circulado por las redes sociales.

De acuerdo con el video, esta pareja casada con $59,000 de ingreso se ahorraría $576 mensuales por no pagar contribuciones sobre ingresos. Los cálculos que realizamos en Espacios Abiertos, con los datos que el Departamento de Hacienda hace públicos en su página web, revelan que el ahorro sería de $ 270.59, prácticamente la mitad:

Si asumimos que esta misma familia consume 90% de su ingreso (y ahorra 10%), y que el IVA será de 14% (la tasa más baja probable que ha divulgado el Gobierno sobre el nuevo IVA), esta familia no pagará impuestos sobre el ingreso pero tendrá que pagar $543.42 en IVA mensual promedio. Dicho de otra manera, nuestra pareja promedio—que no pagará contribución sobre ingreso pero si pagará IVA, tendrá que pagar $272.83 más de lo que paga ahora. (La diferencia para algunas parejas podría ser menor, dependiendo de su patrón de ahorro y consumo, ya que esta pareja ya paga IVU de 7% por algunos artículos y servicios).

Estas cifras se basan en promedios y presumen que esta pareja no cualificará para el “regressivity relief” que se ha anunciado pero del que no sabemos nada: a quién va a beneficiar, ni cómo. Esto nos lleva a concluir que si esta familia no recibe algún tipo de crédito contributivo, tendrá una carga contributiva anual de $6,521 (sin contribución sobre ingresos pero con un IVA de 14%) versus la actual promedio de $3,247.08 anuales (con las tasas actuales que gravan el ingreso—sin incluir el IVU que ya pagan).

Entendemos que el Gobierno quiera pintarnos un cuadro esperanzador ante una grave crisis fiscal. Todos queremos un mejor país y aspiramos a estar mejor en un futuro cercano. Pero la realidad es que el gobierno no lo va a lograr solo. Necesita de la fuerza, empeño y valentía del pueblo puertorriqueño para dar la batalla por el país. Para eso, todos tenemos que exigir más transparencia de nuestro Gobierno. Entre los grupos que ya han levantado su voz exigiendo mas información sobre la reforma contributiva, figuran periodistas, medios noticiosos, gremios de prensa, organizaciones del tercer sector, universidades, líderes de la oposición y del propio gobierno y el público en general manifestándose en las redes.

La estrategia que está utilizando el gobierno le ha salido como un bumerán. El bumerán es un arma en forma semilunar, utilizada para la caza, que si no impacta en el objetivo al que se lanza, regresa a su punto de origen. Sabemos que muchas de las propuestas y proyectos del Gobierno son espejismos para cazar—votos en este caso. Pero todos sabemos a donde nos ha llevado esto.  Ha quedado demostrado que acciones como estas se vuelven en su contra y en vez de lograr aceptación, lo que obtienen es más rechazo, coraje y desdén por parte del pueblo. Si seguimos así, la desconfianza del pueblo en sus gobernantes e instituciones continuará en aumento. Con mas información y transparencia se nos hará mas fácil trazar un camino juntos.

Esta columna fue publicada originalmente en El Nuevo Día el 7 de diciembre de 2014.

No es para menos pues el tema de la transparencia gubernamental es uno de los temas más cruciales para cualquier democracia. De hecho, no puede existir democracia sin transparencia pues el sistema se basa precisamente en permitir que la ciudadanía decida y eso solo funciona plenamente si se le provee al Pueblo la información necesaria para tomar una decisión informada.

Ante esta situación, son muchos los que piden se presente una demanda legal contra el gobierno para obligarlos a revelar y hacer pública la información que nos esconden. Hay una gran y noble tradición internacional de ciudadanos demandando a sus gobiernos en los tribunales para exigirle cumplan con sus propias leyes. Y en las democracias ese derecho es uno de los más importantes que tenemos como ciudadanos.

Pero sería una gran decepción si a eso llegáramos. La realidad es que no deberíamos estar discutiendo si el estudio de la reforma contributiva hecho por los consultores extranjeros de la firma KPMG es un documento de trabajo o un informe final, si es un documento público bajo la definición de nuestra jurisprudencia del Tribunal Supremo o si no lo es. Aquí el punto medular es que como Pueblo y como País vamos a emprender un gran proceso de reforma contributiva con la meta de hacer justicia a los que pagan impuestos y propiciar un ambiente donde se puedan crear nuevos y mejores empleos. Esa es una meta común y loable que tenemos. ¿No debemos entonces trabajar juntos para lograrla? ¿No debemos abrir las puertas para dejar entrar las mejores ideas? ¿No debemos hacer lo que predicamos y compartir con la ciudadanía la responsabilidad de lograr una reforma contributiva justa? ¿No debe ser esa nuestra aspiración como País?

Lo importante aquí realmente no es la definición legal de lo que hay que compartir con el Pueblo. De lo que estamos hablando es de una nueva manera de hacer las cosas. De la aportación que puede hacer nuestra generación al legado de la democracia en Puerto Rico. Podemos ser nosotros los que empecemos a crear una verdadera cultura de transparencia y apertura en el Gobierno de Puerto Rico y lograr que en el futuro nos identifiquen como los que comenzamos esa gran transformación. Esta situación le provee a la actual administración una única oportunidad de poner en practica una nueva manera de gobernar y de incluir al Pueblo en la toma de decisiones. De eso se habla mucho pero se hace poco.

Ciertamente gobernar con más apertura y transparencia será un proceso diferente y posiblemente más difícil y engorroso en algunos aspectos. Pero a la larga valdrá la pena. Tenemos que aprender a tolerar un proceso más espinoso, más laborioso y más deliberado. Porque como dicen Las Escrituras, “no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni secreto que no haya de descubrirse.” Y si cometemos errores, los cometemos juntos.  Habrá preocupación e incertidumbre al hacerlo. Pero es lo correcto y creceremos como País y los gobernantes que lo practiquen sentirán también ese sentido de paz que cubre a uno cuando hace lo correcto. Y podrá recordar aunque quizás nadie mas lo haga que cuando le toco su turno ante la historia hizo lo correcto.

El autor es presidente del Centro para una Nueva Economía. Esta columna fue publicada originalmente en El Nuevo Día el 26 de noviembre de 2014.

Nuestra primera observación es que no tenemos la información disponible para poder hacer una evaluación completa sobre lo poco que han anunciado sobre la misma. Solo sabemos lo que ha informado el Gobierno selectivamente.

El propósito de exigir y obtener la información es poder tener todos los elementos para evaluar las propuestas de política pública y esto incluye poder constatar los análisis que hacen otras personas.

Con la información limitada que tenemos y descansando en la información difundida en un video de la Cámara de Representantes circulado por las redes sociales tratamos de replicar el análisis sobre el cambio en la carga contributiva para una pareja casada con $59,000 de ingreso.

El video dice que esta pareja casada con $59,000 de ingreso se ahorraría $576 mensuales por no pagar contribuciones sobre ingresos. Nos preguntamos de donde surge este número, ya que los cálculos que realizamos en Espacios Abiertos revelan que el ahorro sería de $ 270.59, prácticamente la mitad:

Para este ejercicio utilizamos las tablas publicadas por el Departamento de Hacienda sobre las planillas del 2012 (las cifras de 2013 no están disponibles).

Siguiendo con el ejercicio, asumimos que esta misma familia consume 90% de su ingreso (y ahorra 10%), y que el IVA es de 14% (la tasa más baja probable que ha divulgado el Gobierno sobre el nuevo IVA). Bajo este escenario, esta familia no pagará impuestos sobre el ingreso pero tendrá que pagar $543.42 en IVA mensual promedio. Dicho de otra manera, nuestra pareja promedio—que no pagará contribución sobre ingreso pero sí pagará IVA, tendrá que pagar mensualmente $272.83 más de lo que paga ahora. (La diferencia promedio puede ser menor ya que esta pareja paga IVU de 7% por algunos artículos y servicios).

Estas cifras son promedios y presumimos que esta pareja no cualifica para el “regressivity relief” — que se ha anunciado –pero del que no sabemos a quién va a beneficiar, ni cómo. O sea, que si no le dan algún tipo de crédito contributivo, estas familias tendrán una carga contributiva anual de $6,521 (sin contribución sobre ingresos pero con un IVA de 14%) versus la actual promedio de $3,247.08 anuales (con las tasas actuales que gravan el ingreso—sin incluir el IVU que ya pagan).

Puerto Rico necesita urgentemente una reforma contributiva integral, por lo que apoyamos que ésta se lleve a cabo. Sin embargo, necesitamos transparencia en el proceso, que se incluyan todos los componentes del sistema y que no se haga a la ligera, pues podríamos terminar con un sistema peor de lo que tenemos ahora. Si queremos lograr un sistema más justo —¡las cosas se hacen bien o no se hacen!

Esta artículo se editó el 26 de noviembre de 2014.

Debe recordarse que la comunidad internacional ha proclamado que todos los derechos humanos están relacionados entre sí. Son indivisibles. Por ejemplo, la pobreza menoscaba el disfrute del derecho a un nivel de vida adecuado. Hace más difícil el acceso a la justicia y a los bienes culturales. Las poblaciones más pobres están más expuestas a los atropellos de sus derechos civiles. Su derecho a la participación política se distorsiona continuamente con las manipulaciones clientelistas de políticos y funcionarios. Por otro lado, la superación de la pobreza exige que se garanticen los derechos a la educación y al trabajo.

La pobreza también recrudece otras condiciones de vulnerabilidad, como las ocasionadas por la enfermedad, las limitaciones funcionales y las subordinaciones basadas en el género, la raza y la extranjería.

Reducir la pobreza constituye, pues, un aporte a la creación de condiciones conducentes al mayor disfrute de los derechos a los que todos tenemos derecho.

El sistema tributario puede servir como mecanismo de redistribución de la riqueza para favorecer a los menos favorecidos económicamente. Puede hacer del desarrollo económico y social una realidad de beneficio para toda la población y proveer las bases materiales que hagan posible una vida digna para todos. Pero puede producir también mayor desigualdad y discrimen.

Teniendo todo eso a la vista, una reforma contributiva informada por los principios de los derechos humanos debería cumplir, al menos, con los siguientes objetivos.

Primero, la reforma debe eliminar o aminorar los efectos de la regresividad, es decir, evitar que el esquema contributivo tenga efectos discriminatorios contra las personas de menos ingresos. Esos efectos discriminatorios son caldo de cultivo para el incremento de la desigualdad y, por tanto, de la violación generalizada de los derechos humanos.

Una forma de estimular el trabajo y, de paso, disminuir el efecto regresivo de todo impuesto por consume, sería adoptar alguna de las modalidades del crédito por trabajo que en otros lugares han tenido efectos comprobados de reducción de la pobreza. El crédito consiste en devolver a los trabajadores más pobres una cantidad en efectivo como suplemento a sus ingresos. En Puerto Rico ese tipo de crédito fue eliminado recientemente. Debe restaurarse y ampliarse en su cubierta y alcance.

Segundo, el sistema que se adopte debe ampliar la base contributiva para que el estado pueda allegarse los recursos que permitan propiciar la creación de empleos, el estímulo de la economía mediante la inversión pública, la incorporación del mayor número de personas a la fuerza laboral, la prestación universal y equitativa de servicios de salud, educación y transporte público, la democratización del goce de los productos culturales y el sostenimiento de las instituciones necesarias para hacer efectivo el acceso a la justicia. Reducir al máximo la evasión contributiva, sobre todo de los que más tienen, puede ser una exigencia de los derechos humanos y la equidad, dependiendo, por supuesto, de cómo se implante ese objetivo.

Tercero, la reforma debe realizarse mediante un proceso transparente. Se debe permitir el acceso libre a la información relacionada con el plan propuesto, la participación efectiva de toda persona o grupo interesado en el asunto y la rendición de cuentas por parte de los funcionarios encargados de diseñar, aprobar e implantar la reforma. La ley y los reglamentos que se aprueben deben incorporar mecanismos de fiscalización por parte de la ciudadanía.

Esto sería solo el comienzo. Luego tendrá que venir el cumplimiento.

El autor es Catedrático de Derecho. Esta columna fue publicada originalmente en El Nuevo Día el 18 de noviembre de 2014.

Photo: Scott*

Ahora, eso no significa que estas personas no pagarían ninguna contribución. Primero, los patronos continúan obligados a retener un 7.65% de su salario por concepto de Seguro Social y Medicare. Además, los empleados gubernamentales también estarán sujetos a la retención de su aportación a su respectivo plan de retiro.

Más importante aún, se nos informa que el Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU) sería sustituido por un Impuesto de Valor Añadido (IVA). El IVA, de acuerdo con la información que se ha divulgado hasta ahora, aplicaría básicamente a todas las ventas de bienes y servicios en Puerto Rico con tres excepciones: bienes y servicios exportados, servicios financieros y el pago por concepto de alquiler de viviendas. Todo lo demás, por ejemplo, las medicinas recetadas, la matricula del colegio de los nenes, y los productos de la canasta básica alimenticia, tales como leche, pan, y huevos, tributaría a una tasa que se estima que como mínimo duplicaría la del IVU, lo que sería al menos un 14%. El gobierno ha anunciado, sin embargo, que “se pondera” establecer un crédito trimestral para mitigar el impacto del IVA sobre los contribuyentes de más bajos ingresos y que dicho crédito podría costar entre $500 y $600 millones.

A la misma vez, el gobierno le ha informado a los inversionistas que compran bonos de Puerto Rico que su expectativa es que la reforma contributiva aumente “materialmente” los recaudos del fondo general. Aparentemente, el objetivo es aumentar los recaudos netos entre $900 y $1,200 millones. Si asumimos que el gobierno busca aumentar los recaudos netos por $1,000 millones, entonces el nuevo IVA tendría que recaudar por los menos $1,954 millones en exceso de lo que recauda el IVU actualmente ($1,000 millones para Hacienda, $600 millones para financiar el crédito para mitigar la regresividad, y $354 millones para sustituir los recaudos por concepto de la reducción en las contribuciones sobre ingreso).

Bajo este escenario, pudiera darse el caso que algunos hogares de clase media, dependiendo de sus ingresos, patrones de consumo y la cantidad del crédito nuevo, terminen pagando más de lo que pagan ahora. Pero no lo sabemos con certeza ya que no tenemos toda la información para hacer el análisis.

De hecho, lo que se ha divulgado hasta ahora genera más preguntas de las que contesta. Por ejemplo, ¿cómo se define “contribuyente de bajos ingresos” para propósitos del nuevo crédito?; ¿confía usted que cuando compre una medicina para controlar la presión arterial o para aliviar la arritmia cardiaca, y le cobren un IVA de 14%, Hacienda le devolverá el dinero en tres meses?; ¿está preparado el Departamento de Hacienda para implementar el IVA?; ¿qué sucedería con el déficit si los alivios se hacen retroactivos a enero de 2015 pero Hacienda se tarda seis meses en comenzar a cobrar el IVA? ¿A que tasa tributarán los ingresos por concepto de ganancias de capital, dividendos e intereses? Simplemente, no sabemos.

La razón por la cual no sabemos las respuestas a éstas y muchas otras preguntas es que la reforma contributiva se basa en un informe preparado por la firma de consultores KPMG y que el gobierno ha determinado no hacer público. Sin embargo, resulta imperativo que este documento se divulgue en su totalidad para que la ciudadanía esté debidamente informada y pueda ejercer adecuadamente su derecho a la libre expresión, para que todos podamos analizar a fondo las propuestas de la administración, y para fomentar un debate público informado sobre las bondades y defectos de la reforma propuesta.

De entrada es preciso señalar que el trabajo de KPMG se ha financiado con fondos públicos, lo que convierte el documento en uno de dominio público. Ese hecho, por si sólo, debería ser suficiente para hacer público el informe.

Segundo, la regla general en Puerto Rico, por lo menos desde la decisión de nuestro Tribunal Supremo en Soto v. Secretario de Justicia, 112 D.P.R. 477 (1982), es que toda la información en posesión del Estado, sujeto a cinco excepciones (ninguna de la cuales aplica en este caso), es pública y debe estar accesible a la ciudadanía en general. El Tribunal en Soto fue claro al declarar “que existe una estrecha correspondencia entre el derecho a la libre expresión y la libertad de información. La premisa es sencilla. Sin conocimiento de hechos no se puede juzgar; tampoco se puede exigir remedios a los agravios gubernamentales mediante los procedimientos judiciales o a través del proceso de las urnas cada cuatro (4) años.”

En el caso de la reforma contributiva, la falta de divulgación del informe de KPMG impide que los ciudadanos puedan llevar a cabo un análisis a fondo de la propuesta gubernamental al no hacer público el trasfondo fáctico y analítico del cual surge dicha propuesta. Reiteramos, “sin conocimiento de hechos no se puede juzgar…”

Parecería, sin embargo, que el gobierno quiere ocupar el campo discursivo respecto a este importante tema a través de una costosa campaña de propaganda en los medios de comunicación pero, a la misma vez, limitando nuestro derecho constitucional a la información y coartando nuestra habilidad para llevar a cabo un debate público ponderado y verdaderamente informado. En nuestra opinión, este intento de controlar el debate unilateralmente es inaceptable, contrario al derecho vigente, y perjudicial para el desarrollo de la democracia puertorriqueña.

El autor es Director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía. Esta columna fue publicada originalmente en El Nuevo Día el 9 de noviembre de 2014.

Photo: Dean Shareski