El plan fiscal presenta problemas de sostenibilidad y de confiabilidad de la información, otorga un trato desigual a los bonistas frente a la población y un pago de deuda insostenible

San Juan, Puerto Rico (jueves, 30 de septiembre de 2021) — Con la séptima enmienda al Plan de Ajuste de la deuda (PDA) del gobierno central, la Junta de Supervisión Fiscal coartó los derechos democráticos de los pensionados puertorriqueños al limitar la votación de esa medida fiscal solamente al grupo de pensionados que recibe un recorte del 8.5 por ciento, pese a reconocer que el congelamiento de los ajustes por inflación afectará al 100% de los retirados, denunció el economista Daniel Santamaría Ots, analista sénior de política pública de Espacios Abiertos.

Espacios Abiertos insiste en que la totalidad de los pensionados afectados por los recortes de la Junta, que según los últimos datos públicos asciende a 318,483, entre 166,510 retirados y 151,973 que todavía trabajan o cotizan, deberían participar en la consulta y tener derecho al voto. Sin embargo, la Junta únicamente permitirá que voten unos 24,074 retirados, aquellos con pensiones mayores a $2,000.

Santamaría Ots explicó que el propio plan establece que el impacto mayor a los pensionados será por el congelamiento de los ajustes por inflación. La mayoría de los retirados de Puerto Rico no reciben ajustes por inflación desde 2007. En concreto, entre 2007 y 2019 éstos sufrieron un 19% de reducción de su poder adquisitivo y recibirán otro ajuste en su poder de compra del 39% durante los próximos 30 años.

“La Junta entiende que, para aprobar o rechazar el Plan de Ajuste, debe votar el pensionado que esté afectado y, aunque reconoce que la congelación de los ajustes por inflación afecta al 100% de los retirados, con el diseño y ejecución del proceso imposibilita el ejercicio democrático al voto del universo de los afectados y lo limita a un pequeño grupo”, declaró Santamaría Ots.

“A los pensionados les están vendiendo el Plan de Ajuste bajo la premisa de que será el fin de la quiebra, pero la realidad es otra, toda vez que la carga de obligaciones que resultará del plan será similar a la carga de obligaciones que tenía Puerto Rico al declarar que no podía continuar funcionando y pagando deuda. La situación se agrava cuando se considera que también se les está limitando su derecho de participación y violentando el acceso a la justicia”, acotó.

Trato desigual: residentes vs. bonistas

El especialista en deuda manifestó además que el plan ofrece un trato desigual de los pagos no contingentes a los residentes de Puerto Rico frente a los bonistas. Ello porque se condiciona ofrecer ciertos beneficios a los habitantes solo si hay un superávit fiscal. Sin embargo, los pagos de deuda contingentes (CVIs) a los bonistas se harán considerando los excesos de los recaudos certificados en los planes fiscales, ya sea del IVU (Plan Fiscal 2020) o del ron (Plan Fiscal 2021), sin importar si Puerto Rico entra en déficit.
“El actual Plan de Ajuste suscribe que la actual propuesta beneficia a los residentes de Puerto Rico. Lo que observamos desde Espacios Abiertos es algo distinto. Aconsejamos que cualquier propuesta legislativa sobre el plan, tome como índice de referencia el que haya superávit para compensar a los bonistas en lugar de vincular los CVI’s (instrumentos de valoración contingente) al sobredesempeño de los recaudos del IVU y el ron”, sostuvo Santamaría.
La Junta sabe, y comunica en sus proyecciones, que para 2036 Puerto Rico volverá a entrar en déficit fiscal, poniendo fin a cualquier beneficio adicional para los residentes de la isla. Sin embargo, contempla pagar a los bonistas hasta $405 millones a través de los CVIs por quince años más, entre los años 2036 y 2051, y aunque Puerto Rico esté en números rojos.

Problemas de confiabilidad de la información

Afirmó que después de más de 5 años de la puesta en marcha de la ley PROMESA y habiendo gastado aproximadamente $939 millones del pueblo de Puerto Rico entre consultores, abogados, y demás expertos financieros, la Junta presentó un Plan cuyos datos no han podido ser verificados por ninguna entidad independiente. Ello sucede porque no existen estados financieros auditados para los años 2019, 2020 y 2021. “Además del sobrecosto que paga hoy el contribuyente en primas de riesgo por no tener los estados financieros al día, para la nueva emisión de bonos inherente al proceso de reestructuración, el pueblo también será el responsable pecuniario de cualquier nueva obligación que pudiera aparecer tras los procesos de auditoría que restan pendiente”, puntualizó.

Recorte de la deuda y obligaciones: comprometidos 19.5 centavos de cada dólar

Santamaría Ots explicó que antes de reestructurar, el gobierno central tenía comprometidos cerca de 26.5 centavos por cada dólar ($1) de sus ingresos para deuda, carga que resultó ser insostenible y nos llevó al impago y a la quiebra. Para hacer contraste y presentar el Plan más atractivo para su aprobación, la Junta indica que el Plan compromete 7.6 centavos por dólar de lo que llama “política de deuda”. Sin embargo, no mencionan ni contemplan en ese análisis la carga de la nueva modalidad de pago de las pensiones, el “pay as you go”. En realidad, la dimensión total de deuda y obligaciones nos acercaría a tener comprometidos 19.5 centavos de cada dólar de nuestros ingresos, o sea que se nos plantea un “fin de quiebra” con una cantidad de obligaciones que está más cerca de la carga (26.5 centavos de dólar) que nos llevó a la quiebra, y que dista bastante de los 7.6 centavos que plantea la Junta en el Plan. (ver gráficas 1 y 2)

Deuda y pago insostenible

Espacios Abiertos comisionó un estudio sobre el análisis de sostenibilidad de la deuda pública en Puerto Rico a Pablo Gluzmann (profesor en la Universidad de La Plata), Martín Guzmán (ministro de economía en Argentina) y Joseph Stiglitz (premio Nobel de economía). Los tres expertos concluyeron en enero de 2018 que para que Puerto Rico pueda enfrentar un pago de deuda sostenible, debía recortar su nivel de deuda de $72,200 millones en cerca del 80% al 90% ($7,200 millones y los $14,400 millones). En la actualidad, la propuesta de la Junta disminuiría el balance de deuda total en poco más del 50%, lo cual no es suficiente.
“Insistimos otra vez en que la Junta debe incorporar un análisis de sostenibilidad, que refleje un parámetro realista de escenarios (desde el más optimista al más pesimista), para cada uno de los próximos 30 años sobre los futuros pagos contingentes de deuda (CVIs). Y en que, al día de hoy, siguen vigentes las conclusiones de insostenibilidad del estudio de Espacios Abiertos de la autoría de Gluzmann, Guzmán y Stiglitz”, subrayó.
Mencionó que en el plan se contemplan únicamente el exceso en los recaudos del 5.5% del IVU certificado en el Plan Fiscal de 2020 y sobre el exceso en los recaudos del ron estipulados en el Plan Fiscal certificado en 2021.
“Desde Espacios Abiertos, entendemos que es fiscalmente poco responsable e insuficiente calcular el valor presente de los pagos contingentes basándose en las proyecciones del último Plan Fiscal certificado en 2021”, sostuvo el economista. (ver tablas 1 y 2)

Austeridad: política cuestionada por expertos

El economista indicó que cada vez más economistas destacan la posible infraestimación del impacto contractivo en el Producto Nacional Bruto real de las medidas de austeridad impuestas por la Junta. Uno de los más recientes es Simon Johnson, profesor en MIT y quien fue economista en jefe del Fondo Monetario Internacional, quien validó los hallazgos de Gluzmann, Guzmán y Stiglitz. “Aconsejamos que la Junta modifique su plan para que se incluya un intervalo de multiplicadores consistente con la evidencia empírica, como lo sugieren distintos economistas expertos en la materia”, recalcó.

Recomendaciones: no aprobar el plan de la Junta

“Desde Espacios Abiertos recomendamos a nuestros funcionarios electos a nivel legislativo y ejecutivo que no den paso a la aprobación del Plan de Ajuste según se ha presentado. Para atender el futuro económico de Puerto Rico con responsabilidad fiscal, antes de aprobar el Plan hay que conocer todas las dimensiones de este y empezar por resolver sus deficiencias fundamentales. En específico aquellas que conciernen la ausencia de sostenibilidad de la deuda, y la equidad de todas las partes afectadas. Si queremos poner fin a la quiebra responsablemente, es urgente mayor transparencia y garantizar una amplia participación ciudadana”, concluyó Santamaría Ots.

Ponencia de Espacios Abiertos sobre el P. de la C. 1003

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ANEJOS: gráficas y tablas

A poco más de cinco años de la imposición del Congreso de los Estados Unidos de la ley PROMESA en Puerto Rico que creó la Junta de Supervisión Fiscal (Junta), la Junta presentó su séptima enmienda al Plan de Ajuste sobre las deudas que afectan al Gobierno Central. Este Plan de Ajuste −que deberá ser ratificado el próximo 8 de noviembre por la jueza federal del distrito sur de Nueva York, la magistrada Laura Taylor Swain− será el objeto de análisis en esta ocasión.

Durante este proceso de reestructuración de deuda que inició en mayo de 2017 con las primeras peticiones de reestructuración bajo el Título III de PROMESA, han ocurrido varios eventos de relevancia que han contribuido a empeorar, todavía más si cabe, la ya de por sí maltrecha situación económica de la isla. Entre ellos, destacan los devastadores huracanes Irma y María en septiembre de 2017, el terremoto de 6.4 en la escala Richter de enero de 2020 y sus más de 1,000 réplicas posteriores y la crisis de la pandemia del COVID-19 que inició en marzo de 2020 y que aún nos afectará durante los próximos años.

A su vez, estas crisis presentan ciertas oportunidades para atender las vulnerabilidades preexistentes. Los aproximadamente $120 mil millones de ayuda federal (ver tabla 1), entre fondos posdesastre y fondos pospandemia, representan una ocasión única para que Puerto Rico recupere su acceso a los mercados de capitales y cree las bases y el espacio fiscal necesario para encaminarse hacia un sendero de recuperación económica sostenible, inclusivo y justo para todas y todos los que vivimos en esta isla. Triste y lamentablemente, Puerto Rico perderá dicha oportunidad si la propuesta de la Junta mantiene e infraestima los efectos de sus medidas de austeridad, si se centra solo en unas reformas estructurales de dudable implementación que responden a un más que cuestionable sesgo ideológico, si olvida cualquier propuesta de desarrollo económico y, por último, si desvía de la inversión en desarrollo económico la bonanza temporera en ingresos tributarios fruto de la política federal expansiva hacia pagos de deuda insostenible.

San Juan, Puerto Rico (miércoles, 1 de junio de 2021) — La Junta de Supervisión Fiscal lleva cinco años de recortes a servicios esenciales sin tocar, ni de lejos, el gran bolsillo de los incentivos contributivos que representan dos terceras partes (67.7%) del gasto total que afecta al Fondo General, aunque se desconoce si producen algún beneficio económico o social, concluyó un análisis de Espacios Abiertos (EA).

El analista sénior de Política Pública de EA, Daniel Santamaría Ots, indicó que los incentivos o gastos tributarios ascienden a $21,194 millones anualmente o una tercera parte (30%) del Producto Nacional Bruto (PNB). En ese renglón de gastos, Puerto Rico está bastante por encima de otros países y jurisdicciones. En Estados Unidos, representan el 8.8% del PNB, en Argentina el 3.0% y en estados como Massachusetts es el 2.6%.

De los $21,194 millones, por ejemplo, el gobierno de Puerto Rico deja de ingresar cada año $15,691.5 millones por tasas preferenciales (74% del total de gastos tributarios) debido a los incentivos que facilitan la Ley 135 de 1997 y la Ley 73 de 2008 “Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico”.

“¿Por qué recortar en servicios esenciales como educación, salud o seguridad y no evaluar el costo al fisco de todos los incentivos que se consideran un gasto para las puertorriqueñas y los puertorriqueños, y que no se conoce si rinden los resultados esperados? ¿Por qué llevan cinco años mirando para el otro lado mientras sus políticas siguen destruyendo oportunidades a los que deciden quedarse en la Isla? ¿Cuál es la doble vara y cuáles son sus prioridades? ¿Austeridad para quiénes? ¿A quién se pretende beneficiar en realidad?, cuestionó el economista.

Dijo que para el próximo año fiscal (2022) la Junta propuso medidas de austeridad que implican, entre otros, la reducción a la salud ($5 millones en nómina del Departamento de Salud, $2 millones al Centro de Diabetes y $1.2 millones al Centro Cardiovascular), la educación ($94 millones adicionales a la UPR), la seguridad ($120 millones en reclutamiento de cadetes para la Policía de Puerto Rico), a servicios esenciales de los municipios ($44 millones adicionales del Fondo de Equiparación) y a los pensionados (8.5% para todas las pensiones superiores a $1,500).

“La responsabilidad fiscal no debería discriminar y siempre recaer sobre los hombros de una ciudadanía a la que cada año le arrebatan un poco más de sus manos las instituciones y mecanismos democráticos que permitieron el desarrollo de los valores que forjaron la clase media de este país”, planteó el analista.

Desde mayo de 2017, Espacios Abiertos identificó la necesidad de que en Puerto Rico—que enfrenta la mayor crisis fiscal de su historia—se divulgara el “presupuesto oculto” sobre lo que el fisco gasta o deja de ingresar en incentivos contributivos otorgados a individuos y corporaciones. Luego de requerir esa información con un pleito judicial que llegó hasta al Tribunal Supremo, en septiembre de 2019 Hacienda publicó por primera vez en la historia un informe de estos gastos, aunque no se ha actualizado. Ahora, esa parte del presupuesto ya no está del todo oculto. Sin embargo, todavía falta que se evalúe su rendimiento.

La organización apoya que el informe sea un requerimiento de ley como ocurre en 50 jurisdicciones de Estados Unidos y destaca el modelo del estado de Oregón, que engloba en su redacción las mejores prácticas en la publicación de un informe de gastos tributarios. Actualmente, en la Asamblea Legislativa se considera un proyecto de ley a esos efectos: el P. del. S.206. El propuesto estatuto tiene tres grandes objetivos: crear un informe anual sobre el gasto fiscal o gasto tributario, establecer un registro público oficial de gastos fiscales en formato de datos abiertos y analizar el retorno de la inversión económica y social de cada gasto tributario o incentivo contributivo.

La Junta sigue prorrogando los estados financieros auditados

Santamaría Ots señaló que otro de los problemas que enfrentan las finanzas públicas en Puerto Rico es el hecho de que los estados financieros auditados son obsoletos porque los más recientes son del año fiscal 2017. Ello impide que se pueda corroborar el estado real de las cuentas públicas que debería justificar la aprobación del reciente plan fiscal y la certificación del próximo presupuesto para el año fiscal 2022.

“Cada año que transcurre vemos cómo la Junta sigue otorgando prórrogas para las elaboraciones de nuevas proyecciones sobre ingresos, estados financieros auditados al día y un informe de gastos fiscales actualizado. Sin embargo, esas concesiones están ausentes cuando lo que está en juego son los servicios esenciales que rinden los municipios o la educación universitaria pública del país, entre otros”, recalcó el economista. “Se siguen dando ultimatums para algunos, pero concesiones para otros. Conceden privilegios para los que pueden cabildear por sus intereses con prestigiosos bufetes de abogados y recortes para una ciudadanía indefensa con instituciones públicas víctimas del deterioro institucional y la falta de fondos públicos a la que la Junta responde con su misma receta: más austeridad para los de siempre”.

Dijo que “este es otro año más en que la Junta, el gobierno y la Asamblea Legislativa preparan cada uno una versión de presupuesto, cuya evaluación para elaborarlo fomenta la inequidad contributiva y es altamente sesgada porque contiene una vista parcial de la realidad fiscal de Puerto Rico”.

El economista destacó que la Junta se ha limitado a hacer presupuestos que descansan en medidas de austeridad a los servicios esenciales y se ha olvidado de formular una propuesta de desarrollo económico que ayude a delinear una ruta para salir de la crisis económica y este año no se ha producido un cambio, a pesar de que hay nuevos miembros en el organismo.

Ante la certificación que emitirá la Junta el 30 de junio del quinto presupuesto recortando exclusivamente del mismo bolsillo de los servicios esenciales de las y los puertorriqueños, Espacios Abiertos recomienda lo siguiente:

• Que se convierta en ley, el del P. del S. 206: “Ley del Presupuesto de Gasto Tributario de Puerto Rico”
• Actualización de los informes de gastos fiscales para los años 2018, 2019 y 2020
• Análisis de rendimiento económico y social de cada gasto fiscal: análisis costo-beneficio (ausente en el primer informe de 2019)
• Proyecciones de los gastos tributarios del gobierno de Puerto Rico para por lo menos los próximos 2 años fiscales (ausente en el primer informe de 2019)
• Incluir en el próximo informe de los gastos tributarios de los Municipios (ausente en el primer informe de 2019)
• Actualización y publicación de los estados financieros auditados para los años 2018, 2019 y 2020

Consideraciones sobre el presupuesto:

El economista explicó que, aunque la Asamblea Legislativa radicará enmiendas reasignando algunas partidas, lo hará dentro del límite de $10,112 millones presentado por la Junta el pasado 11 de mayo.  Esa reasignación tendrá un efecto sobre otras partidas de gastos.  Por otra parte, el presupuesto del gobernador Pedro Pierluisi muestra diferencias con el de la Junta. Las diferencias son tanto en su composición como en la cantidad, que ascendió a $10,700 millones en su primera propuesta anunciada el pasado 2 de febrero y, que después disminuyó a $10,345 millones ante el primer rechazo de la Junta. El detalle de este último presupuesto propuesto por el mandatario representa $233 millones más que el propuesto por la Junta.

Para conocer más información sobre el presupuesto, puede visitar el portal: ObservatorioFiscalpr.com

ANEJOS (Presentación, tablas y apéndices)  ENLACES a la presentación: 1ra. parte y  2da. parte

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Espacios Abiertos es una organización sin fines de lucro, independiente, que desde 2014 promueve la transparencia y rendición de cuentas gubernamental, así como participación ciudadana, en los haberes y fondos públicos, a la vez que procura una sociedad abierta, que sea más justa y equitativa para todos y todas en Puerto Rico.

El nuevo plan fiscal certificado hoy por la Junta de Supervisión Fiscal suscribe la insostenibilidad financiera en el largo plazo de la economía de Puerto Rico. Sin embargo, y aun aceptando esa nueva realidad tras los severos efectos económicos de la presente pandemia (además a los efectos de los huracanes Irma y María y los recientes terremotos), las recetas propuestas para resolver la nueva situación están alejadas de atender correctamente ese escenario. Para que Puerto Rico se encamine a un crecimiento económico sostenible e inclusivo y pueda acceder al mercado de capitales, el plan necesita incorporar dos áreas apenas presentes en el plan certificado hoy:

• Un plan macroeconómico realista y plausible; y
• Una nueva propuesta sobre el plan de ajuste de la deuda del gobierno central que contribuya a un pago de la deuda pública sostenible y que incorpore los efectos de la actual crisis del COVID-19

Enfocar todos los esfuerzos del plan fiscal en políticas fallidas — tanto en Puerto Rico como a nivel internacional — como es la austeridad, y en políticas de difícil implementación por parte del gobierno, como las reformas estructurales, solo compran tiempo hacia una eventual insostenibilidad financiera y económica a costa del sufrimiento de las poblaciones más vulnerables. Todo ello — tal y como reconoce y anticipa el plan— contribuirá a la aceleración de los flujos migratorios (2.8 millones de habitantes en Puerto Rico para 2025), que conllevará una carga cada vez más pesada para el resto de los habitantes, y a una inevitable situación de déficit fiscal de 2032 en adelante.

Hay que puntualizar que el plan aprobado hoy es el séptimo que certifica la Junta. Los anteriores no han logrado cumplir las proyecciones y es difícil determinar si surtirá el mismo efecto este nuevo plan con el agravante de una pandemia cuyos efectos y eventual recuperación están todavía por determinarse.

Todos los planes certificados hasta la fecha concentran sus reformas en dos grandes áreas, y el plan aprobado hoy no es ninguna excepción: 1) reformas fiscales (como se refieren a las medidas de austeridad); y 2) reformas estructurales. ¿Qué propone el plan en esas dos grandes áreas?

1)         El plan propone aplazar un año la implementación de las medidas de austeridad, sin embargo, se reiniciarán otra vez al finalizar el año fiscal 2021.

2)         El plan critica y destaca la inhabilidad por parte del gobierno de poner en marcha las recomendaciones de la Junta e insta al propio gobierno a no demorar más su implementación.

En sus proyecciones macroeconómicas, la Junta prevé en su escenario base una caída del Producto Nacional Bruto real del -4% para el año fiscal 2020 y una ligera subida del 0.5% para 2021. Este es un escenario más optimista que el proyectado por el gobierno de -3.8% para 2020 y -7.8% para 2021. Pese a tener esas divergencias en proyecciones de corto plazo, sus estimaciones se aproximan más sobre el año en que Puerto Rico presentará déficits fiscales primarios una vez implementadas las reformas aprobadas hoy: la Junta proyecta déficits desde 2032 en adelante y el gobierno desde 2030. Ambas conclusiones refuerzan la insostenibilidad del pago de la deuda y la consecuente inviabilidad del plan de ajuste de deuda del gobierno central presentado en febrero de este año.

Los efectos económicos de la pandemia son difíciles de predecir ante los escenarios cambiantes de su evolución. Todo y con ello, el gobierno proyectó para 2021 un déficit de -$708 millones y la Junta un superávit de $440 millones en sus respectivos escenarios base. Desconocemos quién acabará proyectando mejor, pero si tenemos la certeza que debemos atender un pago de COFINA de $454.5 millones. Si se confirma el peor de los escenarios, ¿no será razonable estar preparados para atender la crisis económica y de salud más importante desde la depresión de 1930? ¿Quién acabará pagando los platos rotos si las optimistas proyecciones de la Junta no se materializan?

Desde Espacios Abiertos llamamos la atención de la prontitud en certificar un plan fiscal de 271 páginas en unas pocas horas, redactado en el idioma inglés que no domina la mayoría de la población y sin garantizar vías mínimas de participación ciudadana.

Para poder estar mejor preparados para atender a nuestra gente en la crisis que actualmente enfrentamos, instamos a la Junta a abandonar para siempre las medidas de austeridad como uno de los ejes principales de la política pública del país. La austeridad no es sinónimo de eficiencia ni el tamaño más grande o pequeño del gobierno implica un mejor servicio al pueblo, lo que se necesita es un gobierno que funcione. La Junta debe proveer medidas de alivio en el pago de la deuda a través de la implementación de una moratoria para el año 2021 y actualizar en la mayor brevedad el ya inviable plan de ajuste de deuda del gobierno central propuesto el pasado febrero.

El juego de las sillas musicales trae recuerdos y se asemeja a la actualidad de la Isla. La clase política nos tiene bailando entre planes, presupuestos y proyectos sin darnos cuenta que poco a poco la música va parando y nos vamos quedando sin sillas, o lo que es lo mismo, sin País.

Desde octubre de 2016, los gobiernos de turno (sin importar afiliación política) y la Junta de Supervisión Fiscal nos han entretenido bailando al son del cambio de planes fiscales,  presupuestos y proyectos. El gobierno ha publicado infinidad de planes fiscales desde el 2016. De estos se han certificado seis: el 3 de marzo de 2017; el 19 de abril de 2018; el 30 de mayo; el 29 de junio de 2018; el 23 octubre de 2018; y recientemente el 9 de mayo de 2019.

Entendemos que después de los huracanes Irma y María había que revisar el Plan Fiscal para atemperarlo a la situación fiscal, pero ¿teníamos que publicar dos en el 2018 y uno más este año? Cada cambio nos da menos claridad sobre la situación fiscal y menos certeza sobre el futuro económico y social de la Isla. Para prueba, sólo tocar una nota musical basta.

En el plan fiscal certificado por la Junta el 19 de abril de 2018, el Gobierno de Puerto Rico proyectó que para el año fiscal 2019 la economía de Puerto Rico iba a tener un crecimiento del 5.9%. El 23 de octubre de ese mismo año la proyección aumentó a 7.9%. En el último plan fiscal certificado del 9 de mayo de 2019, el Gobierno proyectó que para el año fiscal 2019 la economía crecería un 4.0%.  A todos estos cambios, se pueden añadir otros como el dinero de ayudas federales posdesastre que se proyecta recibir y cambios en la población de la Isla. Esperaremos que se acabe el año fiscal para ver si las proyecciones se cumplen.

Mientras tanto, nos preguntamos: ¿cuánto nos cuesta hacer cada uno de esos informes? ¿cuánto realmente va a crecer la economía de Puerto Rico para el año fiscal 2019? ¿cómo podemos llegar a acuerdos sobre la deuda y el presupuesto si proyecciones como éstas siguen cambiando de manera constante? Recordemos que se han negociado acuerdos de reestructuración de deuda pública, como por ejemplo el de COFINA, utilizando cada uno de estos planes fiscales. En el momento actual en que se discute el futuro económico y social de Puerto Rico, no podemos tomar decisiones a ciegas. Necesitamos un plan, estadísticas, estados financieros actualizados y proyecciones confiables presentadas de forma transparente que sirvan como hoja de ruta de lo que queremos como sociedad.

Recientemente, una colega solicitó un préstamo personal a una institución financiera. En el proceso, le pidieron los últimos dos talonarios de su salario, una factura de agua o luz y un documento certificando que estaba empleada. Finalmente, cumplió con todos los requisitos y le aprobaron el préstamo. Este tipo de procesos, aunque tediosos, son necesarios para asegurar tanto la sostenibilidad financiera del solicitante del préstamo como del banco. Estos mismos procesos, son los que el Gobierno de Puerto Rico y la Junta de Supervisión Fiscal obvian a la hora de certificar los planes fiscales y negociar la deuda pública de Puerto Rico.

¿Cómo se explica que la Junta de Supervisión Fiscal certifique el Plan Fiscal del Gobierno de Puerto Rico sin tener la día los estados financieros auditados? Los estados financieros son informes que verifican la situación financiera en la que se encuentra una empresa u organismo público. Estos generalmente se producen anualmente. Cuando son auditados, son examinados y certificados por una entidad de auditoría y contabilidad externa a la entidad auditada. El 3 de mayo de 2019, el Gobierno de Puerto Rico publicó los estados financieros auditados del año fiscal 2015-2016. Eso significa que están certificando planes fiscales y pactando acuerdos sobre la reestructuración de la deuda pública del país sin tener en consideración una evaluación confiable de la actual situación fiscal y financiera de Puerto Rico. Eso es como si usted le llevara los talonarios de hace dos años al banco para pedir hoy un préstamo o renegociar la deuda de su casa.

La firma de auditoría y contabilidad que hizo los estados financieros auditados del año fiscal 2015-2016, KMPG LLC, emitió una opinión mixta sobre las actividades del gobierno. Esto significa que el gobierno, o bien no cumplió con todos los estándares de contabilidad en ese año en algunas de sus agencias gubernamentales y corporaciones públicas, o bien no les brindó toda la información para hacer dicha auditoría. Aunque el gobierno actual no es responsable de lo que financieramente pasó en el año fiscal 2015-2016, sí es responsable de asegurarse que los estados financieros estén al día y de hacer pactos de pagos de deuda pública sostenible siempre y cuando tenga la información financiera más reciente. ¿Usted cree que su cooperativa le prestaría dinero para comprar una casa sin tener en cuenta su estado financiero actual? ¿Usted piensa que el síndico que está a cargo de la quiebra de su vecino le daría un alivio de los acreedores sin conocer los ingresos y gastos que ha tenido en los últimos años? Necesitamos transparencia sobre que se ha hecho con el dinero público a través de los años. Sólo así podremos renegociar la deuda pública de manera justa y equitativa y podremos adjudicar dinero a los servicios esenciales que tanto necesita la población del país.

¿Cómo es posible que el mismo plan fiscal sirva para un cálculo y no para el otro?

Nos dicen que COFINA representa ahorro, pero al mismo tiempo anuncian más recortes.

Esto no cuadra. 

“Mientras en Puerto Rico no tenemos el consuelo de velar a nuestros muertos de una manera digna, otros consuelan con contratos a sus talentos familiares y allegados.

Mientras la desigualdad socioeconómica y la inseguridad nos hacen cada día más vulnerables, los fondos buitre de Wall Street multiplican sus ganancias en apenas semanas y a expensas del bolsillo de los puertorriqueños.

Mientras unos siempre ganan, otros parecen condenados a pagar y a siempre perder.

Hace tan solo tres semanas atrás, la Junta de Supervisión Financiera y el Gobierno utilizaban su plan fiscal para justificar y defender en el Tribunal Federal un acuerdo generoso para los bonistas en detrimento de la salud fiscal de Puerto Rico durante los próximos 40 años. Todo esto sucedía a la vez que eran cuestionados por reconocidos economistas expertos en la materia.

El pasado 4 de febrero, el acuerdo y el plan de ajuste de COFINA fueron ratificados por la jueza Swain, y ya desde antes de que esto sucediera comenzábamos a sentir sus primeras consecuencias: el 30 de enero la Junta comunicó al Gobierno que la proyección de recaudos del Fondo General para el año fiscal 2020 será de $8,028 millones. Esto significaría un recorte en el gasto público de aproximadamente un 8% o $702 millones en comparación con el presupuesto de $8,730 millones del 2019.

Ante este escenario, algo parece no tener mucha lógica: si hace unos días el Gobierno defendía con la Junta tanto el acuerdo como el plan de ajuste de COFINA y celebraba que tendría $456 millones anuales adicionales, ¿cómo es que ahora el dinero no es suficiente y se exige un recorte anual de $702 millones al presupuesto?

¿Qué hace posible que el plan fiscal certificado el pasado octubre ya esté obsoleto para el nuevo presupuesto —requiriendo amplios recortes para el pueblo— y en cambio siga vigente cuando se trata del pago de deuda insostenible a los bonistas?”

El discurso, la realidad y los números, no cuadran.

Extracto de columna La soga siempre parte por lo más fino de Daniel Santamaría Ots, analista de Política Pública. Para leer la columna completa, accede aquí.

¿Y la transparencia? ¿Y la participación? 

• En estos momentos, en los que la trampa de la austeridad acecha, se deben hacer públicos los análisis e informes que aparentemente sustentan los amenazantes recortes.
• Los entes gubernamentales, electos o no, tienen el deber de procurar un proceso presupuestario abierto y participativo donde sean públicos todos los documentos que por costumbre intercambian en secreto.
• Para iniciar ese proceso con transparencia, la Junta debe empezar divulgando al pueblo todos los supuestos en los que basan la bajada en los recaudos para el próximo año fiscal.
• Igualmente, el gobierno, de una vez y de forma proactiva, debe difundir todos los supuestos, estudios y análisis que respaldarán el próximo plan fiscal que tendrá que entregar a la Junta para el 22 de febrero.

Certificar el nuevo plan fiscal sin requerir la publicación de un informe de gastos fiscales, perpetuará la falta de transparencia que ha existido por décadas en Puerto Rico.

La toma de decisiones a ciegas, entre otras causas, ha sido elemento determinante en la actual crisis fiscal que enfrenta la isla. Las puertorriqueñas y puertorriqueños, con sus impuestos, incentivan múltiples proyectos e iniciativas, pero no hay constancia de lo que cuestan ni del retorno económico y social de esa inversión. De forma preocupante, el gobierno de la isla no produce un informe público de gastos fiscales.

Desde el 2017, la organización Espacios Abiertos mediante el artículo de investigación titulado “Los privilegios contributivos y el presupuesto oculto: ¿dónde está nuestro dinero?”, ha expuesto la necesidad y conveniencia de esa herramienta presupuestaria. Los créditos, deducciones e incentivos constituyen un estímulo para cualquier economía, aunque no deben ser la única estrategia para un crecimiento económico sostenible. Sus razones, cálculos y premisas deben ser visibles y accesibles para evaluar si la política pública que los propició está dando resultado.

El gobierno federal publica estos informes anualmente desde el 1974. En la actualidad, 44 de los 50 estados los hacen públicos. En la mayoría de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se publican anualmente. Este consenso es revelador.

Por el contrario, en Puerto Rico, grupos de presión aprovechan el hermetismo gubernamental vigente y cabildean con éxito para que dicha información no sea revelada. Esa falta de transparencia está provocando que medidas como el crédito por trabajo o Earned Income Tax Credit (EITC) propuesto en la Reforma Contributiva, que sería un alivio para miles de familias e individuos, no puedan salir adelante. Ahora tanto el Ejecutivo como la Junta de Supervisión Fiscal están posponiendo su inicio otro año.

En junio de 2018, Espacios Abiertos comisionó un estudio a la doctora María E. Enchautegui. El trabajo concluyó que el crédito por trabajo propuesto tendría un efecto muy positivo en familias de ingresos bajos y moderados. Se ha comprobado en otras jurisdicciones de Estados Unidos que el crédito por trabajo: genera un retorno positivo de la inversión a la economía, aumenta la tasa de participación laboral y reduce la pobreza, entre otros resultados alentadores.

El bienestar de las familias puertorriqueñas no se debe posponer a expensas del cabildeo de unos pocos. La falta de transparencia en los gastos fiscales contradice los intereses de la clase trabajadora en Puerto Rico e impide el avance de políticas públicas probadamente exitosas como el EITC. En definitiva: urge un informe público de gastos fiscales.

Esta columna fue publicada originalmente en El Nuevo Día el 24 de septiembre de 2018 bajo el título “A divulgar el informe de gastos”.

Para más información accede a nuestras campañas de Privilegios contributivos y Crédito por trabajo.

La solicitud de acceso de información sobre los supuestos que utiliza el gobierno de Puerto Rico en su plan fiscal y la demanda incoada por Espacios Abiertos se vio ayer viernes ante el juez Anthony Cuevas Ramos en la sala de Recursos Extraordinarios del Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

Ayer, media hora antes de iniciarse la vista en el Tribunal (programada para las 9 am) para ver la demanda que radicó Espacios Abiertos contra el gobierno, AAFAF publicó en su página web parte de la información que Espacios Abiertos ha estado solicitando al gobierno que haga pública desde el 1ro de febrero de 2018. Y la cual AAFAF se había negado a publicar, indicando que “su política de transparencia, se lo impedía”.

Es lamentable que los ciudadanos tengamos que recurrir una y otra vez a los tribunales para hacer valer nuestro derecho constitucional a la información.

La información del gobierno es información pública.

Así lo resolvió el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso de Soto v Secretario de Justicia en 1982, y todavía 36 años después, no importa el gobierno de turno porque todos se han comportado igual, los ciudadanos tenemos que seguir yendo al tribunal para hacer valer nuestro derecho.

Aunque obtuvimos una victoria, solamente podremos celebrar cuando en Puerto Rico logremos tener un gobierno que seatransparente en la acción  y no meramente en la palabra.
 
El acceso a la información pública es fundamental en la democracia porque ofrece la oportunidad a los ciudadanos de participar en la toma de decisiones que nos afectan y de fiscalizar el uso que se da a los haberes públicos.

El futuro económico nuestro depende de las decisiones que se están tomando. Todos y todas tenemos derecho a conocer la información y participar en este proceso de recuperación fiscal de nuestro país.

Espacios Abiertos se apunta otra.   Iniciada la vista EA logró otra victoria más, cuando el juez permitió a Espacios Abiertos –aún con la oposición de los abogados del gobierno-  presentar el testimonio de Martín Guzmán, experto en reestructuración de deuda. Guzmán es el autor de un estudio que concluye que la deuda de Puerto Rico es impagable en su totalidad por lo que primero hay que reestructurarla si queremos que Puerto Rico tenga oportunidad de crecimiento económico.

Espacios Abiertos radicó un Mandamus contra el gobierno de Puerto Rico el pasado 22 de marzo, solicitando información base del Plan Fiscal que presentó el Gobierno de Puerto Rico. Ninguna de las cuatro versiones de Plan Fiscal del gobierno central presentadas en el 2018 por el Gobierno de Puerto Rico ha divulgado información sobre los supuestos y multiplicadores utilizados con respecto a los pronósticos de crecimiento que presentan dichos planes.

Con la información que se hizo pública ayer por AAFAF, de las 7 solicitudes de información por EA, de datos y valores, 5 quedaron satisfechas y dos quedaron pendientes.